Chevron y el genocidio
en Ecuador

Las huellas del paraíso están todavía visibles. Desde el aire, la región selvática del norte de Ecuador -conocida como el Oriente- parece un tapiz de niebla plateada y franjas de verde follaje. Pero bajo el manto de nubes, la selva es una maraña de manchas negras de petróleo, fango purulento y tuberías oxidadas. El humo brota del suelo, arrojando al aire vapores que queman la garganta. Las aguas residuales de estanques sin encofrar se traspasan a las aguas subterráneas y transitan a los ríos y los arroyos.
Este paisaje de pesadilla es el legado de la corporación petrolera Texaco. Entre 1964 y 1990, Texaco (adquirida por Chevron en 2001) perforó alrededor de 350 pozos en una superficie de 2.700 millas cuadradas de selva de la Amazonia ecuatoriana. La empresa obtuvo aproximadamente 30.000 millones de dólares en ganancias, mientras derramó deliberadamente 18.000 millones de galones de sopa tóxica, conocida como “agua de producción” -una mezcla de petróleo, ácidos y otros cancerígenos- que cayó a las corrientes donde seres humanos obtienen agua para beber, pescan, nadan y se bañan. Texaco construyó más de 900 fosos de fango de petróleo, muchos del tamaño de piscinas olímpicas. A diferencia de las piscinas, estos hoyos fueron cavados sin revestirlos con concreto para proteger el suelo, y el veneno se escurrió a las napas subterráneas.
Yo había escuchado, durante años, sobre lo que se ha llamado el “Chernobyl de Chevron en la Amazonia”. Pero nada me había preparado para el horror del que fui testigo durante mi visita de tres días en esta zona. Tuve en mis manos una libélula embadurnada de petróleo, que trataba de revolotear desesperadamente, sin resultado. Vi huellas de patas de cerdo en el barro al lado de inmundicias grasientas, donde los animales habían comido pasto contaminado que pronto estarán infectando a niños, mujeres y hombres. Conocí a un hombre que me dijo que sus dos niños habían muerto después de nadar en el agua contaminada. Uno murió en menos de 24 horas. El otro permaneció retorciéndose en agonía durante seis meses. Encontré a otro señor cuya vivienda está ubicada sólo a un centenar de metros de uno los pozos. Tiene diez hijos. Todos se han enfermado, algunos están cubiertos de llagas. Sus gallinas y sus puercos murieron. Nada crece cerca de su casa.
Vi un pozo envenenado abandonado por Texaco en 1974, que nunca fue usado por otra compañía. Los ductos que salen de ese estanque contienen un líquido claro que escurre. Cuando acerqué el líquido a mi nariz, olía a gasolina. La cañería va directamente a un riachuelo cercano, que es la fuente principal de agua de consumo para la gente que vive en sus riberas. Escuché historias aterradoras acerca del maltrato infligido por trabajadores de Texaco: mujeres violadas; chamanes llevados en helicóptero a alejadas cadenas de montañas para ver si lograban encontrar el camino para devolverse; indios a los que les dijeron que friccionarse petróleo en sus cabezas calvas les haría crecer cabello fuerte y largo y camiones de Texaco que derramaron desechos de petróleo en las sendas por donde la gente caminaba, y sufría quemaduras causadas por la brea pegajosa expuesta a los calcinantes rayos del sol.
Este no es un asunto de nostalgia sentimental. Es un asunto de derechos humanos, de violaciones claras de los derechos de los indígenas ecuatorianos a la vida, la seguridad y la autodeterminación.
Cuando los petroleros de Texaco descendieron de sus helicópteros en la jungla, a principios de la década de los sesenta, regalaron a los aborígenes pan, queso, platos y cucharas. Hasta hoy, esa es la única compensación que los grupos indígenas han recibido.
Nunca se les pidió permiso para que su tierra fuera horadada, antes de que los ejecutivos de Texaco negociaran con funcionarios del gobierno ecuatoriano.
Texaco sabía que había gente que podría morir debido a lo que estuvo haciendo. De acuerdo con el último conteo, 1.400 niños, mujeres y hombres han muerto de enfermedades atribuidas directamente a la contaminación provocada por Texaco. El índice de casos de cáncer en las comunidades afectadas por la actividad petrolera es 30 veces mayor que en cualquier otro lugar del país.
Dos grupos nómadas que habitaban la región, los tetetes y los sansahuari, han desaparecido. Lo que Texaco hizo podría decirse que asciende penalmente a homicidio por negligencia.
Ahora, los grupos indígenas que quedan en el Oriente ecuatoriano -los cofán, siona, secoya, kichwa, y huaorani- han tomado en sus manos la lucha contra Chevron. Organizados a través del grupo de base Frente de Defensa de la Amazonia, están exigiendo, mediante una demanda colectiva sin precedentes, que Chevron arregle el daño que causó.
El caso está ahora en su año décimosexto. Chevron (cuya declaración de derechos humanos dice, “valoramos y respetamos la cultura y las tradiciones de las numerosas comunidades en las que trabajamos”) ha alargado el litigio una y otra vez, para que se demore indefinidamente.
La evidencia de la maldad de Texaco está a la vista. El año pasado, un lobbista de Chevron -cuya identidad no fue revelada- dijo que la lección para Ecuador es que “no podemos permitir que países pequeños hostiguen a compañías grandes como ésta, que han hecho grandes inversiones en el mundo”. Como estadounidense, me horroriza que una corporación de nuestro país pueda tratar a personas inocentes con tal desdén. Todos nosotros -consumidores, funcionarios, periodistas, activistas y ciudadanos- debemos hacer que Chevron asuma la responsabilidad por sus acciones y que se haga justicia.
Aquí en el Oriente, 45 años después de que Texaco taladró por primera vez el suelo y 16 años después de que los ecuatorianos empezaron su lucha por la justicia, no debemos permitir que desaparezcan las huellas del paraíso que todavía son visibles.

KERRY KENNEDY (*)
En Lago Agrio, Ecuador

(*) Autora de Speak Truth to Power (Decir la verdad al poder) y fundadora del Centro de Derechos Humanos del Memorial Robert F. Kennedy.

(Publicado en Punto Final, edición Nº 702, 8 de enero, 2010. Suscríbase a PF)
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