La pastora castigada

Autor: LEO  WETLI
En Arica

GABRIELA Blas Blas, pastora aymara

En julio de 2007, la joven madre Gabriela Blas Blas durante sus labores de pastoreo en la estancia Caicone, comuna de General Lagos, en el extremo norte de Chile, extravió a su pequeño hijo, Domingo Eloy, de tres años.
Mientras trabajaba, se le quedaron rezagadas dos llamas de su rebaño. Ella decidió ir en su busca y dejó solo al niño, que estaba cansado de tanto caminar. Lo había hecho muchas veces. Evaluando el terreno creyó que el niño no correría peligro. Además, Gabriela siguió la conducta que le habían enseñado sus familiares y que es costumbre en todas las mujeres que ejercen el oficio de pastoras.
Quien no conoce el invierno altiplánico no puede imaginar la situación. Ni el frío, la oscuridad, el granizo, la inmensidad del terreno, las quebradas y montes, el silencio, la angustia, el cansancio, el hambre… El pequeño Eloy en su corta vida había conocido todo eso a su manera, pero esta vez no sobrevivió. Semanas después fue encontrado su cadáver.
Al dolor e impotencia de la madre se sumó el calvario burocrático y jurídico que, a 4 años del suceso, parece haberse convertido en una aberración judicial. Por su parte, los medios locales se encargan de hacer del “caso de la pastora aymara” una oportunidad para descargar su desprecio discriminatorio contra el pueblo originario.
Gabriela, desde el comienzo de este proceso, fue tratada de “irresponsable, atrasada y perversa, típico engendro de una raza salvaje que aún no entra en la era de la civilización”. Luego terminó siendo la virtual asesina de su pequeño hijo y la condenaron a 12 años de cárcel.
Francisco Rivera Bustos, consejero del Consejo Nacional Aymara, está a la cabeza de una agrupación que se fue formando en los últimos meses en apoyo a Gabriela Blas. Varias instituciones, entidades y personas organizan las visitas a Gabriela y le llevan cosas que necesita para aliviar su situación. Incluso Gendarmería colabora en lo posible para brindarle apoyo.
Francisco Rivera comenta al referirse a Gabriela Blas: “Ella proviene de la residencia comunitaria en Alcérreca, cuyo uso es temporal. Mayormente se encuentra en la estancia Fondo Huaylas, donde desarrollan la ganadería camélida. Este lugar se encuentra muy apartado, y no hay familias cercanas. La comunidad más próxima es Alcérreca distante a 7 kilómetros. Esta mujer joven, de escolaridad básica incompleta, vivió desde corta edad en el altiplano, sin oportunidades; mujer pobre, indígena, fue madre adolescente producto de una violación, y ha sido explotada laboralmente.
Estamos frente una situación de clara discriminación racial. Gabriela Blas ha sido acusada por la Fiscalía Regional de ‘abandono de su hijo con resultado de muerte’, además por ‘obstrucción a la investigación’. Sin embargo, es necesario destacar que ninguna prueba presentada por la Fiscalía ha sido contundente como para demostrar que Gabriela abandonó al niño a su suerte y que obstruyó la investigación”.
La Defensoría Pública cuenta en casos como éste con peritos interculturales, que conocen la realidad socio-económica y cultural de los pueblos indígenas y que aportan su conocimiento para equilibrar un eventual enjuiciamiento de un inocente. Pero esta vez se desoyeron sus informes. Los peritos habían destacado la forma de vida, las creencias y costumbres del pueblo aymara en el altiplano.
“Lo que exigimos para Gabriela es un juicio justo”, enfatiza Francisco Rivera. “Chile ha suscrito varios tratados y convenios que obligan al Estado y los tribunales a tomar en cuenta y respetar a los pueblos originarios. Nuestro país firmó el Convenio 169 de la OIT que establece que deberán reconocerse y proteger los valores culturales, religiosos, espirituales y prácticas sociales, de los pueblos originarios. Y cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Además, se debe dar preferencia a sanciones distintas del encarcelamiento. Después de leer esos convenios, ¿podemos decir que Gabriela tuvo un juicio justo?”, pregunta Francisco Rivera. “Las organizaciones unidas en esta agrupación solidaria con Gabriela Blas demandarán justicia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Hasta ahora se ha recibido también asesoramiento y apoyo del Observatorio Indígena, que preside la abogada Nancy Yáñez.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 738, 22 de julio, 2011
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