Registro nacional de detenidos y torturados

El derecho a la verdad

MARIA Luisa Sepúlveda:
reciben testimonios.

Amenos de dos meses de concluir el plazo para la recepción de antecedentes, alrededor de 16 mil personas de dentro y fuera del país han presentado sus casos ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Una cifra insuficiente si se considera que los archivos de la ex Vicaría de la Solidaridad registran cerca de 26 mil hombres y mujeres privados de libertad y torturados en los 17 años de dictadura militar, lo que también está lejos de dar cuenta de la totalidad de personas que sufrieron ese tipo de violaciones a sus derechos humanos.
De acuerdo con informaciones de Amnistía Internacional y de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aproximadamente 250 mil chilenos fueron detenidos por motivos políticos sólo entre septiembre y diciembre de 1973. El Informe Rettig se concentró en los casos de muerte producida por agentes del Estado en distintas circunstancias y de desaparecimientos post detención (3.197 casos), sin tomar en cuenta a quienes sobrevivieron la tortura y la prisión dictatorial. Por eso, más allá de sus limitaciones, el trabajo que realiza la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura aportará el primer registro “oficial” de estos atentados contra la libertad, la dignidad e integridad humanas.
No deja de ser importante; aunque tampoco estarán todos los que deberían estar, porque se excluye a las personas privadas de libertad en manifestaciones públicas, que fueron puestas a disposición de los juzgados de policía local o de algún tribunal del crimen por delitos comunes y luego condenadas por estos delitos, según establece el decreto supremo N° 1.040 que creó esta Comisión. Pero será un paso más en el dificultoso y lento camino hacia la verdad.
El objetivo de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por monseñor Sergio Valech Aldunate e integrada por personas de diferentes corrientes políticas, es recibir las denuncias por privación de libertad y torturas por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Luego de comprobar la veracidad de las denuncias, su misión terminará con la entrega de un informe al presidente de la República junto con una propuesta de reparación. Esta será la indemnización “austera y simbólica” que anunció el presidente Ricardo Lagos el 12 de agosto del año pasado, cuando dio a conocer su polémico proyecto sobre derechos humanos.
“Esperamos que lleguen todos los que tienen que llegar a entregar sus antecedentes”, señala María Luisa Sepúlveda, asistente social que trabajó en la ex Vicaría de la Solidaridad y actual vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
La Comisión comenzó a funcionar el 11 de noviembre de 2003 y tiene un plazo de seis meses para completar el proceso de inscripción. “Queremos respetar ese plazo -podrían prorrogarlo por tres meses más-, porque la mayor parte de la gente que ha venido dice que ya ha esperado demasiado y pide una respuesta rápida. Además, en este momento nuestra capacidad de atención supera la cantidad de personas que vienen”, señala la vicepresidenta de la entidad. En la sede metropolitana de la comisión, una sala de espera casi desierta confirma esa apreciación.

LOS HORRORES DEL 73

Más de la mitad de las personas que han declarado hasta ahora corresponde a mujeres y hombres detenidos en 1973. “Hemos recibido a personas que nunca antes habían registrado su caso más allá de su ámbito familiar y que todavía expresan mucho temor”, dice María Luisa Sepúlveda. “Hay personas que nos preguntan: ‘Si mi nombre sale en una lista, ¿me pueden echar del trabajo?’. Son temores que se relacionan con la experiencia vivida en términos de quedar estigmatizados. A otros les cuesta hablar de lo que les pasó. Y otros no quieren presentarse, porque piensan que la comisión debería tener otros integrantes o que no debería haber comisión alguna. Sin embargo, han venido dirigentes de los partidos más afectados por la represión. Y creo que a nadie le interesa que no se conozca lo que ocurrió”.
Muchos todavía están sorprendidos de por qué los detuvieron. A veces fue sólo por sospecha o por ser parte del gobierno de Salvador Allende. “A pesar de todo lo que llegué a conocer en la Vicaría, me he encontrado con realidades tremendas -reconoce la asistente social-. Impresiona la masividad de las detenciones, la total falta de respeto por la integridad y los derechos básicos de las personas. Creo que los organismos que trabajamos en derechos humanos teníamos menos información del 73 que de los años posteriores. Ahora estamos recogiendo esa información. Las 16 mil personas que hemos atendido nos dan una visión más completa de lo que pasó”.

EL PROCEDIMIENTO

En Santiago, el primer paso para llegar a la Comisión es pedir hora para una entrevista en el fono atención 800-411-400. La cita se respeta con rigurosidad y exactitud. Se recomienda que cada persona se presente a esa entrevista con toda la documentación que tenga en su poder para acreditar la detención (fotocopias de documentos, publicaciones en la prensa, etc.). Pero que tampoco se desanime si no tiene ningún papel, porque la Comisión dispone de varios equipos especializados que se encargan de buscar antecedentes anexos. Y otro dato importante: aunque alguien haya sido detenido por un solo día, tiene derecho a dejar constancia de eso.
El denunciante debe llenar una ficha de ingreso donde se solicitan los datos personales e información sobre la detención (fecha, lugar, circunstancias, institución que lo detuvo, si fue una o más detenciones, etc.), sobre torturas y secuelas, nombre de organismos de derechos humanos o instituciones que conocieron su situación, y si hubo denuncias o acciones legales. Es preferible que la ficha sea llenada con tranquilidad en un momento previo a la entrevista, incluso con el apoyo de alguien que pueda ayudar a recordar y precisar los datos requeridos. En este caso, la ficha se puede obtener a través de internet:
www.comisionprisionpoliticaytortura.cl
www.comisionpresospoliticos.cl
www.comisiontortura.cl.
O bien, se puede pedir el formulario en las oficinas del Registro Civil más cercano, en las organizaciones de ex presos políticos y de derechos humanos. Muchas personas adjuntan a la ficha un relato escrito sobre lo que vivieron, lo que resulta de gran ayuda sobre todo porque así evitan volver a hablar durante la entrevista de experiencias que siempre duele recordar. La persona sólo declara lo que quiera decir. “En una entrevista, una señora me dijo que no le ha contado a nadie lo que le había pasado, ni siquiera a su marido -quien estaba presente durante la entrevista-. Lo respetamos plenamente. La mayoría de las personas ha sufrido humillaciones, vejaciones sexuales y situaciones muy duras”, explica la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión.
La persona afectada tiene que acudir personalmente. Si falleció, puede hacerlo un familiar presentando el certificado de defunción y otro documento que acredite parentesco (libreta de familia, certificado de nacimiento o de matrimonio, etc.).
En las regiones, hay personas capacitadas para efectuar estas entrevistas en todas las gobernaciones provinciales. Además, los integrantes de la Comisión están visitando las capitales regionales para reunirse con las organizaciones de derechos humanos y recabar la información que éstas manejan.
Quienes viven fuera de Chile deben retirar las fichas por internet o en los consulados. Una vez respondidas, pueden enviarlas a la Comisión a través del mismo consulado o en forma directa. Se les confirma la recepción vía correo electrónico.
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura no investiga ni hace juicios. Dispone de equipos que se encargan de revisar los casos y buscar información para ratificarla. Hay abogados que indagan en procesos y acceden a centros de documentación de entidades de derechos humanos (Fasic, Codepu, Pastoral Obrera, ex Vicaría de la Solidaridad, etc.). También recurren al archivo de diarios de la Biblioteca Nacional, donde recopilan información “oficial” de la época, como las listas de detenidos que entregaba el Ministerio del Interior en los primeros meses posteriores al golpe militar, tanto en Santiago como en regiones, y las de los consejos de guerra.
María Luisa Sepúlveda aclara que aún no se han definido las medidas de reparación que propondrá la Comisión. Solamente se abocarán a ese tema cuando todos los datos hayan sido procesados. “Lo más probable es que la propuesta que presentaremos al presidente Lagos contenga más bien criterios de reparación, y no medidas concretas”, señala. Seguramente serán propuestas de distinto orden, algunas de tipo económico, otras de dignificación y reconocimiento. Es un gesto que el Estado le debe a las víctimas. Todas tendrán un sentido moral y de educación de las nuevas generaciones para que estos horrores no vuelvan a ocurrir. También habrá que dar respuesta a una demanda que nos plantea el 99% de la gente que hemos entrevistado: atención de salud física y mental. Hay personas que nunca han tenido apoyo, porque los recursos de las entidades de derechos humanos han sido siempre limitados. En ese sentido, hay un proyecto para institucionalizar el programa Prais, que hoy carece de institucionalidad y de recursos propios”

PATRICIA BRAVO

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