Las barricadas del pescador

BARRICADAS de fuego y enfrentamientos de pescadores artesanales con carabineros marcaron las jornadas de protesta contra la “ley Longueira” en Coronel.

Mientras en forma acelerada y bajo presión del Ejecutivo la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados aprobaba a las 4.40 de la madrugada del 10 de julio el proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura, en caletas y calles del litoral los pescadores artesanales se amanecían luchando para defender el patrimonio pesquero alimentario de todos los chilenos. El proyecto -que es conocido por el nombre de su impulsor, el ministro de Economía y precandidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira- aún debe ser votado en la sala de la Cámara Baja y luego pasar al Senado. El Ejecutivo está “chicoteando” al Parlamento con urgencias, en un intento por obtener la aprobación legislativa dentro del mes de julio.
Barricadas y enfrentamientos con fuerzas especiales de Carabineros en casi todo el país han marcado la jornada de lucha contra la “ley Longueira”. Son 50 mil hombres y mujeres los que viven de la pesca artesanal. Centenares de botes y lanchas bloquearon el puerto de Coronel; en Quellón (Chiloé) las protestas aislaron dos muelles; la ciudad de Constitución estuvo aislada por cortes de caminos; en Antofagasta los pescadores enfrentaron a Carabineros en la costanera. La protesta, enérgica y combativa, se hizo sentir con igual intensidad a lo largo de todo el litoral.
Los pescadores y organizaciones ambientalistas señalan que el proyecto pretende entregar a perpetuidad casi toda la pesca a siete familias: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, que además podrán transmitir y enajenar sus derechos. El grupo Angelini, dueño de Eperva S.A., mantiene una antigua relación con la familia Zaldívar, poderosa al interior de la DC. Felipe Zaldívar Larraín, hermano del senador Andrés Zaldívar, pertenece al directorio de Eperva, que preside Manuel Antonio Tocornal Astoreca.
Cuatro grandes conglomerados integrados, ligados a las familias antes mencionadas, controlan el 92 por ciento del sector pesquero nacional, a partir de la concentración de sus cuotas individuales de captura. Ellos son Orizon (fusión de South Pacific Korp y Pesquera San José); Blumar (fusión de Itata y Golfo), Camanchaca Pesca Sur (fusión de Camanchaca y Biobio, que tuvo lugar en 2011) y Marfood (fusión de Joint Venture de Alimar y Foodcorp). Sus ganancias actuales son de unos tres mil millones de dólares anuales, totalmente libres de impuestos.
La “ley Longueira” entrega licencias sin plazo de término (clase A) a la pesca industrial. El gobierno desechó licitar el uso de áreas por un cierto número de años, obsequiando los recursos pesqueros a la gran industria. En cambio, impone nuevas restricciones a la pesca artesanal. La producción de la pesca industrial se exporta como harina de pescado y también se comercializa en Chile para alimentar salmones. En cambio los pescadores artesanales abastecen el consumo de pescados y mariscos de la población.
Con la nueva legislación se quiere exigir a los pescadores artesanales instalar sistemas de posicionamiento global (GPS) y se crean zonas contiguas de pesca entre regiones, lo que perjudica la pesca artesanal reducida a una milla de explotación. En el controvertido proyecto hay una indicación -aprobada por la Comisión de Pesca y defendida por el diputado Fidel Espinoza- contra el concepto res nullius (cosa de nadie). Establece que los peces son propiedad de la nación, que tiene la obligación de velar por ese patrimonio. Los dirigentes de la Comisión de Defensa del Patrimonio Histórico de la Pesca Artesanal, Nelson Estrada, Cosme Caracciolo, ex presidente de la Conapach, y Honorino Angulo, dirigente de los pescadores de Aysén, estiman que si ese artículo quedara en la ley, el resto del proyecto se desploma. Por eso mismo, el gobierno y los defensores del proyecto -oficialistas y opositores- harán todo lo posible por eliminar la indicación, tachándola de “inconstitucional”.
Considerando que en Chile el agua está privatizada y también las semillas, la privatización de los peces encaja en el modelo neoliberal, por mucho que éste muestre signos de agrietamiento.

Lucia Sepulveda Ruiz

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 762, 20 de julio, 2012)

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