Edición 718 desde 17 al 30 de septiembre de 2010
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La Concertación, con el riesgo de parecer desmemoriada y acaso inconsecuente, envía señales al electorado que omitió durante los últimos veinte años. Este extraño síndrome surge desde las sorprendentes declaraciones de algunos parlamentarios para eliminar la Ley Antiterrorista (que para algún amnésico, los gobiernos pasados invocaron contra los comuneros mapuches), el término de la invariabilidad tributaria en el caso del royalty minero (que el mismo ex presidente Ricardo Lagos inventó) y la moción parlamentaria que alargó a tres días irrenunciables los feriados para los trabajadores del comercio. El gobierno de Sebastián Piñera, que titubeó entre apoyar a los trabajadores o a los empresarios bajo un clima de caos y desabastecimiento impulsado por el poderoso sector del retail, finalmente fracasó en un intento por acotar el feriado para, en palabras de la ministra del Trabajo, Camila Merino, “compatibilizar el descanso con el funcionamiento de los servicios”. Del mismo modo como el presidente sorprendió al frenar el proyecto termoeléctrico de Punta de Choros, ahora flaqueó, a ojos de los que presionan en favor del consumo.
Este largo fin de semana de Bicentenario, de cuatro días de fiesta, marca un hito para los trabajadores chilenos y un precedente ganado por la fuerza de la acumulación histórica. Porque el triunfo de los trabajadores del comercio, quienes recibieron la votación del Senado, no fue logrado tras presiones y movilizaciones en las calles. Han sido otras y más complejas las vías por las que esta demanda logró obtenerse. Las difíciles condiciones de los trabajadores chilenos puestas en horario estelar por la televisión a través del drama minero en Copiapó, han colocado los temas laborales en un primer lugar de la agenda pública. Este confuso escenario mediático, sumado a una oposición errática e impredecible, impulsó el proyecto del largo feriado cuyos efectos el gobierno sólo logró evaluar con tardanza. Y tras este paso, ya hay parlamentarios que se suman a la gran reivindicación de los empleados del comercio, que es convertir los domingos en feriados irrenunciables.
La votación del Senado expresó lo que ya es evidente: los abusos laborales en el retail, impuestos a través de las técnicas de gestión empresarial por medio de la externalización, creación de empresas de apoyo al giro y otros mecanismos de flexibilización laboral. Estos abusos no se amortiguan con el pago de algunos bonos y horas extra. Como explicó el senador independiente Carlos Bianchi, que votó junto a la Concertación, la propuesta del Ejecutivo de pagar horas extraordinarias no compensaba el hecho de que los trabajadores estuvieran ocho horas fuera de sus casas, ya que el monto que recibirían en retribución no alcanzaba los nueve mil pesos. En esta línea argumental coincidieron incluso parlamentarios oficialistas. El maltrato laboral, graficado en la imagen de los mineros, ha sido recogido como un tema de alta rentabilidad política por la clase parlamentaria. Las condiciones de inseguridad, de precariedad, de abuso se extienden por gran parte del mundo laboral chileno.
Los ejemplos abundan. El senador oficialista José García Ruminot dijo que los atropellos que se cometen en ciertos sectores del retail no se compensan con un día más de feriado irrenunciable, sino que con mayor fiscalización. Aun cuando no votó a favor de la moción, sus expresiones expresaron con claridad el conocimiento que tiene el Parlamento de las condiciones laborales de decenas de miles de trabajadores.
Con la aprobación del proyecto, para los días de celebración del Bicentenario sólo podrán abrir los microempresarios del comercio, o sea los negocios atendidos por sus dueños y su familia, que son los grandes perdedores del mal llamado “libre mercado”, espacio económico controlado por las grandes corporaciones del retail. Por una vez en la vida, los almacenes de barrio tendrán una gran oportunidad para aumentar sus decaídas ventas. Pero también podrán atender, y en este sentido el proyecto es discriminatorio, los cines, discotecas, pubs y hasta los casinos de juego.

Más de un millón de trabajadores

Se estima que en el sector comercio trabajan un millón 300 mil personas, lo que es aproximadamente el 20 por ciento de la población activa. Y de ellos, una gran proporción en unas pocas grandes cadenas, como ocurre con las farmacias, ferreterías, tiendas de departamentos y supermercados. La proporción de trabajadores de las grandes cadenas de supermercados y tiendas de departamentos sin embargo, no tiene una directa relación con el control que ejercen sobre el mercado. Este dominio, que tiene efectos en los precios, en los productos, los proveedores, los trabajadores y consumidores, les ha permitido crear alarma nacional por el largo feriado. Tres cadenas, que detentan más del 80 por ciento de las ventas nacionales, lo que no consiguieron a través del lobbying parlamentario han intentado lograrlo con una campaña de terror, amplificada por los medios de comunicación pues son sus avisadores y alimentadores. La alarma penetró, con bastante tardanza y confusión, también en el gobierno.
El problema no es trabajadores contra consumidores, como han querido interpretar los medios y el gobierno. El problema es la concentración de las ventas en unas pocas manos y una espuria legislación laboral que tolera abusos de horarios y bajos salarios. Esto es lo que ha permitido una situación de abierto oligopolio. El proceso de concentración de la propiedad y de las ventas es un modelo basado en el poder financiero y en la total desregulación de los mercados, incluido el laboral. Estadísticas del comercio minorista estiman que aproximadamente el 90 por ciento de las ventas al detalle las están canalizando las grandes corporaciones, proporción que va en aumento. Las compras en regiones de la cadena Unimarc y las adquisiciones de supermercados mayoristas, deja cada vez un margen más estrecho para los supermercados pequeños. Tan concentrado es este mercado, que está repartido entre D&S (Walmart), que tiene más del 30 por ciento de las ventas, Cencosud (Paulmann) con el 31 por ciento y Unimarc (Saieh), detentador del veinte por ciento. El resto se lo reparten Tottus (Falabella) y el fondo de inversión Southern Cross (cadenas regionales). Un poco más del tres por ciento corresponde a los independientes.

Ganancias de cientos de millones de dólares

Las cifras de este negocio son impresionantes. Sólo el holding de Paulmann, que tiene sucursales en varios otros países latinoamericanos, facturó más de once mil millones de dólares en 2009, lo que da una idea de la magnitud de este sector. Y si observamos el curso que tienen sus ventas, veremos que no pueden estar en mejor pie. Según la Cámara Nacional de Comercio (CNC), a julio pasado las ventas se elevaron cerca de un diez por ciento, proceso que tiene altas probabilidades de mantenerse durante el resto del año. Es por ello la indignación de los dirigentes gremiales por las supuestas pérdidas en las ventas del Bicentenario.
Las cifras oficiales han medido una fuerte expansión de la economía, impulsada, entre otros factores, por el consumo. Tan fuerte es este estímulo, que en julio pasado tuvo un crecimiento superior al siete por ciento, el mayor registrado desde 1996. Pero este proceso, dice el Banco Central, no acaba aquí. En 2010 probablemente marcará una expansión económica por sobre el cinco por ciento, la que en 2011 podría elevarse hasta un 6,5 por ciento. En este proceso los grandes beneficiados no son ni los consumidores, ni los trabajadores ni las pymes. Son las grandes corporaciones industriales, comerciales y, por cierto, financieras.
Algunos analistas han llegado a cifrar en más de mil millones de dólares las pérdidas que sufriría este sector por el cierre de Fiestas Patrias. Sea realidad o una exageración, lo cierto es que la discusión no pasa por este argumento, como tampoco por un supuesto desabastecimiento de alimentos. El trance es otro, y tiene relación con una estructura comercial que en su afán de lucro desmedido aplasta a todo el resto de los actores, desde los almacenes de barrio, sus proveedores, los consumidores y los trabajadores. Las magnitudes que ha alcanzado este sector, a costa de todos los actores mencionados, es colosal. En pocos años, las corporaciones ligadas al retail se han instalado no sólo entre las principales empresas chilenas, junto a los grupos económicos tradicionales como Angelini, Matte y Luksic, sino también entre las mayores latinoamericanas.
Si observamos el ranking de los grupos económicos chilenos, según la revista empresarial estadounidense Forbes, veremos que tras los tradicionales y en cuarto lugar, aparece el grupo Solari, que es el controlador de Falabella, con un patrimonio de 4.741 millones de dólares. Un poco más distanciado está Paulmann (Cencosud), con un patrimonio de 2.555 millones de dólares. Otro grande del sector, D&S, que comparte el grupo Ibáñez con Walmart, ha acumulado 1.679 millones de dólares, en tanto Ripley, más de 800 millones.
Estos nuevos grandes grupos económicos chilenos han hecho su fortuna sobre la base del consumo masivo, el crédito y la desregulación de todos los mercados. Su expansión ha sido tal, que en pocos años se han ubicado entre los principales actores del retail latinoamericano. El año pasado, y pese a la crisis, estuvieron entre las empresas de su rubro con mayores ganancias en la región: Falabella en el tercer lugar, con utilidades por 392 millones de dólares y ventas por casi siete mil millones, y Cencosud, en el noveno, con ganancias por 190 millones.
Esta ha sido la extensión natural del negocio del retail en Chile. Pero el negocio va más lejos, para introducirse en lo financiero. Porque todas estas corporaciones emiten sus propias tarjetas de crédito, las que generan una fuerte dependencia de los consumidores con las instituciones. La senadora de la UDI Evelyn Matthei, que no votó a favor del largo feriado para los empleados del comercio, dijo una gran verdad. Con el cierre, muchas familias, y en especial las clases medias y de menores ingresos, no contarán con dinero en efectivo para comprar en otros lugares. A través del crédito, que es generalmente muy caro, se crea una relación de dependencia extremadamente cruel entre el consumidor y el supermercado. En Chile no sólo se compra a crédito un televisor o el vestuario. ¡Se compra el alimento en cuotas! El crédito se usa para financiar gastos corrientes.
La perversidad es que a menor ingreso, mayor es la tasa de interés. Una de las características de los créditos que otorgan los supermercados y casas comerciales es su orientación a sectores de menor poder adquisitivo, riesgo que amortiguan con altas tasas de interés. A marzo pasado, la tarjeta de Jumbo-Paris cobraba un 47 por ciento anual, Presto, de Lider, un 52 por ciento, Ripley un 48 y Falabella un 47 por ciento anual.
Un negocio de tan rápida expansión sólo puede basarse en altas ganancias y bajos costos. Por un lado, están los consumidores, por el otro, los proveedores y los trabajadores. Por este último eslabón podría cortarse la cadena.

PAUL WALDER
(Publicado en Punto Final, año 45, edición Nº 718, 16 de septiembre, 2010
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