 Viviendo en
el Mapocho
Autor: ARNALDO PEREZ GUERRA
Tres semanas lleva en pie el campamento de deudores habitacionales en la ribera del río Mapocho. Exigen una solución para lo que califican como “robo de la banca privada y de las empresas constructoras”. Rodeando las carpas y plásticos, hay un cerco policial, pero también comunicacional. Sólo webs y blogs independientes, radios y canales de televisión populares les han dado tribuna y cubierto sus manifestaciones. PF bajó al lecho del río Mapocho para conversar con ellos, la mayoría jefas de hogar, dirigentas de villas y poblaciones. Desde que inició sus movilizaciones, ANDHA Chile a Luchar ha denunciado las políticas del gobierno y de empresarios vinculados a la banca privada que hacen de la vivienda un gran negocio. “Hay empresarios y políticos como Ravinet, Pérez Yoma, Zalaquett y Frei, vinculados a la banca y a constructoras, que han lucrado con el problema de la vivienda”, afirma la dirigenta Juana Silva.
Estas mujeres se han hecho famosas por sus protestas espectaculares. Son miles las familias que verán rematadas sus casas si el gobierno no entrega una solución. “Volveremos a vivir en campamentos”, dicen. El 11 de mayo unos cien deudores, en su mayoría jefas de hogar, levantaron un campamento en el lecho del río Mapocho. Exigen condonación de deudas para familias calificadas como “vulnerables”. Adquirieron viviendas sociales subsidiadas y el sistema les impuso adquirirlas con deuda hipotecaria. De las 400.000 familias beneficiadas por los decretos de vivienda social, además de unas cinco mil familias bajo el decreto de movilidad habitacional que creó el ex ministro Jaime Ravinet, unas 100.000 familias en todo Chile son catalogadas como vulnerables. Hasta ahora el gobierno ofrece co-pagar el 50% del dividendo, a cambio que los deudores paguen el resto. Pero los deudores rechazan esa propuesta. “Eso nos deja en manos de la banca”, dice Gloria Romero. “Nada garantiza que tengamos trabajo y podamos pagar. Volveríamos a lo mismo, si no tenemos ingresos”, agrega Miriam Bustos. “Ya hemos pagado muchísimo más del valor inicial de nuestras casas”, señala Juana Troncoso. “Todas las familias vulnerables tienen derecho a vivir en casas sin deuda. Nosotras queremos solución para todos”, agrega Susana Fuentes.
El 8 de mayo, los deudores habitacionales se tomaron un terreno eriazo en pleno centro de Santiago. Fueron desalojados por Fuerzas Especiales de Carabineros. “Esa brutal represión fue una de las razones de por qué estamos en el río Mapocho”, dice Edith Mora. “Hemos hecho de todo para exigir lo que nos pertenece”, agrega Gloria Romero. Recuerdan que el Ministerio del Interior acusó a la dirigenta Roxana Miranda de amenazar a la presidenta Bachelet. Pasó una noche en un calabozo: “Yo no amenacé a la presidenta. Sí hemos ido muchas veces a su casa a preguntarle por qué demora tanto una solución. En esta lucha han muerto deudores esperando. La presidenta debe cumplir su palabra”, dice Roxana Miranda.
En noviembre de 2008 el Ministerio de Hacienda y varios diputados firmaron un protocolo para entregar soluciones a los deudores del Programa Especial de Trabajadores (PET). El 21 de mayo de 2007, Bachelet anunció beneficios para los deudores PET calificados como vulnerables. “No ha habido ninguna solución y la deuda sube. Los intereses por mora, las costas procesales han llevado las deudas a un nivel imposible de pagar. Entre los principales gastos de las familias está el dividendo, en algunos casos llega al 50% del ingreso”, dice Susana Fuentes. Según el Ministerio de Planificación más del 50% de los deudores PET están bajo el segundo quintil de vulnerabilidad, y más del 30%, bajo el primer quintil. Son unas sesenta mil familias. Muchas ni siquiera viven en sus casas, pues las arrendaron para intentar salvarlas del remate.
Gloria Romero, dirigenta de Villa Hermanos de La Salle, en Puente Alto, donde viven unas 400 familias en viviendas básicas sociales, dice: “Hay quienes sólo tienen jubilaciones de 60 mil pesos, y el dividendo es de 70.000 o más. Obviamente, no pueden pagar. Entregaron casas en 1996 y 1997 y ya las hemos pagado varias veces. Desde que estamos en la organización ANDHA Chile a Luchar dejamos de cancelar dividendos. Yo pagué mi casa dos veces, y nos quedan ocho años más por pagar. Es un abuso. Queremos que se condone la deuda, especialmente a los enfermos catastróficos y adultos mayores. En mi villa han muerto varios vecinos y la deuda la han debido asumir esposas o hijos”, dice. Su marido trabaja cuando puede, de electricista, gásfiter o poniendo baldosas. “Siempre ha trabajado en forma independiente. No tiene trabajo fijo. No siempre tenemos dinero para los dividendos. Mi marido hace de todo con tal de llevar un plato de comida a casa, pero no nos alcanza. Si uno se atrasa, el dividendo llega a 85.000 pesos, con intereses. Somos seis bocas en casa: tres hijos, una nieta, mi esposo y yo. No alcanza ni para comer porque damos preferencia a las necesidades de la guagua. Creo que el gobierno debiera ver que estamos aquí por necesidad, no por gusto”, dice.
Miriam Bustos vive en Colina, Villa San Andrés I, sector semi rural cerca del pueblo Esmeralda. Allí hay unas 700 viviendas. “La mayoría somos pobres, lo que llaman hoy ‘vulnerables’, tercera edad, enfermos catastróficos, mamás solteras o mujeres separadas… El dividendo está en 85 mil y hasta 90 mil pesos. Pero los sueldos son muy bajos. En Colina hay poco trabajo, más que nada de temporero, pero en invierno la gente no haya qué hacer. Para pagar dividendos no alcanza. Se hacen trabajos esporádicos, sólo para alimentarse”, señala. Agrega que se lucha para que la presidenta dé una solución: “Llevamos tres años esperando y hasta aquí no hay ningún anuncio. Hay gente que ha pagado hasta tres veces su casa, son 17 años pagando. Nuestras casas están más que pagadas. No pedimos nada regalado. O pagamos el dividendo o comemos. Mi marido es temporero y gana el mínimo. Somos seis personas en casa. Mis cuatro hijos tienen estudios, pero trabajan uno o dos meses al año y después, nada”.
Juana Troncoso, dirigenta de la Villa Monte Tabor de Maipú, agrega: “Somos 444 familias. En las casas viven entre cinco y ocho personas. Hay muchas mujeres embarazadas o con niños pequeños. También mujeres solas, porque los hombres ‘chao no más’, y ellas siguen luchando y aperrando”, dice. La Villa está en el paradero 12 de Avenida Pajaritos. “Cobran dividendos de 45 mil pesos por viviendas básicas económicas, súper chicas, aunque la construcción no es mala. Dos piezas arriba, y abajo living-comedor, baño y cocina. Son 17 años pagando la casa. Ya pagué cuatro casas. Se suponía que costaba 3 millones 800 mil pesos. Quienes nunca han hecho repactaciones y siempre han pagado, aún deben un millón 800 mil pesos. ¿Cuándo vamos a terminar de pagar? Estoy en el río Mapocho porque creo en esta lucha. No bajaremos los brazos. En mi casa vivimos siete: mi marido, mis tres hijos, yo y dos nietos… No nos alcanza el dinero. Mi marido recibe una pensión miserable de 134 mil pesos, de exonerado político. A mi me correspondería, pero todavía no me la da el INP. Mi hija estaba estudiando y se le ocurrió tener un bebé. Ahora la situación tampoco nos alcanza para que vuelva a estudiar”, dice.
950 familias viven en las Villas Bahía Catalina I y II, de La Granja. Edith Mora es la dirigenta del sector: “Hay quienes han vendido o arrendado las casas. Más de cien familias están con problemas judiciales, órdenes de remate y papeles de embargo. Llevamos 18 años pagando una vivienda social que en ese tiempo tenía un avalúo de dos millones. Quienes están al día ya han pagado 10 millones. Son viviendas de 42 metros cuadrados que fueron entregadas ‘en bruto’: sólo con piso en la cocina y el baño, cañerías plásticas, lavatorios de latón, murallas de madera con alquitrán. Nos metieron el dedo en la boca… Se suponía que el dividendo sería acorde al PET, personas que ganábamos un sueldo mísero. (...) Fuimos de las primeras casas PET que se entregaron en 1991. Actualmente hay muchas en peligro de remate. Vecinos con problemas económicos o de salud ya no pagan los dividendos. Gracias a esta lucha, en 2008 se logró parar los remates y embargos. Vivo con mi esposo, una hija que es mamá soltera y mi nieta. Mi esposo, a sus 54 años sólo encuentra ‘pololos’. Yo tengo un pequeño taller de costura. Pero es poco lo que puedo ganar. Espero que la presidenta se digne dar una solución antes que se vaya, porque es justo lo que pedimos. Cuando era candidata (…)
(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 686 de “Punto Final”, 29 de mayo, 2009. Suscríbase a PF!!!) |
