La obscena diferencia de las jubilaciones militares

Diversas denuncias de medios de prensa, amplificadas por un reportaje del programa Informe Especial en Televisión Nacional (TVN), derivaron en querellas ante el Ministerio Público para que se indaguen posibles delitos en el otorgamiento y uso de las pensiones llamadas “de inutilidad de segunda clase”, entregadas a casi seis mil afiliados a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), entidad que junto a la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), aglutina a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, policiales y Gendarmería.
Entre los casos revelados destaca el de un ex auditor general de la Fuerza Aérea, Patricio Franjola, quien recibe una pensión de seis millones 806 mil pesos -poco más de diez mil dólares- y que en la actualidad ejerce, además, como abogado. Figura también un ex comandante en jefe de la FACh, el general (r) Patricio Ríos, que percibe cuatro millones de pesos -unos seis mil dólares-. Las revelaciones periodísticas apuntaron a la vez a ex condenados por crímenes de lesa humanidad, varios de los cuales están cumpliendo penas de cárcel.
El gobierno, a través de diversos voceros, calificó los hechos como una “obtención fraudulenta de beneficios previsionales, tipificada en el artículo 470 del Código Penal”. El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, responsable de supervisar las jubilaciones de los militares por medio de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, declaró que “los tribunales de justicia serán los encargados de determinar las irregularidades”, pero se negó a entregar cifras sobre el número de pensiones irregulares y los montos involucrados.
Una comisión de la Cámara de Diputados investigó en 2016 las millonarias jubilaciones entregadas a las Fuerzas Armadas pero su informe y sus recomendaciones no tuvieron eco ni en el gobierno ni en las instituciones uniformadas aludidas. Una de las preguntas que esa comisión hizo y que no tuvo respuesta, fue: ¿Cuántos ex uniformados en retiro fueron recontratados en las FF.AA. y reciben actualmente un sueldo además de su jubilación?
Una investigación del diario La Tercera sí respondió la interrogante: a lo menos son 1.050 los funcionarios en retiro que cumplen actualmente funciones remuneradas en las tres ramas de las fuerzas armadas. En el caso del ejército, son 457 oficiales y suboficiales en retiro que están trabajando con su respectivo sueldo, más las pensiones. En los comandos de Bienestar (222), Salud (82), Industria Militar e Ingeniería (54), Apoyo de la Fuerza (29) y otras unidades (70). En la lista mencionada por el periódico aparecen personas con sueldos de $4.321.375, $4.241.039, $3.839.691 y $3.693.092; y con una remuneración promedio cercana al millón de pesos. En el caso del personal a contrata, el ejército declaró que esa información no se puede proporcionar porque “se trata de información relativa a dotaciones que tienen el carácter de secretas”.
En el caso de la FACh, la institución adujo secreto respecto del personal recontratado. La Armada, por su parte, invocó el “secreto militar” para negarse a entregar la información.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en tanto, a mediados de julio informó a la Cámara de Diputados que no tiene las facultades para investigar ni fiscalizar los hechos denunciados. El ministro de Defensa añadió que “todos los antecedentes que hemos recabado los vamos a enviar a la Contraloría para que analice si esas pensiones pueden o no ser revisadas desde el punto de vista de la administración, y en segundo lugar al Consejo de Defensa del Estado para que determine si existe o no alguna situación irregular desde el punto de vista del sistema penal”.
Las denuncias de la prensa han apuntado a las escandalosas diferencias entre las pensiones y beneficios que reciben los uniformados, que datan de los años de la dictadura del general Augusto Pinochet, en comparación con las muy bajas jubilaciones que percibe la mayoría de los chilenos, afiliados por obligación al sistema privado de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), diseñado a comienzos de la década de 1980 por José Piñera, hermano del ex mandatario y actual candidato presidencial, Sebastián Piñera.
En el caso de la cuestionada “inutilidad de segunda clase”, Capredena cancela unas 5.900 pensiones que corresponden al 5,5% del total de 106 mil pensiones que pagan. En total, el Estado desembolsa 81 mil millones de pesos mensuales en estas jubilaciones. La pensión promedio por vejez que entregan las AFP es de 192 mil pesos. La cifra contrasta con los 2,3 millones -también en promedio- que reciben los oficiales en retiro de las FF.AA., a través de Capredena. Entre 2011-2015 este sistema le significó al Estado un gasto de 3,8 billones de pesos.
El Centro de Investigaciones Periodísticas, Ciper, obtuvo una lista de 3.090 oficiales en retiro y encontró a 38 procesados o con condenas por delitos de derechos humanos o fraudes cuyas pensiones le cuestan al Estado más de 1.200 millones de pesos anuales. Entre ellos, al menos figura media docena de ex agentes de la Dina y la CNI, las policías secretas de Pinochet, recontratados por el ejército, luego de jubilar, para funciones docentes.

CÓMO FUNCIONA
Capredena es una institución autónoma sujeta a la vigilancia del Ministerio de Defensa. Desde el punto de vista presupuestario depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Dipreca, en tanto, depende del Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría del Interior y se vincula con el Ministerio del Trabajo en el aspecto presupuestario. Ambos organismos entregan pensiones de retiro, pensiones de inutilidad o invalidez, montepíos, bonos de reconocimiento, indemnizaciones por fallecimiento, entre otras. En Capredena, a diciembre de 2011 existía un total de 104.716 pensionados, de los cuales 62.438 correspondían a pensionados por retiro, 36.009 a montepíos y 6.269 a pensionados por inutilidad. Las pensiones del sistema alcanzaron en promedio, para el mismo mes, un monto de 600 mil pesos. Por su parte, Dipreca -que reúne a Carabineros, detectives y gendarmes- registraba 62.582 pensionados, de los cuales 32.411 eran pensionados por retiro, 27.745 montepíos y 2.426 correspondían a pensionados por inutilidad. La pensión promedio era de 584 mil pesos, según estudios de la Dirección de Presupuesto.
En relación a los recursos fiscales, en 2011 el aporte fiscal a la previsión de las Fuerzas Armadas -sin incluir el área de salud- llegó a 704 mil 888 millones de pesos. Las imposiciones previsionales de los uniformados ese año fueron equivalentes a 62 mil millones. El déficit fiscal del sistema entre los años 1990 y 2011 representó en promedio un 0,7% del PIB. En el caso de Dipreca, el aporte fiscal -sin incluir salud- fue de 376 mil 140 millones de pesos y las imposiciones previsionales sumaron casi 49 mil millones. Su déficil fiscal en el mismo periodo anterior promedió el 0,4% del PIB. Así, entre 1990 y 2011 el aporte fiscal a ambos sistemas de pensiones representó en promedio un 1,1% del PIB.
El proceso de otorgamiento de una pensión de retiro se inicia en las mismas instituciones donde las solicitudes son entregadas. Luego, éstas son canalizadas a través de la respectiva División o Departamento de Recursos Humanos para su tramitación en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Esta última entidad realiza el cálculo de la pensión y la concede. Luego, la resolución que aprueba la concesión del beneficio es enviada a Contraloría. Una vez que la resolución cuenta con la toma de razón, Capredena procede a pagar la pensión respectiva. En el caso de tratarse de una pensión de inutilidad, los antecedentes requeridos incluyen el informe de la Comisión de Salud de la institución que corresponda. La inutilidad se origina por accidente en acto del servicio, enfermedades profesionales o por una enfermedad invalidante de carácter permanente.
En el caso de Carabineros, el proceso se inicia y finaliza en la misma institución, específicamente en el Departamento de Pensiones, donde se recibe el expediente, se calcula la pensión, luego se envía la resolución a Contraloría para obtener aprobación y conceder la pensión correspondiente. Es la misma institución la que informa a Dipreca de la aprobación de la resolución para proceder al pago.
En 2011 el total de beneficiarios de Capredena llegó a 236 mil 634 persona, cifra que incluía, además del personal activo y pasivo, a las cargas familiares. En Dipreca, el total fue de 249 mil 641 personas. De ellas, 62 mil 582 correspondieron a pensionados por vejez e inutilidad y asignatarios de montepíos, además de un total de 29 mil 299 cargas. El promedio de la pensión en ambas cajas superó con largueza los 700 mil pesos.
El sistema de pensiones y otros beneficios pecuniarios para las Fuerzas Armadas requiere de un importante aporte fiscal, muy superior, individualmente, al que reciben los otros chilenos en el aporte solidario, y que anualmente registra un crecimiento significativo, que se hará crítico en la medida que pasen los años. Un factor determinante de este problema es la carrera militar que establece 20 años de servicio efectivo como mínimo requisito de antigüedad para pensionarse, lo que se traduce en un bajo periodo de cotización y pensionados por retiro a temprana edad.
Forman parte de las Fuerzas Armadas las ramas del ejército, Armada y Fuerza Aérea. Dentro de cada una de ellas, se consideran los estamentos de oficiales, suboficiales, empleados civiles, personal a contrata y soldados profesionales. La dotación afecta al sistema de Capredena se ubicó en torno a los 64 mil activos en 2011. Las Fuerzas de Orden y Seguridad, por su parte, están formadas por Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. Dentro de Carabineros, figura el Personal de Nombramiento Supremo (PNS) y el Personal de Nombramiento Institucional (PNI), además del personal civil. En la PDI y en Gendarmería se consideran los estamentos de oficiales, suboficiales y personal civil. El personal activo afecto al sistema previsional administrado por Dipreca se ubicó en torno a 70 mil 500 personas en 2011.

NEGRO HORIZONTE
El número de activos y pasivos imponentes y beneficiarios del sistema determina el nivel de ingresos y gastos en cada periodo de los estudios de proyección que se han efectuado en la Dirección de Presupuesto Nacional, Dipres. Entre los años 2011-2050 se estima que los ingresos previsionales aumentarán en 2,7% promedio anual, ubicándose en unos 175 mil millones de pesos (US$ 350 millones) en 2050. Por otro lado, el gasto fiscal destinado al pago de pensiones aumentará en 2,6% promedio anual, ubicándose en torno a los 2.100.000 millones de pesos (4.200 millones de dólares) en 2050. Así, los ingresos previsionales sólo financiarán en promedio, a lo largo del horizonte de proyección, alrededor de 8,4% del gasto en pensiones. Con todo, el déficit proyectado alcanzaría aproximadamente $1.928.000 millones (US$3.856 millones de dólares) en 2050.
Las proyecciones indican que el régimen administrado por Dipreca pasará de una cobertura de 62.582 pensionados en 2011 a 144.200 en 2050, un aumento de un 130%. Por tipo de pensión, destaca el crecimiento de las pensiones de vejez que concentran el mayor número de pensionados, con un incremento en el periodo 2011-2050 de 224%, desde 32.411 a 105.000 beneficiarios, con tasas de crecimiento anual promedio del orden de 3,1%.

MANUEL SALAZAR SALVO

Cálculo actual para el retiro de un oficial de las FF.AA. que ha cumplido el tope de años de servicio. Ejemplo aproximado.

Asignación                                                         %         Monto $

Sueldo base                                                                   $ 564.287
Trienios                                                             42%     $ 237.001
Especialidad                                                      65%     $ 366.787
Asignación de Mando                                        30%     $ 169.286
Bonificación de mando y administración             46%     $ 259.572
Asignación especial de grado efectivo                            $ 857.922
Total última remuneración imponible                               $ 2.454.854
Pensión                                                                          $ 2.454.854

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 881, 4 de agosto 2017).

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