Privatización agota recursos del mar

La merluza bajo

PENA DE MUERTE

La crisis de la merluza estaba anunciada. Sin medir consecuencias, Chile se llegó a convertir en potencia pesquera mundial: sexto país en desembarque pesquero, segundo productor y exportador de harina de pescado, uno de los mayores productores de salmón. Pero el actual sistema de cuotas, denominado Límite Máximo de Captura (LMC), ha depredado los recursos. No promueve la “conservación”, como dijeron las autoridades antes de su aprobación.

Es un sistema de asignación empre-sarial: la llamada ley corta de pesca pri-vatizó los recursos y entregó por diez años la propiedad del 80 por ciento de la cuota global anual, de todas las especies, a conglomerados como los de Luksic y Angelini. Se entregó un 65 por ciento de la merluza a la flota industrial, el 35 por ciento restante quedó para los pescadores artesanales.

Hoy, mientras los grupos económicos aumentan sus ganancias, los pescadores ven cómo su actividad está a punto de desaparecer.

Desde hace tres meses han permanecido las ollas comunes de los pescadores artesanales en las caletas de la V Región a la espera de solución. Tras una dura movilización el 20 de agosto, el gobierno ofreció una mesa técnica a la Federación de Pescadores Artesanales Unidos Nuevo Amanecer. Se revisará la normativa pesquera y su impacto en el sector artesanal junto a la Intendencia, Corfo y Subsecretaría de Pesca. A partir del 1º de septiembre, el gobierno comprometió ayuda social: capacitación, subsidios y canastas familiares por cuatro meses, quedando sujeta su continuidad a la evaluación de proyectos para el presupuesto 2008.

Para los pescadores el conflicto no terminó tras la negociación. “Los anuncios sólo son un paliativo para calmar la angustia”, dice Eduardo Quiroz, presidente de la Federación. “La situación de los recursos está en las mismas condiciones. No bajaremos los brazos hasta que se tomen decisiones que permitan recuperar la merluza”, agrega.

A partir del 15 de septiembre, cuando estén los resultados de un monitoreo científico, la Subsecretaría de Pesca deberá demostrar si tiene voluntad de cumplir el mandato del gobierno de la presidenta Bachelet. Mario Ayala, dirigente de la Federación y presidente del Sindicato de Mediana Altura de San Antonio, dice: “El conflicto se mantiene y no parará, hasta que haya una posición clara del Estado para resguardar los recursos”.

A tres años de la privatización de los recursos del mar, la merluza común ha disminuido en un 73 por ciento y su recuperación es prácticamente imposible. No es el único pez que se extingue. En 2004, la Subsecretaría de Pesca reconoció que el 71 por ciento de las principales especies económicas son sobreexplotadas y corren serio riesgo. Pero todas ellas, a excepción de la merluza del sur, continuaron asignándose a la industria pesquera. “Las autoridades y la industria debieran entender que no es posible continuar con el criterio de maximización económica cuando hablamos de recursos naturales. De seguir así, es inevitable que ocurra con otras especies lo que hoy vivimos con la merluza”, dice Cosme Caracciolo, presidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach).

Las autoridades y la Subsecretaría reconocen que “los actuales niveles de captura hacen imposible que la merluza sobreviva”. Según el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), “entre 2001 y 2005 la escasa población adulta (de merluza) ha sido capturada con la red de arrastre de la flota industrial. El máximo rendimiento de la pesca industrial coincide con el período de desove”.

PRESIONES DE LA INDUSTRIA Y CRISIS SOCIAL

COSME Caracciolo, de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales

En julio, en la reunión del Consejo Nacional de Pesca -instancia que determina las cuotas-, el entonces subsecretario, Carlos Hernández, anunció rebajar la cuota anual de merluza para asegurar su conservación y renovabilidad. Pero dio pie atrás, acogiendo la exigencia de las pesqueras de suspender la votación hasta septiembre. “Los únicos miembros del Consejo que exigieron que se votara entonces fueron los que representan a la pesca artesanal. Finalmente, Hernández renunció. Se quedó sin apoyo en el gobierno”, dice Cosme Caracciolo. Y enfatiza: “Se nos convocó para tomar una decisión sobre un recurso que está a punto de desaparecer y del cuál dependen miles de familias, y fuimos engañados. Mientras se discutía en la Subsecretaría, trabajadores de la industria provenientes de Talcahuano se manifestaban en la Plaza de la Intendencia, en Valparaíso, ‘apoyando’ a los industriales, con el discurso que disminuir las cuotas o eliminar la pesca de arrastre traerá más cesantía”.

Según el IFOP la disminución de la merluza ha sido mayor en la V Región, área artesanal por excelencia. El organismo recomendó otorgar 42.000 toneladas a la pesca de arrastre. Sin embargo, el Consejo Nacional de Pesca entregó 62.000 toneladas. Del compromiso de disminuir la cuota, nadie se acordó. El nuevo subsecretario, Jorge Chocair (PRSD) -biólogo marino que fue parte del directorio del IFOP y de la dirección metropolitana de Corfo-, reconoce estar frente a una crisis: “No hemos sido rigurosos a la hora de administrar los recursos”, dice. Apenas asumió, señaló que se trabajará en la recuperación del recurso y en favor de las más de 120.000 personas que viven de la pesca artesanal y actividades asociadas: encarnadoras, fileteadores, comerciantes, etc. “Mientras se sigan concentrando los recursos del mar en manos de unos pocos, el hambre, la cesantía y el agotamiento de las especies se mantendrán”, recalca Eduardo Quiroz.

La crisis de la merluza ha golpeado principalmente a las caletas de la zona centro y sur de Chile. “A pesar de los problemas en el sector artesanal, somos una potencia mundial en materia pesquera”, dice el subsecretario Jorge Chocair.Pescadores, científicos y parlamentarios advirtieron, desde principios de 2000, que un sistema de cuotas significaría a corto plazo el colapso de los recursos pesqueros.

A fines de julio, los pescadores artesanales de la V Región se reunieron con la presidenta Michelle Bachelet. Gabriel Valenzuela, presidente del sindicato de la caleta El Membrillo y dirigente de la Federación Nuevo Amanecer, dice que le solicitaron “una gestión resolutiva y no contemplativa, como ha ocurrido hasta ahora, lo que obligó a renunciar al subsecretario anterior. Necesitamos una solución a la crisis desencadenada por la depredación de recursos en nuestro mar”. Los dirigentes solicitaron a Bachelet revisar el actual sistema de administración pesquera. La presidenta les expresó estar dispuesta a entregar recursos para paliar la cesantía y tomar medidas tendientes a conservar los recursos.

Desde principios de julio en las caletas de Valparaíso, San Antonio y Concón simplemente no hay merluza. La Federación de Pescadores Unidos Nuevo Amanecer, que agrupa a quienes viven de la extracción de la merluza, decidió organizar ollas comunes para alimentar a sus socios y familias. La organización busca el cierre de áreas a la pesca de arrastre y medidas económicas que mitiguen la crisis social.

COLAPSO TOTAL

Gabriel Valenzuela dice: “Las ollas comunes son la única manera de obtener comida diaria. A fines de 2006, Sercotec se comprometió a financiar un incentivo al zarpe, sin embargo, el beneficio no lo hemos recibido desde mayo”, denuncia. “No se ha hecho efectivo el compromiso de incentivar el consumo de jibia y aumentar su precio. Por el contrario, hoy nos dicen que la jibia se está comiendo la merluza, que el calentamiento global hace que los peces emigren. Pero la verdad es que los industriales están agotando el mar”, agrega Gabriel Valenzuela. Los pescadores hablan de desidia y falta de interés de las autoridades. Varios proyectos destinados a mejorar la productividad de sus caletas fueron rechazados por el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal. “Pareciera ser que no quieren que mejoraremos nuestra condición”, dice Valenzuela. Un proyecto contemplaba una cámara de hielo que habría agregado mayor valor al único recurso que hoy tienen: la jibia.

En 2002 la biomasa de merluza fue calculada en 1.500.000 toneladas. En 2003, el IFOP no realizó ningún estudio y se cometió el error de considerar que la pesquería estaba sana y se mantuvo la cuota de 139.500 toneladas para 2004. Pero ese año, la cantidad total de merluza había disminuido a 272.000 toneladas: sólo el 18 por ciento del total calculado en 2002. Para los pescadores las cifras fueron manipuladas con la intención que las organizaciones de pescadores artesanales aprobaran la nueva modalidad de asignación de cuotas. A pesar del importante descenso, la explotación de merluza aumentó, debido a las presiones de la industria y a la inexistencia de un plan de manejo gubernamental. Según Cosme Caracciolo, la salida de Carlos Hernández se debió a la “inexistencia de una política pesquera orientada a la sustentabilidad. Hasta el momento prima una visión economicista. Hernández fue presionado y no le permitieron desarrollar una gestión orientada a recuperar el recurso, además del nulo apoyo que tuvo por parte de su superior, el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, y de Hacienda, principalmente”. Otra prueba de la intromisión de los industriales es el aumento transitorio de las cuotas de extracción de jurel en la zona norte: subió de 144.000 toneladas a 300.000, y el rechazo de Hacienda al presupuesto que hubiera permitido llevar adelante el proyecto de ley sobre un régimen de protección social para la pesca artesanal, elaborado por la Subsecretaría de Pesca.

“La única solución a este colapso es tomar decisiones en el corto plazo que permitan la recuperación de los recursos pesqueros, y corregir el desastre social tras la ley que privatizó los recursos pesqueros, principal causa de su disminución”, dice Cosme Caracciolo. Según los pescadores, se rumoreó que se elegiría a Felipe Sandoval (DC), ex subsecretario de Pesca, cuando renunció Carlos Hernández. “Sandoval posee vínculos con la industria pesquera”, afirma Caracciolo. “Durante su gestión, actuó como si fuera representante de ese sector. Con la ley corta de 2002, la gran industria concretó lo que con la dictadura militar no consiguió, la propiedad de la mayoría de los recursos pesqueros para los grandes conglomerados que lideran la actividad. La sobreexplotación se ha amparado en la ley que Felipe Sandoval creó a la medida de ese sector. El 95 por ciento de la cuota anual de jurel es capturada con redes de arrastre; en el caso de la merluza, es el 65 por ciento. El jurel también se encuentra en un estado crítico de sobrevivencia. Se sabe que la renuncia de Carlos Hernández se debió, entre otras razones, a la constante crítica que recibió por parte del Ejecutivo, parlamentarios y la propia industria, por su falta de acercamiento a ese sector. Sandoval es responsable de los problemas y la pobreza que hoy en día enfrentan nuestras caletas. Lamentablemente, el nuevo subsecretario, Jorge Chocair, es seguidor de las nefastas políticas de Felipe Sandoval”.

Gabriel Valenzuela señala cómo viven los más de cien socios de El Membrillo: “No estamos saliendo a pescar hace casi un año. Ya no hay peces. No queda nada de merluza, nuestro principal recurso”, dice. Hace un año, la Conapach elaboró el documento Propuestas de la pesca artesanal para enfrentar la crisis de la pesquería de merluza común, en él se señala: “...con la entrega de cuotas individuales, permanentes, transferibles y gratuitas a los armadores industriales de naves de pesca, a partir del año 2000 éstos comenzaron a establecer a su voluntad y conveniencia económica la captura de los recursos pesqueros, con sus artes de pesca tremendamentenocivas para los recursos y fauna acompañante. (…) Tratando siempre de obtener el mayor beneficio económico por cuota asignada, las cuotas individuales o Límite Máximo de Captura incentivan la selección por tallas, descartando el pescado de menor talla (ya muerto)”.

El año pasado, los pescadores acudieron a la FAO para solicitar al gobierno que hiciera efectivas la moratoria a la pesca de arrastre en aguas interiores y las concesiones acuícolas. El colapso de los recursos pone en riesgo la seguridad alimentaria. “Es un crimen destinar las capturas con mayor valor alimenticio a la crianza de peces que hoy son exportados a países que no tienen problemas de alimentación. Los empresarios gastan seis kilos de peces para obtener un kilo de salmón. El cien por ciento de las sardinas y anchovetas se destina a la fabricación de harina de pescado. La merluza se agota porque se privilegia la captura con redes de arrastre. Esto no puede seguir”, dice Cosme Caracciolo

ARNALDO PEREZ GUERRA

En Valparaíso

(Publicado en Punto Final” Nº 647, 7 de septiembre, 2007)

Volver | Imprimir | Enviar por email