El grito mapuche en el Bicentenario

Huelga de hambre que conmueve
al mundo

Autor: LUCIA SEPULVEDA RUIZ

MARCHA solidaria en Concepción

Al cierre de esta edición -14 de septiembre- la huelga de hambre de 34 presos políticos mapuches superaba los 65 días y entraba a una fase crítica para las vidas de los comuneros. Entretanto, el gobierno solicitó al arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, que actuara como mediador, luego de rendirse a la evidencia de que tendría que negociar debido a la resuelta voluntad de los presos de llegar hasta las últimas consecuencias.
En Concepción, once familiares -nueve de los cuales son mujeres- abrieron la semana del Bicentenario plegándose a la huelga de hambre en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, mientras en Temuco, los parlamentarios Hugo Gutiérrez, Manuel Monsalve, Tucapel Jiménez y Sergio Aguiló mantenían su ayuno en el local de la CUT y en Santiago, se realizaba un ayuno solidario de personeros del mundo religioso, artístico, estudiantil y sindical en la Fech. Las medidas buscan aumentar la presión frente a la negativa del gobierno a participar en la mesa de diálogo concordada entre los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados -Jorge Pizarro y Alejandra Sepúlveda- y voceros de los mapuches. Según María Tralcal, en Temuco, y Juana Reimán, en Concepción, los comuneros están debilitados pero mantienen firme su decisión, en todos los penales.
Al cumplir más de dos meses en huelga de hambre, varios fueron trasladados a los hospitales de Angol, Concepción y Temuco. Finalmente los medios de comunicación comenzaron a informar del tema, empujados por la resonancia de la huelga a nivel internacional, así como por las manifestaciones en países de Europa y América Latina en apoyo a las demandas de los huelguistas. En Santiago, una movilización llevaron a cabo los historiadores “para detener el accionar represivo del Estado en el sur de Chile y reconocer el legítimo derecho de los pueblos originarios a la restitución de sus tierras usurpadas y a su autonomía social y política”.
Cientistas sociales y académicos de cuatro universidades del sur plantearon que “una situación histórica tan compleja (…) no puede intentar resolverse por medio del uso de instrumentos jurídicos como la Ley Antiterrorista, que no son adecuados ni para la sociedad chilena ni para las movilizaciones y demandas de los pueblos indígenas. Consideramos que es tiempo de avanzar hacia un Estado profundamente democrático que al celebrar sus 200 años (…) se reconozca como un país multicultural”. Asimismo se constituyó en Santiago un frente amplio de apoyo a la huelga con intelectuales, estudiantes y artistas que solidarizaron en una manifestación desarrollada en la Plaza Almagro. Frente a la cárcel de Angol, los familiares levantaron una ramada y realizaron rogativas en un improvisado rehue. Dos voceros de los huelguistas, el lonko de Temucuicui Víctor Queipul y María Tralcal, se trasladaron a la capital para responder directamente a las descalificaciones del gobierno a la protesta mapuche.
En la capital de La Araucanía se desarrolló una reunión de los dirigentes de los partidos de la Concertación -en la que no participó el Partido Demócrata Cristiano- en que se habría analizado la posibilidad de que el gobierno declarara el estado de emergencia en la zona sur. Ello en vista de que, pese a las peticiones formales de las iglesias católica y evangélica, el presidente Piñera elude el diálogo. Mientras tanto, se acentuó la represión contra los familiares. Once de ellos fueron acusados de desórdenes en incidentes que tuvieron lugar el 11 de septiembre en el Hospital Regional de Concepción, cuando Gendarmería impidió el contacto de los familiares con comuneros que estaban siendo ingresados en grave estado al centro asistencial. Emilia Pilquimán, madre de los hermanos Llanquileo, en huelga de hambre, fue golpeada en la cabeza resultando con lesiones de mediana gravedad. Todos los detenidos, entre ellos voceros arrestados en la calle sin mediar incidente, fueron liberados con medidas cautelares.
María Tralcal dijo a PF que el gobierno no quiere el diálogo sino la represión. “Estas detenciones son una maniobra orientada a impedir una salida a la angustiosa situación actual”. La vocera agregó que los traslados de presos a hospitales se están realizando a espaldas de los familiares y se intenta forzarlos a alimentarse por vía intravenosa, “lo que es una forma de tortura porque ellos han expresado su voluntad de rechazar esa alternativa y debe respetarse su opción”.

Los “agentes encubiertos”

Desde la cárcel de Temuco, los 13 huelguistas recluidos en ese penal rechazaron el proyecto de reforma de la Ley Antiterrorista que se votaría en el Congreso. Para ellos, responde a “la presión de la derecha económica para fortalecer al Estado policial en contra de los movimientos sociales, en especial al único movimiento con reales aspiraciones revolucionarias hoy: el movimiento mapuche”. Consideran que las propuestas de mantener a los “testigos sin rostro” e incorporar la figura del “agente encubierto”, legalizarán la infiltración policial en las comunidades mapuches. Con humor agregan que, hasta ahora, “cualquier acto que hagamos dentro del marco de nuestra lucha es calificado de terrorista, así, nuestra huelga también debería serlo, pues según el artículo 1º de esta ley, sería ‘un delito cometido para arrancar resoluciones a la autoridad, e imponerle exigencias’”. Familiares de los presos políticos de Concepción, desde las afueras de la cárcel El Manzano, declararon que “el gobierno ha desviado la atención de las demandas centrales de la huelga de hambre: la no aplicación de la Ley Antiterrorista y de la justicia militar”.
Cumplidos más de dos meses de huelga de hambre, los procesos judiciales se encuentran postergados. En Temuco, el comunero Pedro Cheuque se desmayó en plena audiencia del tribunal y debió ser hospitalizado. La Corte de Apelaciones de Concepción, por otra parte, disipó las esperanzas de una señal positiva. En fallo unánime reinstaló a 36 testigos protegidos que habían sido excluidos del juicio en Cañete. La decisión de la Corte fue adoptada por los ministros Eliseo Araya y Freddy Vásquez y la abogada integrante, Gabriela Lanata. Ellos sólo se preocuparon de la seguridad de los testigos pero no se pronunciaron respecto de los derechos de los acusados. Ni siquiera la práctica de la tortura para reclutar testigos conmovió a esa Corte.

El “testigo” del puente Lanalhue

La tortura de un menor que fue colgado de un puente para obligarlo a atestiguar contra los comuneros, fue denunciada a la Corte de Apelaciones de Concepción por los abogados de la defensa mapuche. Punto Final tuvo acceso a la declaración jurada del testigo protegido, el menor Rodrigo Viluñir Calbul, efectuada ante Marcel Mathieu Pommiez, notario de Cañete. Relata que por haber sido colgado del puente Lanalhue y amenazado de muerte, firmó sin leer una declaración redactada por la policía. Rodrigo Viluñir tenía 17 años a esa fecha, por lo que su padre lo acompañó cuando fue detenido y llevado a firmar.
El y su hermano José, figuran como testigos protegidos en el proceso contra Eduardo César Painemil Peña (27 años). Painemil es uno de los tres mapuches en huelga de hambre en la cárcel de Lebu, acusado de incendios “terroristas” y de asociación ilícita. El fiscal pide más de 20 años de prisión. Viluñir implicó también a los comuneros Marco Millanao, en huelga de hambre en Temuco (para quien el fiscal pide 70 años de prisión), a Juan Carlos Millanao y Simón Millas.
En su declaración notarial, Rodrigo Viluñir señala que los hechos que relata ocurrieron (...)

 (Este artículo se publicó completo en Punto Final, año 45, edición Nº 718, 16 de septiembre, 2010. Suscríbase a PF)
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