Juicio en Temuco a la etnia mapuche

La segunda guerra
de la AraucanIa

El lunes 15 de marzo comenzó en La Araucanía el juicio más emblemático contra la etnia mapuche en doce años de conflicto indígena. El Estado de Chile en connivencia con Forestal Mininco S.A. -del grupo Matte- influyentes latifundistas locales liderados por Juan Agustín Figueroa Yávar y la Municipalidad de Temuco, encabezada por el alcalde demócrata cristiano René Zaffirio Espinoza, sentó en el banquillo a la presunta dirección de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
El propósito político del juicio es destruir a la CAM. El Ministerio del Interior -a través del subsecretario Guillermo Correa Sutil- invocó la Ley Antiterrorista N° 18.314, promulgada por la dictadura militar en 1984. La combinación de esta “ley” de Pinochet con el nuevo Código de Procedimiento Penal, engendró la figura delictiva de “organización ilícita terrorista”, una novedad del ordenamiento jurídico chileno sintonizada con la legislación ideológica impuesta en Estados Unidos por George W. Bush bajo el pretexto de una lucha “patriótica” contra el “terrorismo”.
Los cargos fueron elaborados en la “usina jurídica” del Ministerio Público, con “testigos secretos”, grabaciones de conversaciones telefónicas, abundantes recortes de diarios de derecha, un “organigrama” fabricado por la inteligencia gubernamental en colaboración con periodistas de la Intendencia, de El Diario Austral de Temuco, El Mercurio y otras “pruebas” de un expediente de más de cinco mil páginas.
La acusación diseñada por la Fiscalía Regional, a cargo de Smirna Vidal Moraga, evoca los juicios de Moscú de la década del 30 y los de Hitler en Berlín, por la manipulación y naturaleza de las pruebas. Una aberración adicional es que se “juzgará” por tercera vez a los lonkos Pascual Pichún Collonao y Aniceto Norín Catrimán. Ambos están purgando en la cárcel de Traiguén -desde enero de 2004- una condena de cinco años obtenida por la influencia judicial de Figueroa Yávar, después que un primer juicio -posteriormente anulado- los declaró inocentes del cargo de “terrorismo”.

Los 18 mapuche imputados

Los acusados son dieciocho. En orden alfabético: José Cariqueo Saravia, Mauricio Contreras Quezada, Bernardita Chacano Calfunao, Mireya Figueroa Araneda, Oscar Higueras Quezada, Jorge Avelino Huaiquín Antinao, José Huenchunao Mariñán, José Llanca Ailla, José Llanquileo Antileo, Héctor Lleitul Carillanca, José Ciriaco Millacheo Licán, Aniceto Norín Catrimán, Angélica Ñancupil Poblete, Pascual Pichún Collonao, Pascual Pichún Paillalao, Rafael Pichún Paillalao, Marcelo Quintrileo Contreras y Patricia Troncoso Robles. Los hermanos Pichún Paillalao son hijos del lonko Pascual Pichún Collonao.
El juicio oral, cuya preparación demandó más de un año de trabajo a la Fiscalía, durará probablemente un par de meses en el Tribunal de Garantía de Temuco, a cargo de la jueza María Isabel Uribe. La defensa fue asumida por Sandra Jelves, Myriam Reyes, Jaime López y Jaime Madariaga, pertenecientes a la Defensoría Penal Pública.

No hay politicas etnicas

La llamada “audiencia de preparación del juicio oral” debió comenzar una semana antes, al tenor de la reforma procesal penal, pero dos imputados no tenían defensa -Ñancupil y Norín-, simplemente porque el tribunal ignoró la renuncia del defensor privado, Rodrigo Lillo Vera, presentada el 12 de febrero. Lillo, académico de la Universidad Católica, es también acusador del mayor de Carabineros Marcos Treuer, quien terminó en noviembre de 2002 con la vida del joven de 17 años Alex Edmundo Lemún Saavedra, militante de la CAM. Lillo, que anima Nor Alinea, una corporación jurídica privada para defender a los mapuche, llevó el caso de los lonkos Pichún y Norín a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invocando el Pacto de San José de Costa Rica.
Esta suerte de “segunda Guerra de La Araucanía” en el terreno judicial ha sido la respuesta de los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos a las reivindicaciones de tierras mapuche, en contraste con países más civilizados que poseen políticas gubernamentales coherentes para reconocer los derechos indígenas consagrados por Naciones Unidas y, en particular, por la Organización Internacional del Trabajo.
El grupo Matte -decisivo en la acción antimapuche- posee más de 500 mil hectáreas en La Araucanía, en tanto Anacleto Angelini lo triplica, con un millón y medio de hectáreas
ERNESTO CARMONA

La ONU critica a
la prensa chilena

La prensa chilena silenció el informe Sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, emitido el 17 de noviembre de 2003 por el especialista mexicano en derechos indígenas Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien investigó en Chile la situación de las etnias. El documento contiene duras críticas a los medios de comunicación chilenos.
El relator de la ONU dijo que del 18 al 29 de julio “pudo observar cómo estos medios se ocupan del tema aún candente en Chile de las violaciones históricas de los derechos humanos, pero prestan poca atención a los derechos humanos de los indígenas”. Su propio informe corrió esa suerte. Sólo fue difundido por El Mostrador, el 2 de febrero.
“Las organizaciones mapuche se quejan que en los medios de comunicación no reciben la misma cobertura que los llamados ‘poderes fácticos’ y consideran que esta situación vulnera su derecho humano a la información”, indicó el relator. Considera que “después de la recuperación de la libertad de prensa lograda en el país, los medios de comunicación tienen la obligación de ofrecer una visión objetiva y equilibrada de asuntos tan importantes como las luchas por los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Las “Recomendaciones a los Medios de Comunicación”, al final del reporte de 33 páginas, indican que “las comunidades y pueblos indígenas deben contar con facilidades y apoyo para acceder plenamente al uso de los medios de comunicación de masas (prensa, radio, televisión, Internet), por lo que se recomienda a los principales medios del país que, en forma conjunta con las facultades académicas interesadas, promuevan cursos y seminarios para buscar nuevas vías de acceso a los medios para las comunidades indígenas”.
El relator “recomienda también a los medios de comunicación existentes redoblar los esfuerzos para dar amplia cobertura balanceada y equilibrada a las necesidades y la situación de los pueblos indígenas, así como a las situaciones de conflicto social en las regiones indígenas”.

Estigmatizacion judicial, valor agregado

Las condenas políticas por “terrorismo” fabrican una imagen pública de los líderes mapuche como “autores de delitos terroristas”, en tanto la prensa oculta las violaciones al “debido proceso” que pervierten los juicios.
La calculada estigmatización judicial-periodística desprestigia al movimiento mapuche, a la vez que desvaloriza sus demandas ante una opinión pública sometida a monopolios mediáticos del mismo signo ideológico. Hasta los jueces tienen una impresión preconcebida al juzgar casos del conflicto mapuche, un hecho notorio son aquellos en que los protagonistas reivindican sus tierras, opinan juristas como Rodrigo Lillo.
El Mercurio también fabrica “noticias”. Angélica Ñancupil, imputada en el juicio de Temuco, denunció que el fotógrafo Francisco Palma, de El Diario Austral -filial de El Mercurio-, le pidió una entrevista a su pareja, el activista José Llanquileo. En una “muestra de confianza”, el periodista entregó información “reservada” sobre las comunidades indígenas en conflicto, supuestamente obtenida en la Gobernación Regional: tres hojas carta y dos disquetes suministrados por Iván Fredes, otro periodista vinculado a la Intendencia y a El Mercurio.
Ñancupil y Llanquileo nunca supieron qué contenían los disquetes por carecer del computador adecuado. Los papeles mostraban dos fotografías digitalizadas de Héctor Llaitul, un sociólogo mapuche preso e imputado por “asociación ilícita terrorista”, y un supuesto organigrama del “mando” de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización que concita la mayor represión policial y judicial.
Al día siguiente, Ñancupil y Llanquileo estaban presos. La secuencia fue así: en los primeros días de diciembre de 2002 el reportero comenzó a llamar a Llanquileo. A las 13 horas del 3 de diciembre, Llanquileo recibió la “información” que Palma le entregó en un café de Temuco.
A las 7:30 del 4 de diciembre Carabineros allanó su vivienda. Las tres hojas de papel y los dos disquetes hoy son “pruebas” de “asociación ilícita terrorista”. En el organigrama -una infografía de “inteligencia” probablemente fabricada con datos de Carabineros y autoridades locales- aparecen los rostros de Ñancupil y Llanquileo como subalternos del “jefe” Llaitul, junto a las fotos de otros miembros de “la dirección de la CAM”, de varias personas ya procesadas y otras desconocidas

EN GINEBRA

Reclaman
amnistía para
los mapuche

Naciones Unidas pidió a Chile respeto a los derechos humanos de los mapuche y reclamó una legislación que reconozca a las minorías étnicas. También recomendó una urgente amnistía para los luchadores étnicos procesados o en prisión. La prensa ignoró estas recomendaciones del relator especial Rodolfo Stavenhagen, quien visitó Chile en julio de 2003 y emitió su informe en noviembre, por mandato de la Comisión de Derechos Humanos.
La ONU propuso “que el gobierno de Chile considere la posibilidad de declarar una amnistía general para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas”. También recomendó establecer una institución nacional de defensa y protección de los derechos humanos u ombudsman.
Las propuestas del mexicano Stavenhagen fueron un severo revés para el gobierno de Ricardo Lagos. La visita evocó los esfuerzos de la ONU cuando enviaba relatores a investigar las violaciones de derechos humanos bajo la dictadura militar (1973-1990). Para la etnia mapuche la dictadura nunca terminó, se desprende del informe Stavenhagen.

Libertad para los lonkos

Stavenhagen pidió una revisión judicial de los casos de los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, con apego estricto a las garantías del debido proceso establecidas en las normas internacionales de derechos humanos. “No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (amenaza terrorista, asociación delictuosa) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”, señaló el relator de la ONU.
“Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”, indicó.
El relator recomendó a la sociedad civil realizar permanentes campañas de información dirigidas a combatir los prejuicios, el racismo, la intolerancia y la estigmatización de la problemática indígena en la opinión pública. En “la transición a la democracia -dijo- la población indígena sigue marginada del reconocimiento y la participación en la vida pública del país”, como resultado “de una larga historia de negación, exclusión socioeconómica y discriminación por parte de la sociedad mayoritaria”.

Convenio 169 de la OIT

El relator recomendó al parlamento chileno reformas jurídicas que reconozcan constitucionalmente a las etnias, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la revisión de la legislación sectorial contradictoria con la Ley Indígena de 1993. También propuso que el gobierno, en consulta con las comunidades indígenas y con asistencia técnica del sistema de Naciones Unidas, establezca un programa para reducir la pobreza de las comunidades indígenas, con metas específicas respecto a las mujeres y los niños aborígenes.
Chile se niega a ratificar el Convenio 169 de la OIT Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado en Ginebra en 1989. El texto de 44 artículos reconoce “las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y a fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.
Stavenhagen propuso que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) acelere y amplíe la adquisición de tierras para los indígenas, incrementando los recursos para atender las necesidades de las familias y comunidades indígenas. El relator de la ONU recomendó, también, intensificar un programa de recuperación de tierras y que las etnias sean consultadas previamente en los proyectos de desarrollo a ejecutarse en sus tierras y territorios, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. Preconizó, además, que sus opiniones sean tomadas en cuenta por las autoridades y empresas ejecutoras de proyectos, como no ocurrió con Endesa-Ralco

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