 Crimen y castigo
En 1990 Alberto Fujimori era un oscuro profesor universitario, ingeniero agrónomo de 52 años, que decidió lanzarse como candidato a la Presidencia de Perú encaramado en un tractor y con el lema “honradez, tecnología y trabajo”. De ignorado en las encuestas, pasó de la noche a la mañana a convertirse en un fenómeno político que arrasó en las elecciones de ese año, arrebatándole el triunfo casi seguro al escritor Mario Vargas Llosa.
Diecinueve años después, Fujimori ha recibido una condena a 25 años de cárcel por violación a los derechos humanos durante sus gobiernos. El juicio es considerado impecable y marca un hito en la justicia peruana e internacional.
La lectura de la sentencia duró casi tres horas y el presidente de la sala especial de la Corte Suprema, César San Martín, que durante 16 meses procesó al ex mandatario, anunció que este hijo de inmigrantes japoneses, ahora de 71 años, era condenado “como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado -asesinato- bajo la circunstancia agravante de alevosía”. Se refería a las 25 víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Además, culpable de “lesiones graves” a cuatro sobrevivientes de Barrios Altos; y “secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cruel”, del periodista Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen y del empresario Samuel Edward Dyer Ampudia.
La sala, conformada además por los magistrados Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, estableció que Fujimori, por intermedio de su asesor en asuntos de seguridad, Vladimiro Montesinos, y del entonces comandante general del ejército, general Nicolás Hermoza Ríos, estuvo detrás de la organización, ejecución y encubrimiento de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y del secuestro de Gorriti y Dyer.
El primer caso ocurrió el 3 de noviembre de 1991 cuando miembros del grupo de aniquilamiento conocido como Colina ingresaron a una casa en la zona de Barrios Altos, en el centro de Lima, donde se realizaba una fiesta y dispararon indiscriminadamente contra los asistentes, en su mayoría vendedores ambulantes. Murieron quince personas, entre ellas un niño de ocho años. En el caso de La Cantuta, integrantes del grupo Colina secuestraron, asesinaron e hicieron desaparecer, el 18 de julio de 1992, a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación de La Cantuta. El lugar donde enterraron los restos de las víctimas fue descubierto años después. En ambos casos se trató de represalias por atentados cometidos por Sendero Luminoso.
El secuestro de Gorriti y Dyer se produjo en el contexto del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, cuando Fujimori cerró el Congreso y reorganizó el Poder Judicial. Ambos detenidos fueron llevados al Servicio de Inteligencia Nacional sin que existiera orden judicial en contra de ellos.
La “autoría mediata”
Los magistrados utilizaron la figura de la “autoría mediata” para la condena de Fujimori. Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, significa que “si bien el ex presidente no cometió los crímenes directamente, con sus propias manos, sí es responsable por la decisión de aplicar una política de guerra sucia como respuesta a la subversión, y en dicho marco, consentir y encubrir la acción del grupo Colina, además de favorecer su impunidad. En este razonamiento, Fujimori representa el punto de partida de una decisión, que en su fase operativa correspondió ejecutar a los agentes miembros del mencionado grupo”.
En este sentido, el juez San Martín dijo que “los cuatro cargos objeto de imputación (Barrios Altos, La Cantuta, Gorriti y Dyer) se encuentran probados, más allá de toda duda razonable”, agregando que los crímenes cometidos constituyeron “la más grave y severa desvaloración de la persona (…) Es razonable inferir que tan vasto plan criminal, y el compromiso institucional que significó, sólo pudo llevarse a cabo con la decidida participación del jefe de Estado en funciones”, dijo San Martín, agregando que está probado que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta no eran miembros de Sendero Luminoso.
La sala responsabilizó a Fujimori por “un elaborado mecanismo de encubrimiento que incluyó al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el ejército y el Legislativo, coordinador para conseguir la impunidad”. La sentencia afirma que Fujimori “como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ejerció potestades político-militares efectivas, y evidenció mando y comando máximo sobre las fuerzas del orden, tanto en el ámbito estratégico como táctico operativo”.
La sentencia desbarató la estrategia del defensor de Fujimori, César Nakasaki, quien menospreció la figura de la “autoría mediata”, señalando que se trataba de una “teoría moderna” que no tenía mayor asidero. Sin embargo, fue la misma utilizada por la justicia chilena para aprobar la extradición de Fujimori en 2007.
Fujimori se defiende
“Nadie ha podido aportar una sola prueba que me condene y no lo han podido hacer porque simplemente no existen. Como lo dije desde el principio, soy inocente”, dijo Fujimori en su alegato final, que más bien parecía dirigido a las tribunas. Se arrogó la derrota de Sendero Luminoso y afirmó que su política de pacificación fue exitosa. Sobre los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, señaló que eran excepciones que lamentaba. Con respecto a Gorriti y Dyer, dijo que él no ordenó su detención o secuestro, y que “jamás se les dio trato cruel”.
Para el analista Carlos Reyna, columnista del diario La República, “más que una defensa en contra de sus cargos, el acusado hizo el elogio de su biografía política. Justificó todos los actos ilegales que cometió como presidente o como dictador, incluido el golpe de 1992. Menospreció a la corte que lo juzga. Se jactó de que el pueblo y la historia lo declararían santo y salvador. Hasta fundó su dinastía. En medio de la sala, consagró a sus propios hijos (Keiko y Kenji) como herederos de su legado político”.
Tras el fallo, Keiko Fujimori Higuchi, de 34 años, la congresista más votada en las elecciones de 2006, anunció que sus seguidores -principalmente de sectores populares- defenderán a su líder en las calles.
Los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, por su parte, calificaron la sentencia como “un hecho histórico” que no sólo acaba con la impunidad sino que reconoce la inocencia de las víctimas. “Escuchamos con regocijo una sentencia dictada contra el principal responsable de la muerte de nuestros familiares: Alberto Fujimori”, dijo Gisela Ortiz, hermana de Enrique Ortiz, una de las víctimas de La Cantuta. “El Poder Judicial peruano decidió reivindicarse después de 17 años de impunidad (…) Nos sentimos satisfechos porque se dignifica la memoria de nuestros familiares” añadió. “Los cómplices del criminal los llamaron terroristas, pero con este reconocimiento se acaba eso”. El juicio entra en una nueva etapa de apelación que durará entre cuatro y seis meses.
El ex procurador José Ugaz calificó la sentencia de “espectacular, histórica y de un rigor técnico poco usual, de una solidez que no admite fisuras. Se aplicó a un ex presidente que fue elegido democráticamente y extraditado exitosamente. El marco conceptual ha sido fijado en esta sentencia”, afirmó. “Ha puesto una valla muy alta a la sala que verá la apelación”.
Robos de Fujimori y Montesinos
El siguiente delito por el que se sentenciará a Fujimori es por el pago de una indemnización de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos por servicios prestados a su gobierno. Ugaz, quien entre 2000 y 2001 fue procurador ad hoc para los casos de Fujimori y Montesinos, considera que este caso es el “más claro, más probado y más sólido contra Alberto Fujimori”. Se calcula que Fujimori y Montesinos sustrajeron al erario público entre 600 y 4.000 millones de dólares. Sólo se han recuperado unos 275 millones. En el entorno de Montesinos han afirmado que semanalmente llevaban a Fujimori miles de dólares. Sin embargo, no ha sido posible determinar dónde tiene oculto el dinero. “Hay muchos sitios donde esconderlo. Hay paraísos fiscales en Asia, donde las cuentas son absolutamente secretas”, indicó Ugaz.
En cuanto al indulto que Keiko Fujimori ha prometido otorgar a su padre si es elegida presidenta de Perú en 2011, Ugaz precisó que no es posible para crímenes de lesa humanidad. “La única manera de que Fujimori se beneficie de un indulto es por razones humanitarias, si tuviese una enfermedad terminal”, explicó Ugaz. “La reducción de penas le permitirá dejar la prisión dentro de 18 años y nueve meses”, agregó, ya que al haber sido condenado por secuestro se le aplica la ley 28.767, que sólo permite un beneficio carcelario de 7 x 1. Aunque Keiko Fujimori asegura que esta sentencia fortalecerá al movimiento fujimorista, 64% de los peruanos considera que el ex presidente es culpable de los crímenes por los que se le ha condenado, según una encuesta de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
El fujimorismo ha sobrevivido casi intacto gracias al apoyo de grandes grupos económicos, medios de comunicación, militares, sectores de la Iglesia Católica y del propio actual gobierno. Hay que recordar que el APRA ayudó a Fujimori a llegar al gobierno en 1990. “La expresión de ello no es sólo la continuidad del modelo económico neoliberal sino también del poder que las Fuerzas Armadas han ido recuperando y la impunidad, a lo que se suma un poder mediático que permanece intocado”, escribió el sociólogo Alberto Adrianzén en el diario La República. “Y si bien ese continuismo comenzó en el gobierno anterior (de Alejandro Toledo), con el actual alcanza niveles francamente fanatizados, convirtiéndose en calco y copia del modelo fujimorista por la abierta sociedad que existe entre corrupción y negocios del Estado”
CECILIA REMON
En Lima
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 683, 17 de abril, 2009 ¡¡Suscríbase a Punto Final!!) |
