Editoriales 887

Crónica de una derrota anunciada

Sebastián Piñera debe agradecer a la Nueva Mayoría que ha hecho todo lo posible por entregarle el mando de la nación. La coalición de gobierno ha pavimentado el retorno a La Moneda del más prominente político surgido de las filas del empresariado desde los tiempos del presidente Jorge Alessandri (1958-1964). De estilos muy diferentes: aquel representante de la burguesía industrial, presidente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, ex ministro y parlamentario. Y este, expresión audaz de la burguesía financiera que gracias a la dictadura militar ha acumulado las más grandes fortunas de nuestra historia. Aquel, independiente, parco en palabras, hizo de la sobriedad un culto. Este, financista de la nueva derecha, locuaz hasta los codos, hiperkinético.
Ambos representan distintas épocas del capitalismo en Chile. El primero, una de relativo equilibrio de fuerzas en la lucha de clases. Para quebrar el desafío popular no vaciló en cometer masacres como la de la Población José María Caro (1962). El segundo, representa una época de imperio absoluto del capitalismo y reducida confrontación social, salvo la “revolución de los pingüinos” (2011) cuya fuerza inicial le hizo creer que era el preludio de una insurrección popular.
Todo parece indicar que Sebastián Piñera será -por segunda vez- el sucesor de Michelle Bachelet. Hasta puede ganar en primera vuelta debido al nivel de desafección ciudadana con la política y los políticos. La derecha posdictadura mantiene un sólido capital de votos algo superior al 40%. Solo dos candidatos de la Concertación, Patricio Aylwin (1989) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1993), lograron pasar la vara de la mayoría absoluta. Ricardo Lagos (2000) y Michelle Bachelet (2006 y 2014) llegaron acezando a la segunda vuelta con apoyo de la Izquierda. Bachelet ganó por segunda vez en 2014 -ahora con apoyo oficial del PC- pero solo votó el 41% del electorado. En las municipales de 2012 ya se había registrado 60% de abstención que dejó atónita a la casta política.
No hay indicios que la abstención vaya a dar tregua el próximo 19 de noviembre. Esto favorece la opción de Piñera. El núcleo duro del electorado de derecha se encuentra en las comunas de altos ingresos. La abstención es mayor en las comunas pobres. En 2010 Piñera obtuvo en segunda vuelta 51,61%, derrotando a Frei Ruiz-Tagle (48,39%). La abstención solo fue del 12,32%, porque el voto era obligatorio.
La abstención es solo el telón de fondo de una crisis institucional, política y social que viene desarrollándose desde los 90. Es resultado de la cobardía de la coalición política gobernante que frustró las esperanzas de un profundo cambio democrático con justicia social después del terrorismo de Estado. Sin embargo, lo que vino fue un fraude que mantuvo en pie lo esencial del modelo que montó la tiranía, incluyendo su Constitución, sus leyes e instituciones.
La alegría prometida no llegó y menos aún el cambio social. La democracia representativa, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos configuran sin duda una situación muy diferente a la dictadura que Chile vivió durante 17 años. Se trata, sin embargo, de conquistas que se requiere profundizar y ampliar al plano de la economía, los derechos sociales y la cultura. La democracia volvió a Chile pero solo “en la medida de lo posible”. La falta de convicciones democráticas de los gobernantes -de todo el escalafón institucional- puso en marcha lenta -y finalmente paralizó- una transición que debía conducir a Chile a una fase superior de la democracia y la justicia social.
El estancamiento de la transición -que debía partir con la convocatoria a una Asamblea Constituyente- hizo aumentar el proceso de putrefacción de las instituciones heredadas de la dictadura. La corrupción es ahora una gangrena que ha escalado a los más altos niveles de la administración civil y de las fuerzas armadas y policiales. Aparecen evidencias de complicidad del narcotráfico con autoridades y partidos políticos. Como corolario está el inmutable ventajismo y poder del empresariado nacional y extranjero, cuyas ganancias se han multiplicado en la posdictadura mientras la mayoría de los trabajadores y jubilados recibe ingresos de miseria y mueren en listas de espera de los hospitales.
La casta política está como ausente de la ira que está fermentando en la base social. La llamada “centroizquierda” no ha hecho nada por diferenciarse de la “centroderecha”. Ambos bloques son dos caras de una misma moneda. Las reformas del último periodo (educacional y laboral) no cuentan con el apoyo ni de sus presuntos beneficiados. De allí la apatía y desinterés con que se llega a las elecciones de noviembre.
Asimismo es necesario reconocer que la desaparición de una Izquierda antioligárquica y latinoamericanista ha permitido que la crisis se prolongue más de la cuenta. Reconstruir la Izquierda es el deber de nuevas generaciones que se planteen remover las carcomidas estructuras que subsisten por ausencia de una alternativa popular.

PF

Editorial de “Punto Final”, edición Nº 886, 27 de octubre 2017.

El papelón de la Cancillería chilena

Al cierre de esta edición se reunía en Toronto la “banda de los doce” para adoptar nuevas medidas contra Venezuela y su revolución bolivariana. Lo realizado hasta ahora por esos forajidos de la política internacional, anticipa un nuevo parto de los montes. La “banda de los doce” (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú), es la representación moderna de Caín, el asesino de su hermano. En su siniestra tarea -que los doce gobiernos cumplen siguiendo orientaciones del Departamento de Estado norteamericano- destaca el desempeño perruno de la Cancillería chilena.
Su vergonzosa conducta, traicionando la hermandad latinoamericana y principios inviolables del derecho internacional, se estrella sin embargo contra el muro de la realidad. Venezuela amanece cada día con nuevas credenciales democráticas mientras sus acusadores -los narco-Estados de Colombia y México, y los gobiernos corruptos de Brasil, Argentina y Paraguay, entre otros-, se van sumiendo en la miseria moral.
Chocar con la realidad es muy peligroso sobre todo en política internacional. Actuar a espaldas de lo evidente, y por imposiciones del imperio, significa precipitarse en el ridículo. Es lo que sucede con la OEA, por ejemplo. La última astracanada del secretario Almagro fue instalar en Washington un espantapájaros denominado “Tribunal Supremo de Justicia” venezolano en el exilio, que hizo retroceder hasta a los más enconados enemigos de Venezuela. No obstante, la Cancillería chilena actúa en esa línea acogiendo y financiando a un grupo de abogados que dicen representar al fantasmagórico “TSJ” itinerante. Incluso montó una telenovela en la embajada de Chile en Caracas para simular una salida “clandestina” de esos abogados hacia Bogotá (y luego a Washington, que es su verdadero destino), en medio de la indiferencia de las autoridades venezolanas.
La Cancillería chilena se ha convertido en el heraldo latinoamericano de la agresión contra Venezuela. Compite con Trump, el Departamento de Estado, el Pentágono, la OEA y la Unión Europea en una confabulación para estrangular a la revolución bolivariana y recuperar para el imperio las enormes reservas de petróleo y gas de Venezuela. Para EE.UU. y su pandilla es importante la participación de Chile en esta maniobra. Significa poner de su lado a un país que sufrió en los años 70 la misma operación que Washington dirige ahora contra Venezuela. Este es el aspecto más siniestro -traicionar su propia historia- en la política antivenezolana de la Cancillería chilena.
Washington, la Unión Europea y la “banda de los doce” son culpables de una intromisión escandalosa en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Exigen una “auditoría internacional” de las elecciones de 23 gobernadores. Pero cuatro de los cinco gobernantes opositores ya se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, reconociendo a ese poder supremo.
Desde hace catorce años Venezuela cuenta con un sistema electoral automatizado que expertos internacionales -como el Centro Carter- califican de “blindado” contra el fraude. Así, el Consejo Nacional Electoral proclamó en 2015 la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional con más de 7 millones 700 mil votos y ahora en 5 de las 23 gobernaciones, con 4 millones 800 mil votos. La participación popular alcanzó a poco más del 61%, récord en este tipo de elecciones. La oposición perdió así casi 3 millones de votos en relación al 2015. Y el gobierno, aunque ganó 18 gobernaciones, se mantuvo en los 5 millones y medio de votos de 2015, perdiendo más de 3 millones de votos en relación a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.
Antes, durante y después de las elecciones del 15 de octubre se hicieron catorce auditorías al sistema de votación, cuyas actas firmaron representantes de los partidos de oposición. El chavismo perdió gobernaciones estratégicas en los Estados Zulia, Táchira y Mérida, fronterizos con Colombia, la llamada “Media Luna” donde se alientan intenciones separatistas. A su vez la oposición perdió las tres gobernaciones que tenía, entre ellas la de Miranda, enclave de los caciques de la extrema derecha. Es importante observar que el partido Acción Democrática, socialdemócrata, obtuvo cuatro de las cinco gobernaciones opositoras, lo cual le da ventajas en la disputa por la candidatura presidencial del próximo año.
Desde que Hugo Chávez ganó el gobierno en 1998, en Venezuela se han realizado cinco elecciones presidenciales, cinco de gobernadores, siete municipales, seis referéndums, dos de Asamblea Constituyente y una consulta nacional. La oposición ha participado en casi todas. Ahora mismo, gobierno y oposición se preparan para las elecciones municipales del próximo mes de diciembre. Y en 2018 serán las presidenciales.
Venezuela, como se puede ver, es el caso más notable de una “dictadura” -como la califica Trump- que efectúa elecciones y plebiscitos a un promedio de casi dos al año, con partidos, sindicatos y prensa opositores, con una Iglesia Católica y un empresariado que apoyan a la oposición, etc. Esta realidad es lo que hace aún más notable el papelón de la Cancillería chilena, en su lucha contra molinos de viento.

PF

Editorial de “Punto Final”, edición Nº 886, 27 de octubre 2017.

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