Uno de los acusados es el general (r) Carlos Oviedo Arriagada

Masacre en el Regimiento Tucapel

Próximos a pasar a la etapa procesal de la acusación se encuentran los ex militares y funcionarios de Investigaciones involucrados en las torturas y asesinatos de siete miembros de la dirección regional del Partido Comunista y de las JJ.CC. en Temuco, el 10 noviembre de 1973. Entre los procesados se encuentra el general (r) Carlos Oviedo Arriagada, hermano del actual comandante en jefe del ejército. Estuvo detenido en abril de este año y se encuentra con arresto domiciliario nocturno en su casa de Collipulli.
Las autoridades de la época pretendieron encubrir los asesinatos difundiendo la versión de que veinte extremistas dispararon contra la guardia del polvorín del Regimiento Tucapel e intentaron lanzar bombas incendiarias al interior de la unidad militar. Se trata del llamado “Caso Polvorín” que desde hace años investiga la justicia.
El intendente de la provincia de Cautín y jefe de la zona en estado de sitio era el coronel Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez, uno de los procesados en este caso.
La falsedad de la versión oficial -para encubrir los asesinatos- no se sostenía. Regía un estricto toque de queda, las víctimas fueron detenidas en sus domicilios a partir del 5 de noviembre, sus familiares les habían llevado ropa y alimentos a una comisaría y luego al regimiento donde fueron trasladados…
Los familiares de las víctimas presentaron una querella en 1980, sin embargo la justicia no actuó de inmediato. La tardanza podría hacer que el ex intendente Ramírez, de 93 años, se beneficie de la llamada “impunidad biológica” denunciada por el ex juez Alejandro Solís.
Sin embargo, el 8 de noviembre de 2013, el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Alvaro Mesa Latorre, encausó al general (r) Carlos Eduardo Oviedo Arriagada por existir presunciones fundadas de su participación en los siete homicidios calificados. Ese dictamen involucró a otras 24 personas entre ex militares y policías de Investigaciones. Carlos Oviedo Arriagada, 63 años, era oficial del Destacamento de Montaña N° 8 del Regimiento de Infantería Tucapel, de Temuco.

ACTUA EL MINISTRO MESA
El ministro Alvaro Mesa fue designado en septiembre de 2011 para investigar varias violaciones de los derechos humanos cometidas en la región.
El juez estimó que existían presunciones fundadas de la participación del general (r) Carlos Oviedo, que era uno de los oficiales del regimiento cuando ocurrieron los hechos, y no podía ignorar lo ocurrido aunque no estuvo presente la noche de la ejecución de los siete prisioneros. El Código Penal, en su artículo 15, señala que, “se consideran autores: 1. Los que forman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite. 2. Los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo. 3. Los que concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él”.
Los detenidos en Temuco a raíz del golpe militar eran llevados al Regimiento Tucapel donde funcionaba la Fiscalía Militar. En el llamado “gimnasio chico” se interrogaba y torturaba con electricidad, asfixiamiento mediante bolsas plásticas, se les introducía vinagre en las fosas nasales, les propinaban golpizas, caminaban sobre ellos, etc. Y allí a partir del 5 de noviembre de 1973 estuvieron detenidos los dirigentes del Partido Comunista y de las Juventudes de ese partido en Temuco.

EN LA SALA DE TORTURAS
Punto Final accedió a testimonios del caso. Un conscripto que pertenecía a la 2ª Compañía de Cazadores, relató que llevó agua al detenido Pedro Mardones al interior de un taller mecánico del regimiento. Al detenido le fue imposible tomar el vaso, debido a las heridas y contusiones en sus manos y brazos.
El oficial Carlos Oviedo estaba allí. Otro conscripto declaró haberlo visto ingresar a la sala de torturas donde las víctimas eran llevadas vendadas.
Oviedo por su parte ha declarado que cuando fueron asesinados los siete militantes comunistas, él estaba en Santiago, enviado a custodiar antenas de radio y televisión. Sin embargo, no ha logrado probar esa afirmación, pues en su hoja de vida en el ejército, no aparece esa misión. El ministro Mesa consideró que su versión no es creíble.
El magistrado acreditó que al finalizar el viernes 10 de noviembre de 1973, siete detenidos recluidos en el llamado “gimnasio chico”, fueron sacados de ese lugar.
Se hicieron presentes el teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán, y el subteniente Espinoza, más otros militares. Vásquez ordenó subirá los prisioneros a un camión y los trasladaron hasta el polígono de tiro del regimiento, llamado “Isla Cautín”. Minutos después, los centinelas del puesto de vigilancia vieron ingresar una caravana de vehículos militares.

LOS FUSILARON AMARRADOS EN ESTACAS
El sargento segundo Arnoldo Aedo Matus, uno de los testigos claves, entregó a la justicia un relato de lo ocurrido.
Aedo señaló que alrededor de las 20:00 horas del 10 de noviembre de 1973 el capitán Rodolfo Vargas Campos (fallecido), le ordenó estar a disposición en la sala de guardia con su fusil SIG. Aedo, Vargas, el teniente Norberto Francisco Uribe Moroni y otros se reunieron en la sala de guardia y caminaron hasta el polígono.
“Al pasar por el lado derecho del polígono -dijo-, por una hilera de eucaliptus, me percaté que al costado izquierdo, a unos sesenta metros aproximadamente, habían cuatro personas paradas una al lado de la otra”. Dos eran uniformados y los otros dos civiles: “Los uniformados eran el comandante del Regimiento Tucapel, Pablo Iturriaga Marchesse (fallecido), y su ayudante el teniente Jaime Guillermo García Covarrubias, mientras los civiles que vestían abrigos oscuros, eran el fiscal militar Alfonso Podlech, y al otro civil no logré identificarlo”. Más tarde se estableció que el segundo civil era el ayudante de Podlech, Orlando Moreno Vásquez.
Aedo vio en el polígono a los siete prisioneros, amarrados cada uno a una estaca, separados entre ellos por un metro de distancia.

UN TIRO EN LA NUCA
“Seguidamente -añadió Aedo- el capitán Vargas ordena posicionarse frente a los prisioneros, a unos cuatro metros. El capitán Vargas se adelanta y se dirige hasta el primer prisionero ubicado a la derecha y le dispara en la cabeza con su pistola Stager.
Luego se posicionó frente al segundo prisionero y le preguntó qué otras cosas tenía que decir, pero a los segundos le dispara también en la cabeza. Lo mismo sucedió con los demás, pero con el último que era el más viejo de todos, el capitán Vargas le dice ‘ya po viejo, ¿vas a decir algo?’, dándole a entender que si hablaba se podía salvar, respondiéndole el prisionero: ‘En el cielo nos veremos’, por lo que el capitán Vargas le dispara en la cabeza”.
Posteriormente Vargas se retiró y “se colocó detrás de los fusileros y nos ordenó rematar a los prisioneros con el fusil SIG, que se descargó completo, un cargador de cada fusil sobre los cuerpos”, puntualizó Aedo.
El encubrimiento de la masacre estaba planificado. Vargas ordenó a Aedo disparar un cargador completo del fusil a un eucalipto grueso, para simular un ataque.
En la ejecución también participaron el sargento Hernán Rodrigo Santiesteban Domínguez (fallecido), un cabo llegado desde Santiago y otro sargento, todos de la Primera Compañía de Cazadores, más el sargento José Gajardo Gajardo (fallecido), de la 2ª Compañía de Cazadores. Eran pasadas las 23 horas del sábado 10 de noviembre de 1973. El capitán Vargas ordenó retirarse y callar lo sucedido. Al otro día apareció en la prensa y radios de Temuco la “noticia” del supuesto ataque al polvorín del regimiento.
Del grupo de detenidos sobrevivió el ex dirigente comunista de Cautín, Herman Carrasco Paul. Lo salvó su suegro, René Beltrán, suboficial del ejército, quien logró que lo sacaran el día viernes del regimiento Tucapel y lo llevaran a la cárcel de Temuco.

PROCESADO TAMBIEN COMO ENCUBRIDOR
“Nos torturaron de forma despiadada, particularmente el jueves por la noche cuando nos sacaron al gimnasio del regimiento sin vendas. Jaime García nos golpeaba con una fusta y pretendió que cometiéramos actos sodomíticos”, atestiguó Herman Carrasco.
Además de por las siete ejecuciones, el ahora general (r) Carlos Oviedo fue procesado el 5 de mayo pasado como encubridor del homicidio de Waldo Rivera Concha, de 33 años, padre de cinco hijos, asesinado el 30 de abril de 1974 en Temuco.
Rivera era funcionario de la empresa de obras sanitarias, sin militancia política conocida y fue ultimado en la calle por efectivos de la Compañía Andina del Regimiento Tucapel. Los militares intentaron ocultar el cadáver de Waldo Rivera pero la esposa de la víctima, Elsa Ramona Altamirano Pereda, logró averiguar que había sido sepultado y logró exhumar el cuerpo el 10 de mayo de 1974.
Otro caso en que estuvo involucrado el general (r) Carlos Oviedo es el asesinato del profesor de matemáticas de la Universidad de Chile, sede Temuco, y militante del MIR, Rubén Eduardo Morales Jara, de 28 años.
Los hechos ocurrieron antes del golpe, como efecto de la Ley de Control de Armas aprobada por la oposición al gobierno del presidente Allende a raíz de una moción del senador democratacristiano Juan de Dios Carmona Peralta. Esta ley permitió a las fuerzas armadas realizar allanamientos de fábricas y domicilios en busca de armas. En agosto de 1973 se denunció una supuesta escuela de guerrillas en Nehuentúe, en el sector costero de Carahue.
El profesor Rubén Morales fue detenido el 5 de septiembre de 1973 por una patrulla militar y hasta hoy es un detenido desaparecido. El testimonio de un conscripto señala que vio entrar a Oviedo al lugar de interrogatorios del Regimiento Tucapel, donde estaba prisionero Morales. Oviedo era el oficial a cargo de esa investigación. Sin embargo, en este proceso las pruebas en su contra no fueron concluyentes y la acusación no siguió adelante.

CARLOS ANTONIO VERGARA

 
Víctimas del “Caso Polvorín”

• Florentino Alberto Molina Ruiz, 44 años, miembro del comité central y secretario regional en Cautín del PC. El informe de autopsia señaló que la causa de muerte fue estallido cráneo-encefálico y heridas múltiples de balas.
• Juan Antonio Chávez Rivas, 26 años, estudiante de la Universidad Técnica del Estado y secretario regional de las JJ.CC.: estallido cráneo-encefálico, heridas múltiples por arma de fuego.
• Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, 22 años, empleado público, secretario de propaganda de las JJ.CC. de Cautín: atrición cráneo-encefálica, heridas múltiples por arma de fuego. (La atrición es una lesión producida por arma contundente).
• Juan Carlos Ruiz Mancilla, 21 años, estudiante de construcción civil en la UTE y militante de las JJ.CC.: shock y fractura conminuta de pelvis y fémur derecho, heridas a bala múltiples.
• Amador Francisco Montero Mosquera, 21 años, estudiante de ingeniería eléctrica de la UTE, militante de las JJ.CC.: atrición cráneo-encefálica, heridas múltiples por arma de fuego.
• Pedro Juan Mardones Jofré, 22 años, estudiante de la UTE: atrición cráneo-encefálica, heridas contusas múltiples por arma de fuego.
• Carlos Aillanir Huenchual, 57 años campesino: shock primario, heridas contusas múltiples de bala transfixiantes tórax y abdominales.

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