La loca carrera
del armamentismo

La negativa a asumir la existencia de problemas en las relaciones con Bolivia -y también con Perú- parece ser la línea adoptada por el gobierno del presidente Lagos. Así como desconoce la demanda marítima boliviana, Chile rebate las acusaciones de armamentismo que le formula Perú. Las minimiza argumentando que las adquisiciones de sistemas de armas para las FF.AA. simplemente corresponden a reposición de material obsoleto. Sin embargo, los problemas existen y podrían agravarse.
Perú ha formulado su preocupación por lo que califica como desequilibrio o desbalance de equipamiento militar. En un momento pareció que había discrepancias en el seno del gobierno peruano. Mientras el canciller Manuel Rodríguez Cuadros asumía en términos generales la normalidad de las relaciones, el ministro de Defensa, Roberto Ciabra, denunciaba un desequilibrio tecnológico en materia de armamento que obligaba a su país a compensarlo. El canciller peruano respaldó finalmente a su colega. Ambos hablaron a una sola voz que representa, sin duda, la opinión del presidente Alejandro Toledo. El mandatario sufre presiones de los militares y sectores nacionalistas en un contexto de fuerte debilidad política personal.
La injustificable muerte de un ciudadano peruano que atravesó irregularmente la frontera al norte de Arica y fue baleado por infantes de Marina que custodian el área, no favoreció un clima propicio a la eliminación de tensiones.
Una carta pública de ex ministros y altos oficiales peruanos en retiro, especialmente almirantes, produjo alarma. Constatando la existencia de dificultades en las relaciones entre los dos países, que podrían deteriorarse en función del problema marítimo de Bolivia, denunció compras navales excesivas y exigió al presidente Toledo la compra de dos fragatas tipo Lupo, italianas, para que -según plantearon- la Marina peruana pueda “recuperar su capacidad combativa” ya que “es indispensable estar prevenidos para afrontar el período de crisis que se avecina”.
Ambos países se culpan -no siempre públicamente- de armamentismo. Las acusaciones se transforman en pretexto para comprar más y más armamento.
Es claro que el gasto militar excesivo no tiene justificación para ninguno de los dos países, agobiados por carencias sociales y graves problemas de pobreza. No es fácil, sin embargo, reducir la brecha. Pesa demasiado el chovinismo, la voluntad de los altos mandos de las FF.AA., los intereses de los fabricantes y vendedores de armamento y sus respectivos gobiernos y, en América Latina, la influencia de Estados Unidos, históricamente interesado en el fomento de divisiones y recelos.
Hay que admitir que parte importante de las suspicacias de los países vecinos provienen de la sombra persistente de la política exterior de Pinochet, agresiva y poco interesada en América Latina. Pero también tienen cuota de responsabilidad los gobiernos de la Concertación, preocupados de mantener a todo trance buenas relaciones con los militares. La construcción de dos submarinos tipo Scorpene -de última generación entre los de propulsión convencional- a un costo de más de 500 millones de dólares, encendió luces de alarma. Se sumaron a las que había producido antes el cohete Rayo, promovido directamente por Pinochet en un emprendimiento conjunto de la industria militar británica y chilena. A ello se agregó el Plan Tridente, que contemplaba la construcción en Asmar de ocho fragatas por valor de 1.500 millones de dólares para antes del 2010. En definitiva, el Plan Tridente abortó por impracticable desde un punto de vista económico, así como también el cohete Rayo por razones de tecnología militar. Pero todo esto produjo inquietud en la Marina peruana. La culminación vino con la decisión de comprar diez a doce aviones F-16, cazabombarderos considerados entre los más avanzados, dotados de cohetes Amraam, aire-aire, de tecnología de punta. Las vicisitudes del proyecto -parte del llamado Plan Nuevo Avión de Combate (NAC) que contempla más aviones en próximas etapas-, produjo alarma continental. Diversos analistas opinaron que la decisión significaba el comienzo de una carrera armamentista. El Premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, declaró en 2001 que con esta venta por parte de Estados Unidos “se introducirían avanzadas y destructivas tecnologías en una región en la que hasta ahora nadie ha podido explicar por qué podrían ser necesarias”. Agregó: “Lo cierto es que Chile no enfrenta ninguna amenaza militar. Las grandes amenazas para ese país y para toda la región son la pobreza y la desigualdad social”. También Arias criticó al presidente Clinton por haber levantado, en 1997, el embargo de venta de armas avanzadas a América Latina. Y concluyó diciendo: “Considero frustrante ver cómo al tiempo que el gobierno civil de Chile cede ante la presión de los militares, el gobierno de Estados Unidos se inclina frente a las presiones de los fabricantes de armas”.
Simultáneamente, el ejército chileno adquirió material blindado de segunda mano, pero en condiciones operativas, para dar mayor movilidad y potencia a la infantería, preocupando a los militares peruanos. Perú justificó con las compras de Chile sus propias adquisiciones. Y vuelta a empezar.
En 2001, luego del triunfo del presidente Alejandro Toledo y la abrumadora derrota del fujimorismo que mantenía vínculos privilegiados con los altos mandos, se abrió una posibilidad importante. Se hablaba de la necesidad de detener el gasto militar. Y lo decían nada menos que los propios presidentes de la República. Hablando ante doce jefes de Estado, Alejandro Toledo planteó la necesidad de acordar “la inmediata congelación de los compras de armas ofensivas en la región”, y anticipó que propondría al presidente Lagos una reducción consensuada del gasto militar. Casi al mismo tiempo, el presidente venezolano Hugo Chávez propuso disminuir de inmediato el gasto militar en el continente, entre cinco y diez por ciento. Opiniones parecidas surgieron en otros países.
Chile hizo oídos sordos. Estaba en marcha la negociación por los F-16 y el Plan Tridente, que encandilaba al alto mando naval. Por eso mismo, tampoco el gobierno chileno acusó siquiera recibo cuando el ministro de Defensa del Perú ofreció vender o inutilizar el armamento de cohetes aire-aire de los cazabombarderos rusos que tiene Perú si Chile renunciaba a comprar los F-16.
Hay elementos más profundos que influyen en la desconfianza que rodea estos temas. Peruanos y bolivianos perciben una agresividad permanente de parte de Chile, que en la guerra de 1879 los privó de ricos territorios. Es un hecho de la causa, alimentado por elementos objetivos innegables. Desde hace tiempo, el gasto militar de Chile es el más alto de América Latina, no en cifras absolutas, dado el tamaño del país y su economía. En gasto per cápita y en la relación entre gasto militar y PGB -las formas habituales de medir ese gasto-, Chile ocupa el lugar de avanzada.
Según el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres (IIEE) en 2002, el gasto militar de Chile fue a lo menos de 2.557 millones de dólares. Eso significa que se destinó a gasto militar el 4,1 por ciento del PGB, tres veces la proporción correspondiente a Argentina y casi triplicando también la de Perú y Bolivia. Más espectaculares resultaron las cifras per cápita: Chile, ese año, gastó 160 dólares por habitante, Perú, 33 dólares, Bolivia, 14 y Argentina, 36. El informe del IIEE deja abierta la posibilidad de que el gasto haya sido mayor. Señala: “El presupuesto de defensa aumentó de 1.100 millones de dólares a 1.200 millones en el 2002. Pero si se consideran todos los aspectos extra presupuestarios, incluidos los 230 millones de dólares provenientes de la ley del cobre, se aproxima a los 2.800 millones de dólares”.
Para algunos, las cifras del IIEE son discutibles. Siempre lo son este tipo de estimaciones. Sin embargo, indican una tendencia. Están respaldadas por la metodología utilizada por la OTAN y por la solvencia académica de la institución. No deja de ser interesante, además, que el verdadero gasto militar se omita en los libros sobre la defensa nacional publicados por dos gobiernos de la Concertación. A pesar de las alegaciones de transparencia, no hay en ellos información sobre sistemas de armas en poder de las FF.AA. ni tampoco información desglosada sobre compra de armamentos.
Ahora, el tema del armamentismo ha reaparecido, debido a las adquisiones navales. Perú basa su flota de superficie en fragatas tipo Lupo, consideradas naves “mediterráneas”. La Armada chilena ha optado por barcos más caros, de segunda mano, pero de características oceánicas. A ese tipo corresponde la fragata Almirante Williams (ex Shefield) recién incorporada a la escuadra. A ella podrían seguir una o dos fragatas inglesas similares. Prepara, además, una compra clave: cuatro fragatas holandesas, en actual servicio, en condiciones de alta operatividad. Esas fragatas, así como los submarinos Scorpene, dan a Chile una ventaja tecnológica clara, tal como los F-16, en relación con los cazabombarderos Sujoi que utiliza el Perú. Es lo que dicen al menos los voceros peruanos. Obviamente, los militares chilenos dicen otra cosa y no hay cómo entenderse.
La situación preocupa en un contexto político-diplomático en que existen tensiones que pueden agravarse. Un diputado peruano -Luis González Posada- da en el clavo cuando declara: “Hay que crear un cordón de seguridad diplomática para evitar que sigamos en esta carrera de gastos que no se puede ocultar. Hay una carrera armamentista. Y eso hay que decirlo”

FEDERICO LOPEZ

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