Gatillado por HidroAysén

Malestar ciudadano salió a la calle

Entre el 20 y el 21 de mayo una multitud de chilenos se tomó las calles de todas las ciudades del país para protestar. No sólo por la aprobación del proyecto HidroAysén, sino contra un modelo político y económico que pese a toda la complacencia de las autoridades y las elites, no satisface a una importante masa crítica. De forma simultánea al mensaje anual del 21 de mayo, entonado en el Congreso Pleno por el presidente de la República ante las elites políticas, en las calles, enfrentando una renovada represión policial, una ciudadanía enardecida expresaba extenso malestar. Fueron decenas de miles los que mostraron su indignación a lo largo del país.
La aprobación de HidroAysén podemos considerarla un hito más de un modelo continuo. Porque la furia ciudadana no se explica simplemente por la defensa frente a la intervención salvaje contra la naturaleza, que es depredada principalmente por el sector privado. El objetivo de estas manifestaciones no ha sido sólo HidroAysén y sus inversionistas, sino principalmente el gobierno. Hoy la ira recae sobre el gobierno de Sebastián Piñera, pero el principal blanco de las críticas es la institucionalidad política y económica sobre la que gravita este gobierno. Porque tras HidroAysén lo que hay es una institucionalidad que se ha apoyado desde hace décadas en las decisiones del sector privado, tomadas bajo la consagrada ley del libre mercado.
Todos los gobiernos de la transición certificaron las políticas económicas instauradas por la fuerza durante la dictadura militar. Sobre esa institucionalidad, que allanó el terreno para la instalación del modelo neoliberal, ha surgido el Chile actual. Un país en que unas cuantas grandes corporaciones tienen el control de toda la producción y los servicios. Un dominio ubicuo, que ha convertido a la clase política en sus representantes en el Congreso y en el Ejecutivo, y que mantiene a toda la masa de ciudadanos en calidad de consumidores cautivos de sus servicios, productos, precios, tarifas e información. En este diseño, que es también una red de empresas de diferentes rubros y sectores relacionadas o asociadas, aparece la generación de energía. HidroAysén, como bien se sabe, pertenece a dos grandes grupos energéticos: la transnacional Endesa-Enel y Colbún, controlada por el grupo Matte (ver PF 732-733).
De acuerdo a la información de la Comisión Nacional de Energía (CNE), las grandes necesidades energéticas no serían otras que las de la gran industria y, principalmente, la gran minería. HidroAysén no es un proyecto para la Patagonia, sino para las grandes industrias extractivas a miles de kilómetros de distancia, en el extremo norte del país.
El control con características de monopolio y oligopolio que se observa en todos los sectores de la economía, está aquí también presente: un consumo eléctrico a gran escala de la gran industria, que tiene su referente en generadores a una misma escala. Así, tenemos a la gran minería, un sector compuesto por poco más de quince compañías nacionales e internacionales que tuvo utilidades por más de diez mil millones de dólares el año pasado, que tiene como proveedor energético a sólo tres grandes corporaciones, con ganancias por más de 1.500 millones de dólares durante el ejercicio pasado.
La estructura del sector está controlada por un puñado de grandes empresas. Endesa España tiene el 47 por ciento del mercado del Sistema Interconectado Central, seguida por Colbún, con el 21 por ciento, AES Gener, con el 15 por ciento y Guacolda, con el seis por ciento. Esta estructura convierte a la generación de electricidad en Chile en el mercado más concentrado de Latinoamérica, según un estudio elaborado por la Cepal.
El pánico generado por la crisis energética ha permitido a los actores interesados empujar sus proyectos y atropellar los intereses de la sociedad civil. Porque no son pocos los proyectos cuya aprobación se ha realizado no sólo de manera poco clara, sino con evidentes irregularidades saltándose la normativa vigente. El caso de la central termoeléctrica Campiche, emplazada de forma ilegal en una zona verde de Puchuncaví, consiguió su aprobación tras una intensa campaña de lobbying empujada por la empresa estadounidense AES desde la embajada de su país. Un sorpresivo decreto cambió arbitrariamente el uso del suelo, operación que fue divulgada con detalles por WikiLeaks en marzo pasado.
Los casos de la central termoeléctrica a carbón Castilla y el de HidroAysén expresan la fuerte influencia que tienen estas grandes corporaciones en los gobiernos de turno. La aprobación de los impactos ambientales la realizan funcionarios de un gobierno que apoya pública y activamente los proyectos: pocas horas antes de la votación de HidroAysén, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, expresó el abierto apoyo del gobierno a la construcción de la hidroeléctrica.

Rebelión ciudadana

Lo que sucedió el fin de semana del 21 de mayo es lo que hemos venido anunciando desde hace años en estas páginas. El malestar acumulado en cada espacio de la vida política, económica y social ha explotado desde los mismos sectores de la población aparentemente beneficiados por el modelo de mercado. Las movilizaciones no las han protagonizado ni los pobladores ni la clase obrera -si es que todavía podemos usar esta expresión-, sino sectores de las clases medias y, principalmente, los jóvenes, muchos de ellos del sistema educacional medio y superior tan defendido por la dupla Alianza-Concertación. Quienes están en las calles son los sujetos de mercado, son los consumidores del acotado sistema político binominal, consumidores de educación, salud, transporte, cultura, medios de comunicación… Ciudadanos clientes de los monopolios y oligopolios que se han cebado con su esfuerzo a través de tarifas y tasas de interés abusivas, a través de jornadas de trabajo propias del capitalismo salvaje del siglo XIX.
¿Por qué ahora? Piñera se ha desenmascarado. La ciudadanía ha observado que la nueva forma de gobernar ha sido la misma de los últimos veinte años, y tal vez amplificada, como ha sucedido con el descarado caso de corrupción entre el Serviu y la empresa Kodama. Muchos de quienes votaron por Piñera por castigar a la Concertación han quedado desencantados a los pocos meses. Y no podía ser de otro modo. Durante veinte años la política de los consensos entre la derecha y la Concertación era la expresión del consenso en torno a la institucionalidad neoliberal. Que gobierne una u otra coalición, no cambia las cosas ni resuelve los problemas de los ciudadanos.
La popularidad de Piñera, medida en diferentes sondeos, ha caído de forma sostenida hasta concitar más rechazo que apoyo ciudadano. Los motivos, entre los que se ha sumado con gran peso la aprobación de HidroAysén, van desde las incumplidas promesas de reconstrucción de las zonas damnificadas por el terremoto de febrero de 2010, a las oscuras y falsificadas estrategias urdidas desde el Ministerio del Interior para inculpar a jóvenes anarquistas, pero también a las oblicuas políticas hacia las reivindicaciones del pueblo mapuche, a la sordera ante las demandas estudiantiles. Son un gran peso que ha escorado al gobierno que, más que responder a sus propias políticas o a su “nueva forma de gobernar”, responde a viejas políticas cristalizadas en la institucionalidad del Estado.
La Concertación se ha sumado en pleno al rechazo ciudadano a HidroAysén. Pero es una objeción desde las tribunas parlamentarias, a través de los medios corporativos y las grandes cadenas de televisión. Lo hace desde allí por su aislamiento con la ciudadanía, porque está al mismo lado de la gran brecha que separa a la elite política de las grandes mayorías.

Podemos estar “semioptimistas”

Hace pocos meses el sociólogo de Izquierda estadounidense, Immanuel Wallerstein, reflexionaba sobre las revueltas en el mundo árabe. “Hasta el momento -escribía hacia la mitad de febrero- todos los ojos están puestos en el mundo árabe y en el grado en que los heroicos esfuerzos del pueblo egipcio podrán transformar la política por todo el mundo árabe. Pero las brasas para tales levantamientos existen en todas partes, aun en las regiones más ricas del mundo. Para el momento, tenemos justificado ser semioptimistas”.
Tres meses más tarde, aquellas revueltas árabes se habían esparcido. De forma paralela a las decenas de miles de chilenos en las calles el fin de semana del 21 de mayo, en España millares de ciudadanos “indignados” con un modelo político-económico de muy similar inspiración, acampaban en las principales plazas de sus ciudades. El objetivo, que es compartido desde Madrid a Santiago, no es menor: un cambio en el sistema político y económico.
Tras el triunfo de Piñera en las elecciones presidenciales de 2009 no pocos observadores auguraron un próximo aumento en la movilización social, vaticinio que hoy podemos comprobar. A los pocos meses de la asunción presidencial del candidato-empresario de derecha, otros observadores afirmaban que su administración no era una “nueva forma de gobernar”, sino una continuidad de las políticas empleadas por la Concertación. Un quinto gobierno de la Concertación, como ha repetido el derrotado candidato Marco Enríquez-Ominami. Una administración más directa y entusiasta de las políticas económicas neoliberales aplicadas durante los últimos treinta años.
El tiempo trae el desgaste. Hay por lo menos dos factores que pueden explicar el surgimiento de las actuales enrabiadas movilizaciones. Está la acumulación del malestar ciudadano por décadas de promesas que no ha logrado gozar. Muy por el contrario, aquellas apuestas a la modernidad, a las nuevas tecnologías, al desarrollo, han ido de la mano de créditos financieros que se pagan con más horas de trabajo, humillación y dolor. Con una evidente pérdida en la calidad de vida de la mayoría de la población y con un enriquecimiento impúdico de los accionistas y altos ejecutivos de esas grandes corporaciones.
Y está también la extrema y obscena búsqueda del capitalismo de nuevos negocios rentables, para los que no vacila en remover glaciares, como Pascua Lama, inundar la Patagonia o arrebatarle las semillas ancestrales a comunidades indígenas. El capitalismo, en tal vez su última fase, no trepida en arrasar con lo que esté a su alcance para buscar negocios rentables.
Es un proceso demasiado evidente, detectado no sólo por los cuadros políticos sino por gran parte de la ciudadanía, que hoy relaciona sus pesares individuales con la ambición desmedida de lucro de las grandes corporaciones y los gobiernos que las amparan. Porque el gobierno, como lo reafirmó Piñera en su mensaje del 21 de mayo, apoya con toda su fuerza a esas corporaciones. El Estado y sus gobiernos están fusionados con los intereses de aquellas grandes corporaciones. Sus políticas van detrás de los intereses de las grandes empresas.
Consignas como “Si quieren represas, inunden La Dehesa” o comentarios en blogs que prefieren un Chile iluminado con velas que un Chile bajo el control de las grandes corporaciones, expresan el clima ciudadano, que ha puesto por delante el modelo político-económico como la gran causa de los actuales problemas. HidroAysén, como dijo Jorge Arrate durante el lanzamiento del Movimiento Amplio de Izquierda el 21 de mayo en la Universidad de Santiago, es un motivo más en la gran extensión del malestar ciudadano. El problema no es sólo de centrales hidroeléctricas, sino un sistema de depredación y explotación de recursos y de privilegios sociales, culturales y políticos.

PAUL WALDER

(Publicado en “Punto Final” edición Nº 734, 27 de mayo, 2011)
punto@tutopia.com
www.puntofinal.la
www.pf-memoriahistorica.org