 La salud
en punto
crítico
Autor: ARNALDO PEREZ GUERRA
DOCTOR Manuel Ipinza: la medicina privada está subsidiada por el Estado.
Una de las personas que más sabe sobre la crisis de la salud en Chile es el doctor Manuel Ipinza, médico-cirujano pediatra. Antes del golpe militar fue profesor de salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y vicepresidente ejecutivo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. “Eso me valió un año y medio de detención en distintos campos de concentración”, recuerda. Exiliado junto a su familia viajó a Inglaterra. “Volví en junio de 1980, para luchar contra la dictadura. Ejercí como pediatra en forma privada. En septiembre de 1985 la CNI me secuestró y torturó en el cuartel Borgoño por mi trabajo con la Vicaría de la Solidaridad y la Comisión de Derechos Humanos. En 1987 me vi obligado a emigrar, un segundo exilio con características distintas: fui a trabajar a Mozambique”, añade.
La deuda hospitalaria aumentó a 66 mil millones de pesos, la cifra más alta de los gobiernos de la Concertación…
“¿Por qué los hospitales tienen deuda? Un estudio del economista Camilo Cid -que vamos a publicar en nuestra revista Cuadernos Médico Sociales-, señala que la deuda se explica porque los ingresos de los hospitales no son suficientes para cubrir sus gastos. Hay un componente de mala gestión, de dinero que no se usa bien, pero es un porcentaje mínimo. El grueso de la deuda es porque el Estado no aporta lo suficiente. ¡66 mil millones! Parece mucho dinero pero en el contexto del presupuesto del sector, es una cantidad menor. Sin embargo, los hospitales endeudados están imposibilitados de entregar los servicios que se requieren por sus deudas con los proveedores. Es un círculo vicioso. Una de las situaciones aberrantes en salud. Y aparece la privatización encubierta. Como no tienen recursos para resolver la demanda, ‘compran’ servicios externos que, obviamente, son más caros de lo que costaría atender al paciente en el hospital público; diferencias hasta tres, cuatro y cinco veces mayores”.
¿Con el dinero que se va al sector privado se podría contratar médicos y enfermeras, o proveer más insumos a los hospitales?
“Se podría hacer todo lo que haga falta. Cuando se aprobó el presupuesto para salud, a diferencia de lo que pasó con el Transantiago, educación o vivienda, se aprobó por unanimidad. Se agregaron recursos adicionales que van a financiar un ‘plan de contingencia’ que es urgente. Inyectarán 510 mil millones de pesos, que representan 21 por ciento del presupuesto total.
Con eso se podrá contratar diez mil especialistas para trabajar en hospitales: neurólogos, urólogos, anestesistas, traumatólogos, etc., todos los especialistas que hoy no están trabajando o que trabajan parcialmente en los hospitales, lo cual explica las largas listas de espera. Eso permitirá financiar internistas, pediatras, ginecobstetras y siquiatras en media jornada para los consultorios. La idea es que los médicos que trabajan en los hospitales 11 ó 22 horas semanales, completen su jornada en los consultorios. Esos recursos también financiarán ambulancias -las más de 400 que faltan-, medicamentos, etc.
Actualmente, el gasto en medicamentos va del bolsillo de Fonasa a las cadenas privadas de farmacias. Es una cantidad enorme: 286 mil millones de pesos. Es lo que pagan de su bolsillo los beneficiarios de Fonasa comprando en las farmacias medicamentos que deberían recibir en los hospitales, consultorios y servicios de urgencia. Hoy se benefician las tres grandes cadenas farmacéuticas que controlan más del 90 por ciento del mercado y obtienen una utilidad neta de 24 por ciento.
Además, contrariamente a lo que la opinión pública cree, los prestadores de salud son instituciones privadas; no es que se compre el servicio a médicos en sus consultas privadas o a pequeños laboratorios. No, son 341 mil millones de pesos que del sistema público se transfieren al sector privado y que van a grandes clínicas y centros médicos. El 74 por ciento del gasto de Fonasa en medicina de libre elección se lo llevan el 10 por ciento de los prestadores, como Megasalud, Avansalud, Integramédica, Universidad Católica, y otros. Se está fortaleciendo el gran sistema privado, que además está vinculado a las Isapres, que son dueñas de las grandes clínicas y servicios médicos. Ese drenaje de dinero financiaría todo el sistema público. El nuevo ministro de Salud, Alvaro Erazo, presentó un plan de contingencia y se aprobó aumentar el presupuesto para financiarlo, es una buena noticia”.
Usted ha señalado que dos tercios de los médicos no están en el sistema público…
“Así es. Esa cifra ha ido aumentando progresivamente. En 1995 había en el país 15.300 médicos. Estimo que a 2008 la cifra es de 26.000. O sea, egresa una cantidad enorme de médicos -acá están incorporados los extranjeros, que no son pocos y que tra-bajan en consultorios municipalizados- ¿pero qué pasa con su distribución? En 1995, el 47,6 por ciento -expresado en horas de trabajo-, estaban fuera del sistema público, y en 2006 habían aumentado a 64 por ciento. Hoy es peor. ¿Por qué el sistema público no absorbe las nuevas promociones? Un ejemplo: el Ministerio ofrece 150 cupos para médicos generales de zona. Se presentan 500 postulantes y quedan 350 que quieren trabajar en el sistema público pero no tiene cupo. En atención primaria faltan 1.500 médicos. Con excepción de algunas especialidades: anestesiología, dermatología, otorrinolaringología, oncología, y algunas otras, el resto de las especialidades están cubiertas. Lo que pasa es que esos médicos no están en el sistema público y, contrariamente a lo que se dice, no es por falta de interés sino por falta de incentivos, y porque no hay campo. Un médico con 22 horas semanales en un hospital público y veinte años de experiencia como especialista gana 600 mil pesos. Por eso se contratan por sólo 22 horas, para así poder ejercer el resto del tiempo en forma particular”.
¿Qué ocurre con el gasto en salud? Se dice que aumenta…
“En cifras absolutas es cierto: ha aumentado la cantidad de recursos. Pero medido como porcentaje del PIB, la verdad es que no llegamos ni siquiera al nivel del último año de la Unidad Popular, cuando alcanzó un 4 por ciento del PIB. Con estos recursos es imposible que el sistema público pueda atender la necesidad de salud de la población. En Costa Rica, por ejemplo, el gasto en salud es del 7,4 por ciento del PIB. En ese país hay un sistema de salud calcado al chileno antes del golpe. Sus médicos aprendieron en nuestras escuelas de salud pública, y lo replicaron. Si nos comparamos con países desarrollados, la diferencia es enorme y explica que no haya camas, médicos, enfermeras, medicamentos, insumos ni ambulancias, y que los hospitales estén endeudados”.
¿Cómo afecta a los pacientes?
“De forma total: no pueden ser hospitalizados o tienen que quedarse en los servicios de urgencia en camillas en los pasillos o sentados en salas de espera, porque no hay camas para ingresarlos. Sucede todos los días. Pacientes esperando en camillas de ambulancias. Absurdo, pues las pocas ambulancias que hay quedan retenidas por los servicios de urgencia, porque sus camillas están copadas, y las ambulancias no puede irse sin sus camillas. Una ambulancia es retenida horas, mientras hay pacientes en un consultorio o accidentados en la calle que esperan una ambulancia, que además son pocas. Es kafkiano”.
Plan de salud
¿Urge un plan nacional de salud?
“Por supuesto... Se dice en la ley del Auge y en la de la autoridad sanitaria que se hará un plan de salud, pero no se ha hecho. Las Isapres y clínicas privadas sí tienen un plan. Si no la Clínica Santa María no estaría construyendo otro centro en Bellavista, no estarían las torres de la Clínica Las Condes o (...)
(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 677 de “Punto Final”, 19 de diciembre, 2008. Suscríbase a Punto Final)
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