Bombazo a la opinión pública

Un bombazo a la opinión pública lanzó el fiscal Alejandro Peña, al solicitar, siempre en su mediático estilo, cadena perpetua para dos de los jóvenes imputados por su supuesta participación en la colocación de explosivos de ruido en los últimos años. Fueron detenidos el 14 de agosto de 2010 en 17 violentos allanamientos perpetrados -en forma simultánea- en Santiago y Valparaíso, operativo bautizado por las policías que participan de la investigación como “operación Salamandra”.
Acostumbrado a perseguir bandas de narcotráfico, desde que se hizo cargo del caso en junio de 2010, construyó rápidamente una escenografía que le permitiera alcanzar, con las mismas pruebas desestimadas por sus antecesores por considerarlas insuficientes, los “resultados” exigidos por el Ejecutivo: responsables, y sobre todo, detenciones, tras detonar uno de estos artefactos a cuadras de la casa del presidente Piñera. Dos días después, el ministro Hinzpeter llamaba a su despacho a los dos fiscales hasta entonces a cargo de la investigación de estas explosiones, un hecho que no calificó de intromisión en el Poder Judicial. Al día siguiente, la prensa informaba que ambos eran removidos del caso y que en su lugar sería nombrado un nuevo fiscal: Alejandro Peña.
Peña aplicó la misma lógica que para la estructura criminal del tráfico de drogas, creando una aparente jerarquía e inexistente asociación entre jóvenes que en su mayoría no se conocían entre ellos; introdujo términos como “centros de poder”, que aplicó a las casas okupas que algunos de ellos habitaban o visitaban, y la existencia de supuestos métodos de financiamiento. Pero todo esto no era todavía suficiente. Hacía falta un líder y un elemento que permitiera vincular a estos jóvenes con la colocación de bombas. Lo encontró en tres ex miembros del Movimiento Lautaro, que cumplieron condena por colocación de explosivos durante la dictadura. Por ende, se conocían entre sí y el “oficio”. Doble hallazgo, además, pues por su edad -superior a la de los otros jóvenes-, podría atribuirles cargos de liderazgo o autoría intelectual.
La sensación estaba creada, pero faltaba una trama que diera mayor espectacularidad al montaje y, lo principal, que permitiera amplias facultades de investigación y estándares de prueba más manipulables al rendirse bajo anonimato, con testigos sin rostro. Por eso, el zarpazo final fue invocar la Ley Antiterrorista, y tras distintas detenciones al azar, se hizo un extenso control de identidad para el horario prime de los canales de televisión. Su teoría completa fue expuesta unos días después en un capítulo de “Informe Especial”, de TVN, que venía siendo trabajado en forma paralela con la Fiscalía, como lo demuestran las imágenes que claramente constituyen parte de los allanamientos y por tanto, de la investigación, pero que antes de ser presentados en juicio fueron entregados al medio de comunicación.
La desproporción de la pena solicitada por el fiscal Peña para dos de los imputados es evidente, al contrastarla con los 10 y 15 años de cárcel pedidos para los otros imputados. Pero sobre todo, evidencia en sí misma la estrategia seguida, pues esta gravosa pena se aplica precisamente a los ex lautaristas, que son la clave de esta escenografía, más los 791 testigos que Peña anunció presentaría en el juicio.
No obstante, en otro de sus rápidos ascensos en “el combate a la delincuencia”, el fiscal Peña terminó lavándose las manos y renunció, para buscar su premio en el Ministerio del Interior, al lado de Hinzpeter. No sé qué es peor: si Alejandro Peña como fiscal especial, o Peña a cargo de una unidad técnica en el Ministerio del Interior, lugar donde se fraguan las estrategias de control del delito, pero también de la disidencia política y de la protesta social.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 731, 15 de abril, 2011)
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