Jornada de movilización del 29 de agosto

El despertar de las

fuerzas sociales

Autor: Manuel Salazar S.

Por primera vez en los últimos 17 años, los trabajadores han conseguido reunir una dosis considerable de entusiasmo para manifestarse el miércoles 29 de agosto en procura de demandas como la ampliación de la negociación colectiva, la reforma del sistema previsional, un salario mínimo digno, jornada laboral de cuarenta horas y, en general, mejores condiciones para ellos y sus familias.

La convocatoria surgida a comienzos de julio en el seno de la CUT, que preside el socialista Arturo Martínez, ha concitado el apoyo de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales; Confederación Nacional de Funcionarios Municipales; Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada; Colegio de Profesores; Colegio Médico y Confederación General de Trabajadores, entre otros gremios.

Los dirigentes han llamado a congregarse a las 10 de la mañana del 29 en puntos neurálgicos de las ciudades. En Santiago, se reunirán en la Estación Central, Estación Mapocho, Plaza Italia y Avenida Matta esquina de San Diego. La movilización incluirá atrasos en la entrada al trabajo, cuchareos, viandazos e instalación de lienzos y carteles en las calles.

La jornada del 29 servirá como importante barómetro para medir la capacidad de presión de los trabajadores, en momentos en que, como pocas veces en los últimos años, se ha puesto en la agenda pública el debate sobre los bajos salarios y las consecuencias que provoca el modelo económico.

El presidente de la Conferencia Episcopal, obispo Alejandro Goic, puso en discusión el concepto de un “salario ético” de 250.000 pesos, generando la casi inmediata reacción de los gremios empresariales empeñados en que todo siga igual y que no cambie la legislación laboral impuestas por la dictadura militar hace más de 30 años.

La discusión también ha adquirido fuerza al interior del gobierno y en los partidos de la Concertación. Se aprecian dos posiciones muy nítidas: una cercana a la socialdemocracia y otra, más ortodoxa, ligada a las políticas neoliberales.

Aunque hasta ahora las dos posturas han coexistido en el gobierno de la presidenta Bachelet, no parece posible que esto siga ocurriendo, debido al desgaste que ha sufrido la mandataria y a la necesidad de imprimir un nuevo impulso a su administración, la que ha definido como orientada a dotar a la población de mayor protección social.

Bachelet anunció la creación de un Consejo Asesor para la Equidad, dirigido por los ministros José Antonio Viera-Gallo, Andrés Velasco y Osvaldo Andrade, con la misión de abordar el tema. No obstante, las divergencias se expresaron casi al instante. El ministro de Hacienda afirmó que la tarea de la comisión es realizar un diagnóstico y propuestas y que, posteriormente, discutirá el financiamiento de eventuales medidas. “El debate es sobre el funcionamiento del mercado del trabajo”, enfatizó Andrés Velasco. En tanto, el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, declaró que “es necesario dar más poder a los trabajadores” y crear condiciones de mayor simetría para negociar con los empresarios. Incluso afirmó que “se debe ir más allá de la asistencia social”.

El documento

de Aparecida

La intervención del obispo Goic ha provocado diversas interpretaciones. Se le atribuye desde ser un intento por recuperar la decaída presencia de la Iglesia Católica entre los más pobres, hasta un brusco giro en las orientaciones pastorales del cardenal Errázuriz, influenciado por las discusiones en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizada en Aparecida, Brasil, entre el 13 y el 31 de mayo.

De esa reunión emanó un documento de 310 páginas que fue entregado al Papa y que contiene un prolijo análisis de la realidad del continente. En una de sus partes, titulada “La vida en nuestro pueblo hoy”, se señala: “Conducida por una tendencia que privilegia el lucro y estimula la competencia, la globalización sigue una dinámica de concentración de poder y de riquezas en manos de pocos, no sólo de los recursos físicos y monetarios, sino sobre todo de la información y de los recursos humanos, lo que produce la exclusión de todos aquellos no suficientemente capacitados e informados, aumentando las desigualdades que marcan tristemente nuestro continente y que mantienen en la pobreza a una multitud de personas. La pobreza hoy es pobreza de conocimiento y del uso y acceso a nuevas tecnologías. Por eso, es necesario que los empresarios asuman su responsabilidad de crear más fuentes de trabajo y de invertir en la superación de esta nueva pobreza”.

Y agrega: “No se puede negar que el predominio de esta tendencia no elimina la posibilidad de formar pequeñas y medianas empresas, que se asocian al dinamismo exportador de la economía, le prestan servicios colaterales o bien aprovechan nichos específicos del mercado interno. Sin embargo, su fragilidad económica y financiera y la pequeña escala en que se desenvuelven, las hacen extremadamente vulnerables frente a las tasas de interés, el riesgo cambiario, los costos previsionales y la variación en los precios de sus insumos. La debilidad de estas empresas se asocia a la precariedad del empleo que están en condiciones de ofrecer. Sin una política de protección específica de los Estados frente a ellas, se corre el riesgo de que las economías de escala de los grandes consorcios terminen por imponerse como única forma determinante del dinamismo económico”.

Las conclusiones de Aparecida recién están siendo analizadas, pero sugieren una renovada inquietud de los obispos del continente por la situación social que, entre otras consecuencias, está alejando cada vez más al pueblo de los templos católicos y acercándolo a las iglesias protestantes o, simplemente, empujándolo al agnosticismo.

En Chile, dado el alejamiento de los jóvenes de las iglesias y parroquias, un nuevo síntoma de intranquilidad para los obispos fue comprobar hace poco que los no inscritos en los registros (…)

(Este artículo se publicó completo en la edición impresa de Punto Final” Nº 646, 24 de agosto, 2007)

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