 ¿Empresario o ministro?
Autor: RODRIGO MUNDACA
mundacarodrigo@gmail.com
HUGO Díaz Tapia: denunció el robo de agua para el fundo El Guindo de Pérez Yoma.
La historia es fundamental para analizar el presente y proyectar el futuro. En Chile el modelo de producción agrícola es resultado de la aplicación acrítica del paquete tecnológico derivado de la revolución verde, impulsado con mucha fuerza a partir de la década de los 80. En rigor, se ha caracterizado por el uso intensivo y -muchas veces irracional- de los recursos naturales y por la sobrequimización de los suelos de cultivo.
En artículo anterior (PF 659) sostuve la necesidad de discutir y repensar la forma en que nos relacionamos con la naturaleza en el proceso de producción de bienes alimenticios. Sin embargo, la crítica al modelo de producción agrícola, la denuncia acerca de la conducta impropia de quienes usan y abusan de los recursos naturales, me compromete a dar a conocer la forma en que algunas autoridades de gobierno entienden el ejercicio de la democracia y la participación ciudadana.
En la V Región, concretamente en las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca, comunas que pertenecen a la provincia de Petorca, la agricultura es una de las principales fuentes de empleo e ingresos. La estructura productiva se caracteriza por destinar el 90% de la superficie cultivada a la producción de palta Hass. Del mismo modo, en estas comunas se pone de manifiesto la falta de instrumentos de ordenamiento territorial: más del 40% de la superficie cultivada se encuentra en suelos que no tienen aptitud de cultivo, es decir en suelos de aptitud forestal e incluso, en áreas protegidas.
El Código de Aguas, formulado durante el régimen dictatorial, separó el agua de la tierra, permitiendo que empresarios inescrupulosos posean acciones de agua sin poseer tierra de cultivo. Del mismo modo, la privatización de las aguas de riego ha favorecido a quienes con capital y tecnología han plantado los cerros de La Ligua, Cabildo y Petorca, transformando suelos de secano en suelos de riego, lo que de manera dramática impacta a suelos que teniendo aptitud de cultivo, se transforman en suelos infértiles precisamente por la escasez de agua que los afecta, situación exponencialmente irreversible cuando se vive la peor sequía de los últimos cuarenta años.
La falta de instrumentos de ordena-miento territorial, el uso y abuso impropio de las aguas de riego, la actitud contemplativa de los servicios y autoridades que deben vigilar el uso de los ríos como bienes de uso público, así como también los recursos y personajes que se encuentran comprometidos, han generado una situación de inequidad que afecta a miles de familias campesinas, que en este esquema de mercado (como gustan señalar las autoridades económicas), pierden competitividad ya que no plantan cerros, no drenan los ríos furtivamente, y sus siembras y plantaciones -al no contar con agua de riego- disminuyen a cero su productividad.
En este contexto, el pasado 28 de enero las autoridades regionales, incluyendo al intendente De la Maza, parlamentarios, los alcaldes de Cabildo y Petorca, el gobernador de Petorca, y los jefes de servicios del agro, acompañando a la ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, concurrieron a Cabildo a declarar a La Ligua, Cabildo y Petorca como comunas en estado de emergencia. Junto con ello, se anunció la entrega de recursos para mitigar los efectos de la sequía.
Los anuncios de la ministra de Agricultura se dieron en un teatro colmado de campesinos empobrecidos que, previamente, y esperando la llegada de las autoridades, habían marchado por las calles de Cabildo con la consigna “Todos unidos por una misma causa: el agua”.
Ese 28 de enero, y luego de los anuncios de la ministra, habló el dirigente de las comunidades de regantes de los ríos Ligua y Petorca, Hugo Díaz Tapia. Antes de dar lectura al documento de demandas de la pequeña agricultura de Petorca, señaló que era primera vez que la autoridad hablaba sin antes escuchar a los campesinos; luego sostuvo lo que por mandato de los propios campesinos era necesario decir: “El acaparamiento impropio de las aguas de riego en la provincia de Petorca no sólo es responsabilidad de la derecha económica, sino también de autoridades públicas y militantes de la Concertación, como por ejemplo el empresario agrícola Edmundo Pérez Yoma”.
Pasaron los meses, y lo sucedido comenzó a formar parte del anecdotario comunal. Sin embargo, el 8 de abril, Hugo Díaz Tapia, el dirigente que interpeló a las autoridades para poner freno al robo del agua, fue notificado por el Segundo Juzgado de Letras de Garantía de La Ligua de una querella criminal por calumnias e injurias graves cometidas con publicidad, interpuesta por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.
En el escrito se sostiene: “Las expresiones de Hugo Díaz Tapia trascienden la legítima crítica política y constituyen un delito de calumnia, al atribuirle al Sr. Ministro la comisión de un delito, como es el robo de agua (…) la conducta que se atribuye a nuestro representado es falsa y el solo hecho de que se imputen actos de tal naturaleza lesiona profundamente su honor, por lo que ha decidido querellarse, a fin de perseguir la responsabilidad criminal del autor de este grave ilícito”.
a.- Los abogados que patrocinan la querella son Carlos Chacón Figueroa, del Ministerio del Interior y Héctor Valenzuela Pepe, del gobierno regional, V Región.
b.- Los testigos que presenta Pérez Yoma son: Eduardo Cerda Lecaros, alcalde democratacristiano de Cabildo; Eduardo Cerda García, concejal democratacristiano de Cabildo, ex diputado y presidente regional de la Democracia Cristiana; Hugo Yavar Oñate, seremi de Agricultura de la V Región y Julio Trigo Araya, gobernador de Petorca.
La querella de Pérez Yoma en contra del dirigente campesino obliga a formular algunas reflexiones:
1.- Pérez Yoma fue interpelado en un acto político en su calidad de empresario agrícola, propietario de la empresa Agrícola Cóndor Ltda., ubicada al interior de Cabildo, en donde una superficie aproximada a las 200 hectáreas se dedica a la producción de paltas y cítricos.
2.- La explotación de Agrícola Cóndor se encuentra emplazada en suelos que son de secano, que por ende no tienen aptitud de cultivo.
3.- El empresario Pérez Yoma recurre a su condición de ministro del Interior para defender su honra, con abogados del gobierno y cita como testigos a funcionarios del mismo, como sucede con el seremi de Agricultura y con el gobernador de Petorca. ¿Es la honra del ciudadano que es ministro del Interior una cuestión de Estado? ¿Existe igualdad ante la ley cuando un dirigente y pequeño agricultor se tiene que enfrentar a toda la institucionalidad pública, comandada precisamente por el ministro del Interior?
4.- A todas luces es impresentable -y raya en un conflicto de intereses- que funcionarios públicos como el seremi de Agricultura y el ex gobernador deben atestiguar a favor de su jefe.
5.- En este caso se cruza lo público con lo privado, ya que los juicios formulados en el teatro de Cabildo el 28 de enero involucran a un empresario que por casualidad, o mejor dicho por “cuoteo”, es ministro del Interior.
6.- El tráfico de influencias conlleva un intercambio de favores, beneficios o privilegios, entre un actor privado y un funcionario o autoridad pública, haciendo uso o abuso de sus atribuciones, prerrogativas, vinculaciones o en virtud de su cargo, función o posición. Aquí, un ministro criticado en su calidad de empresario pone por delante su investidura de ministro para llevar como testigos a funcionarios públicos que dependen de él para que hablen a su favor.
Las partes están citadas a declarar el 28 de abril a las 10:00 am. al Juzgado de Garantía de La Ligua. Lo que suceda es incierto; las alternativas no son muchas: se retira la querella o se llega hasta el final. Lo importante es dejar establecido que el tema de fondo, es decir el modelo de producción agrícola que prevalece en Chile, que permite plantar donde no se debe, usurpar agua y condenar a la extrema pobreza a los pequeños agricultores, es lo que precisamente intenta obviar la querella. Pero, además, hay que decirlo con toda la fuerza de la razón: cuando se intenta silenciar a un dirigente campesino como Hugo Díaz Tapia, que habla a nombre de los sin voz, el camino, o mejor dicho la consolidación de esta democracia, unilateral y al servicio de los poderosos, confirma una vez más su deterioro y putrefacción.
|
