Un pueblo en
la mira policial
 Tras meses de intensa búsqueda, finalmente la Policía de Investigaciones (PDI) dio con el paradero del dirigente mapuche Héctor Llaitul Carillanca (41 años). Llaitul, principal líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), estaba en la clandestinidad desde abril pasado, eludiendo diversas órdenes de detención del Tribunal de Garantía de Cañete y de la Fiscalía Militar de Concepción, que lo sindican como autor intelectual de un atentado al fiscal Mario Elgueta, ocurrido el 16 de octubre de 2008 en el sector de Puerto Choque, próximo a Tirúa, en la Región del Bío Bío.
Llaitul fue detenido la tarde del 15 de julio en casa de su madre, Florinda Carillanca, en Rahue Bajo, Osorno. Hasta allí había arribado para reunirse con su esposa y tres de sus hijos, a quienes no veía hace meses. Según relató Pamela Pessoa, su marido fue reducido en el patio de la vivienda por unos diez efectivos armados de la PDI. Tanto la vivienda como el barrio habían sido copados desde tempranas horas, aguardando la llegada del dirigente mapuche.
“Yo estaba a su lado en ese momento. No lograron derribarlo, ni esposarlo, pues forcejeó hasta el final. En la vivienda se encontraban sus hijos y sobrino, en su mayoría niños, además de su madre, hermano y cuñada. A su hermano y sobrino también los tiraron al suelo”, relató Pamela Pessoa. Llaitul fue trasladado a Temuco y luego, en helicóptero, a Cañete, todo con un impresionante despliegue policial. “Soy un preso político mapuche nuevamente. ¡Esta es la política del Estado que persigue a los mapuches, los reprime, tortura, encarcela y asesina. Esta es la política del gobierno de la Concertación!”, fueron sus declaraciones ante el asedio de los medios de comunicación en el aeródromo de Cañete. Horas más tarde, sería formalizado por la fiscal regional, Ximena Hassi, y los fiscales adjuntos Andrés Cruz y Paulo Pucheu, por cuatro delitos: robo con intimidación, atentado contra la autoridad, homicidio frustrado y asociación ilícita terrorista.
La principal acusación que pesa en su contra es ser responsable de “planificar, coordinar y ejecutar” el ataque armado contra el fiscal Mario Elgueta, donde además resultaron heridos cinco policías. Llaitul negó que se tratase de una emboscada. “Fue un enfrentamiento (entre comuneros y policías) al interior de la comunidad”, aclaró. Según el Ministerio Público, incriminarían al dirigente el testimonio de ocho testigos protegidos, tres colaboradores y escuchas telefónicas que lo ubican en el sector donde se produjo el atentado. En la formalización, el fiscal Cruz aseguró que hay antecedentes para probar que Llaitul es el líder de este grupo y que entregó a cada uno instrucciones de “matar a Elgueta y a los policías”. Debido a la gravedad de las acusaciones, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para Llaitul, medida a la que se opuso el defensor público Egon Matus de la Parra, argumentando que el secreto decretado en la investigación y la existencia de testigos protegidos le impedía realizar una defensa de calidad.
“La defensa no tiene acceso y no ha tenido acceso a las declaraciones ni a las pruebas que supuestamente inculpan al imputado. Por lo tanto, se está con la vista vendada frente a un Ministerio Público que tiene todas las herramientas”, señaló el abogado. “No sabemos quiénes son, ni qué motivaciones tienen para acusar a mi defendido. Esta es una defensa a ciegas”, denunció. Sin embargo, el juez de Garantía acogió la petición de la Fiscalía y envió a Llaitul a la cárcel El Manzano, de Concepción, por un plazo de nueve meses, convirtiéndolo en el detenido número 14 de esta investigación.
37 prisioneros políticos
Conocida la captura de Llaitul, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, felicitó a la PDI: “El dirigente es uno de los prófugos más buscados de la justicia en el último tiempo. Tiene una participación que debe ser aclarada e investigada por la justicia en el atentado al fiscal Elgueta”. Recordó que a la CAM el gobierno le atribuye una serie de ilícitos que están siendo investigados y respecto de los cuales el Ministerio presentó querellas. En tanto, la ministra vocera Carolina Tohá, destacó la detención del líder de la CAM, la cual servirá -a su juicio- para esclarecer diversos ataques incendiarios en predios del sur. “En Chile hay un Estado de derecho. Nadie está por encima de la ley, y nos parece importante que en este caso, como en todos los casos, las personas acusadas de un crimen vayan ante la justicia y la enfrenten”, señaló.
Llaitul, de profesión asistente social, se encontraba en libertad desde junio de 2008, cuando fue absuelto de los cargos de incendio, porte de armas y receptación por el tribunal de Temuco. Había estado un año en prisión preventiva por su presunta participación en un atentado registrado el 26 de diciembre de 2006 en el fundo Las Praderas, de Mininco, en Cholchol. La defensa de Llaitul entonces fue encabezada por el ex juez Juan Guzmán Tapia, quien desde el comienzo del juicio alegó la inocencia de su defendido. Guzmán denunció, en el marco del juicio oral, que se trataba de un montaje contra Llaitul, de una “maquinación de las empresas forestales”. Si bien el gobierno, las empresas y el Ministerio Público no lograron entonces su objetivo de condenar a Llaitul, sus antecesores en la dirigencia de la CAM no corrieron la misma suerte.
José Huenchunao (38 años), fundador de la organización y su principal ideólogo, hoy distanciado de la CAM, cumple condena por “incendio terrorista” en la cárcel de Angol; Iván Llanquileo (36 años), lonko de la comunidad Juana Millahual de Lleu Lleu, acaba de ser condenado por “tenencia ilegal de municiones” y mantiene abierta una causa por “tenencia ilegal de arma de guerra” en la Fiscalía Militar de Concepción; José Llanquileo (30 años), ex vocero de la CAM, cumple condena por “incendio terrorista” en la cárcel de Traiguén. Se suma a ellos Miguel Tapia Huenulef (45 años), activo militante de la causa mapuche, recluido en la cárcel de alta seguridad de Valdivia y a quien el gobierno vincula con una serie de “atentados explosivos” en el sur. A ellos se suman una treintena de mapuches, tanto miembros de la CAM como de otras organizaciones, actualmente privados de libertad en los penales de Concepción, Lebu, Los Angeles, Angol, Victoria, Collipulli, Traiguén, Temuco y Valdivia. Un reciente informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la organización mapuche Meli Wixan Mapu cifra en 37 el total de presos políticos.
Según el informe, “preso político es todo aquel ciudadano mapuche privado de libertad y/o en proceso, producto de su participación en acciones que apunten a la reconstrucción del pueblo-nación mapuche, entendiendo por tal los procesos de recuperación de tierras y/o de control territorial sobre predios recuperados, acciones de resistencia ante la represión policial, así como las movilizaciones que apunten a la reivindicación de nuestros derechos políticos. Con los anteriores criterios, claramente nuestros hermanos no son presos comunes o delincuentes como el Estado los ha tratado. Por otro lado, el carácter político de los encarcelamientos también obedece a las leyes que se le aplica a nuestra gente, como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista, diseñadas en la dictadura militar y legitimadas hoy por los mismos personajes de gobierno que exigían en aquellos tiempos su derogación. Claramente son leyes que buscan la protección y perpetuidad en el poder de los grupos económicos capitalistas y de las clases dominantes que instrumentalizan al Estado para mantener sus privilegios y dominación, tanto a nuestro pueblo-nación mapuche como al pueblo chileno”.
Tal es el caso de Mireya Figueroa Araneda (47 años), dirigenta mapuche de Ercilla. Tras seis años en la clandestinidad, fue detenida el pasado 1º de julio en la Región Metropolitana. Condenada a 10 años de prisión por Ley Antiterrorista, fue recluida en la cárcel de Angol pese a su delicado estado de salud. La dirigenta, madre de cuatro hijos y activa defensora de los derechos territoriales de la comunidad Tricauco padece un cáncer avanzado, derivado de un cáncer mamario por el que fue operada en 2006 y fue tratado con quimioterapia. Ahora presenta metástasis ósea en la columna vertebral. Además sufre de diabetes, hipertensión, enfermedades reumatológicas y traumatológicas, así como trastorno de estrés postraumático producto de torturas policiales a las que fue sometida en su primera detención, en diciembre de 2002. “Quizás me detengan, pero lucharé para que ello no ocurra. Me voy a presentar a la justicia. No quiero evadirla, pero sólo lo haré cuando el Estado me dé garantías de un justo proceso. Cuando no haya testigos sin rostros ni pagados”, había asegurado Mireya Figueroa en agosto de 2004, tras pasar a la clandestinidad. Hoy ha vuelto a engrosar el número de militantes de la causa mapuche tras las rejas.
Montajes judiciales
Informes de organismos internacionales dan cuenta de lo irregular de las acusaciones que pesan sobre líderes mapuches. Bien lo sabe el ex magistrado Juan Guzmán Tapia, quien asumió la defensa de Héctor Llaitul el año 2008 logrando su absolución. Entrevistado por Canal 9 de Concepción, el ex magistrado entregó un diagnóstico preciso del trasfondo de la persecución penal que afecta al pueblo mapuche. “Los juicios contra mapuches han estado en su mayor parte cargados en contra de los comuneros y dirigentes. Se ha partido a priori de acusaciones muy poco fundamentadas y en muchos casos, se ha probado que han existido montajes. En algunas causas en las que he podido intervenir, me he dado cuenta que ha existido falta de pruebas suficientes o idóneas. En estos casos, lo que debieran naturalmente hacer los fiscales es retirar dichas acusaciones. Muchas veces se ven los jueces enfrentados a la ineptitud de las pruebas o simplemente a pruebas que parecieran ser prefabricadas. Me han tocado causas donde se crea la participación de una persona que jamás ha estado en el lugar de los hechos”, enfatizó.
La nueva arremetida policial contra Héctor Llaitul no ha hecho sino aumentar las sospechas contra el Ministerio Público. Así lo denunció la propia Coordinadora Arauco-Malleco: “Una vez más el Estado chileno sigue encarcelando y haciendo montajes contra nuestros líderes. Queremos dejar en claro que esta nueva arremetida policíaco-judicial llevada adelante por el Ministerio Público y el actual gobierno en contra de nuestras comunidades movilizadas y en contra de la CAM en particular, responde a la política represiva del Estado en contra del pueblo nación mapuche. Así se entiende este montaje en contra de uno de nuestros weichafe, como el hostigamiento y persecución policial que afecta a nuestros peñi (hermanos) de la Red de Apoyo, que se ha visto reflejado en detenciones, allanamientos, seguimientos, montajes, intervenciones telefónicas y amedrentamientos que se han sucedido en lo que va corrido del año”, señalaron a través de una declaración.
PEDRO CAYUQUEO
En Temuco
(Publicado en Punto Final, edición Nº 690, del 24 de julio al 10 de agosto, 2009. Suscríbase a PF, punto@interaccess.cl) |
