 El paro agrario
Los días en que
Argentina tembló
Autor: PAULA CHAHIN
En Buenos Aires
LAS Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de Bonafini, participaron en el acto de apoyo al gobierno argentino.
Junto a la señora Bonafini aparece Luis D’Elía, líder de los piqueteros.
Cualquier turista que visite Buenos Aires en estos días no advertiría nada extraño en el clima político y social del país, ni mucho menos que, hasta hace unos días, estuvo a punto de escasear el codiciado bife de chorizo. Incluso el spot televisivo que sacó al aire el gobierno, explicando el objetivo del aumento de los impuestos a la exportación de granos -que desató un feroz paro agrario de 21 días con creciente desabastecimiento en los grandes centros urbanos y millonarias pérdidas a la economía-, no da cuenta de que en Argentina se vivieron momentos de crisis.
Detrás de la aparente calma, a la espera del diálogo entre el gobierno y los sectores agrarios, se oculta un clima de tensión que se siente en cada palabra y declaración que hacen los actores involucrados en la protesta, que tuvo dimensiones inesperadas para el gobierno argentino. Lo cierto es que el descontento de sectores del campo, que hace años vienen rumiando en contra de la política de Néstor Kirchner en favor de una mayor intervención del Estado en la alta rentabilidad que están teniendo, estuvo a pasos de convertirse en un terremoto político. Finalmente, tras el anuncio de medidas compensatorias para los pequeños productores del agro, del ruego de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que despejaran las rutas y permitieran circular los camiones con mercadería, y ante el creciente desprestigio de los agricultores frente a la mayoría de la población que los veía comiendo suculentos asados en las carreteras cortadas mientras en las ciudades la carne escaseaba, levantaron el paro por 30 días para iniciar una ronda de negociaciones.
EL DETONANTE
La medida que desató el vendaval fue el anuncio del ministro de Economía, Martín Lousteau, de fijar retenciones (impuestos) móviles de hasta un 45 por ciento para la exportación de soya y girasol, ante el impresionante aumento de los precios internacionales de estos granos. Antes, ese impuesto a la exportación de soya era de un 35 por ciento fijo. Los números en disputa cambian según pasan los días, porque al momento del anuncio oficial, el 11 de marzo, la cotización internacional del grano era más alta que al cierre de esta edición de PF. Y si se aplicara hoy, la retención sería similar a la que regía antes del paro y no habría justificación para que los ánimos estén tan calientes. La conclusión que surge es que detrás de este reclamo sectorial lo que se esconde es la demanda, por parte de los sectores que más ganan, de un cambio en la política económica que se viene sosteniendo en Argentina desde hace cinco años, y cuyo eje es la sustitución de importaciones y el fomento a las exportaciones, lo que ha beneficiado enormemente a los agricultores.
Pero estos sectores representan el modelo que no admite que el Estado controle la renta agraria lograda con el sostén de un dólar alto y subsidios en combustibles a costa del esfuerzo de toda la nación. Mientras, emplean al 75% de los trabajadores rurales “en negro” (sin cumplir las leyes sociales) y pagan sueldos miserables a los trabajadores “en blanco” (que perciben beneficios previsionales).
Para expresar su rechazo a las retenciones, las entidades agrarias utilizan los mismos métodos que critican, defendiendo “el derecho a la circulación”, cuando las vías las cortan los desocupados, trabajadores mal pagados o familias con hambre, sentenciaron los más representativos organismos de derechos humanos. Aluden al método del piquete o corte de ruta, inventado por los trabajadores desocupados en los 90 y que entonces fue duramente criticado por las capas altas y medias de la sociedad.
Fue la principal herramienta que usaron contra el gobierno y que se tradujo en centenares de pequeños comercios que debieron cerrar sus puertas; la pérdida de sus empleos para miles de trabajadores; toneladas de frutas y verduras podridas y más de un millón de pollos sacrificados por falta de alimento. Resultó ser una bofetada para el 30 por ciento de la población argentina que aún duerme con hambre y que no ha visto recuperar el nivel de sus salarios.
Más grave que la resistencia de pequeños, medianos y grandes productores del campo a compartir una parte de sus jugosas ganancias con un segmento importante de la población que sigue por debajo de la línea de pobreza -y que en los días de la protesta veía por TV cómo botaban leche, carne y granos en las rutas-, es el hecho de que a este paro se sumaron sectores de las clases altas y la oposición política, que quieren una vuelta atrás en las principales medidas de la gestión Kirchner. Específicamente, en la política de derechos humanos, en cuanto al fin de la impunidad para los represores. “Detrás de los legítimos reclamos de los campesinos y pequeños productores, se presentan como defensores del campo los mismos actores que para imponer sus políticas económicas, fueron ideólogos y cómplices del terrorismo de Estado y de sus métodos: asesinatos, desapariciones, torturas, prisión, exilio, violaciones, robo de niños. Estas instituciones representan la ambición egoísta de los capitalistas del agro y los pool de siembra, en los que participan grandes grupos financieros no necesariamente agropecuarios”, denunciaron organizaciones de derechos humanos.
BUSCANDO UN GOLPE
Uno de los rostros más enardecidos durante el reciente “cacerolazo” fue el de Cecilia Pando, dirigenta de quienes apoyan a los militares enjuiciados por crímenes de lesa humanidad y esposa de un oficial de la Armada dado de baja por Kirchner. El dirigente piquetero oficialista, Luis D’Elía, dijo a Punto Final que “Pando y sus casi tres mil seguidores querían un golpe de Estado. Aquí nada fue espontáneo, no salieron los pobres a tocar cacerolas; la vi a ella en las cercanías de Plaza de Mayo con un megáfono, rodeada de una decena de adeptos horas antes de que la presidenta hablara al país, un día después del aniversario del último golpe de Estado donde hubo masivas manifestaciones de rechazo al genocidio”.
Para los dirigentes del campo, fueron las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner las que motivaron su ira. Ella se tradujo en una protesta en Plaza de Mayo, que por primera vez fue copada por los sectores privilegiados en la escala social. “Este conflicto lo hizo crecer el gobierno. Con su lógica provocativa, cada vez que hablaba un ministro o la presidenta, se amontonaba más gente en las rutas”, sostuvo Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina, que representa a casi cien mil pequeños productores y que adhirió a la protesta -fueron sus afiliados los que mantuvieron las rutas cortadas- de la mano de la aristocrática y conservadora Sociedad Rural Argentina. Consciente de que mostrarse al lado de los sectores más ricos y de quienes quieren una vuelta al pasado en materia de verdad y justicia, afectó su imagen. Buzzi aseguró a Punto Final que “lamentamos que se hayan plegado sectores que se montaron en esta protesta para cuestionar un modo de gestión política y económica y encontraron en esta disputa un canal donde expresarse. Tenemos desaparecidos en nuestra federación...”. Y precisó: “Efectivamente hubo una acción conjunta, pero ningún productor peleó por los intereses de los grandes y eso lo tenemos claro. No queremos ni gorilas ni golpistas, ni ser funcionales a la oligarquía, hay condiciones diferentes. Nosotros reclamamos por cuestiones concretas, por ejemplo, que el dinero recaudado con los altos impuestos vuelva a la zona donde se recaudó en forma de escuelas e infraestructura vial”.
Ante el error oficial de no haber distinguido inicialmente entre productores agrarios grandes y pequeños al dictar el nuevo impuesto, el gobierno reaccionó y propuso medidas para (…)
(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 660 de PF, 18 de abril, 2008. ¡!Suscríbase a Punto Final!!)
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