Cárceles concesionadas

PENITENCIARIA S.A.

Autor: MAURICIO BECERRA

Son las seis y cuarto de la tarde y José Luis entra a su celda individual. Comió hace una hora y no volverá a hacerlo en 15 horas. Tampoco verá a nadie hasta las nueve de la mañana. Adentro lo esperan una cama de cemento, una colchoneta y dos frazadas. Está en el Complejo Penitenciario Santiago I, cárcel modelo de la nueva política de concesiones penitenciarias. Para el Fisco el costo a pagar al concesionario por cada interno será de 568 mil pesos mensuales.

La población penal de Chile pasó de 23 mil reclusos, a inicios de la década de los 90, a más de 32 mil a fines de esa década. En mayo de 2007 se contaban 43.723 personas tras las rejas. Cálculos de Gendarmería dicen que el aumento de la población penal desde 1980 a 2004 superó el 140%. Chile es el país latinoamericano con la mayor proporción de presos respecto del total de la población. Sumando los sistemas cerrado, semiabierto, salida diaria y arresto nocturno, se estima que hay una tasa de 231 personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes.

En 2004 Gendarmería calculaba el hacinamiento en los recintos penitenciarios en 50%. Marco Lizana, jefe de Concesiones de Gendarmería, dice que pese a la construcción de las cárceles Colina 2, Arica, Valparaíso y la ampliación de varios recintos menores, “hasta ese año nos llegaba mucha más gente que la que podía soportar el sistema, lo que implicaba meter a ocho en una celda diseñada para cuatro personas: el doble. La situación nos llevaba a una crisis”.

El entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez, propuso como solución aplicar el mismo sistema que a las concesiones de obras públicas: “El Estado no puede gastar más plata para construir nuevas cárceles, nos decían en el Ministerio de Hacienda; tampoco puede pedir préstamos internacionales -dice Lizana-. Y ya había protestas y disturbios de la población penal por la mejoría de sus condiciones”. Se acordó entonces un modelo que mantendría la vigilancia en Gendarmería y se entregaría a privados el diseño y construcción de los penales, además del mantenimiento, alimentación, lavandería, salud, aseo y reinserción social de los reclusos. El Ministerio de Obras Públicas es el vínculo para la licitación y firma de contratos -hay un inspector por penal a cargo de fiscalizar el cumplimiento del contrato-. El Ministerio de Justicia paga a los privados por cada interno, y Gendarmería está a cargo de la vigilancia. Esta institución reconoce a los privados el derecho a “la explotación de servicios, no sólo a construir, sino a participar en la gestión de las cárceles”.

Se planeó construir diez penales al año 2010, con una capacidad de 16.000 plazas. La primera etapa contemplaba los penales de Iquique, La Serena y Rancagua. La licitación fue ganada por un consorcio formado por Besalco, Sodexho y Torno Internazionale (Bas) (ver Punto Final 644). En tanto, Santiago I y Valdivia se entregaron al grupo francés Vinci. Las obras de las cárceles de Concepción, An-tofagasta y Puerto Montt fueron abandonadas por el consorcio Bas, y en julio el ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, anunció que serían terminadas por el Estado. Cuando estén listas serán licitadas nuevamente. Respecto a Santiago II y Talca, aún no empiezan a ser construidas.

NEGOCIO TRAS LAS REJAS

A principios de la década, el Instituto Libertad y Desarrollo proponía “dejar a la iniciativa y creatividad privada la administración de los recintos penitenciarios, para que puedan proponer políticas de rehabilitación distintas que compitan entre sí”, lo que implicaría que se pudiesen “generar nexos con empresas privadas que pudieran capacitar y emplear a los reclusos”. Las cárceles privadas operantes hace más de veinte años en Estados Unidos eran el modelo propuesto, pese a que distintos estudios acusan que las cárceles entregadas a privados han significado en EE.UU. mayores costos fiscales. En 2004 el Departamento de Justicia de Estados Unidos estimaba que los costos del sistema aumentaron de 9,5 mil millones de dólares en 1982 a 60,3 mil millones en 2001.

Lucía Dammert, socióloga de Flacso, preparó un documento cuando se discutía la política de concesiones en Chile. Allí sostiene que “diversos estudios en Estados Unidos señalan que no es más barato para el Fisco concesionar las cárceles, ni se generan mejores condiciones de vida para los reclusos con las mejoras en el hábitat penitenciario y la calidad de los programas de rehabilitación”. Por ello sostiene que “el argumento que reza que el sistema de concesiones reduciría los gastos de reclusión hay que ponerlo en duda. Sólo considerando los pagos por operación de los nuevos recintos y los gastos en personal de Gendarmería, el costo por interno en el sistema privado, 35 dólares por día/interno, es mucho mayor respecto al costo dentro del sistema público, donde alcanza los 11 dólares”. Sin embargo Marco Lizana defiende el sistema, argumentando que “acá no es una privatización total, como en Estados Unidos. Hicimos un modelo chileno y terminamos exigiéndole más a las concesionarias en materia de tratamiento y cantidad de funcionarios destinados a los reclusos”.

Cuando se inauguró la cárcel de Rancagua, el director nacional de Gendarmería, Alfredo Bañados, anunció que “empresas externas podrán encargar regularmente trabajos a las personas privadas de libertad, bajo un régimen de prestación de servicios gestionado por la administración de la cárcel”. Cifras de la institución reconocen que el 39% de los internos realiza actividades laborales (13.759 internos), en tanto que más de 21 mil reclusos quedaron sin acceso a (…)

(Este artículo se publicó completo en la edición impresa dePunto Final” Nº 647, 7 de septiembre, 2007)

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