Montaje judicial
en Villarrica

KENNY Sánchez: sometido a un montaje judicial
junto con Sergio Reyes y Elena Varela.

El 8 de enero comienza en Villarrica -en plena temporada veraniega- un proceso llamado a tener resonancia pública. Los acusados son tres chilenos vinculados a la causa del pueblo mapuche. El 7 de mayo de 2008, en múltiples operativos paralelos, fueron allanados varios domicilios y detenidas seis personas en Temuco, Ercilla, Gorbea y Lican Ray, Novena Región: Kenny Sánchez Contreras, su esposa Flor Domínguez Rosas, Elena Varela López, Sergio Reyes Camus, Leticia Cárdenas Figueroa y Jorge Pineda.
El despliegue informativo fue amplio y tendencioso para presentarlos como autores materiales de dos asaltos, uno en diciembre de 2004 en Loncoche y el otro en Machalí, el 10 de junio de 2005, en el cual murieron cuatro personas: un guardia de seguridad, un cuidador de autos y dos asaltantes. En declaraciones a la prensa, el fiscal, Servando Pérez, y la policía señalan que los detenidos e imputados reconocen pertenecer al MIR-EGP, recibir la influencia de Mauricio Hernández Norambuena (Ramiro), actualmente preso en Brasil, y que los ilícitos eran cometidos con fines personales y para trabajo político.
Los detenidos fueron conminados a firmar un papel en blanco, lo que fue rechazado por Kenny Sánchez, situación que motivó una orden verbal de detención del fiscal Servando Pérez contra su esposa Flor Domínguez, acusándola de los mismos delitos que a su pareja. Fueron incautados una serie de elementos personales, familiares o de orden profesional a objeto de ser presentados como pruebas de los ilícitos de que se les acusa.
Dos de los detenidos, Leticia Cárdenas y Jorge Pineda fueron dejados en libertad con medidas precautorias, a pocos días de su detención. A Flor Domínguez le cambiaron las medidas precautorias dos meses y medio después de su detención y Elena Varela, sólo fue dejada en libertad con cambio de medidas cautelares a mediados de agosto de 2008.  Sólo en enero de 2009 el fiscal Servando Pérez procedió a cerrar la investigación, estableciendo acusación contra Sergio Reyes, Kenny Sánchez y Elena Varela, desistiéndose de proseguir la acción punitiva en contra de las otras personas detenidas en el inicial operativo de 2008.

Los tres imputados

Sergio Reyes, en declaraciones ante el fiscal ha reconocido cierto nivel de participación en el asalto en Machalí, y firmó el papel en blanco que se le exigió firmar so pena de que serían detenidos su esposa e hijo de 14 años. Sergio ha sido mantenido en aislamiento desde mediados de 2008 en la Cárcel de Máxima Seguridad en Santiago, con régimen de 22 horas de encierro.
Kenny Sánchez no ha reconocido participación en los hechos, aunque señala ser amigo de Reyes, con el cual se juntaban a conversar en lugares públicos. Cabe señalar que ambos, habiendo sido chequeados durante aproximadamente dos años y medio, nunca fueron detectados en reuniones o actividades clandestinas. Adicionalmente, Kenny puede acreditar con varios testigos que en los días en que ocurrieron los hechos por los cuales es acusado estuvo en actividades relacionadas con el bautizo de sus hijos y otros asuntos familiares con su sobrina y derivados de la enfermedad de su madre. Kenny militó en el MIR, situación que ha sido aprovechada por el fiscal para asegurar como obvia su culpabilidad. En tal sentido, ha sido violada la presunción de inocencia, requisito de un juicio justo. Kenny ha manifestado no estar arrepentido de haber militado en un partido que dejó estampadas claras muestras de heroísmo en la lucha antidictatorial.
Elena Varela no reconoce participación en los hechos que se le imputan, agregando que ha sido involucrada de modo arbitrario por la policía y el fiscal. Cabe señalar que Elena Varela y Flor Domínguez se conocían por una actividad académica en la cual coincidieron. En ese tiempo ambas ocupaban cargos públicos como encargadas de cultura de las municipalidades de Pucón y Ercilla, respectivamente.
En los procedimientos empleados tanto en la detención como en el proceso han existido irregularidades, denunciadas en su momento por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos mediante un informe a cargo de María Cristina Pacheco.

Las irregularidades

Existen elementos que permiten dudar de la veracidad de las acusaciones de que son objeto los acusados, e incluso se puede asegurar que el proceso es un montaje político-judicial. Entre estos elementos, es posible señalar:
-No existe ninguna prueba concluyente de la participación de ninguno de los tres imputados en los delitos que se les achacan.
-No existen huellas dactilares, rastros de ADN ni reconocimiento de testigos.
- Las acusaciones de participación se han realizado exclusivamente sobre presunciones o elementos adyacentes, que de ningún modo pueden acreditar esa participación.
-Una testigo ha reconocido a cuatro mujeres distintas como participante en el asalto. Sin embargo, a ninguna de las tres mujeres que han sido detenidas se le ha acusada de participar directamente. Dos de ellas fueron absueltas por desistimiento del fiscal, mientras Elena Varela ha sido acusada de autora intelectual, ante la imposibilidad de seguir sosteniendo su participación directa.
- La hermana de uno de los participantes que resultó muerto en el asalto, previa elaboración de retrato hablado, ha reconocido en set fotográfico a Kenny Sánchez como una de las tres personas que pernoctaron en su casa la noche previa al asalto. Sin embargo, este hecho es negado por Sánchez, teniendo testigos que acreditan haber estado en otro lugar y con otras personas. Pero más importante es que el retrato hablado no coincide con las características de Kenny.
Otro aspecto relevante dice relación con que las tres personas que finalmente fueron acusadas y serán sometidas a juicio oral, vale decir Kenny Sánchez, Elena Varela y Sergio Reyes, se relacionaban de uno u otro modo con el mundo mapuche y el conflicto entre el Estado chileno y este pueblo. Varela filmaba un documental sobre el conflicto, entrevistando a dirigentes mapuches en la clandestinidad a objeto de que explicaran sus razones para luchar por su pueblo; Kenny Sánchez y su esposa, Flor Domínguez, viven en Ercilla, comuna emblemática por lo álgido del conflicto, participando ambos en las dinámicas relacionadas con la actividad cultural y política de la comuna; y Sergio Reyes, trabajaba para la forestal Mininco.
Resumiendo, las opiniones de la prensa, de la Fiscalía y de la policía han estado orientadas a tres dimensiones:
- Estigmatización del apoyo que recibe de los chilenos la causa del pueblo mapuche.
- Estigmatización de la militancia antidictatorial, especialmente de aquella ligada al MIR, presentándola como motivo de vergüenza, de modo que por este solo hecho, se establece presunción de culpabilidad.
- Estigmatización de todo atisbo de pensamiento crítico al modelo de sociedad que hoy se construye, y que viene como herencia de la dictadura.
En los procedimientos de investigación, detención e interrogatorio participó activamente la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Los métodos empleados no han variado mucho respecto de los que usaba la CNI, a excepción de que hoy no utilizan “la parrilla”.

PEDRO FERNANDEZ

(Publicado en Punto Final, edición Nº 702, 8 de enero, 2010. Suscríbase a PF)
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