A 38 años del golpe de Estado

La herida abierta
del destierro

Autor: RAUL BLANCHET MUÑOZ

l asalto aéreo y terrestre a La Moneda para derrocar al presidente Salvador Allende -que cumplirá 38 años este 11 de septiembre-, dio origen a una extensa lista de violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 17 años y medio que permaneció en el poder la dictadura de las FF.AA. encabezada por Augusto Pinochet. Más de 1.100 detenidos desaparecidos y 2.000 ejecutados políticos, más de 30.000 torturados y prisioneros políticos y un millón de exiliados, conforman el saldo, impreciso aún, de víctimas directas y personas afectadas por las secuelas de los crímenes cometidos por agentes del Estado.
En medio del terror desencadenado, la perspectiva de exiliarse surgió para muchos como el único camino posible para salvar la vida o la integridad de la familia. En medio de la desaparición habitual de personas, fue una realidad cotidiana durante el primer año de dictadura la existencia de embajadas atestadas de asilados a la espera de salvoconductos.
El régimen comenzó a expulsar a extranjeros residentes y ciudadanos chilenos a los que quitaba por decreto el derecho a vivir en Chile. Desde 1974 se aplicó esta medida a prisioneros políticos internados en los campos de concentración de Puchuncaví, Chacabuco, Tres Alamos y Ritoque.
 Más adelante fue instaurado el sistema de conmutación de penas por extrañamiento, en los casos de prisioneros políticos procesados y condenados principalmente por Consejos de Guerra y otros tribunales militares. Tales prácticas se ejercieron durante todo el período dictatorial.
Transcurridas casi cuatro décadas del golpe de Estado, todavía permanece en el extranjero una cantidad de chilenos impedidos de volver a su país. Se trata principalmente de personas que a comienzo de los años 80 tomaron las armas para luchar contra la dictadura y que fueron hechos prisioneros, sometidos a interrogatorios bajo tortura, procesados por tribunales castrenses y condenados a penas extremas.
Tal como la colosal deuda en materia de justicia para los casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados, se arrastra la deuda que afecta a un número indeterminado de chilenos obligados a vivir desterrados, aun cuando han transcurrido veinte años de gobiernos supuestamente democráticos, tiempo al que se debe sumar el período en que permanecieron encarcelados.

Rostro y nombre del desterrado

Hugo Marchant Moya, es uno de los prisioneros políticos de la dictadura, a quien junto a Carlos Araneda Miranda y Jorge Palma Donoso le fuera conmutada en 1992 su condena a presidio perpetuo por extrañamiento de 25 años.
Recientemente, se reanudaron los esfuerzos para reagrupar a quienes han apoyado a los desterrados para recuperar su derecho a vivir en Chile, con la intención de dar vida a una agrupación solidaria con esta causa.
Silvia Aedo, compañera de Hugo Marchant, se encuentra en Chile y es una de las promotoras de la iniciativa. En conversación con Punto Final expuso las razones que motivan a los desterrados a reclamar el derecho a vivir en el país. La pareja se encuentra en Finlandia y su argumentación busca despertar solidaridad hacia los desterrados durante el primer gobierno de la Concertación e incluye a otro importante grupo de chilenos, que debió exiliarse en medio de la lucha contra la dictadura a muchos de los cuales, por esta situación, les aguardan procesos pendientes.
Francisco Peña, preso político fugado desde la Cárcel Pública de Santiago en 1990, que vive en Francia, considera la existencia de tres categorías de exiliados que no pueden regresar a Chile: aquellos que conmutaron sus condenas por penas de extrañamiento; los prisioneros que se fugaron y que mantienen procesos o sentencias pendientes; y finalmente, quienes nunca fueron apresados habiendo sido requeridos por algún tribunal en algún proceso que puede estar todavía abierto o sobreseído temporalmente, susceptible de ser reabierto en caso de que ellos fueran detenido al ingresar a territorio nacional.

Sordera de las
autoridades

Silvia Aedo explica: “Hace veinte años que salieron de Chile, pero se tienen que sumar los años que estuvieron presos. Algunos permanecieron presos hasta doce años. Si se suma, llevan treinta años de castigo”.
Recuerda que cuando Michelle Bachelet visitó Finlandia en 2007, dijo en su discurso a los chilenos residentes que ella era presidenta de todos. Silvia Aedo realizó un esfuerzo económico para viajar al encuentro con la mandataria, que durante los años 80 trabajó en la organización no gubernamental Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), donde atendió a hijos de detenidos desaparecidos, ejecutados y presos políticos.
La exiliada logró acercarse a Bachelet y le dijo: “Michelle, tú atendiste a mis hijos en los años 80. Hoy estamos desterrados. ¿Qué va a pasar con esta situación?”. La presidenta le tomó la mano y respondió: “Silvia, este problema lo vamos a resolver caso a caso”. “Todavía estamos esperando la revisión caso a caso”, sentencia Aedo.
Las familias de desterrados hablaron con diversos personeros de la Concertación, y todos respondieron que iban a hacer algo al respecto. Pero las cosas permanecen en el mismo punto, en muchos casos bajo el argumento de que el tema escapa a su responsabilidad y que es asunto judicial. Se han presentado varias solicitudes de indulto presidencial, que no han prosperado.
Otro tanto acontece con organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han respondido solidariamente pero sin que se den pasos efectivos para resolver el problema.

Intentando construir
 una salida

Los desterrados han intentado organizarse por el derecho a vivir en la patria. Lo hicieron específicamente en Bélgica, en tanto que en Chile se constituyó el comité “Vuelvo”, pero la distancia entre quienes habitan en Europa y la organización de apoyo en nuestro país desgastó aquellos esfuerzos sin resultados. Sin embargo, consideran que esta labor debe ser reimpulsada hasta alcanzar la meta de restituir el derecho a regresar a todos los desterrados.
“Si se suman los nueve años que estuvo encarcelado, a los 19 que permanece desterrado, Hugo Marchant lleva cumplida más de las tres cuartas partes de la pena a presidio perpetuo”, reflexiona Silvia Aedo.
“El mejor homenaje que podemos hacer a los compañeros desaparecidos, a todos nuestros caídos, es lograr que estos compañeros puedan volver y no esperar a que regresen en un cajón. No sirve que los héroes vuelvan de ese modo”, subraya Silvia Aedo

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 741, 2 de septiembre, 2011
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FOTO: Hugo Marchant Moya con sus hijos en Finlandia.