Abogado Alberto Espinoza

Justicia desnuda a la “familia militar”

Mientras Manuel Contreras Sepúlveda, ex director de la Dina, yace grave en el Hospital Militar, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, realiza diligencias en el emblemático caso de dos jóvenes quemados vivos en 1986 por una patrulla del ejército, luego que se conocieran nuevos antecedentes y declaraciones de testigos participantes en los hechos que arrojan luces sobre ese salvaje crimen.
Las violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado parecen no ser solo hechos del pasado. Una bala de arma policial segó, el 24 de julio, la vida del trabajador Nelson Quichillao en la mina El Salvador, hecho que se agrega al grave atentado que en mayo, en Valparaíso, casi costó la vida al estudiante Rodrigo Avilés.
El abogado especialista Alberto Espinoza Pino analiza para PF la evolución que han tenido las causas de derechos humanos, que constituyen una herida abierta en la sociedad chilena, una demanda por verdad, justicia y reparación y exigencia de término de disposiciones legales y prácticas policiales o militares reñidas con mínimos estándares humanitarios aceptables en una democracia.
Alberto Espinoza, titulado en la Universidad de Chile, es profesor de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y ha sido abogado defensor de los/as acusados/as en el llamado “Caso Bombas”, de los ex dirigentes del FPMR Mauricio Hernández Norambuena y Galvarino Apablaza , y patrocinador en una demanda de Punto Final contra el Estado para conseguir que el avisaje público sea distribuido de manera equitativa entre los medios, en resguardo del pluralismo informativo. El avisaje estatal solo contribuye a la concentración económica creciente de los medios de ideología derechista, con graves consecuencias para la diversidad de mensajes informativos en el marco de la democracia.
¿Qué ha pasado con las políticas de derechos humanos en los últimos 25 años?
“Congruente con las formas que adoptó la salida de la dictadura, hay una política de acuerdos subterráneos o implícitos entre personeros de la Concertación, la derecha y el ‘mundo militar’. Esta situación es posible por la actual Constitución Política y por el modelo económico, impuestos al país por la dictadura.
Las políticas de derechos humanos aplicadas en los últimos 25 años y algunos intentos de alcanzar parcialmente verdad y justicia, se han hecho para no lograr resultados. En los gobierno de Patricio Aylwin y Eduardo Frei hubo dos iniciativas legislativas para reformar disposiciones del Código de Procedimiento Penal, en orden a que las investigaciones de casos de derechos humanos tuvieran plazos de clausura, con el propósito de que esas indagaciones apuntaran a revelar cierta parte de la verdad pero sin castigo ni persecución penal a los responsables.
Uno de estos intentos se denominó ‘Otero-Figueroa’ y el otro ‘Mesa de Diálogo’, que finalmente terminó convertido en un artilugio para resolver la situación que vivía Pinochet, detenido en Londres. No condujo a descubrir lo sucedido con las violaciones a los derechos humanos, pero sí a que el ex dictador fuera traído a Chile para garantizar su impunidad.
La permanencia de Pinochet como comandante en jefe del ejército y después como senador vitalicio, fueron síntomas explícitos de que no había de parte de los gobiernos de la época intención de hacer efectiva su responsabilidad penal por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
Otra evidencia fue el rechazo de la acusación constitucional contra el dictador, promovida por los mismos Aylwin, Frei y otros personeros DC, como el actual senador Ignacio Walker. En una sesión secreta, el Congreso Nacional resolvió finalmente rechazar la acusación constitucional, desechando una oportunidad histórica de hacer efectiva la responsabilidad de Pinochet en los crímenes, en tanto él era entonces la figura jerárquicamente superior de la política represiva de la dictadura y de sus actos de terrorismo de Estado.
La justicia militar recién fue reformada durante el gobierno de Piñera, con motivo de una huelga de hambre de comuneros mapuches. Se le quitó la competencia para conocer de las causas en las que aparezcan civiles como imputados o victimarios. Pero todavía tenemos a la justicia militar tramitando causas sobre violaciones a los derechos humanos para favorecer la impunidad de uniformados. Asimismo, la Ley Antiterrorista ha sido usada para criminalizar la protesta social.
Desde una perspectiva amplia de los derechos humanos, más allá de la recuperación de algunos derechos civiles y políticos, no se ha hecho nada sustantivo. Desde esa mirada amplia sigue pendiente en Chile el ejercicio pleno de los derechos a la educación, la salud o la vivienda, que continúan cautivos de una lógica de mercado”.

LAS INTOCABLES FF.AA.
¿Qué ha pasado con las FF.AA. después de 1990?
“Más allá de la retórica de los que manejan el poder, no hay interés por reformar a las FF.AA. y éstas se han mantenido bajo la fórmula de la llamada ´familia militar´, que periódicamente hace sentir su opinión a favor de los uniformados imputados por violaciones a los derechos humanos, que cumplen condena en la cárcel de Punta Peuco. Estas condiciones privilegiadas de privación de libertad han permitido decir a Manuel Contreras que él nunca estuvo preso, sino habitando recintos militares.
Falta cirugía mayor. No basta solo con solicitar a las FF.AA. información. Se requieren cambios estructurales para generar una nueva institucionalidad, que traiga aparejada la remoción inmediata de los uniformados que aparecen comprometidos en violaciones a los derechos humanos. Eso debe estar acompañado de la entrega de toda la información que mantienen las instituciones armadas sobre la represión durante la dictadura.
Estas medidas deben estar acompañadas de la erradicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que sigue vigente en la Constitución Política y que forma parte de su formación doctrinal. Mientras esta concepción se mantenga viva, constituirá un freno a cualquier cambio social en Chile y seguirá invitando a que las FF.AA. y de orden consideren a quienes ejerzan la protesta social como a un enemigo al que deben aniquilar.
Es impresentable, y del todo reprochable, que un oficial retirado, que aparece involucrado en el Caso Quemados, siguiera prestando asesoría a contrata a una División del ejército y que en los años posteriores a la perpetración de los crímenes contra Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, haya sido promovido en el marco de su carrera militar”.
¿Qué pasa con la formación que entregan las escuelas matrices?
“Se requiere un cambio profundo en el currículo formativo de estas escuelas, basado en conceptos tan básicos como el respeto a la institucionalidad democrática, a los derechos humanos o la subordinación de los uniformados al poder civil. Por tener el monopolio de la fuerza y de las armas, las instituciones uniformadas deben ser no deliberantes y obedientes al poder civi: en caso alguno debieran emplearlas contra la ciudadanía.
Los militares deben integrase a la sociedad y dejar de ser un gueto. Las actuales son fuerzas elitistas, excluyentes, discriminadoras, desligadas de la sociedad y de sus problemas. Los cuadros de las escuelas militares deben ser reclutados más allá de la ‘familia militar’, en todos los sectores sociales y culturales que conforman la diversidad de la sociedad.
Las instituciones armadas debieran liberarse también de la simbología y valores de la dictadura. Es inconcebible que hoy en el Museo Naval exista un monumento en honor al almirante golpista José Toribio Merino o que el comandante en jefe de esa rama de la defensa luzca una condecoración por su participación en el golpe de 1973.
La relación de las FF.AA. con la Escuela de la Américas está aún vigente y es a través de ella que se ha impuesto a casi todas las fuerza militares del continente la Doctrina de la Seguridad Nacional, que sirvió de base a la política represiva contra nuestros pueblos en las dictaduras del siglo pasado”.

BRUTALIDAD POLICIAL
¿Qué pasa con la subordinación de Carabineros al gobierno?
“Carabineros opera como una fuerza militar, tal como lo constata la política represiva implementada durante los gobiernos de la Concertación contra la nación mapuche y contra toda forma de protesta popular. No es una fuerza de orden y seguridad pública, como establece la Constitución Política, sino una fuerza militarizada, como ha quedado meridianamente claro ahora con la muerte de Nelson Quichillao. Al amparo del Ministerio del Interior, carabineros tienen respaldo institucional para realizar acciones que no corresponden a una fuerza policial, cuya misión es la prevención y persecución del delito y el resguardo del orden público.
La Doctrina de la Seguridad Nacional sigue vigente en el comportamiento de Carabineros. Utiliza helicópteros, ametralladoras y otros implementos de guerra para combatir a estudiantes, mapuches o sindicalistas que luchan por sus derechos. Actúan con absoluta autonomía del poder político, representado por el Ministerio del Interior. Me impresiona que todavía no entreguen a la opinión pública la información derivada del sumario interno por las lesiones causadas al estudiante Rodrigo Avilés el pasado 21 de mayo. Los plazos pasan y desde sus superiores civiles no se les formula exigencia alguna para acelerar la identificación de los responsables. Esa situación refleja la debilidad y obsecuencia del poder político -y en particular del Ministerio del Interior- que tolera estas conductas, probablemente porque resultan funcionales a sus objetivos de preservación del poder.
Lo que hay es una total irresponsabilidad, recubierta de una cierta retórica de preocupación. En la práctica hay un acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para dejar todo tal cual está. Dudo que el Congreso acuse a Jorge Burgos por la responsabilidad que le cabe en la muerte del trabajador Nelson Quichillao, por lo sucedido a Rodrigo Avilés o por lo que ocurre en las comunidades mapuches. Más bien creo que el poder civil es condescendiente, porque no le resulta reprochable la conducta de Carabineros”.

CAMBIO POSITIVO EN LA JUSTICIA
¿Qué importancia tiene en este escenario la reactivación del Caso Quemados?
“La Corte Suprema está ahora absolutamente comprometida con la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Prevalece una jurisprudencia reiterada y uniforme en orden a obtener verdad y justicia, tanto en el plano penal como civil. El poder judicial realizó en 2013 un mea culpa serio respecto a la denegación de justicia y abandono de funciones en que incurrió durante la dictadura.
Los llamados ministros de fuero han realizado un trabajo acucioso para establecer la verdad y juzgar penalmente a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Esta acción se ha visto reflejada en diversas sentencias en los últimos años. Es una labor silenciosa, que no ha sido informada por los medios de comunicación como se merece.
Destacan entre otros, los ministros Carroza, Crisosto, Llanos o Madrid, de la Corte de Apelaciones de Santiago, y Arancibia de la Corte de Valparaíso. Han desarrollado una labor investigativa muy eficiente, lo que se ha traducido en sentencias condenatorias. Manuel Contreras está condenado por diversos casos de detenidos desaparecidos y eso es importante para la salud social del país.
Estos avances han sido posibles por la constancia de los familiares de las víctimas y por un cambio general en la mentalidad de la judicatura, que ha comenzado a dar cabida a la justicia internacional sobre derechos humanos, que considera estos casos como inadmistiables e imprescriptibles”.
Para justificar el endurecimiento de la acción policial se esgrime el incremento de la delincuencia...
“La delincuencia no se puede tratar solo desde el punto de vista punitivo. Es un fenómeno cultural, social y económico complejo, derivado de muchas carencias que están en la base del sistema de libre mercado con sus altos grados de injusticia económico-social. La delincuencia tiene su origen en la discriminación, la desigualdad, la carencia de horizontes personales o en demandas sociales, salariales, de salud o educación insatisfechas.
La percepción subjetiva de inseguridad es trabajada por el monopolio ideológico que hegemoniza los medios de comunicación, que va reproduciendo el mismo discurso monocorde para criminalizar la movilización o la protesta. Todas estas campañas no hacen otra cosas que alimentar las políticas represivas por sobre las preventivas. Se piden más cárceles, más carabineros, más armamento para las policías, sin advertir que el problema es de otra índole. El discurso de la delincuencia alimenta el miedo y se usa para aumentar la sensación de inseguridad y legitimar ante la sociedad las políticas represivas, dando un trato delictual a trabajadores, estudiantes o a la protesta mapuche”.

RUBEN ANDINO MALDONADO

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 834, 7 de agosto, 2015)

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