Niños de La Legua piden
una tregua a la violencia
Autor: ANDRES ZANETTI ARANGUIZ
El viernes 5 de junio la estigmatizada población La Legua Emergencia, en San Joaquín, vivió una especie de revolución infanto-juvenil. Niñas y niños de todas las edades exigían que se les hicieran valer sus derechos, algunos tan básicos como jugar, recrearse o recibir una buena educación, pero que, sin embargo, para ellos parecían lejanos, casi utópicos.
Sus propias familias y algunas autoridades fueron testigos de las demandas del centenar de menores. Entre ellos el alcalde Sergio Echeverría (PPD) y el director del Sename, Eugenio San Martín, quienes se comprometieron a evaluar las peticiones y emitir un diagnóstico el próximo 20 de noviembre. Echeverría prometió reparar la única cancha de fútbol de la población y los familiares comprometieron apoyo incondicional a sus hijos. Posteriormente, firmaron un compromiso para restablecer el derecho al buen trato, la recreación, la educación de calidad y la protección infantil en la emblemática población, vecina a La Legua Vieja.
Detrás de esta movilización estaba La Caleta, una institución formada por jóvenes profesionales -sicólogos, trabajadoras sociales, educadoras de párvulos-, que nació al alero de la Iglesia Católica a mediados de los 80, en plena dictadura. Desarrolla su trabajo -sin fines de lucro- al interior de las poblaciones, no sólo para promover los derechos de los niños sino que también intenta convencer a la comunidad que de todos depende erradicar la violencia, el alcoholismo y la drogadicción que se han tomado los barrios populares, y crea y reorganiza espacios para la educación, distracción y diversión de infantes y adolescentes.
En La Caleta se plantearon, desde su origen, trabajar en sectores urbanos excluidos de Santiago, como la población Yungay, en La Granja, y en las ciudades de Lota y Contulmo, en la Región del Bío Bío. Pero es en La Legua Emergencia donde los niños en riesgo social han visto vulnerados sus derechos dramáticamente, producto de la violencia que se vive a diario en esa población. Los problemas que más afectan a los menores, según un diagnóstico realizado por la institución -y por los mismos niños de La Legua-, tienen relación con la violencia del entorno, el derecho a la educación, el maltrato intrafamiliar, el trabajo infantil en actividades riesgosas y el derecho a una recreación segura.
Deuda histórica
con los niños
Nury Gajardo, orientadora familiar y directora del centro comunitario, considera que en Chile existe una deuda histórica con los menores. “Los niños sienten bronca o lejanía cuando les hablan de sus derechos. Nuestra apuesta es que ellos puedan vivirlos, porque en la realidad los derechos humanos de los niños no se cumplen”, explica.
¿Han recibido ayuda del gobierno durante estos años?
“Recibimos una subvención a través del Sename. También nos apoya Integra, Fundación Anide y Conace (Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes) en la Octava Región. Pero entendemos que nuestra relación con el gobierno es de cooperación para una política pública. Por eso nos interesa plantear este tema a las autoridades de acuerdo con los compromisos que han adquirido como gobierno. Este 20 de noviembre cumple veinte años la Convención Sobre los Derechos del Niño y aún no existen las mínimas condiciones para la implementación de esa convención. Hemos formado una alianza con la red de ONGs de infancia y juventud, porque solos no es posible lograr esa meta”.
Los candidatos a la Presidencia han señalado que darán énfasis a los temas sociales, ¿piensan reunirse con ellos?
“Nos interesa saber qué están pensando los candidatos presidenciales. Por eso queremos hacer un encuentro con ellos a fines de julio. En la Población Yungay iniciamos una campaña que se llama ‘Vota por mí’, queremos que niños y niñas sean los actores principales”.
Una pésima distribución
de recursos
La pésima repartición de la riqueza y la desigual distribución de oportunidades son factores directos que inciden en el riesgo social en Chile. Andrea Iglesias, voluntaria de La Caleta, estima que es casi nula la voluntad oficial y política para solucionar estos problemas. “Esta situación es producto de un modelo de desarrollo que genera desigualdad y frente a esa desigualdad, se estigmatiza a aquellos que sufren la exclusión. El niño o niña que es víctima de vulneraciones, es acusado de delincuente o ‘flaite’ y es encarcelado a los 14 años. Sin embargo, no tenemos una ley de protección de derechos cuando los niños son maltratados o víctimas de una educación de mala calidad, o no tienen acceso a un sistema de salud básico. Cuando demandan su derecho a participar en los espacios que tienen que ver con ellos, nadie mueve un dedo”, afirma Iglesias.
¿Cree que será necesario legislar sobre el tema?
“Nos interesa cambiar la forma en que se percibe la infancia y la juventud pobre en Chile. Vemos que para mucha gente estos niños son un problema o delincuentes que vienen a robar espacio en este lindo país. Creemos que en esto hay un tema cultural. Pero también pensamos que falta una ley que cree marcos claros de protección de derechos de los jóvenes”.
Iglesias estima que el gobierno se enfoca casi exclusivamente a luchar contra la delincuencia, dejando de lado aspectos como la prevención y los motivos que condujeron a los menores a delinquir, al alcoholismo o la drogadicción. “El Ministerio del Interior, el Conace y la seguridad ciudadana son instancias de control social que es hacia donde va destinado el presupuesto y la inversión de las políticas públicas. Lo que queremos es que cuando hablemos de la realidad de los niños, escuchemos qué es lo que ellos quieren decir y qué proponen. Para eso queremos generar un espacio en que todos convengamos en que los derechos humanos de niños y niñas sean realidad”, enfatiza la educadora.
Las autoridades se quejan de no tener presupuesto para crear espacios públicos donde los niños puedan recrearse, ¿está de acuerdo?
“No, porque no estamos hablando de equipamiento o infraestructura, estamos hablando de utilizar los espacios que ya existen. Hablamos también de protección, de una realidad distinta. Y eso no pasa por tener más recursos. Necesitamos una relación distinta y un uso distinto de los espacios. Utilizar los pasajes o la plaza o las áreas verdes que ya están. En una primera etapa -que se inició en noviembre del año pasado- muy artesanalmente pintamos juegos en las calles y trazamos una cancha de fútbol. Eso es lo que quieren los niños. Pero con los pobladores concluimos que jugar en los pasajes se ha vuelto peligroso, porque es común ver bandas peleando a fuego cruzado. La vida peligra y creo que no nos merecemos esto. Los niños están pidiendo una tregua y (…)
(Este artículo se publicó completo en Punto Final, edición Nº 690, del 24 de julio al 6 de agosto, 2009. Suscríbase a PF, punto@interaccess.cl)
|
