 Almirante Codina con el agua al cuello
Archivo secreto
de la Armada
Autor: FRED BENNETTS
Pese a una campaña orquestada que trata de poner en duda los procesos de calificación de detenidos desaparecidos y exonerados, es cada día más evidente que en la base de los errores cometidos está la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas. Un caso flagrante es el de la Armada.
Hace tiempo se sabía que en 2006 la Armada, por orden de su comandante en jefe, Rodolfo Codina, entregó la bitácora del buque escuela Esmeralda, “voluntariamente”, a la ministra Eliana Quezada, que instruye el caso Miguel Woodward(*). El buque fue escenario de torturas, violaciones y asesinatos de al menos 110 personas. Lo que no se supo entonces era que la Armada, al entregar la bitácora, no dio explicación alguna de la demora, fueron casi 33 años de silencio y tardanza en cumplir con su obligación legal de hacer conocer “hechos que podrían constituir un delito”. Tampoco reveló dónde se había guardado la bitácora durante ese tiempo.
Las respuestas a estas preguntas se han conocido en los últimos días gracias a una orden emitida por la ministra Quezada. Se ha revelado la existencia de un archivo secreto ubicado en la bóveda del Estado Mayor General de la Armada, donde están todos los documentos sobre crímenes de la Armada durante la dictadura, y se ha confirmado que la bitacora de la Esmeralda fue ocultada allí deliberadamente. Los responsables de esta interferencia y obstaculización de la justicia son tres ex comandantes en jefe de la Armada: Jorge Martínez Busch, Jorge Arancibia y Miguel Vergara.
Fue el almirante y actual senador Jorge Arancibia quien, en un descuido durante un interrogatorio policial el 13 de agosto de 2007, reveló lo siguiente: “Hago presente que durante el gobierno militar el archivo de la documentación secreta y reservada de la Armada dependía del Estado Mayor General de la Armada y dicha documentación se custodiaba en una bóveda de sus dependencias”.
Se le había mostrado al almirante Arancibia una “guía de entrega” del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), dando fe del traslado de la bitácora de la Esmeralda desde esa institución al Estado Mayor General de la Armada (EMGA) en julio de 1987. El almirante Arancibia comentó que suponía que había sido custodiado en el EMGA “por orden de” los almirantes José Toribio Merino, comandante en jefe en 1987, y su sucesor el almirante (r) y ex senador Jorge Martínez Busch. Sin hacer referencia a una posible responsabilidad suya en el asunto, dado que sucedió al almirante Martínez Busch, añadió con su cinismo habitual “nunca vi la bitácora del buque escuela Esmeralda y nunca consulté por ella, por no tratarse de un tema trascendental o de importancia para mí”.
El significado de esta declaración del senador viene del hecho de que la ministra Quezada ha requerido en múltiples ocasiones la entrega de información que la Armada alegó no encontrar en los archivos de sus instalaciones. Así, para el período de 1973 en adelante, la ministra pidió las “bitácoras terrestres” de cuatro instalaciones navales donde se había torturado y asesinado: la Escuela de Operaciones de Las Salinas, la Academia Naval, el Cuartel Silva Palma y el Hospital Naval. En otro oficio también requirió, para el mismo período, las bitácoras de la unidad de la Escuela de Operaciones que había actuado en la Universidad Federico Santa María, y de las unidades de Inteligencia Naval Ancla II y SICAJSI.
El secretario general de la Armada, almirante Carlos de la Maza, en su carta respuesta a la ministra, del 23 de julio de 2007, afirmó que, en el caso de las bitácoras del año 1973, no fue posible encontrarlas en los archivos que se habían consultado. Esos archivos, sin embargo, eran los de las propias instituciones involucradas: Academia Politécnica Naval, Academia de Guerra Naval, Guarnición IM “Orden y Seguridad” (ex Cuartel Silva Palma) y Hospital Naval. El almirante De la Maza no hizo referencia alguna a los archivos de la EMGA.
Es en ese archivo secreto, custodiado en la bóveda del EMGA, donde debe buscarse ahora el material requerido. ¿Y que pasará con la demás documentación secreta que pueda existir en ese archivo sobre otros casos de ejecutados y desaparecidos? Lógicamente debería el ministro de Defensa, igual que hizo su homólogo en Argentina hace tiempo, obligar a la Armada a hacer público su archivo de documentación secreta y reservada. Si se alegara que el material fue destruido, deben requerirse las actas de incineración correspondientes. Según fuentes de la Armada, éstas identificarían quiénes destruyeron la documentación, quiénes ordenaron su destrucción, y la naturaleza de lo que se destruyó.
En todo caso, debe procesarse a los ex comandantes en jefe como máximos responsables del ocultamiento en un archivo secreto de la bitácora de la Esmeralda. Infringieron la ley penal que les obligaba a hacerla conocer a las autoridades judiciales. La ocultación se inició en los años 80, cuando el capitán de navío Eduardo Barison (ex segundo comandante de la Esmeralda) era director del Instituto Hidrográfico y Oceanográfico, actual SHOA, y su subdirector le consultó sobre la bitácora de la Esmeralda, entonces custodiada por esa institución. En opinión del subdirector, contenía descripciones que “comprometerían a la Armada”.
Más tarde, en julio 1987, el nuevo director del SHOA, capitán de navío Fernando Espinosa Simonetti (también había servido en la Esmeralda en 1973) recibió una llamada del comandante en jefe, almirante José Toribio Merino, quien le ordenó (…)
(*) Michael Roy Woodward Iribarri, sacerdote chileno-británico, ingeniero de 42 años, militante del Mapu. Torturado hasta morir en el buque escuela Esmeralda.
(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 683 de “Punto Final”, 17 de abril, 2009. ¡!Suscríbase a Punto Final!!) |
