Fraude en Carabineros salpica a la Contraloría

Bruno Villalobos, general director de Carabineros.

El gigantesco fraude detectado en Carabineros -la policía uniformada de Chile- supera ya los veinte mil millones de pesos -unos treinta millones de dólares-, compromete a más de ochenta personas -entre altos oficiales, mandos medios, tropa y civiles- y amenaza con seguir creciendo y comprometer a otras instituciones del Estado. De hecho, un sumario interno en la Contraloría General de la República determinó que dos inspectores de esa repartición, encargados de fiscalizar a Carabineros, estaban implicados en la trama para malversar dineros públicos desde hace varios años. Lo mismo ocurrió con algunos funcionarios de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, donde aún no culmina una investigación que permitirá determinar la existencia de complicidades con la organización criminal que operaba en la policía uniformada.
La magnitud y la extensión del fraude, cuyos inicios se remontarían a unos veinte años, se debe a que “hasta hace no tanto tiempo la Contraloría entendía que no podía fiscalizar a las Fuerzas Armadas”, según lo reconoció el actual contralor, Jorge Bermúdez, en una entrevista del periodista Santiago Pablovic para el programa Informe Especial, de Televisión Nacional, difundido el 16 de abril.
El contralor Bermúdez insistió en que las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones “no son un Estado dentro del Estado, no son una república independiente” y que espera que la grave situación que afecta a Carabineros sea “un punto de inflexión” para que estas instituciones armadas “se sometan a las normas del Estado de derecho”.
Las acusaciones del contralor apuntaron veladamente a las secretas negociaciones que se efectuaron entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Augusto Pinochet, y los dirigentes de la Concertación de Partidos por la Democracia luego del triunfo del No en el plebiscito efectuado en octubre de 1988. Esa consulta ciudadana impidió que la dictadura militar siguiera en el poder y la forzó a convocar a elecciones libres en diciembre de 1989, donde triunfó el democratacristiano Patricio Aylwin, a quien le tocó conducir el primer gobierno de transición a la democracia hasta 1993.
En la administración de Aylwin, de modo oculto, se consolidaron los acuerdos con Pinochet para garantizarle a él y a los altos mandos del ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros, que esas instituciones no serían controladas por el poder civil y que podrían seguir administrando los fondos entregados por el Estado como a ellos les pareciera, política que se mantuvo de manera casi invariable en los gobiernos siguientes, hasta ahora.
Es por esto que en los últimos 25 años los chilenos han visto sucederse una serie de escándalos de corrupción en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, casi todos ellos vinculados a la adquisición de armas y pertrechos bélicos, donde los principales beneficiados han sido altos oficiales -Pinochet incluido- que percibieron jugosas coimas y sobornos.

NUEVOS FORMALIZADOS
En la investigación del fraude en Carabineros a comienzos de mayo la justicia ordenó el arresto domiciliario de diez nuevos formalizados. El persecutor, el fiscal Eugenio Campos, estimó que los involucrados podrían llegar a 80 personas. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago imputó a ocho carabineros y dos civiles como autores de los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos. Se les atribuyó ser parte de los “cuenta-correntistas” de la organización criminal y que recibieron en sus cuentas bancarias cerca de 1.700 millones de pesos. Entre los días lunes 8 y martes 9 de mayo, en tanto, el fiscal Campos solicitó la formalización de otras 22 personas.
Todo esto en medio de una urgente reestructuración de la policía uniformada, puesta en marcha por el alto mando de la institución con el apoyo del gobierno. Ella consiste, a grandes rasgos, en la eliminación del escalafón administrativo de Intendencia y su reemplazo por profesionales civiles, así como cambios en los sistemas y modelos de control financiero. También se efectuarán periódicas auditorías externas mediante licitación pública, se creará una Dirección de Asuntos Internos, una Contraloría General y contralorías regionales.
El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, anunció, además, que todos los oficiales y suboficiales mayores deberán hacer una declaración de sus patrimonios. Agregó que, al mismo tiempo, se cambió el modelo de control lineal jerárquico e interno por un modelo mixto de control cruzado, interno y externo. Otras de las medidas impuestas fueron la incorporación de una instancia de denuncia institucional anónima para detectar eventuales situaciones irregulares, y un estudio para transferir los delitos de jurisdicción militar a la justicia civil ordinaria.
Hasta ahora las responsabilidades administrativas de Carabineros prescribían a los seis meses. De aquí en adelante lo harán a los cinco años. También se deberá efectuar una cuenta pública institucional de las funciones financieras, logísticas, de personal y operaciones. Otra decisión abordada fue la modificación de los procesos educacionales de formación, perfeccionamiento y capacitación, realizando para ello alianzas estratégicas con universidades a nivel nacional e internacional.
Pocos días después de anunciarse estas medidas, la cúpula del denominado “Pacogate” fue sorprendida con teléfonos celulares en su lugar de detención, en un recinto policial ubicado en la comuna de Pudahuel, al nororiente de la capital. El allanamiento se realizó luego que en redes sociales empezaron a circular imágenes que mostraban a varios oficiales responsables del fraude aparentemente disfrutando de su reclusión. Entre ellos destacaban el coronel Jaime Paz, el teniente coronel Héctor Nail y el comandante Robinson Carvajal. Los teléfonos móviles fueron encontrados en poder del general Flavio Echeverría, del mayor Nelson Valenzuela, del teniente coronel Mauricio Saldaña y del capitán Víctor Escobar.

NEGOCIOS DIVERSOS
Mientras, las autoridades del Hospital San José, el principal centro de salud del sector norte de Santiago, pidieron al Ministerio Público indagar las adquisiciones efectuadas por el recinto asistencial a una empresa que pertenece a los carabineros Ramiro Martínez y Patricio Morales, imputados en el millonario fraude al Fisco. El hospital hizo cuatro compras por 542 millones de pesos a la Sociedad de Ingeniería y Servicios en Automatización, propiedad de los ahora ex policías uniformados.
Otra situación que tiene como partícipe a uno de los implicados en el fraude en Carabineros es la licitación que se realizó para la construcción de la Escuela de Inteligencia de la misma entidad. El proceso fue cerrado este mes y se presentaron cinco oferentes. El monto que costará la construcción asciende a $ 999 millones. En la licitación, el coronel (R) Jaime Paz, quien fuera jefe del Departamento de Finanzas, firmó un documento que daba cuenta de que el dinero estaba disponible y, así, liberaba los recursos. Esta fue una de sus últimas gestiones en la institución. Hoy, Paz está detenido e imputado de ser uno de los presuntos cabecillas de este fraude.
El 27 de abril Carabineros conmemoró 90 años de existencia. En la ceremonia respectiva, ante la presidenta Michelle Bachelet, el director de la institución, el general Bruno Villalobos, pidió perdón “a todos los chilenos y a los verdaderos carabineros” por el millonario fraude en la policía uniformada. “Nadie ni nada podrá impedir que Carabineros celebre legítimamente los 90 años (...) No permitiremos que un puñado de traidores nos arrebate ese derecho”, agregó el oficial.

RELACIONES PUBLICAS INFRUCTUOSAS
Aunque el Departamento de Relaciones Públicas de Carabineros ha redoblado sus esfuerzos para acallar las críticas a la institución, casi diariamente surgen nuevas aristas que comprometen en múltiples negocios a oficiales vinculados al fraude. En los informes efectuados por los investigadores aparece la Sociedad de Inversiones y Comercio Capellán, constituida en agosto de 2009 y vinculada a Raúl Fuentes Quintanilla, dueño de una serie de talleres mecánicos en la comuna de Conchalí y cuyo principal cliente es el Departamento de Transportes de Carabineros.
El empresario fue formalizado por facilitar 128 facturas falsas al ejército por más de dos mil millones de pesos, simulando reparaciones y ventas de repuestos para vehículos militares. Fueron 488 documentos sin respaldo entre 2007 y 2010, que causaron un perjuicio fiscal que el Servicio de Impuestos Internos, SII, estimó en más de 1.800 millones de pesos. Y, pese a estar involucrado en dos fraudes que suman casi cuatro mil millones en pérdidas para el Fisco, y que está formalizado hace más de un año, Fuentes Quintanilla sigue como proveedor del Departamento de Transportes de Carabineros y suma más de 3.100 millones en contratos con la institución policial.
En un esfuerzo más por mejorar la imagen de la institución y el ánimo de sus integrantes, el alto mando de Carabineros invitó al arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, a dar una charla valórica a cerca de mil policías de la Octava Región del Bío Bío, en el sur del país. El arzobispo resaltó que la comunidad ve en Carabineros la esperanza de tener un barrio mejor, una mejor ciudad. “Las personas necesitan alguien en quien confiar, alguien que los escuche, que los anime y esas personas en gran medida son ustedes”, les dijo. “Lamentablemente el árbol que se cae es el que hace ruido, pero los miles de árboles que se levantan frondosos son los importantes y a los que la gente quiere”, añadió.
En una entrevista concedida a TVN uno de los imputados en el multimillonario fraude vinculó a funcionarios de la Contraloría General de la República en el desfalco. Patricio Morales, ex teniente coronel de Carabineros, calificó de “suave” la revisión que los encargados del ente administrativo efectuaban a los manejos financieros de la policía uniformada. “Ellos eran los responsables de revisar los recursos públicos de Carabineros. Juan Munière, Carlos Moreno y otra persona que no recuerdo su nombre, eran los encargados de revisar que los bienes fiscales fueran bien invertidos. Los informes de auditoría eran muy suaves y más que todo se presentaban sugerencias en ellos”, dijo Morales, que pasó a retiro en 2011. El contralor, por su parte, afirmó que los funcionarios vinculados en el caso ya no trabajan en la institución, y que estas irregularidades ocurrieron hace más de ocho años.
Morales también responsabilizó del fraude al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y dijo que cuando Villalobos encabezaba la Dirección de Inteligencia tenía pleno conocimiento de la estafa y ahora desvía el foco de atención.

OTRA INVESTIGACION
El Ministerio Público está investigando una nueva unidad de Carabineros luego de que una capitana de la institución denunciara cohecho en la entrega de permisos para conducir vehículos motorizados y camiones con carga peligrosa. La Sección de Mediaciones Psicométricas (Semep) será sometida a diversas indagaciones, ya que su ex encargada, la capitana Paula Mella, denunció diversos delitos, como otorgamiento irregular de certificaciones a conductores civiles. El cohecho funcionaba por medio de un intermediario que captaba a personas que quisieran pagar cien mil pesos para obtener las licencias de conducir

MANUEL SALAZAR SALVO

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 875, 12 de mayo 2017).

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