Señala María Ester Feres:

“Reforma laboral es pro empresarial”

Para Mar ía Ester Feres Nazarala, militante socialista, académica, abogada y ex Directora del Trabajo en dos gobiernos de la Concertación, que el gobierno haya presentado un proyecto de ley de reforma al régimen laboral con objetivos tan distintos a los que necesitan los trabajadores, induce a pensar que hay neoliberales conversos dentro de la Nueva Mayoría (NM) y una cierta colusión entre el poder empresarial y parte del gobierno.
Feres cree que es el momento de jugarse por cambios profundos y que eso significa dejar de lado las divisiones dentro del movimiento social y en particular, en el movimiento sindical. Además considera que la oposición al proyecto de reforma laboral va a crecer cada vez más, porque perjudica a sectores muy amplios de trabajadores, como por ejemplo a los del cobre y de otras áreas productivas.
El gobierno dice que es la reforma laboral más trascendente de los últimos años...
“El proyecto plantea la necesidad de reponer el equilibrio de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Pero hay inconsistencias entre estos fundamentos y el texto de la reforma. El Ejecutivo propone la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva, la titularidad sindical, la extensión de beneficios y la supresión del reemplazo en la huelga. Sin embargo, varias disposiciones incorporadas en el articulado anulan esos principios, y en la práctica profundizan el Plan Laboral de la dictadura.
Un aspecto que sustenta la calificación del proyecto como proempresarial es el enclaustramiento de la negociación colectiva en el espacio de la empresa o faena, contradiciendo una de sus ideas matrices: la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva. En este aspecto, lo único que podría considerarse un avance es la incorporación de grupos significativos de trabajadores de temporada (construcción o agrícola) a la negociación colectiva mediante un procedimiento especial; pero esos trabajadores participarán en un proceso de negociación colectiva castrado, porque no tendrán fuero ni derecho a huelga”.

PROYECTO DECEPCIONANTE
¿Cómo se expresa en el proyecto la titularidad sindical?
“Según el principio de la titularidad sindical, todo trabajador que ingresa al sindicato pasa a estar regido por las cláusulas del convenio colectivo. Pero la propuesta del gobierno impone altos quórums al sindicato. Ya no basta con que haya cumplido los quórums para su constitución, ahora ese quórum debe responder a la planta actualizada de trabajadores. Si una empresa tiene una planta estable, el sindicato podrá cumplir fácilmente; pero si en empresa hay fluctuaciones en el número de trabajadores, la decisión empresarial de aumentar el número de empleados inhabilitará al sindicato.
La titularidad propuesta hace caso omiso de que el 50 por ciento de los contratos de trabajo que se celebran en Chile son por tiempo determinado, a plazo o por faena transitoria. La rotación laboral hace inviable esta titularidad si encapsulamos la negociación dentro de una empresa, dónde tenemos trabajadores de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría. Con este modelo de titularidad, entre un 60 y 70 por ciento de los trabajadores queda sin negociar y despojado de sus derechos fundamentales”.
¿Es compatible la propuesta del gobierno con los derechos fundamentales de los trabajadores?
“Para quienes nos definimos como humanistas, los derechos fundamentales deben respetarse; pero esta reforma se plantea desde un paradigma individualista, en que la unión de los trabajadores es vista como una asociación de carácter privado y no como una representación global de un estamento. Como resultado de lo anterior, concibe los conflictos grupales como conflictos entre particulares, impidiendo a los trabajadores proyectarse como actores socio-políticos.
La extensión de beneficios obtenidos por el sindicato a los trabajadores no afiliados fue concebida por el ex ministro José Piñera como una herramienta para pulverizar el poder sindical y convertir la contradicción capital-trabajo en una competencia entre trabajadores. En los hechos, con el desequilibrio actual de fuerzas entre sindicato y empresa, la titularidad sindical será un mito.
Uno de los ejes de la reforma propuesta es la desregulación laboral, fundamentalmente referida a tiempos de trabajo y descanso. En los países en que esa modalidad opera, siempre está asociada a negociaciones colectivas a nivel ramal o sectorial, ya que sólo de esa forma se garantiza un relativo equilibrio de fuerzas que posibilite sustituir la tutela de la ley por otra tutela colectiva o sindical. La propuesta de desregulación de los regímenes de trabajo sin negociación por rama perjudicará directamente la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
Esa desregulación, la extensión de común acuerdo de los beneficios y los quórums elevados para las organizaciones serán un estímulo para la proliferación de sindicatos amarillos; porque el empresario va a necesitar sindicatos dóciles si quisiera saltarse las disposiciones del Código sobre horas extraordinarias. La creación de sindicatos pro empresa podría dar origen a formas de corrupción que el país clama por erradicar”.

REEMPLAZO EN LA HUELGA
¿Qué sucede con el reemplazo de trabajadores en caso de huelga?
“El reemplazo en la huelga no estaba en el proyecto original; pero la situación cambió debido a un fallo de la Corte Suprema, que estimó que la huelga es un derecho fundamental y que es la forma natural de los trabajadores para expresarse y presionar por sus demandas.
El proyecto del Ejecutivo extiende este reemplazo bajo un concepto de servicios esenciales, reñido con la legislación internacional que los limita a actividades que dañan significativamente a terceros o la seguridad del país, como la salud o el transporte público. El gobierno agrega también a estos servicios esenciales el eventual perjuicio a instalaciones o activos de la empresa. ¡Pero el eventual perjuicio a los intereses de la empresa es precisamente la razón de ser de la huelga, como herramienta de presión!
Mientras más fuerte sea el sindicato y más claro sea el derecho a huelga, menos se la va a utilizar; porque la mera posibilidad de una huelga va a estimular que el empresario se siente en la mesa y converse.
Con esta nueva legislación, los trabajadores vinculados con puertos, forestales, minería, salmoneras y exportación agrícola, quedan en los hechos marginados de negociar colectivamente y paralizar. Los métodos tradicionales de lucha del movimiento sindical, desde el siglo XIX, ahora podrían ser criminalizados. Sus expresiones de protesta podrán ser reprimidas y la fuerza pública tendrá la facultad de interpretar a su arbitrio lo que entiende por un acto de violencia. Hasta un pacifista, como Mahatma Ghandi, podría ser penalizado según la propuesta del gobierno.
Aunque en Chile se acepta formalmente el derecho a huelga, existen grandes limitantes para ejercerlo, a las que se agregaría la condición, incomprensible, que una huelga no produzca perjuicio a la infraestructura y a los bienes de la empresa. Existe una demonización del conflicto sindical y por eso se busca reducir la huelga a su mínima expresión”.
¿Por qué los grandes empresarios son contrarios al proyecto?
“Detrás de la oposición de los grandes empresarios está la intención política de no abrir un debate sobre una temática que es el eje de su modelo de acumulación. Temen una escalada del conflicto social, ya que saben que no vivimos en una taza de leche; a lo que se agrega que el sector empresarial tiene una alta pérdida de credibilidad, por la evidencia de que mantiene relaciones ilícitas con la política en su propio beneficio. La posición de los empresarios es una combinación de temor político y olfato de clase”.

ORIGEN DEL PROYECTO
¿Cómo se originó este proyecto?
“En el programa de la Nueva Mayoría se metieron algunas ideas con forceps. Fueron conocidas las presiones que hizo la CUT para incluir una reforma sustitutiva al Plan Laboral de Piñera. En la parte introductoria del programa se señala la necesidad de que exista un mayor equilibrio de poder, diálogo social entre trabajadores y empresarios, sindicatos fuertes y una mayor afinidad del sistema democrático con los derechos de los trabajadores.
Cuando se llega a las medidas concretas, estas buenas intenciones no se cumplen. En uno o dos años, los trabajadores van a vivir estas reformas en su experiencia laboral cotidiana y dirán: ‘Este es otro proyecto salido de la cocina política’.
El proyecto tiene un alma en el Ministerio del Trabajo y otra en el de Hacienda. El jefe del programa fue el actual ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y las diferencias se manifestaron ya en el periodo de campaña, en la dilación de casi dos meses para redactar los temas laborales en el programa.
Las organizaciones de trabajadores jamás vieron el texto enviado al Congreso, la CUT dice que sólo conversó con el gobierno los cuatro o cinco ejes fundamentales. Se fueron de espaldas cuando empezaron a analizar su contenido”.
¿Se podrá corregir en el debate parlamentario?
“Los parlamentarios de la NM empiezan a descubrir también que el proyecto es proempresarial, pero les es difícil reformularlo, porque sus ideas matrices los encajonan. El 80 por ciento de los planteamientos que ha habido en la Cámara de Diputados hasta ahora han sido contrarios al proyecto. Muchos parlamentarios de la NM se sienten defraudados, porque el gobierno les vendió un proyecto consensuado con los trabajadores, lo que no era tal.
Existe algún margen de corrección, si hay acuerdo entre la mayoría parlamentaria y el gobierno, y siempre que no intervenga esta nueva cámara legislativa de facto que es el Tribunal Constitucional. Para que las modificaciones tengan resultados, deben ser indicaciones del Ejecutivo o mociones parlamentarias patrocinadas por éste, y en ese marco, la responsabilidad de la presidenta Bachelet es ineludible. Otra posibilidad es sustituir acápites enteros del proyecto y la tercera, una indicación sustitutiva total, como hizo Evelyn Matthei cuando fue ministra.
Si hay apertura al diálogo y se asume que el país es otro desde los primeros meses de este año, existe además la posibilidad de retirar el proyecto e ingresarlo reformulado en un año más. Eso le quitaría presión al tema y permitiría debatirlo en un contexto de elecciones presidenciales que probablemente será más favorable para los trabajadores”.

MENSAJE A LOS SINDICALISTAS
¿Qué les diría a los dirigentes sindicales respecto a este proyecto?
“Los sindicalistas piden que el Estado les resuelva sus problemas y se olvidan de que todo lo que han conseguido los trabajadores ha sido gracias a sus luchas y a su fuerza propia. En varios seminarios he dicho a los trabajadores que no se hicieran muchas ilusiones con el proyecto y que lo que saliera aprobado dependía de la fuerza que ellos mismos lograran acumular.
Las posibilidades de avanzar son limitadas, porque tenemos un sindicalismo débil y existe paternalismo de un Estado que hizo a los trabajadores dependientes de sus decisiones. Esa tendencia es peligrosa, porque el desequilibrio de poder es muy fuerte y porque existen relaciones de trabajo cambiantes, que permiten que las labores puedan ahora desarrollarse en términos más individuales y en condiciones que originan mayor rotación en el empleo. Esas condiciones objetivas dificultan la sindicalización y obligan a los sindicatos a desarrollar nuevas estrategias para fortalecerse.
Los dirigentes sindicales debieran propiciar el tema del cambio constitucional o del régimen de pensiones, realizando acciones para impedir, por ejemplo, que los fondos de los trabajadores sean utilizados por el empresariado solo en su propio beneficio. El poder económico y la política están íntimamente relacionados y los trabajadores deben buscar nuevas alianzas que les permitan defender eficazmente sus intereses.
Con el movimiento estudiantil salieron los padres, trabajadores, que eran los endeudados con la educación de sus hijos. Les habían vendido un sueño, ahora no tenían cómo pagar y sus hijos comenzaban a trabajar por una miseria de remuneración. Corresponde una vuelta de mano de los estudiantes a los trabajadores que los apoyaron en 2011.
También hay dirigentes sindicales eternizados en sus cargos y dificultades para representar a los nuevos sectores de trabajadores, que son cada vez más numerosos y que tienen que resolver problemas específicos diferentes. El movimiento sindical tiene que incorporar nuevas formas de liderazgo que signifiquen actuar unidos por encima de sus diferencias, para incorporar en esta reforma tres o cuatro aspectos fundamentales como la defensa del derecho a huelga o la negociación colectiva por rama”

Rubén Andino Maldonado

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 826, 17 de abril, 2015)

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