 TV digital
El enemigo
en casa
Chile tiene en estos momentos una oportunidad que no se repite con frecuencia: debatir públicamente las políticas y normas sobre sus medios de comunicación, polémica que podría articularse al interior del debate parlamentario del proyecto de ley de televisión digital (TVD). La controversia se ha estirado, porque los anuncios sobre la definición de la norma técnica que regirá la TVD comenzaron en 2007, y sólo en noviembre pasado el gobierno envió al Congreso el proyecto de ley. Aún así, la norma que establece el marco tecnológico de la futura TV digital, cuya definición se hace por simple decreto, es todavía una incógnita.
Pero desde noviembre algo se ha avanzado. El proyecto en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados propone un cambio más o menos profundo al actual escenario de la televisión chilena. La última modificación a este sector se realizó en 1992, con la incorporación de los canales privados, reforma que ha quedado atrás no sólo por los cambios tecnológicos. Hay quienes observan la necesidad de incorporar modificaciones al sentido y a los contenidos de la televisión: regular la programación. Porque todo cambio tecnológico y normativo impulsa cambios sociales. O porque la televisión chilena no resiste más. De hecho, el mismo proyecto así lo entiende: la TVD cambiará radical y permanentemente lo que se conoce como televisión de libre recepción. Su incorporación traerá consigo transformaciones múltiples, como la posibilidad de más y mejores señales, más diversidad y el desarrollo de una industria de contenidos más rica. Esta es la teoría planteada por el gobierno. Un plan que tiene el riesgo de esfumarse en pura retórica.
El proyecto presentado por el Ejecutivo busca no sólo adecuar las normas a la nueva tecnología, sino, en la letra, también cambiar el actual sistema de televisión, que claramente no logra satisfacer las necesidades y demandas de la población. Esto es ir más allá de la mera incorporación de la nueva tecnología. O de potenciar cambios a la estructura misma del sistema televisivo mediante las nuevas técnicas. Porque la población, que se informa de manera mayoritaria por la televisión de libre recepción, no está satisfecha con el statu quo. Datos de las autoridades de Telecomunicaciones arrojan que el 66,5 por ciento de la población ve sólo la televisión abierta, proporción que llega al 93 por ciento en los hogares de menores ingresos. Y aquí surge la paradoja, la contradicción. Se ve televisión abierta, pero se la valora negativamente.
Una encuesta de 2007 del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) reveló altos niveles de insatisfacción con los contenidos de la televisión abierta. El 47 por ciento de los entrevistados consideraban que los programas son malos, un 37 por ciento reclamaba por la falta de espacios culturales y un 21 por ciento se molestaba por el “lenguaje grosero”. Esta encuesta fue varias veces reforzada por otros sondeos de opinión. Incluso Don Francisco se refirió al retorno del people meter on-line como la destrucción de la televisión chilena. Un sistema que sólo se basa en la audiencia y en las posibilidades de lucro.
Cada día vemos
menos televisión
Pero lo más sorprendente surge de un estudio de 2008 realizado también por el CNTV. El tiempo de exposición a la televisión se ha reducido drásticamente durante los últimos cuatro años. De un promedio diario de tres horas registrado en 2005 se ha pasado a 50 minutos diarios, en 2008. Los motivos invocados son, en resumen, la baja calidad de los contenidos, comenzando por el exceso de farándula: casi un 60 por ciento del público rechaza este tipo de programación.
La actual tecnología de televisión contribuye a esta homogeneidad programática, transmitida por muy pocos canales cuyos contenidos están promediados por el rating, por las estadísticas, por el comercio, por los intereses del público menos exigente. La TVD, por su condición tecnológica, permitiría superar estas restricciones. Además de la mejor calidad de imagen emitida en alta resolución, admite la emisión de múltiples programas simultáneos a través de una sola señal en calidad estándar, la que es, sin duda, superior a la analógica actual. Esta es su mayor contribución al cambio del sistema televisivo: la posibilidad de estimular la diversidad, la pluralidad. A diferencia de la televisión analógica, que utiliza principalmente los canales del 2 al 13, la televisión digital se implementará entre los canales 21 y 51 en la banda UHF, lo que posibilitará disponer de una mayor cantidad de frecuencias. Esta condición técnica contribuirá a la diversidad en la televisión abierta, lo que favorecería el desarrollo de televisiones regionales, locales y comunales.
El documentalista Francisco Gedda, editor del libro El reto de la TV digital (Editorial Universitaria, en colaboración con ICEI), comenta que “este cambio, que amplía el espacio, obliga a pensar que estamos ante el escenario de la radio FM, en un escenario similar al periódico, en que se pueden imprimir cuantos se quieran. Al menos en teoría se abre como concepto. Desaparece la limitante tecnológica, lo que en Chile tiene una enorme implicancia. Significa que la televisión de libre recepción puede tener el escenario del cable, que es un escenario en teoría magnífico para mucha gente porque puede elegir entre unas 60 señales. Se abre para el 70 por ciento de la gente que no puede pagar el cable. Ese es el escenario político comunicacional. Cuando hay 50 canales disponibles, por qué no pueden emitir los evangélicos, la Conadi, los mapuches, la CUT, diversas minorías, el mundo privado, el mundo público, los canales regionales. Se abre un enorme escenario de discusión, y de modificación del concepto tradicionalmente vinculado a la televisión”.
Un asunto de gran importancia en la nueva legislación tiene que ver con las concesiones televisivas. Hoy los canales son entidades integradas, es decir, tienen el derecho de transmitir una señal de televisión y el uso del ancho de banda sólo para ese propósito. Con la TVD eso cambiará. Podrán usar el ancho de banda para otro tipo de servicios. Como dice el proyecto, la TVD permite destinar el ancho de banda asignado a las concesiones para la transmisión no sólo de una señal televisiva sino que de múltiples señales distintas; y también a la prestación adicional de otro tipo de servicios, como televisión digital móvil, servicios de datos y otros, lo que otorgará flexibilidad en los modelos de negocios asociados a la transmisión televisiva, algo que en actualidad el marco regulador no permite. Los futuros concesionarios de una señal digital podrían optar por no emitir señales propias, sino que arrendarlas a terceros. Esta facultad sumada a los otros posibles servicios de alta tecnología, de por sí modificará no sólo la estructura del sistema televisivo, sino también su concepción como negocio.
Numerosas posibilidades comerciales podrían surgir del cambio, así como el ingreso de nuevos operadores, modificación que no tiene demasiado entusiasmados a los actuales concesionarios consolidados en el negocio. Se trata de un sector con ingresos publicitarios por casi dos millones de dólares anuales. Un sector que es controlado por las grandes cadenas bajo la actual norma, permitiría el ingreso de nuevos operadores. Sólo una nueva legislación permitirá abrir, en todos los sentidos, el sistema de televisión.
Pero los grandes canales que se reparten la torta publicitaria no desean perder este control, que no es sólo comercial, sino también político e ideológico. Así comenta Gedda: “Piñera no se compró un canal que estaba con pérdidas, o Ricardo Claro tampoco perdió plata durante mucho tiempo con Megavisión. Lo que se espera es un alto dividendo de su negocio, que es el poder político, finalmente. Control de la información, control del imaginario popular. Esa industria que concentra poder político y poder económico se resiste con todo a la apertura del espectro. Por lo tanto, ha habido un boicot real desde los poderes expresados transparentemente, como desde los poderes fácticos -que funcionan a escondidas-, para retrasar la definición de la norma, o de cualquier cosa que tenga que ver con la TV digital”.
Del dicho al hecho...
El Observatorio de Medios Fucatel expuso hace poco más de un mes sus puntos de vista ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Este organismo privado de estudios afirmó que el proyecto es una oportunidad única para “cambiar el escenario de la televisión abierta, dado que abre un debate público en torno al tema, para que la discusión no se transforme, como se temió en un momento, en un acuerdo a puertas cerradas con los actuales operadores de las señales”. Una impresión que, sin embargo, ha comenzado a tener sus matices con el transcurso del tiempo. Desde el envío del proyecto, prácticamente no ha habido discusión pública, en un país que tanto ama a su televisión. No hay ni columnas ni artículos en la prensa. La ciudadanía no sabe qué significa el cambio a la TVD, en tanto el debate avanza a puertas cerradas en la Cámara. La fruición televisiva que tiene la ciudadanía no se expresa en una participación activa sobre cómo quiere que sea su futura TV.
El cambio, la diversidad y el pluralismo al que debiera llevar la nueva tecnología, mencionado en el proyecto de ley, no parece tener un referente igual en la propuesta normativa. Así lo ve Manuela Gumucio Rivas, periodista, directora de Fucatel. “La transición a la TV digital no resguarda con la suficiente fuerza y claridad el principio básico de que un bien escaso, cuya titularidad pertenece a todos los chilenos, como es el espacio radioeléctrico, debe ser administrado por el Estado de manera eficiente, lo que en materia de medios de comunicación se traduce en la necesidad de que se dé el espacio a la mayor cantidad de líneas editoriales posibles”.
La entrega del proyecto a la tutela del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones inunda de sospechas la concepción del nuevo marco regulatorio. Al estar bajo ese alero, hay una clara señal de un énfasis en los aspectos técnicos, tecnológicos y comerciales de la regulación -de hecho, el ministro del ramo, René Cortázar, ha afirmado que sólo se evaluarán los aspectos técnicos- pero se ha dejado de lado lo que respecta a los contenidos. La televisión, comentan otros especialistas en comunicaciones, es un bien de servicio público capaz de ejercer un enorme poder sobre el comportamiento ciudadano. Se trata de un servicio público muy singular, el cual pasa por la existencia de la mayor cantidad de voces posibles, para que se permita a la ciudadanía elegir en plena libertad. Es lo que se entiende por pluralismo editorial e informativo. Es por ello, han comentado, que junto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debiera participar el Ministerio Secretaría General de Gobierno, cartera política relacionada con las comunicaciones.
Bajo estos criterios, y sin la intervención en el debate de otros actores ciudadanos, es posible que la televisión digital derive en un mero cambio tecnológico conducido por los grandes operadores actuales, que son los que tienen la solvencia técnica y financiera para optar y ganar las concesiones. En este escenario, temen los especialistas, se reproducirían y amplificarían las mismas voces actuales que circulan por la televisión chilena.
El pluralismo informativo, estima Manuela Gumucio, “estaría seriamente amenazado al ser ejercido por unos pocos que tienen el poder económico y que a través de los medios de su propiedad contribuyen a que predomine una cierta visión política, religiosa y valórica en el país”. Una tendencia que también afecta a la televisión pública. Televisión Nacional (TVN), pese a ser una empresa exitosa, no cumple su función de televisión pública al tener que autofinanciarse, lo que la obliga a competir de igual a igual -y con los mismos criterios y programación- con la televisión privada con fines de lucro.
El ejemplo de España
Algo que no pertenece al orden de la naturaleza, sino a una ideología (neoliberal) dominante. Porque no sólo el mercado puede guiar y alimentar la televisión. El Estado puede influir en los contenidos de su televisión pública. De hecho, hace un par de semanas, en España el Consejo de Ministros aprobó un histórico borrador para eliminar inmediata y definitivamente la publicidad en el ente público RTVE, compensándolo con una serie de tributos a los operadores privados y de telecomunicaciones. “Damos el paso decisivo hacia la consolidación del sistema de financiación de la radiotelevisión pública, con su renuncia inmediata y definitiva a los ingresos publicitarios”, dijo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Hasta ahora, el presupuesto anual de RTVE era de unos 1.100 millones de euros, de los cuales 500 millones corresponden a publicidad y el resto, a subvenciones estatales.
RTVE, que había tenido que autofinanciarse y de este modo entrar a competir con la denominada telebasura, a partir de ahora tendrá libertad para generar sus contenidos. Pero una iniciativa de esta naturaleza en Chile, con los neoliberales al interior de la Alianza y la Concertación, resulta hoy inimaginable.
Mantener en Chile las actuales condiciones de mercado, tanto para la televisión privada como para la pública, sólo profundizará la decadencia de su programación. Es por ello que Manuela Gumucio propone que el Estado regule los contenidos, en el sentido de ampliar la pluralidad de visiones. “Le compete al Estado el rol de salvaguardar que un bien público y escaso se use responsablemente. Es resorte del Estado explorar alternativas que entreguen las garantías suficientes, tanto a los operadores como a la ciudadanía, para exigir un proyecto programático por parte de los postulantes a una concesión, donde se plantee claramente qué quieren hacer con la señal y luego se les exija el cumplimiento de ese compromiso”, dice.
Debe generarse con urgencia un debate nacional, lo que no ha sucedido. Para Francisco Gedda, habría alguna opción de cierta transparencia porque los municipios, que son más de 340, están alertas a la opción de tener canales regionales.
El proyecto, tal como avanza entre los legisladores favorables al libre mercado, e impulsado por otro libremercadista como el ministro René Cortázar, apunta a reproducir, a una escala digital, las actuales aberraciones de la televisión chilena
PAUL WALDER
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 686, 29 de mayo, 2009, Suscríbase a PF) |
