Mineras contra
los sindicatos

AUTOR: MARIA EUGENIA SAUL

Con el cuerpo repleto de llagas, América Latina asiste, como otras regiones de las llamadas economías emergentes, a una suerte de edad de oro de la minería, como parecen estimar algunas de las más importantes consejerías internacionales de negocios, Deloitte Canadá, entre otras, y las grandes corporaciones. Descendiendo por el mapa, se advierte que en los últimos cinco años, en su colosal apetito por esos recursos -reforzado por el aumento vertiginoso de la demanda mundial-, las compañías mineras multiplican exploraciones, aperturas de nuevas minas e instalaciones de laboratorios de investigación y experimentación, estos últimos dedicados a la búsqueda de nuevos derivados. Insaciables, nada logra poner límites a ese apetito corporativo ni a sus efectos sobre las condiciones de trabajo de la mano de obra y sus derechos. No interesa tampoco la pérdida de terrenos agrícolas y el empobrecimiento de comunidades, ni la contaminación de aguas y suelos.
Desde México al sur y de este a oeste, el fenómeno se manifiesta con macrofusiones entre compañías y la consecuente generación de poderosos grupos de presión que operan sobre los gobiernos nacionales, con apoyo de los países de origen de esas compañías y de los organismos internacionales. Se observan frecuentemente cambios en las legislaciones y reformas constitucionales destinadas a favorecer a esos grupos económicos, muchas veces a despecho del interés nacional. Los altisonantes discursos de vías para el progreso, saltos al desarrollo y la excusa de la globalización, no alcanzan para cubrir las evidencias de colusión ni de corrupción de los poderes públicos, ni las acciones de fuerza en complicidad con los servicios policiales. Y ¿quiénes controlan todo esto, quiénes denuncian y quiénes resisten?
Los consejeros mundiales de negocios temen fundamentalmente dos factores de riesgo: cambios imprevistos en la economía mundial -como los desequilibrios o bancarrotas de grandes mercados- y el estallido de conflictos sociales mayores en los países o regiones donde operan sus clientes. Deloitte, con sede en Canadá, es uno de los grupos de consejeros financieros más importantes que operan en el sector minero internacional. Sus servicios son, entre otros, evaluar la situación de la actividad minera en América Latina y otras regiones, prevenir riesgos y elaborar estrategias, proponer fusiones y conquistar nuevos mercados de aprovisionamiento. Su reciente informe anual titulado Tendencias 2011; apreciación general de los principales desafíos de las sociedades mineras, compiló esos riesgos. En Chile, el Consejo Minero, que agrupa quince de las principales compañías explotadoras de cobre, parece alinearse con los vaticinios expresados por los analistas externos.

México: sindicalismo acosado por las transnacionales

La historia del sindicalismo latinoamericano ha sido marcada por las luchas de los trabajadores mineros. Debilitados en algunos países, en recomposición en otros, o vigentes, los sindicatos mineros enfrentan hoy estrategias patronales de todo calibre. Algunos de los casos más transparentes se desarrollan aún en México, en las minas de Pasta de Conchos, en el Estado de Coahuila, y la de Cananea, en Sonora, ambas de propiedad del Grupo México, que controla las tres más grandes compañías cupríferas del país.
El 19 de febrero de 2006 un derrumbe dejó sesenta y cinco mineros bajo tierra a 123 metros de profundidad, en la mina de carbón de Pasta de Conchos. Las tentativas de rescate cesaron cinco días después y la boca de la mina fue tapiada por orden de sus propietarios. Esta acción, tomada a despecho de los reclamos de los deudos de los mineros sepultados y de los trabajadores, suscitó una fuerte reacción en el medio sindical, las instancias políticas y los grupos de derechos humanos. Pero la decisión no fue revocada. La denuncia de estos hechos generó la persecución de dirigentes sindicales de la mina y dirigentes nacionales. Encarcelamientos, tratos abusivos, amenazas de muerte y la apertura de juicios ilegales contra dirigentes locales y nacionales obligaron a exiliarse a muchos de ellos, entre otros, al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República de México, Napoleón Gómez Urrutia, quien se asiló en Canadá. Allí, el 23 de septiembre de 2010 en el coloquio internacional Acción Sindical sin Fronteras, Gómez Urrutia denunció la “política de exterminio’’ de los sindicatos que, a su juicio, practica el gobierno del presidente Felipe Calderón.
El Grupo México contó con “todo el apoyo del gobierno’’ para enfrentar el dolor de las familias en duelo, sus exigencias de justicia y la reprobación de la opinión pública nacional e internacional, según testimonia el ex candidato a la presidencia Andrés López Obrador en su reciente libro La mafia que se adueñó de México…y el 2012(1), considerada una de las más estructuradas críticas a las políticas neoliberales aplicadas a ultranza por los gobiernos mexicanos en los últimos períodos. López Obrador calificó al empresario Germán Larrea, quien encabeza al Grupo México y ostenta el dudoso honor de ser el número 72 en la lista de los hombres más ricos del mundo, como uno de los seres “más insensibles y de malas entrañas de la vida pública del país’’(2). El accidente de Pasta de Conchos puso de nuevo en evidencia la situación laboral de los mineros mexicanos y la retahíla de formas represivas para anular sus protestas. Denunciantes y analistas se apoyan en el hecho de que los trabajadores de Cananea, Pasta de Conchos y la Fundidora Esquerra, entre otros, han conocido desde violaciones a la libertad sindical, tentativas de creación de sindicatos paralelos, despidos masivos, ocupación de las minas por fuerzas policiales y grupos paramilitares, hasta actos de violencia contra ellos y sus familias, todo lo anterior sin obtener protección del Poder Judicial.
El fortalecimiento de las grandes compañías y grupos nacionales y extranjeros, entre estos el Grupo México, y su peso sobre los poderes públicos, como el demostrado en el caso de Pasta de Conchos en México, se acentuó en el sexenio del presidente mexicano Salinas de Gortari con la modificación de la Ley Minera, en mayo de 1992. Se inició un período de privatizaciones y desnacionalizaciones de bienes públicos, entre los cuales cita López Obrador bancos, empresas paraestatales, tierras ejidales, autopistas, puertos, la desintegración de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la modificación de una ley secundaria que permitió a las empresas extranjeras instalar plantas de generación de energía eléctrica en el territorio mexicano. Así, se legalizó la entrega de concesiones para explotar las riquezas mineras. Con ese propósito, la Ley Minera cambió para “desincorporar las reservas, ampliar el plazo en la vigencia de concesiones, eliminar los límites de la superficie que sería concesionada”. Según el mismo autor, se transfirieron seis millones 600 mil hectáreas de reservas mineras nacionales, básicamente a tres consorcios: Penoles, de Alberto Bailleres, al Grupo México, de los hermanos Jorge y Germán Larrea, y a Carso, de Carlos Slim. Bajo la figura de “sociedades mexicanas’’ se abrió la puerta a las inversiones extranjeras. Para el mismo autor, se instauró en el sexenio salinista “la política del pillaje’’ que luego continuaría bajo los presidentes Zedillo, Fox y Calderón.
América Latina, sin embargo, bajo formas y ritmos diferentes, resiste.
Una recomendación insistente de los consejeros internacionales a los grandes grupos económicos se refiere a la necesidad de integrarse en las sociedades de las regiones donde operan, “atendiendo a las preocupaciones sociales, económicas y medioambientales de los habitantes”. El desarrollo sin perturbaciones de esas compañías exigiría relaciones óptimas con los líderes sociales. Más del 60 por ciento de los conflictos vividos, por ejemplo, por las compañías canadienses, se originan precisamente en sus relaciones con las comunidades de las regiones donde operan. En orden decreciente, éstos afectan también a compañías indias y australianas y siempre, de manera particular, en el campo minero.

Campesinos e indígenas: una misma lucha

Dirigentes campesinos e indígenas de América Latina han conocido las mismas formas de represión que los trabajadores mineros. La revisión de múltiples situaciones permite constatar persecuciones, desapariciones, encarcelamientos y apertura de juicios sin bases legales contra los opositores. Miembros de ONGs y grupos de derechos humanos han sido también blanco de ese tipo de acciones. Transitando por muchos de los casos denunciados, se detectan innumerables hechos de corrupción de los poderes públicos o de colusión de éstos con grupos económicos del sector privado.
Uno de los casos de resistencia indígena más significativos y aún en desarrollo es el de las comunidades indígenas embera, en el departamento de Antioquia, en Colombia, que enfrentan a la compañía estadounidense Muriel Mining Company, cuya sede está en Denver, Colorado. Los embera llegaron a América en la época prehispánica. Fueron llamados indios choco por los españoles y a partir de algunas proyecciones de censos colombianos, su población se estima en alrededor de 50 mil personas.
Denunciando las presiones ejercidas contra los indígenas embera, la investigadora Guadalupe Rodríguez describe en un (...)

(1) López Obrador, Andrés Manuel: La mafia que se adueñó de México… y el 2012. México, 2010, Grijalbo Actualidad, 214 págs.
(2) López Obrador: op.cit. p.53.
(3) Rodríguez, Guadalupe: “Colombia: comunidades indígenas emberas defienden su vida de proyecto minero”, en http://www.ecoportal.net (22 de marzo 2010).

(Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 731, 15 de abril, 2011)
¡¡Suscríbase a PF!!
punto@tutopia.com
www.puntofinal.la
www.pf-memoriahistorica.org