Paraguay

Un golpe a Suramérica

El 22 de junio, después de un juicio político exprés -linchamiento político lo llamó Atilio Boron-, el parlamento paraguayo destituyó al presidente Fernando Lugo, diez meses antes que finalizara su mandato y unos días antes de que se cumplieran tres años del golpe de Estado en Honduras. En las bambalinas de ambos golpes están los servicios de inteligencia norteamericanos.
Paraguay es una pieza clave en el reordenamiento geopolítico dirigido a cercar a Brasil, controlar el acuífero guaraní -principal reserva de agua del mundo-, y consolidar la presencia de una base militar en Sudamérica, hoy localizada en Paraguay. La iniciativa apunta también a revertir los procesos de integración latinoamericana.
Burlándose de cualquier apariencia de respeto por la institucionalidad democrática, el Senado dio menos de un día al presidente Lugo para ejercer su derecho a defensa, cuando según la legislación paraguaya, aún en juicios sumarios abreviados por faltas de tránsito, los ciudadanos tienen cinco días para presentar su defensa. La decisión estaba tomada, y no se atendió tampoco la petición de los cancilleres de Unasur, que se trasladaron a Paraguay para intentar evitar el nuevo golpe de Estado.
Este nuevo momento de Paraguay se enmarca en la contraofensiva que las fuerzas de derecha vienen desarrollando en el continente -que ha puesto en jaque también al gobierno de Evo Morales en Bolivia-. Hay que recordar que en nuestra América, en la década se han producido varios intentos golpistas con diferentes consecuencias: Venezuela (2002), Haití (2004), Bolivia (2008), Honduras (2009), Ecuador (2010), ahora Paraguay, y la amenaza en Bolivia. Es necesario entonces hablar de Paraguay en clave de continente.
Decía el coordinador general del Frente Guasú, Ricardo Canese, en entrevista para PF: “Atrás del golpe están las cúpulas partidarias y las estructuras parlamentarias ligadas al latifundio, a las tierras mal habidas. Porque en nuestro país tenemos todavía -desde la dictadura de Alfredo Stroessner- más de ocho millones de hectáreas robadas por terratenientes. Hay una mafia ligada al narcotráfico y al agronegocio, y están las transnacionales que quieren robar nuestra energía eléctrica. Está el caso de la empresa Río Tinto Alcan (empresa minera canadiense), que pretendía un subsidio enorme, que nosotros tratamos de impedir. Justamente un ministro liberal, que está con este gobierno golpista, intentaba que a esta empresa se le subsidie la energía eléctrica por catorce mil millones de dólares. También Monsanto y otras transnacionales se enfrentaron al gobierno duramente.
Nuestro gobierno intentó hacer cumplir legislaciones de protección de las personas y del medioambiente. Si no se pudo hacer cumplir más, es porque el Poder Judicial es fiel a esas transnacionales. Y claro, EE.UU. quería romper la integración de los pueblos en el Mercosur, en Unasur. Nosotros habíamos denunciado que esto venía, que Paraguay era el eslabón más débil, donde EE.UU. y las transnacionales veían que era posible romper el proceso de integración de América Latina”.

EL FACTOR COLOMBIA
El pretexto para acelerar el golpe fue la matanza de Curuguaty, ocurrida la semana anterior en el desalojo de una hacienda. Murieron 11 campesinos y 6 policías, hecho orquestado para detonar el golpe palaciego. El terreno estaba en disputa con el ex senador Blas Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos años, dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, que se había apropiado de unas 2.000 hectáreas que pertenecen al Estado. Esa parcela fue ocupada por campesinos sin tierra. Un juez y una fiscal ordenaron el desalojo de los campesinos, que se realizó a través del Grupo Especial de Operaciones (GEO). En el curso de este desalojo, un grupo parapolicial -camuflado- mató a seis policías. Como “represalia” el GEO -cuyos integrantes fueron entrenados en lucha contrainsurgente por el Comando Sur de EE.UU. en el marco del Plan Colombia- asesinaron a once campesinos. Esto generó un fuerte repudio del movimiento campesino, y creó un nivel de aislamiento del presidente Lugo que posibilitó el golpe.
En todo el procedimiento se sienten “las enseñanzas colombianas”, con la acción conjunta de elementos policiales y parapoliciales, la brutalidad en las ejecuciones y el ejercicio de la contrainsurgencia. Hay que recordar que el presidente Lugo había firmado con Alvaro Uribe, años atrás, un convenio de cooperación que extendía el Plan Colombia hacia Paraguay. Por esos acuerdos, Uribe facilitó la capacitación de los servicios de inteligencia de Paraguay. También instruyeron a policías, jueces, parlamentarios… Y en ese contexto se aprobó sin mayores trámites la Ley Antiterrorista.

EL FACTOR EE.UU.
En un cable del 28 de marzo de 2009, enviado con carácter secreto desde la embajada de EE.UU. al Departamento de Estado, se anunciaban intentos de destituir a Fernando Lugo “con un juicio político dentro del Parlamento”. De acuerdo al mismo cable -publicado el 30 de agosto de 2011 en el portal de WikiLeaks- Federico Franco asumiría la Presidencia; el ex presidente Duarte Frutos asumiría su banca en el Senado, y con el apoyo de Lino Oviedo quedaría tercero en la línea de sucesión del gobierno. La información revela que el juicio político venía siendo un as en la manga de los políticos corruptos de Paraguay. Y la embajada, como se sabe, jugaba la misma partida.
EE.UU., de acuerdo a sus propias estrategias imperiales, necesita una mayor presencia en el sur del territorio suramericano, una Colombia en el Cono Sur -así como una Honduras en Centroamérica-, para controlar la región. Desde ahí podría encarar más claramente la confrontación con Brasil, principal amenaza geoestratégica para EE.UU., monitorear la Triple Frontera (de Argentina, Paraguay y Brasil -entrada a la Amazonia-) y Bolivia, asegurar las ganancias de las grandes corporaciones transnacionales y el acceso a los que se consideran “recursos estratégicos del futuro” (agua, biodiversidad, fuentes de energía).
Escribe Carlos Fazio en el diario mexicano La Jornada(1): “Las manos del Comando Sur del Pentágono y del Departamento de Estado, en particular las más visibles de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés), aparecen por todos lados y exhiben una estructura subversiva regional, que más allá del debate de ideas, transita por un esquema de enfrentamiento propio de la guerra sucia, las operaciones sicológicas encubiertas y el terrorismo mediático, destinado a debilitar a las naciones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), en particular Cuba, Venezuela y Bolivia, y del Mercado Común del Sur (Mercosur), cuyos principales objetivos a desestabilizar, después de embucharse al eslabón más débil, Paraguay, son Brasil y Argentina. Mediante convenios condicionados, la Usaid controla en Paraguay a la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional. Los recursos financieros de la Usaid también sirvieron para cooptar a algunos sectores del Frente Guazú, la coalición de Izquierda que apoyó a Lugo. Mientras, el Pentágono, que arrancó a Lugo la aprobación de una Ley Antiterrorista, por conducto de la Iniciativa Zona Norte logró desplegar tropas y civiles estadunidenses en la región oriental del país, en las narices de Brasil, como avance de tareas injerencistas que tienen como finalidad la ocupación territorial”.

EL FACTOR TRANSNACIONAL: MONSANTO, CARGILL, RIO TINTO
Cuando Monsanto chocó con obstáculos para imponer sus semillas transgénicas -por incumplimiento de normativas ambientales y de seguridad- comenzó a buscar la destitución de los funcionarios que se oponían, y aumentó la presión a través de la Unión de Gremios de la Producción (UGP). A pesar de las dificultades, sólo en el año 2011 Monsanto facturó en Paraguay 30 millones de dólares por concepto de regalías por la soya transgénica (sin contar la facturación por la venta de semillas). Por si esto fuera poco, las transnacionales del agronegocio en Paraguay casi no pagan impuestos, protegidas por el Congreso golpista.
No sólo los políticos han cuidado los intereses transnacionales: la UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, empresario ligado al grupo Zucolillo que, entre otros factores de poder, es propietario del diario ABC Color, y dirige la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El grupo es también socio en Paraguay de la transnacional del agronegocio Cargill.
Otra de las transnacionales involucradas en el golpe de Estado es la canadiense Río Tinto Alcan (RTA), la segunda mayor fundidora de aluminio en el mundo. (Se dedica también a la extracción de diversos minerales en todos los continentes). Denuncia Silvio Núñez(2): “Paraguay es productor de energía hidroeléctrica, compartiendo centrales binacionales con sus vecinos Argentina y Brasil. Sin embargo, 4/5 de esta energía es exportada y sólo 1/5 utilizada en el país. RTA desea consumir, a bajos precios, una cantidad equivalente (1/5). La inversión de RTA tenía dividido al gobierno paraguayo. Si bien el presidente de la República se había manifestado contrario a un subsidio al precio de la energía, el ministro de Industria y Comercio, Francisco Rivas -confirmado por el nuevo presidente Federico Franco- y el entonces vicepresidente, Federico Franco, se habían manifestado favorables a cumplir las condiciones de RTA para su venida al Paraguay”.

EL PODER REAL
Cada vez que una coyuntura compleja en Paraguay requería de un análisis profundo, era normal para las organizaciones populares pedir la opinión de Tomás Palau, sociólogo, investigador de Base-Is. Su rigor como investigador y su claridad como pedagogo, estuvo acompañado siempre del compromiso político como intelectual del pueblo.
Tomás Palau señala en uno de sus últimos escritos, analizando la conformación del bloque de poder en Paraguay: “Sea por los latifundios de antaño devenidos en campos soyeros, sea por los actuales latifundios ganaderos, el país no dejó de ser un territorio marcado por la herencia feudal, oligárquica y conservadora que dejó la guerra de la Triple Alianza. La tierra -en mucha mayor medida que otros países de la región- sigue siendo el elemento mediador para la obtención de los símbolos de estatus social, de acumulación de riqueza y, en consecuencia, de ejercicio del poder político. No es casual que la derecha política y el poder real (el económico) unifiquen sus acciones durante la administración Lugo para la defensa de los intereses latifundistas. De ellos derivan, todavía, la hegemonía política y la acumulación capitalista de riquezas.
(…) Una vez que se consolidó en el poder (Stroessner), empieza a tender lazos con narcotraficantes, facilitándoles primero el traslado de insumos para la producción de cocaína hacia Bolivia, Perú y Colombia, posteriormente para la producción de marihuana en el país y, como lógico complemento, el lavado de dinero proveniente de tales actividades (…) (En 1989) no sólo los narcos estaban consolidados en el país, sino que se convertían en uno de los poderes económicos reales más importantes y controlaban buena parte del territorio del norte de la Región Oriental. (…) Los nuevos militares y los nuevos líderes civiles del Partido Colorado fueron premiados con tierras, cargos en el gobierno y dádivas vinculadas a la repartición de segmentos de actividades económicas. Las ramas inmobiliarias, empresas contratistas, de transporte, de comercio de importación y exportación y específicamente el contrabando, acopio, comercialización interna y distribución minorista de alimentos y bebidas, fueron por lejos las más beneficiadas y aquellas de donde surgieron lo que comúnmente se denominan empresaurios, una casta de maleantes políticos de guante blanco devenidos en empresarios por el régimen, que continúan siendo hoy encumbrados parlamentarios, dirigentes políticos y dueños de importantes empresas y medios de comunicación. Surge con fuerza el rentismo, que va a caracterizar desde entonces al régimen de Stroessner y a los gobiernos que lo sucedieron. (…) De este modo se conforma la estructura del poder real en Paraguay, la cual se basa en cuatro grupos(3): la oligarquía ganadera, los narcos, los empresaurios y las multinacionales”.

LA RESISTENCIA Y LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA
Desde las primeras horas del golpe, las organizaciones campesinas y populares en Paraguay fueron reordenando sus fuerzas para encarar una resistencia civil -que saben será prolongada-, desconociendo al gobierno golpista, y más allá incluso de la voluntad del presidente destituido lo siguen reconociendo como legítimo mandatario. También los movimientos populares de nuestra América están movilizados en solidaridad con la resistencia paraguaya. Los gobiernos llamados “progresistas” se encontrarán frente a un dilema: si no actúan con firmeza en defensa de la democracia paraguaya, rechazando en todas las instancias internacionales la presencia del golpista Federico Franco, se estarán poniendo la soga al cuello.
La experiencia de Honduras debería funcionar como aprendizaje. Luego de la legitimación del gobierno de Porfirio Lobo por la OEA, no sólo no se avanzó en la lucha por los derechos humanos, sino que aumentó la impunidad, y crecen cotidianamente en el país los crímenes contra el pueblo. Honduras ahora funciona como un ariete de la política imperial, y como amenaza para el continente… en sintonía con Colombia, México y Chile.
Por eso, las movilizaciones en Brasil, Argentina y otros países del continente están exigiendo a los gobiernos que nieguen al golpismo un asiento en las instancias de integración continental. Mientras tanto, invisibilizada por los grandes medios de comunicación, la resistencia campesina y popular continúa en los diferentes rincones de Paraguay. Más allá de la debilidad en las posiciones asumidas por Fernando Lugo, el pueblo paraguayo tiene una larga experiencia de coraje y rebeldía, y está cortando rutas, movilizándose, exigiendo que se vayan los golpistas. El desafío es que esa resistencia cuente con la solidaridad del continente. Se trata de asumir que la batalla que se está librando en Paraguay es estratégica. Si la “República Unida de la Soya” impone su presidente a través de un golpe de Estado, lo que se encuentra amenazado es el proyecto emancipador y libertario en nuestra América. No es una tarea de solidaridad, solamente. Hoy todos somos Paraguay, todos somos Honduras… y necesitamos levantar un muro al golpismo, al fascismo, a la reacción conservadora transnacional. Es hora de globalizar la esperanza con más lucha.

CLAUDIA KOROL
En Buenos Aires

(1) “Lugo, EU y la telaraña imperial”. En La Jornada, 25 de junio, 2012.
(2) “La transnacional Río Tinto Alcán y el golpe de Estado”, publicado por Alai el 26 de junio, 2012.
(3) Son sólo analíticamente distinguibles ya que la superposición de intereses convierte a esta elite en multifacética; muchos ganaderos comparten sus pasturas con la droga, la mayoría de los empresaurios tienen sus intereses en la ganadería, no pocos soyeros se dedican también parcialmente a la ganadería y al contrabando de insumos para la producción, y así.

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