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Royalty “en
la medida
de lo posible”
 Luego
de meses de negociaciones, el gobierno decidió establecer un royalty
a la minería. Lo comunicó mediante una declaración
oficial fijando las bases de un proyecto que debería enviar al
Congreso dentro de las próximas semanas. Al día siguiente
del anuncio, el presidente Lagos, hablando en la inauguración
de la Expomin, en presencia de representantes del Consejo Minero
-que reúne a las transnacionales y a las empresas de la Sociedad
Nacional de Minería-, defendió la iniciativa como una manera
de despejar incertidumbres y establecer un criterio de justicia frente
al aumento de las ganancias que para las empresas significa el alza del
precio del cobre.
La reacción de los empresarios fue una cerrada oposición.
William Hayes, presidente del Consejo Minero, denunció
que se estaba produciendo “una radical alteración de
las reglas de juego”. Hernán Hoschschild, presidente
de Sonami, sostuvo que el presidente no hablaba “con la verdad”.
El presidente de la Confederación de la Producción y el
Comercio, Juan Claro, afirmó que el royalty significará
un golpe a la confianza indispensable para asegurar el desarrollo del
país. El ex ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán
Büchi, habló de que se produciría una suerte de “expropiación”
en perjuicio de los empresarios.
Elemento central del royalty definido por el gobierno es que deberá
perfeccionarse a través de una modificación de la Ley
Minera, que tiene rango constitucional y requiere para su aprobación
de los 4/7 de diputados y senadores en ejercicio. Comprenderá
los siguientes aspectos:
- un cobro variable, entre un 0 y 3%, sobre el valor de los excedentes
que reporte la explotación. Se aplicará sobre las ventas
brutas, dependiendo de la rentabilidad de las empresas conforme a un coeficiente
que hará pagar más, con el tope del 3%, a las empresas que
obtengan mayores utilidades;
- el cargo se aplicará a todas las empresas mineras -metálicas
y no metálicas- que tengan márgenes operacionales superiores
al 5%. Quedarán exentas las empresas que vendan menos de 2.000
Unidades Tributarias Anuales, vale decir, menos de 771 millones
de pesos;
- la contraprestación no se aplicará con efecto retroactivo;
- el cargo o contribución se constituirá en una obligación
impuesta a los titulares de concesiones mineras de explotación;
- el producto total -que se estima alcanzará a unos 100 millones
de dólares- se destinará íntegramente a un Fondo
de Investigación Científica y Tecnológica.
El gobierno intentó convencer a los grandes empresarios mineros
que voluntariamente, ojalá como iniciativa de ellos mismos,
se modificara la legislación minera y el régimen tributario
privilegiado de que disfrutan. Los empresarios se negaron, argumentando
que se produciría un “cambio en las reglas de juego”
que podría convertirse en incontrolable. Ese cambio dejaría
a algunas empresas frente a la imposibilidad de cumplir sus
proyectos de inversión y sería un factor de inhibición
para nuevas inversiones en Chile. Finalmente, y ante la decisión
del gobierno, anticiparon que utilizarían todos los recursos
legales a su alcance para impedir el royalty, lo que anticipa
una batalla jurídica de proporciones y hasta un intento para
una eventual aplicación de normas del TLC con Estados
Unidos, a propósito de la inversión extranjera
a la que atribuye características de virtual intangibilidad.
Sin embargo, el escenario no parece favorable a las empresas.
Según diversas encuestas, entre el 60 y 70% de los chilenos
es partidario de elevar la tributación a las empresas, que éstas
paguen impuestos y también que paguen royalty. Un número
no despreciable de parlamentarios de derecha comparte esa opinión,
y reclama que una parte de los ingresos fiscales por impuestos o royalties
a las empresas se invierta en las regiones donde están ubicados
los yacimientos.
Tres factores juegan en contra de las transnacionales. En ninguna
parte se acepta la vigencia indefinida de cualquier tipo de legislación,
que queda sometida a la decisión de las autoridades y poderes
soberanos y a los cambios objetivos de la situación socioeconómica
de los países. La propia legitimidad de la legislación
minera es cuestionable: el DL 600, Estatuto del Inversionista
Extranjero, fue un decreto-ley impuesto por la dictadura pocos meses
después del golpe militar. La Ley Orgánica Constitucional
Minera y el propio Código de Minería fueron producto de
la dictadura, en el marco de la Constitución de 1980.
A ello se agrega el hecho objetivo que las empresas, en su inmensa mayoría,
no han pagado ni pagan impuestos. Y, en ese sentido, el “caso Disputada”
le pena a las transnacionales: no pagó impuestos durante veinticinco
años, sacó miles de millones de dólares del país
y finalmente, fue vendida en 1.300 millones de dólares.
No hay duda que el gobierno habría preferido otra salida.
El arreglo consensual con las empresas era el ideal, pero no pudo lograrse.
También, había un problema de tiempo. Está a
punto de conocerse el informe del Senado sobre la situación
tributaria de la gran minería, que demostrará la veracidad
de las denuncias de que casi todas las transnacionales mineras que operan
en Chile no pagan impuestos, lo que, naturalmente debería
producir escándalo y una reacción de la opinión pública,
que se convertirá en factor que pesará en las próximas
campañas electorales. Al interior de la Concertación
aumentaba la presión para introducir modificaciones profundas
en el cuadro jurídico y de control de la gran minería
del cobre, presión que podía ser atenuada si se proponía
un royalty muy bajo que podía ser negociado o, incluso, atenuado
durante la discusión parlamentaria.
El senador socialista Carlos Ominami no trepidó en calificar la
iniciativa como “un royalty en la medida de lo posible”. Y
sostuvo que las empresas se habían equivocado en su posición
de choque frontal. “Deben verlo -agregó- como una póliza
de seguro que las empresas deben tomar”.
Entretanto, contrastando con la escandalera de las empresas, expertos
internacionales sostuvieron que el tema del royalty -en la forma
anunciada- era un asunto relativamente menor que no influiría
en la confianza de los inversionistas, y que los capitales extranjeros
seguirán afluyendo a los yacimientos chilenos. Porque -reiteraron-
el cobre en Chile es un excelente negocio
HERNAN SOTO
Orlando Caputo:
“El royalty es bajísimo”
Economista que se ha especializado en el tema del cobre, Orlando Caputo,
presidente de Cetes, reflexiona sobre el royalty.
Aunque la propuesta del gobierno no se conoce en detalle, ¿cuál
es su opinión respecto de la anunciada iniciativa?
“Pienso que tiene más cosas malas que buenas. Destaco,
para empezar, algunas de las buenas: establece que el royalty es un derecho
y no un impuesto, lo que se ajusta a la teoría económica.
Es el derecho a la renta minera que debe ser pagado por los
que explotan el recurso. El ministro Eyzaguirre dijo: ‘En
este caso lo que se está estructurando es un cobro sobre el
mineral que se está extrayendo que, como la Constitución
lo establece, pertenece al Estado y a través del Estado a todos
los chilenos’. Eso es algo muy importante, porque en estos
meses se ha cuestionado, por parte de personas ligadas
a las empresas, el dominio constitucional del Estado sobre los
recursos mineros: lo reducen a una especie de ficción jurídica,
ya que se dice que los verdaderos propietarios son los titulares
de las concesiones mineras”.
¿Qué importancia tiene eso?
“El hecho de que sea o no sea impuesto tiene consecuencias
jurídicas evidentes. Otra cosa, a mi juicio determinante, es que
si Chile no capta todo lo que le corresponde, es decir si no cobra
la renta minera, todo se transforma en un gran subsidio que incentiva
la sobreproducción mundial, que produce una distorsión
en el mercado provocando caída de precios como lo que ocurrió,
principalmente por acción de las transnacionales que operan
en Chile, entre 1995 y el año pasado”.
Una de las características del ‘royalty’ es su bajo
monto…
“Es un monto que podría calificarse de irrisorio. Con
un máximo del 3% sería, en promedio, de un 1%
o algo así. En Estados Unidos y Canadá las empresas,
además de pagar impuestos, pagan royalties de 8 a 12%. La
comparación es obvia. Doy otro ejemplo, hace algunos años
el profesor Eugenio Figueroa, de la Universidad de Chile, publicó
en Canadá un libro -en inglés- titulado Renta económica
y manejo ambiental de la minería y sectores de recursos naturales,
en que sostiene que en Chile el royalty minero debería
estar entre el 15 y el 25%. En Chile debería ser más alto
que en otros países porque los minerales tienen leyes más
altas, hay una geología mejor y los yacimientos se encuentran
cerca del mar. Esos porcentajes -y muchos otros en diversos países-
ejemplifican que el royalty a que aspira el gobierno es bajísimo.
En un trabajo que acabo de publicar sostengo: ‘El precio del
cobre este año puede llegar a 130 centavos de dólar
la libra o más. Es decir, 50 centavos más que el precio
de 2003, que fue de 80 centavos. Por lo tanto, los 50 centavos de dólar
adicionales incrementarán el valor de las exportaciones
de cobre en 5.500 millones de dólares.
De este incremento, las empresas privadas obtendrían este año
4.000 millones de dólares adicionales por sus exportaciones. Estos
ingresos adicionales, debido en gran medida al aumento de precios, se
transformarán en su totalidad en ganancias para las empresas
privadas.
Las empresas privadas ya obtenían grandes ganancias en los
precios, del orden de los 80 centavos la libra de cobre. Por lo tanto,
las ganancias operacionales totales de las empresas privadas, con los
aumentos de precios de este año, llegarán a una cifra
superior a los 5.200 millones de dólares, lo que equivale
a 52 veces el royalty del gobierno’. Agrego que esa cifra equivale
a trece veces lo que cuesta el Plan Auge”
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