Contra el Estado de Chile

La CIDH estudia denuncia de PF

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició el estudio de la denuncia de Punto Final contra el Estado de Chile por la discriminación que afecta a la prensa independiente en la distribución de la publicidad fiscal. Como se sabe, el grueso de ese avisaje se destina a las empresas El Mercurio y Copesa.
Punto Final recurrió a la CIDH luego que los tribunales chilenos rechazaran las denuncias y recursos presentados en la última década por esta revista. El secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Canton, comunicó el 22 de diciembre al director y al abogado de PF, Manuel Cabieses y Alberto Espinoza, que la denuncia contra Chile fue recibida y se encuentra en estudio. La presentación ante la CIDH -que tiene su sede en Washington- se efectuó el pasado 21 de octubre. La denuncia ha sido registrada bajo el número P-1492-10 y “se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes. Oportunamente se comunicará el resultado del estudio preliminar”, señala Canton en cartas al director y al abogado de PF.
El estudio preliminar puede durar varios meses, como ha ocurrido con otras denuncias que ha conocido la CIDH.
La denuncia de PF contra el Estado de Chile señala que la concentración de la publicidad fiscal en el duopolio El Mercurio-La Tercera afecta gravemente la libertad de expresión al limitar las posibilidades efectivas del pluralismo informativo.
La batalla de PF -asumiendo en los hechos la representación de los cada vez más escasos medios independientes en Chile-, comenzó durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Este se negó a modificar los criterios con que se distribuye la publicidad estatal y que benefician casi exclusivamente a El Mercurio (y su cadena de 24 periódicos) y Copesa. El gobierno de Michelle Bachelet continuó la misma política. Sobre las gestiones con ambos gobiernos de la Concertación hay numerosas cartas intercambiadas entre el director de Punto Final y ministros de esas administraciones como Heraldo Muñoz, Francisco Vidal y Ricardo Lagos Weber.
Punto Final -apoyado en sus denuncias por el Colegio de Periodistas y por la Federación Latinoamericana de Periodistas- recurrió a la Fiscalía Nacional Económica y luego al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, señalando que la política publicitaria del gobierno no sólo afecta a la libertad de expresión y al pluralismo, sino también a la libre competencia, piedra angular del modelo neoliberal adoptado por el Estado de Chile.
En paralelo con estas iniciativas, la Cámara de Diputados designó una comisión investigadora del avisaje fiscal -que presidió Marco Enríquez-Ominami-, confirmando que el Estado discrimina a favor del duopolio El Mercurio-Copesa. La comisión hizo presente la necesidad de una ley que regule la distribución equitativa de la publicidad fiscal y que favorezca el pluralismo de información y opinión.
Tanto la Fiscalía Nacional Económica como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia desestimaron las denuncias de PF, aunque reconocieron en sus dictámenes que el sistema actual no garantiza derechos democráticos y humanos elementales. El dictamen del Tribunal, emitido el 12 de noviembre de 2009, fue recurrido por Punto Final a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de reclamación. Finalmente, el máximo tribunal de la República falló el 22 de abril de 2010, rechazando el recurso de PF. Sin embargo, el considerando octavo de la decisión de la Corte Suprema señala: “Que acceder a las peticiones de este recurso conllevaría instalar a favor de algunos medios de prensa una discriminación positiva, la que corresponde ser declarada por una ley y la carencia de esa norma, no puede ser suplida mediante la utilización sesgada del avisaje estatal en pos de apoyar -aun reconociendo la legitimidad de esta pretensión- una mayor diversidad informativa”.
El conjunto de esta información, que recoge las iniciativas de PF en el transcurso de una larga batalla en defensa del pluralismo y de la libertad de expresión, constituyen el núcleo de la denuncia que estudia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

PF

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 726,  7 de enero, 2011)
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