Trabajadores de Johnson’s

La huelga silenciada

La cara alegre la ponen los trabajadores que se manifiestan con bombo, papel picado y batucadas frente a las tiendas, llamando a no comprar en Johnson’s. La parte triste es que estos coloridos y ruidosos huelguistas han sido apaleados por carabineros, comen en ollas comunes ubicadas en los paseos peatonales más importantes de cada ciudad y que, pese a las grandes vidrieras de la multitienda anunciando buenos descuentos en ropa escolar, este año no podrán tener para los uniformes de sus hijos.
Los dueños de Johnson’s son la familia Calderón, que silenciosamente se ha constituido en uno de los tres más importantes grupos empresariales del vestuario, junto a los Solari (de Falabella) y los Gálmez (de Almacenes París). Esta trilogía monopólica también son los grandes avisadores de la televisión, radio y prensa escrita. Por lo mismo, la huelga de Johnson’s no ha existido para ninguno de esos medios.
Maxo Calderón Crispi -cuyo seudónimo empresarial es Marcelo- es dueño de Johnson’s y presidente de las empresas Ripley, según el informe de la clasificadora de riesgo Feller-rate de octubre del 2003. El grupo Calderón, comandado por los hermanos Maxo y Alberto, es representante de un holding que en Chile integra a Mega Johnson’s, Ripley, Tiendas FES, centros de distribución Marazul, Radio Shack, una parte del Edificio Panorámico y otra del Mall del Centro. También cuenta con empresas capitalizadoras, como Banco Ripley, Efectivo S.A, Veraz, Inversiones Bartolomé, Inversiones Navidad, Financiera Cordillera (en Perú) y múltiples inversiones en Argentina.
A su vez, Johnson’s y Ripley han generado una serie de alianzas en áreas de la salud (Unidad Coronaria Móvil y clínicas Dávila, Avansalud y UC), alimentación (Jumbo, Santa Isabel, Ganadera Río Bueno, restaurantes “Sakura” y “El Otro Sitio”), cultura (Feria Chilena del Libro, Sam Marsalli) y en otras empresas, como Easy, Movicenter, Rotter & Krauss, Village, Good Year, Esso, Smartcom y Aló PCS. Además, según El Diario Financiero, existen un millón 250 mil tarjetas o plásticos activos de Johnson’s y más de dos millones de Ripley, con las que se canaliza el 60% de las ventas de ambos megacentros comerciales. La bonanza permite que Maxo Calderón goce de vacaciones en Miami mientras en Chile se dan grandes confrontaciones en torno a la huelga.
Del otro lado del ring, quienes se manifiestan con pitos y ollas comunes son mil 452 trabajadores del Sindicato 2 de Johnson’s, que agrupa a vendedores de tiendas, administrativos, profesionales y otros. El sindicato, nacido en 1971, es encabezado por siete dirigentes que se reconocen en la Izquierda y están rompiendo 37 años de tranquilidad empresarial. Moviliza a trabajadores de más de 56 centros de ventas, 37 de ellos regionales.
El motivo de la huelga es la última negociación colectiva, que priva de conquistas a los trabajadores. Se les ofreció mantener el nivel de salarios, pero restar un bono de movilización por 55.689 pesos, y se les negó otro bono por término de negociación colectiva de 370 mil pesos, pagaderos en dos cuotas a lo largo del año. A cambio, la empresa ofreció un “dulce” que consistía en la participación del 10% de las utilidades, pagadero en el 2005 y 2006. La comisión negociadora denunció que mediante esa fórmula “se están bajando las remuneraciones y abaratando la mano de obra”. El 87% de los trabajadores a nivel nacional aprobó la huelga que se inició el 6 de febrero.

DICTADURA EMPRESARIAL

Juan Oyarce Villagrán, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores N° 2 de Johnson’s y ex dirigente de los trabajadores del gas, denuncia prácticas antisindicales, acoso sexual, horarios interminables, faltas al contrato colectivo y maltrato. “Johnson’s muestra internamente una cara patriarcal, pero los jefes están acostumbrados a andar con el látigo. La empresa prefiere pagar multas y seguir transgrediendo la ley”, señala. A esas irregularidades se suma la aplicación de la polifuncionalidad. Es decir, el trabajador de salón debe vender, empacar, etiquetar, ordenar, marcar, surtir mercadería y hacer cobros ajenos a su venta. Respecto del ofrecimiento de participación en las utilidades de la empresa, Oyarce aclara: “Pretendían darnos el 10% de las utilidades del 2004, pagándolo en abril del 2005 y del 2006. Eso, en el caso que la empresa reconociera utilidades, correspondía a 150 mil pesos por año. Nosotros pedimos incremento de los salarios, un bono de término de conflicto y que se nos respete lo que hasta ahora hemos ganado”. La mayoría de los trabajadores tiene sueldos de entre 122 y 220 mil pesos.
En su opinión, “la dictadura empresarial está más viva que nunca desde Arica a Punta Arenas. Esa dictadura se manifiesta en la prensa, que no nos da espacio, y en la Dirección del Trabajo que no tramita nuestros reclamos. El 16 de febrero los trabajadores se tomaron el canal estatal, pero sólo se informó mínimamente. En la tarde, Chilevisión comenzó a hacer una fuerte campaña publicitaria para Mega Johnson’s, lo que nos demuestra que la empresa paga millonadas para que los medios de comunicación oculten el conflicto. Por otra parte, en la Dirección del Trabajo hemos dado varias conferencias de prensa, pero el oficialismo lo oculta”, denuncia el dirigente sindical.

PIQUETES Y REPRESION

Los piquetes de huelguistas mantienen con los nervios de punta al grupo Calderón. Se desplazan entre las distintas sucursales de acuerdo con un programa que incluye lugares y horarios sorpresivos. En Santiago, una olla común en el local de la CUT alimenta cada día a 350 trabajadores. Juan Oyarce dice que, en definitiva, “lo que pretende la empresa es destruir al sindicato, crear otra organización a su pinta y acabar con las negociaciones colectivas”. Víctor Antiao, director del sindicato a cargo de las ciudades de Los Angeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Osorno y Punta Arenas, agrega que los Calderón quieren darle un claro mensaje a todas las empresas del área del vestuario. “Por eso, este movimiento es emblemático y nos apoyan trabajadores de las empresas Ripley, Falabella y Almacenes París”, concluye.
Por su parte, el iquiqueño Rodolfo Echeverría, también dirigente nacional del sindicato, afirma: “Hay abusos de poder y jefes corruptos involucrados en una red de estafas con movimiento de platas y ropas de la tienda. Esos jefes son los que más nos atacan por la huelga”.
Otra de las denuncias graves es la represión. Carabineros parece haberse convertido en instrumento de los empresarios Calderón. En los primeros días del conflicto se instaló un retén móvil en la casa central de Johnson’s (Ñuble 1034). En una manifestación, uniformados de fuerzas especiales causaron graves lesiones al guardia Pablo Saldaña.“Quedé con dos fracturas y me inutilizaron cuatro tendones en una mano. Los carabineros actúan como guardaespaldas de Johnson’s”, reflexiona el guardia.
El 10 de febrero, en Rancagua, carabineros ingresaron con perros a la tienda para obligar a salir a los trabajadores en huelga. El 13 de febrero detuvieron a 51 trabajadores en la 1ª Comisaría por ingresar al local de Ahumada 55. Los retuvieron hasta la una de la madrugada y luego hicieron cancelar al sindicato una multa superior al medio millón de pesos. El dirigente Walter Céspedes denuncia que “el 26 de febrero, al llegar al local de Ahumada y sin mediar provocación alguna, el teniente de carabineros Bruno Marcio Herrera nos rompió los carteles y se llevó detenida a una compañera de la batucada, a la que le provocaron lesiones”.
En Temuco obligaron a los guardias de seguridad a filmar las movilizaciones de sus compañeros, lo que la Inspección del Trabajo calificó como amedrentamiento. También ha habido detenciones y maltratos en Los Angeles, Quilpué y Temuco.
El presidente del sindicato es muy claro: “Los carabineros son verdaderos suches de la empresa. No puede ser que en la casa central de Ñuble una patrullera policial haya servido como radiotaxi de los gerentes, que carabineros utilizaran el estacionamiento principal de la empresa como propio y que el jefe de seguridad, David Valenzuela, sea un ex coronel de Carabineros que aún tiene influencias en los mandos de la institución”. Juan Oyarce señala que la huelga sirve para poner en evidencia un pacto de no agresión entre gobierno y empresarios. “Hay que estar dentro de Johnson’s para darse cuenta de los abusos y para reflexionar que si nosotros, con un sindicato nacional y una federación con dos mil empleados nos encontramos en esta situación... ¿qué queda para el 85% de trabajadores que no está organizado? ¿Qué pueden esperar miles de hombres y mujeres?”

LUIS KLENER HERNANDEZ

(Apoyos al Sindicato 2 de Johnson’s, fono 5547852, General Gana 975, Santiago).

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