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El asesinato de
Paulina Aguirre por agentes de la CNI
Por fin
la verdad
Este mes, al cumplirse 19 años del asesinato de Paulina Alejandra
Aguirre Tobar, se espera conocer la sentencia contra los miembros de la
CNI que le dieron muerte a balazos en una emboscada disfrazada de enfrentamiento.
La joven militante del MIR acababa de cumplir 20 años, en diciembre
de 1984. El homicidio ocurrió poco antes de la medianoche del 29
de marzo de 1985, en el sector El Arrayán: la misma noche en que
los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo fueron asesinados en Villa
Francia. En sólo unas horas, la siniestra mano de la dictadura
cercenó la vida y los sueños de tres jóvenes.
Por el homicidio calificado de Paulina Aguirre están procesados
y acusados como autores Alvaro Corbalán Castilla, mayor de ejército
y jefe operativo de la CNI quien, en esa época, estaba al mando
del cuartel Borgoño; Krantz Johans Bauer Donoso, teniente coronel
de ejército en retiro, que entonces dirigía la Brigada Azul
de la CNI bajo el mando de Corbalán, actualmente también
procesado por los asesinatos de la Operación Albania y del periodista
José Carrasco; Miguel Angel Soto Duarte, mayor de Carabineros en
retiro, alias “El Paco Aravena”; Alejandro Astudillo Adonis,
oficial de la Fach; y Jorge Claudio Andrade Gómez, teniente coronel
de ejército en retiro, subcomandante del cuartel Borgoño.
Fue Soto Duarte quien disparó las balas que provocaron la muerte
inmediata de Paulina. Cuando ya había caído, Astudillo Adonis
y Andrade Gómez le continuaron disparando. Corbalán y Bauer
dieron las órdenes, siguieron paso a paso el “operativo”
y se encargaron del montaje para simular un enfrentamiento.
Los procesamientos de estos cinco criminales fueron revisados y confirmados
unánimamente por la Corte de Apelaciones de Santiago. Dos de ellos
reconocieron haber participado en el “operativo” por orden
de Alvaro Corbalán. Esta fue una de las “proezas” de
la Brigada Azul de la CNI, encargada de reprimir al MIR y responsable
de numerosos crímenes. Esta brigada la dirigía en esa época
Krantz Bauer, bajo el mando general de Alvaro Corbalán. Durante
el proceso fueron interrogados alrededor de veinte ex agentes que formaban
parte de esa brigada, tres de los cuales permanecían en servicio
activo en el ejército en el año 2002.
Actualmente la investigación está cerrada, el caso fue aclarado
y el proceso cuenta con dos confesiones de los autores, decisivas para
impedir cualquier subterfugio en busca de impunidad. Antes de fines de
marzo, el ministro de fuero Jorge Zepeda debería dictar sentencia
de primera instancia.
MILITANTE PRECOZ
Paulina Aguirre pidió ingresar al MIR a los 15 años. A esa
edad ya había comprendido de sobra lo que era vivir en dictadura.
Vio a su padre, Luis Aguirre Smith, terriblemente torturado en Calama
y después tras las rejas de la Penitenciaría de Santiago.
Su tío Pedro, trabajador de Chuquicamata, estuvo recluido en la
cárcel de Copiapó y su tío Carlos Acuña Alvarez
fue fusilado en Antofagasta. “Ella quiso luchar contra los crímenes
cometidos por la dictadura. Esperaba crear una sociedad más humana,
justa e igualitaria -recuerda hoy su padre-. Paulina era una bella niña
que continuaba asistiendo al Liceo Valentín Letelier en cursos
vespertinos. Dibujaba y tocaba la guitarra con sus compañeros y
amigos. Y escribía, sin olvidar jamás su compromiso político”.
A su padre le dejó versos como éstos:
Cuando el dolor,
la sangre, el odio y la muerte
son necesarios,
miles de manos se tienden
para tomar las armas.
Acuérdense ustedes de mí
Siempre.
La joven militante, cuyo nombre político era “Luisa”,
trabajó cinco años en la clandestinidad. Sus padres estaban
separados y vivían en el exilio. Luis Aguirre en Francia y su madre,
María Eugenia Tobar Andrade, en Suecia. Es poco lo que se sabe
de los últimos años de Paulina en Chile. Sí se han
podido reconstituir, a grandes rasgos, sus pasos previos al asesinato.
UNA GRIETA EN EL MURO
A comienzos de 1985, Paulina Aguirre arrendó una cabaña
de madera en el interior de una parcela, en calle Pastor Fernández
16.100, en la comuna de Lo Barnechea. Según el testimonio de un
testigo, la misma vivienda había sido alquilada anteriormente por
una mujer de unos 30 años, que dijo ser fotógrafa y a quien
visitaba un hombre de la misma edad. En las noches, los vecinos sentían
que martillaban, como si estuvieran realizando un trabajo de carpintería.
La mujer abandonó la cabaña intempestivamente, al día
siguiente de un robo en una casa vecina que motivó la presencia
de personal de Investigaciones.
En los primeros días de marzo, la zona central del país
fue estremecida por un terremoto y una profunda grieta resquebrajó
la única pared de cemento de la cabaña donde vivía
Paulina. La dueña -María Victoria Esquivel, hoy fallecida-,
quien residía en el mismo recinto, le pidió que se mudara
a una pieza de su casa mientras reparaban la cabaña. Pero ella
optó por trasladarse transitoriamente a casa de su abuela, en la
Villa Cumbres Andinas de la comuna de Macul, donde vivían su hermano,
una tía y una prima.
El 27 de marzo, los maestros que efectuaban reparaciones en la cabaña
debieron derribar la pared dañada y en el interior de un tabique
de madera descubrieron paquetes de municiones. Alertaron a la propietaria
y ésta dio aviso al Ministerio de Defensa. Al lugar llegó
un equipo de la CNI, que posteriormente anunció a la prensa el
hallazgo de armas, municiones y amongelatina. Dentro y fuera de la vivienda
quedó una guardia permanente de la CNI esperando el regreso de
Paulina.
El contratista a cargo de los trabajos, Luis Valenzuela Pérez,
declaró durante el proceso que vio al agente de la CNI a cargo
del equipo mostrarle una serie de fotos a la dueña de la parcela
y que ésta reconoció en una de ellas a la joven arrendataria
de la cabaña, como también a otra mujer que le había
servido de aval al momento de concertar el alquiler. Valenzuela señala,
además, que les afectó cuando supieron de la muerte de la
muchacha “debido a que sentíamos que por nuestro trabajo
había resultado muerta esta joven” y que la dueña
de la propiedad estaba molesta “ya que estimaba que la cantidad
de personas que se encontraba oculta al interior de la parcela y en los
alrededores, podría haber actuado en forma diferente, deteniendo
a la joven sin matarla”.
Según la versión “oficial” entregada por la
CNI, Paulina regresó el 29 de marzo, a las 23.15 horas. La parcela
estaba plagada de esbirros de la CNI, ocultos entre los árboles.
Cuando la joven abrió la puerta del antejardín, le habrían
ordenado que se detuviera e identificara. Entonces, ella habría
sacado un arma de su bolso con la que supuestamente disparó a los
agentes.
Al repeler el ataque, éstos la habrían herido mortalmente.
El informe de autopsia registra ocho entradas de bala, dos de las cuales
le atravesaron la cabeza. La muerte fue instantánea.
La investigación realizada durante el actual proceso reveló
que Paulina estaba siendo seguida con anterioridad, que iba desarmada
y que la asesinaron a sangre fría. Una vez cometido el crimen,
llegaron al lugar Alvaro Corbalán y Kranz Bauer -ambos procesados
por la Operación Albania y el primero condenado a prisión
perpetua por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca-,
para supervisar el resultado de la “operación”, alterar
el sitio del suceso y hacer la denuncia del “enfrentamiento”.
Esa fue la información que se dio a conocer a la población
chilena a través de la prensa.
EN BUSCA DE LA VERDAD
Como ocurrió con muchos otros casos, por el homicidio de Paulina
Aguirre se inició un proceso en la justicia militar que quedó
en nada. El Segundo Juzgado Militar de Santiago no se orientó a
indagar sobre la muerte de la joven militante del MIR, sino a investigar
los delitos de tenencia ilegal de armas y conducta terrorista. Poco después,
el caso fue sobreseído debido a que la autora de esos delitos había
muerto en un enfrentamiento. Eso fue todo.
Al comienzo de la década del 90, sus familiares declararon ante
la Comisión de Reconciliación, Verdad y Justicia. Luego
de investigar, la comisión expresó en el Informe Rettig
su convicción de que “Paulina Aguirre pudo ser detenida,
sin embargo fue ultimada por efectivos de la CNI cuando regresaba a su
domicilio, sin que hubiese habido oposición de su parte”.
El 2001, Luis Aguirre Smith, residente en Francia, presentó una
querella ante el juez Juan Guzmán por intermedio del abogado de
derechos humanos Francisco Bravo contra Augusto Pinochet y quienes resulten
responsables de los delitos de homicidio calificado y asociación
ilícita genocídica cometidos contra su hija.
Durante el proceso en la justicia militar, Salas Wenzel había dado
el nombre de dos personas -“Jaime Aravena Parada” e “Iván
Stuar Briceño”- que habrían participado en el operativo.
Como es de suponer, eran “chapas”, lo que se demostró
en ese mismo proceso.
Posteriormente, en el 2001, el actual comandante en jefe del ejército
Juan Emilio Cheyre, quien entonces tenía el cargo de jefe del estado
mayor general del ejército, se negó a entregar al ministro
de fuero Juan Guzmán la nómina de militares que cumplían
funciones en la CNI en 1985, diligencia que había solicitado la
parte querellante. Sólo argumentó que esa información
es “un antecedente secreto conforme lo dispuesto en el artículo
436 del Código de Justicia Militar”. Esa fue toda la “colaboración”
que prestó el ejército para aclarar el crimen, lo que desmiente
el discurso reconciliatorio y pro derechos humanos del general Cheyre.
Con los escasos antecedentes disponibles, el ministro de fuero Juan Guzmán
despachó una orden de investigar al Departamento V de la policía
de Investigaciones, que cumplió una labor decisiva en la pesquisa.
Estableció que dentro de la CNI el aparato encargado de la represión
contra el MIR era la denominada Brigada Azul, y que el asesinato de Paulina
Aguirre tenía las mismas características de otros cometidos
antes y después de su muerte, los que también se presentaron
como “enfrentamientos”. Un precedente inmediato era el homicidio
de Fernando Vergara Vargas, abatido en la calle el 15 de diciembre de
1984 cuando regresaba a su casa. Los falsos enfrentamientos fueron la
forma que adquirió en los años 80 la política de
exterminio contra quienes estaban en la lucha antidictatorial. Hay testigos
que escucharon en 1986 a Hugo Salas Wenzel, director de la CNI, diciéndole
a Alvaro Corbalán que “ya no quiero más detenidos”.
El Departamento V de Investigaciones logró identificar a un número
importante de agentes de la Brigada Azul y, con la orientación
de la parte querellante, solicitó información judicial a
otros jueces que investigaban delitos cometidos por la CNI en esos años.
La primera luz para dar con los autores la proporcionó una agente
de esa brigada de la CNI, Ema Verónica Ceballos Núñez,
perteneciente a la Armada, quien declaró que el operativo en El
Arrayán, en el que ella dijo no haber participado, fue comentado
en la Brigada Azul por un sujeto denominado “El Paco Aravena”,
quien tenía la particularidad de estar estudiando Leyes. Este hombre,
según Ema Ceballos, se jactaba de haber dado muerte a Paulina Aguirre,
lo que a ella le molestó mucho, porque consideraba un acto de cobardía
haber matado a una muchacha tan joven y sin defensa. Esos datos fueron
determinantes. A su vez, otros agentes de la CNI fueron entregando nuevos
antecedentes. Uno de ellos admitió que fue un montaje, que la joven
estaba siendo seguida hacía aproximadamente un mes. Luego, Ema
reconoció al “Paco Aravena” en una serie de fotos que
le mostró el ministro a cargo de la investigación. Fue identificado
como Miguel Angel Soto Duarte. Es decir, el pacto de silencio se comenzaba
a romper, lo que permitió ir precisando la identidad de quienes
participaron en el operativo y a quienes correspondían las chapas
entregadas por Salas Wenzel.
En octubre del 2003, cuando se distribuyeron procesos para descongestionar
el trabajo del juez Guzmán, el caso pasó a manos del ministro
de fuero Jorge Zepeda, quien continuó trabajando, ahora con el
equipo de inteligencia de Investigaciones, y tomó declaraciones
a aproximadamente veinte ex agentes de la CNI. En definitiva, llegó
a la conclusión que Paulina Aguirre había sido objeto de
un seguimiento coordinado por radio durante todo el trayecto hasta la
parcela. Eso coincide con otras informaciones. El hermano de la joven,
Luis Aguirre Tobar, y una prima, Ana Andrade, observaron un furgón
Suzuki de color blanco que circulaba en torno a la casa de la abuela,
donde ella había buscado refugio en los días previos al
asesinato.
Lo más sencillo fue desbaratar el montaje del “enfrentamiento”.
La CNI repitió errores cometidos en otros casos similares, como
poner el arma en la mano izquierda de la muchacha -que no era zurda-,
usar una pistola con la cual no se había disparado y ausencia de
restos de pólvora en la mano de la joven. “No se preocuparon
de esos detalles, que son fundamentales, porque evidentemente pensaron
que esto jamás sería investigado”, señala el
abogado querellante Francisco Bravo.
La investigación judicial no confirma ni desmiente el hallazgo
de armamento en la vivienda de la militante del MIR, porque se orientó
exclusivamente a aclarar el homicidio. “Aparentemente, había
barretines -dice el abogado querellante-, pero Paulina lo habría
ignorado”. Qué es lo que realmente había es algo difícil
de comprobar, porque la CNI aisló la cabaña mientras la
registraba y después informó de una larga lista de municiones,
armas y explosivos encontrados en su interior.
En la actualidad, varios de los acusados se encuentran en libertad provisional.
Krantz Bauer quedó libre bajo fianza a pocos días de haber
sido detenido. Lo mismo ocurrió con Miguel Soto Duarte, autor de
los disparos mortales. A Jorge Andrade le concedieron la libertad, pero
casi de inmediato fue revocada por un dictamen de la Octava Sala de la
Corte Suprema por considerarlo “un peligro para la seguridad de
la sociedad debido a la forma y circunstancias del delito investigado”.
Sin embargo, insistió y finalmente obtuvo la libertad provisional.
Pero estos serán los últimos días en que los asesinos
de Paulina Aguirre gozarán de ese beneficio al que con tanta facilidad
acceden los violadores de derechos humanos. El ministro Jorge Zepeda Arancibia
tiene la palabra
PATRICIA BRAVO
RECUADRO 1
De criminales
y cómplices
Para el abogado querellante Francisco Bravo López, la investigación
del asesinato de Paulina Aguirre llegó a buen término debido
a la diligencia del Departamento V de Investigaciones y a la efectiva
actuación de los ministros de fuero Juan Guzmán y Jorge
Zepeda. Y, desde luego, gracias a la colaboración de algunos ex
agentes de la CNI.
Al respecto, distingue dos actitudes en los violadores de derechos humanos.
“Alvaro Corbalán es de los que no demuestran ningún
grado de arrepentimiento, va a morir en la suya, sin recono- cer nunca
que lo que hizo estuvo mal -dice el abogado-. Es la mentalidad del fanático,
que se enceguece y cree que mató por la patria, y que si la historia
se repite lo haría igual o peor. Esa es la lógica de los
Krasnoff, los Moren Brito y los Manuel Contreras, de los represores más
crueles que hubo en Chile. Esto difiere de la actitud de otros que han
colaborado con la justicia, que generalmente son de rango inferior y quienes,
en muchos casos, fueron ejecutores materiales de los crímenes.
No creo que colaboren sólo por conveniencia -rebaja de penas u
otras-, sino porque tienen una carga en la conciencia que les está
pesando demasiado y que se manifiesta especialmente cuando envejecen y
empiezan a pensar en la muerte”.
¿Por qué cree que decidieron matar a Paulina Aguirre?
“Simplemente porque era militante del MIR. También hay distintas
tesis extrajudiciales sobre las motivaciones de Alvaro Corbalán
para ejecutar asesinatos, operativos o montajes, más allá
de la política de Estado de la época para reprimir a ciertos
sectores políticos del país. Habría motivaciones
pecuniarias -el robo de las posesiones de las víctimas, como ‘botín
de guerra’- y también de prestigio. La mayor parte de los
supuestos enfrentamientos se producía en épocas de evaluación
del personal de la CNI. Corbalán tenía -y tiene- muchos
enemigos en el interior del ejército por su personalidad arrogante,
porque se jactaba de tener contacto directo con las autoridades de más
alto rango, por manejar muchísima información. Así,
actuar en este tipo de hechos le hacía merecedor de buenas calificaciones,
porque se le veía como un hombre efectivo en la lucha antisubversiva”.
¿Se siente satisfecho con los resultados de este proceso?
“Sí, el asesinato está aclarado. Pero me quedé
con una espina clavada. En mi opinión, la justicia también
debería orientar sus indagaciones hacia las fiscalías militares,
como ocurrió en los casos de Tucapel Jiménez y Berríos,
porque formaron parte de un aparato organizado de poder que cooperó
en estos crímenes. Es decir, hubo complicidad de fiscales y jueces
militares, lo que implica colaboración en el delito que se cometía.
En la Operación Albania, el gran argumento de la defensa fue que
habían actuado porque existía una orden de investigar, y
efectivamente hubo un decreto judicial que emanó de un tribunal
militar mediante el cual se le dio manga ancha a los agentes de la CNI
para hacer y deshacer. De esa manera, bajo un manto de aparente formalidad
o legalidad se cometieron crímenes espantosos. Como se ve en el
caso de Paulina Aguirre, la justicia militar no sólo no hizo su
trabajo, sino que se ocupó de blanquear crímenes. En general,
creo que en los casos de violaciones de derechos humanos hay que seguir
indagando esa veta”
RECUADRO 2
Retrato sicológico de un asesino
A solicitud del ministro de fuero Jorge Zepeda, se les practicaron exámenes
de facultades mentales a los acusados. Es patético el informe del
Servicio de Psicología del Hospital de Carabineros, donde Miguel
Angel Soto Duarte se atendía desde marzo del 2003 por “trastorno
limítrofe de personalidad y depresión mayor”. Dice,
entre otras cosas, que “el paciente presenta evidentes signos de
alteraciones de carácter, ideación suicida, descontrol de
impulsos, trastornos en el curso formal del pensamiento y síntomas
productivos ocasionales”.
Otro informe emitido por el Instituto de Medicina Legal concluye que Soto
Duarte presenta “una personalidad con rasgos anómalos de
tipo mixto y que en el momento de ocurrir los hechos que se investigan
no padecía de alteraciones psicopatológicas que pudieran
modificar su imputabilidad”. En 1986, Miguel Angel Soto comenzó
a consultar a un psiquiatra por estados angustiosos. “Describe las
molestias que lo hicieron consultar como nerviosidad, inquietud cuando
va por la calle ‘como que están pendientes de mí,
que me quieren matar’, insomnio de conciliación y al no poderse
dormir ‘me da vueltas este caso’, presiente como una sombra
a su lado o le parece escuchar la voz de un niño o de una mujer
estando dormido”.
Cuando recuerda la muerte de Paulina Aguirre, dice: “Llega una persona,
se produce una serie de disparos, no había mucha luz, órdenes
van y vienen... Yo participé en el enfrentamiento, yo disparé
también... pero no porque yo quisiera, sentí miedo, que
me pudieran matar. Era un operativo extraño, con mucha gente encubierta
detrás de mí... que me podía matar. Me llevaba mal
con los amigos. Había escuchado que me iban a matar en algún
enfrentamiento. Disparé para que no me mataran... Ahora lo único
que quiero es estar tranquilo. Que la justicia me castigue luego. Que
esto termine. Yo elegiría la pena de muerte”
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