Lupa de la CIDH sobre pueblos indígenas

Mapuches
denuncian
ante la OEA

Autor: LUCIA SEPULVEDA RUIZ

EL pueblo pehuenche –que habita en zonas cordilleranas- es otra de las etnias que comparten el territorio de Chile.

Un llamado al gobierno para dar curso a la invitación solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por situaciones que afectan a defensores de derechos de pueblos indígenas, formularon José Aylwin, co-director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, y Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa, representante de la Identidad Lafkenche, al regresar de Washington. Ambos informaron de la intención del recién electo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (y anterior relator de pueblos indígenas), Pablo Carozza (estadounidense), y del encargado de asuntos indígenas, Víctor Abramovich (argentino) de realizar una visita a Chile para constatar denuncias sobre violación de derechos garantizados en la Convención Americana. El 131º período de sesiones de la CIDH concluyó el 14 de marzo, y la visita depende ahora de la decisión del gobierno.
Adolfo Millabur dijo a Punto Final: “Fundamentamos la petición de invitar a la CIDH en la audiencia que tuvimos el 10 de marzo, en presencia de Juan Aníbal Barría, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y otros funcionarios. El presidente de la CIDH manifestó a los representantes del gobierno su voluntad de venir, y otros dos integrantes mostraron también su intención. Si vienen, sería un éxito. El gobierno no debería tener inconvenientes en responder afirmativamente cursando la invitación. De no hacerlo, implicaría que existen situaciones que se quiere no sean conocidas por la CIDH”.
¿Cuáles fueron los temas abordados por ustedes?
“En la audiencia pública de la CIDH nos hicieron preguntas sobre la aplicación en Chile de la ley antiterrorista, sobre la justicia militar para casos de civiles, pese a que la Corte Interamericana ya condenó a Chile por el caso del ex oficial de la Armada, Antonio Palamara, a quien se prohibió publicar un libro sobre la institución naval. También demandaron información sobre la muerte de Matías Catrileo, en Vilcún. El gobierno de Chile no contestó o desvirtuó las preguntas. No respondió sobre la impunidad por las muertes de Matías Catrileo y Alex Lemún. Los funcionarios chilenos trataron de desvirtuar el propósito de la audiencia, trasladando los temas de fondo a la esfera social, sin reconocer la persecución política y judicial al pueblo mapuche. Por eso hago un llamado al gobierno para que reconozca sus errores. Considero positivo que hayan afirmado que la presidenta Bachelet se comprometió a no aplicar la ley antiterrorista. A nivel internacional eso sirve para demostrar que la aplicación que hizo el gobierno del ex presidente Lagos fue injusta y que por eso existen presos políticos mapuches”.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

El abogado José Aylwin Oyarzún expresó por su parte: “La posición del gobierno no fue la esperada. No se allanó a reconocer los hechos denunciados. Pero la Comisión Interamericana hizo preguntas que denotan preocupación y manifestó extraoficialmente interés en venir a Chile. No vemos razones para que el gobierno no dé su consentimiento. Una negativa nos retrotraería a los tiempos de dictadura, cuando la autoridad se negaba a este tipo de visitas”.
¿Qué casos expusieron ustedes en la audiencia de la CIDH?
“No se trataba de casos. Solicitamos la audiencia para exponer la situación que viven en Chile los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, porque las normas aprobadas internacionalmente incluyen a los organismos defensores y a los actores que reclaman sus derechos, como el derecho a la tierra. Hicimos referencia a la manipulación de los organismos del Estado, al hostigamiento a defensores de los derechos humanos, ilustrado por ejemplo con el robo de información de nuestros computadores. Expusimos también acerca de los procesos, desde el inicio de la aplicación de la ley antiterrorista con el caso de los lonkos hasta ahora, y señalamos nuestra preocupación por la persistencia de la ley que mantiene en prisión a mapuches. Igualmente denunciamos la violencia policial. En especial llamaron la atención de los comisionados aquellos hechos que atentan contra derechos fundamentales como la vida, integridad física y seguridad personal, entre los que se cuentan allanamientos masivos a comunidades mapuches sin orden judicial, tortura física y verbal con clara connotación racista por parte de los agentes del Estado, así como la impunidad en que quedan estos delitos ante los tribunales militares, ejemplificada con el caso del sobreseimiento al autor material del asesinato del joven Alex Lemún”.
De no prosperar la invitación a la CIDH, el abogado José Aylwin no descartó recurrir a Naciones Unidas. “Lo óptimo es que este tipo de hechos se resuelva internamente, pero cuando se da una situación prolongada de afectación como la que hemos constatado, amerita la intervención de los organismos internacionales”, aseveró.
El abogado Aylwin recordó que las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas comenzarán en breve en Nueva York. Hace un año formuló recomendaciones al Estado chileno sobre la situación de las tierras indígenas y los proyectos de inversión en sus territorios, y ya se cumplió el plazo para informar sobre progresos en esa materia. Sin embargo, “hasta ahora se observa un incumplimiento del Estado chileno”, sostuvo Aylwin. Por eso no es de extrañar que la candidatura de Chile a la Comisión de DD.HH. de la ONU haya sido impugnada por los organismos chilenos de derechos humanos y por el movimiento mapuche.
El alcalde Adolfo Millabur agregó: “Hablé de nuestra (…)

(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 658 de PF, 21 de marzo, 2008. ¡!Suscríbase a Punto Final!!)