Emerge una siniestra disputa de los servicios de inteligencia

Inminente vuelco en el caso Anfruns

La reapertura de la investigación judicial por el secuestro y muerte del niño de 6 años Rodrigo Anfruns Papi, ocurrido en junio de 1979, podría conducir a un espectacular vuelco en el caso y revelar la existencia de una tortuosa conspiración criminal que comprometería a varios de los principales jefes de los organismos de inteligencia y seguridad de la dictadura militar, que se enfrentaron en siniestras disputas de poder, dinero e influencias.
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, tras una minuciosa revisión de las casi siete mil fojas del expediente, llegó a la convicción de que existen dudas más que razonables sobre la circunstancias de la muerte del menor, y ordenaron al juez Manuel Antonio Valderrama que realice una serie de diligencias para esclarecer las contradicciones en el proceso, en particular las referidas a la data de muerte de Rodrigo, dato fundamental que cambiaría drásticamente el curso de la investigación.
El ministro Valderrama resolvió, en julio de 2009, cerrar el sumario sin procesados y ratificar que el autor del crimen fue Patricio Pincheira Villalobos, entonces un joven de 16 años. Valderrama asumió la causa en marzo de 2007, luego que la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones ordenara reabrir el proceso que había cerrado la ministra Dobra Luksic. Ella no logró confirmar una versión del teniente (r) de Carabineros Jorge Rodríguez Márquez, quien acusó a miembros de Investigaciones de ser cómplices del crimen.
Ahora la Corte ordenó al juez Valderrama reabrir un expediente por el eventual delito de asociación ilícita, oficiar al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe la posibilidad de hacerse parte en el proceso y otras 22 diligencias, entre ellas interrogar al general (r) Manuel Contreras, ex jefe de la Dina, al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la CNI, y al mayor (r) Carlos Herrera Jiménez. Todos cumplen condenas por violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura.
El abogado Roberto Celedón, representante de la familia de la pequeña víctima, destacó la rigurosidad de la Corte de Apelaciones y destacó que “por primera vez” surgen esperanzas concretas de alcanzar la verdad. Rodrigo Anfruns, dice el abogado, no murió cuando se afirma. El niño fue una víctima inocente, utilizado como precio de una siniestra negociación sobre informaciones confidenciales y negocios turbios de los jefes de los servicios de inteligencia y seguridad de Pinochet. “Nuevos antecedentes, que hemos entregado al tribunal, nos permiten suponer que las negociaciones por la vida del menor no surtieron efecto, que el sujeto presionado no aceptó las condiciones impuestas y que entonces, Rodrigo fue asesinado”, manifestó a PF.
Un suboficial de Carabineros que cumple condena en Punta Peuco entregó un dato clave. Esa información indica que un grupo operativo de la CNI denominado “Grupo Apache”, integrado por cuatro agentes, viajó desde Viña del Mar a Santiago con la misión de secuestrar al niño Rodrigo Anfruns. Uno de los miembros del equipo habría sido el oficial de ejército Carlos Herrera Jiménez, apodado Mauro o Bocaccio, quien cumple condena perpetua por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez, entre otros delitos. El “Grupo Apache” se habría fusionado con detectives de las brigadas de Homicidios y de Asaltos de Investigaciones, que estaban adscritos a la CNI.
Las informaciones reunidas por el abogado Celedón lo inducen a sospechar que el secuestro y asesinato del niño Anfruns se enmarcó en una soterrada pugna por el control de los servicios de inteligencia, que se disputaban el favor del general Pinochet así como las fuentes de financiamiento clandestino del terrorismo de Estado. El general Contreras, quien se consideraba defenestrado ignominiosamente de la DINA; el general Odlanier Mena, al frente de la CNI; el general (r) Ernesto Baeza, director de Investigaciones -todos ellos del ejército-; y algunos mandos de Carabineros y de la Fach, que también aspiraban a mayor influencia, se enfrentaban sordamente en 1979 para conseguir el mando único de la represión.

Secuestro y muerte

En la tarde del domingo 3 de junio de 1979, Rodrigo Anfruns Papi, de 6 años, desapareció después de salir a jugar con otros niños frente a la casa de sus abuelos. Rodrigo era hijo del ingeniero Jaime Anfruns Stange y de Paola Papi Beyer. Miles de afiches con el rostro de Rodrigo tapizaron las vitrinas del comercio, taxis y microbuses. Influyentes familiares y amigos de los Anfruns Papi, como el coronel de Carabineros, Rodolfo Stange Oelckers, el animador de televisión Don Francisco, la ministra de Justicia, Mónica Madariaga y el hermano de la madre, Mario Papi Beyer, hicieron lo indecible para ubicar al menor, sin éxito.
En la mañana del jueves 14 de junio, once días después, Investigaciones anunció el esclarecimiento del caso. Los detectives, dijo el general Baeza, habían encontrado el cadáver desnudo del menor en un sitio baldío a metros de la casa de sus abuelos. La policía civil anunció que estaba detenido el presunto responsable del crimen: Patricio Pincheira Villalobos, de 16 años, a quien la prensa sólo identificó con las iniciales PPV.
El primero en manifestar dudas fue el abogado de la familia Anfruns, Mario Neumann, a quien el comisario José Opazo, jefe de la Brigada de Homicidios, que encabezó las pesquisas, respondió categóricamente: “Pongo mis 25 años de experiencia, mi placa y mi revólver sobre la mesa si las cosas no son como digo”. Según las conclusiones policiales, PPV asfixió a Rodrigo Anfruns al intentar violarlo y luego lo sepultó en un hoyo de unos 20 centímetros de profundidad, junto a la muralla que colindaba con la casa de los abuelos paternos.
Carabineros había rastreado los alrededores con perros. La abuela del niño, Nelly Beyer Bórquez, declaró en el proceso: “Me consta personalmente que el mismo día 3 de junio se rastreó el sitio eriazo que queda detrás de la casa (…) y no se encontró nada”. Los detectives argumentaron que los arbustos de palqui existentes en el lugar habían inhibido el olfato de los perros. No obstante, al día siguiente del hallazgo del cadáver, los carabineros volvieron a pesquisar el lugar y los perros demoraron sólo minutos en ubicar el sitio exacto donde había sido encontrado el cuerpo de Rodrigo.
El sargento de Carabineros José Alberto González declaró en el proceso: “Entre los lugares que recorrí dentro del sitio, estuve en el montículo en que más tarde se encontró al menor. Miré debajo de los arbustos y no vi rastro alguno del niño. No he podido comprender cómo pudo haber estado en el sitio donde fue hallado pues yo registré precisamente ese sector y no encontré rastro alguno”. Testigos como Andrés Nazar y un niño de 9 años, identificado por sus iniciales AML, dijeron haber visto a cuatro hombres subiendo a Rodrigo a un automóvil. Hasta ese lugar, precisamente, llegaban rastreando los perros policiales. Otra interrogante apuntaba a la ausencia total de insectos en el lugar donde el cuerpo habría permanecido, supuestamente, once días.

Autopsia irregular

El doctor Alberto Teke, de Investigaciones, llamó por teléfono a un hermano de Jaime Anfruns para informarle que la data de muerte de su sobrino no superaba los dos días. Lo mismo aseguró Lorenzo Reuss, del Instituto Médico Legal a la ministra de Justicia, Mónica Madariaga.
El primer informe de autopsia afirmó que la muerte había ocurrido cuatro días antes y que el niño presentaba quemaduras en el abdomen, en la boca y en los glúteos. Mostraba también señales de ataduras en los tobillos. En el estómago tenía trozos de carne y papas. Las paredes del estómago estaban constreñidas, indicando que estuvo varios días sin comer y luego fue forzado a hacerlo. La causa de la muerte, agregaba, era asfixia. Este primer informe fue desechado.
El informe oficial fue conocido el 15 de junio de 1979 y omitió la probable fecha de muerte. Esta autopsia, de modo inaudito, no fue refrendada por el médico jefe de Tanatología del Servicio Médico Legal, Julio Veas Ovalle. El forense afirmó más tarde que fue la única autopsia que no visó en sus 39 años de servicios. El 20 de junio se evacuó otro informe. Por primera vez fijó la data de muerte alrededor de 10 ó 12 días antes de la autopsia. Fue un ginecólogo del Hospital Militar, José Luis Vásquez, quien hizo esa autopsia. Ningún profesional del Servicio Médico Legal fue autorizado para eso por el director del organismo, Claudio Molina Fraga.
El 1º de diciembre de 1980, el doctor Julio Veas Ovalle entregó un informe que le solicitó el tribunal. Sostuvo que Rodrigo, al momento de ser hallado, no podía tener más de cuatro días de muerto. Agregó que las lesiones y quemaduras que presentaba el cadáver fueron causadas en vida del niño.
Otra incógnita fueron los restos de alimentos en el estómago de Rodrigo Anfruns. La abuela materna del niño, afirmó que tres días antes de que se encontrara el cadáver, el sicólogo de Investigaciones Hernán Tuane Escaff le preguntó por la última comida del niño. La señora Beyer declaró que pese a que la pregunta le pareció extraña, la respondió: carbonada. Días después, el informe oficial de autopsia menciona papas y carne sin digerir en el estómago del menor.

Dudas sobre el autor

PPV fue sometido a proceso por el ministro Ricardo Gálvez Blanco, magistrado que luego integró la Corte Suprema. Por haber actuado “sin discernimiento”, PPV fue recluido en centros de rehabilitación, hasta que recuperó su libertad en octubre de 1982. El jefe de la sección de sicología del Centro de Observación de Menores, Luis González Riffo, que lo examinó, atestiguó que “después de una serie de entrevistas sostenidas con el menor, queda la duda acerca de la participación directa en el hecho que se le imputa. El menor parece estar guardando u ocultando información para proteger a tercera o terceras personas”.
En una nota enviada a su madre, luego de su detención, el joven escribía: “Mamita, le juro por Dios que soy inocente. Estoy muy asustado. Tengo miedo que me vaya a pasar algo”. Meses después, en una grabación enviada a sus familiares, señalaba: “Jamás le digan a nadie que yo no he sido el culpable… Si hubiera dicho quienes fueron realmente, algo que ustedes jamás pensarían le pasaría a la familia… Si yo salgo algún día, siempre tendré miedo de andar por las calles, de saber que me pueden callar para siempre”.
En julio de 2009, la periodista Soledad Pino, autora del libro Una verdad pendiente, la desaparición de Rodrigo Anfruns Papi entrevistó, para La Nación, a Patricio Pincheira, hoy de 47 años.
“-¿Usted es culpable del crimen del niño Anfruns?-, inquirió la periodista.
-No, yo no maté a Rodrigo.
-¿Por qué se autoinculpó hace 30 años?
-Nunca tuve nada que ver con él. Esa supuesta confesión es falsa, yo nunca afirmé que haya matado a Rodrigo, ni nada parecido, recuerdo que dentro del cuartel me dijeron ‘confiesa y te podrás ir a tu casa’, pero ni siquiera ahí confesé. Me han dicho que se supone que yo confesé ante el ministro (Ricardo) Gálvez y alguien más, pero no me acuerdo de eso. Además, la firma que está puesta en esa supuesta declaración ni siquiera es mía, yo no tenía firma en esa época”.

La Dina en correos

Las dudas del abogado Mario Neumann, en la medida que transcurrieron las primeras semanas de la investigación judicial, se transformaron en convicción: “Pienso que el móvil fue venganza”, repetía a los reporteros. En los años siguientes no quiso referirse al tema: tuvo que enfrentar numerosas amenazas anónimas y al intento de secuestro de uno de sus hijos.
La primera pista para la hipótesis de una venganza la proporcionó la revista Qué Pasa, el 21 de junio de 1979, cuando señaló que “rumores no confirmados, indican que el coronel (r) Alberto Irazábal, casado en segundas nupcias con la abuela paterna de Rodrigo, mientras se desempeñó como subdirector de Correos habría practicado un sumario interno por irregularidades y de cuya investigación habría resultado comprobada la participación de algunos funcionarios”.
Poco antes de la desaparición de Rodrigo, apareció en Las Ultimas Noticias la información de ese sumario que afectó a Mario Ernesto Farías Bandera, Manuel Jesús Lara González, Jorge Perley Muñoz, Edmundo Amaro y Guillermo Picardo Olivos. Fueron acusados de violar la correspondencia y apropiarse de valores. Según el periodista Víctor Osorio, esos funcionarios habían sido impuestos por Manuel Contreras, el jefe de la Dina, y “además de violar la correspondencia desde 1974, fotografiaban las cartas de ministros, jueces y altos fucionarios”.
El coronel Alberto Irazábal tenía un hijo de un anterior matrimonio, el capitán de ejército Luis Irazábal Lobo, experto en energía nuclear, ex miembro de la Dina y en comisión de servicios en la CNI. Ese oficial tenía un hijo casi de la misma edad de Rodrigo Anfruns. Algunos fines de semana lo dejaba al cuidado de su padre, donde, en muchas ocasiones, jugaba con el niño Anfruns cuando visitaba a su abuela. Ese domingo 3 de junio, sin embargo, Rodrigo estaba solo.
Tras el crimen de Rodrigo, el capitán Luis Irazábal Lobo prometió todo tipo de ayuda a la familia. Pero a los pocos días, se marchó con su familia a España -incluida su suegra, que era secretaria del general Ernesto Baeza en Investigaciones-. Irazábal -después de dos años en Europa- prosiguió su carrera en el ejército vinculada al negocio de las armas. Entre 1990 y 1992 dirigió la Academia Politécnica Militar y más tarde fue director de Famae. En esa calidad acompañó a Pinochet, en 1995, en su viaje a Inglaterra y Malasia. También encabezó una delegación militar que visitó al ex dictador detenido en Londres, en 1999.

Gritos en un subterráneo

En agosto de 1980 el general Ernesto Baeza renunció a la dirección de Investigaciones por su responsabilidad en los crímenes del Comando de Vengadores de Mártires (Covema), autor del asesinato del estudiante de periodismo de la Universidad Católica, Eduardo Jara, y de diversos secuestros y torturas.
Poco antes, unos sesenta detectives habían sido reunidos para investigar -junto a la Brigada Azul de la CNI- el asesinato del coronel Roger Vergara, jefe de Inteligencia del ejército, perpetrado por un comando del MIR en julio de 1980. Muchos de los policías convocados habían trabajado en el caso Anfruns y algunos advirtieron a José Opazo, jefe de la BH, que no se involucrara con demasiado celo en la nueva tarea.
Un inspector agregado a la CNI, cuya chapa era Marcos Roa, le dijo:
-¡No te metai en huevás, Opazo! La CNI sabe quiénes fueron.
“Roa” era muy amigo de Roberto Fuentes Morrison, El Wally, que había sido jefe operativo del Comando Conjunto. Cuando el policía estaba en la IV Comisaría Judicial, en la Plaza Almagro, se le “prestaba gente” a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea.
Opazo y “Roa” comentaron que el coronel Roger Vergara investigaba una cuantiosa falsificación del IVA en que aparecían envueltos el general Manuel Contreras y varios integrantes de “La Tía”, como apodaban los policías a la Dina.
Esa noche, Opazo formó su equipo. Entre ellos acordaron usar chapas o sus respectivos apodos: Arafat, Chancho, Torito, Foca Loca, Huaso, Búho, entre otros alias. También estaba un tal “Starky”. Aquella chapa pertenecía a uno de los cuatro hombres que en 1979 conformaron el “Grupo Apache”, que viajó desde Viña del Mar para secuestrar al niño Rodrigo Anfruns en Santiago.
Estas y otras pistas, que conducen a los autores materiales e intelectuales del asesinato del niño Anfruns, y a los sórdidos móviles del crimen, son las que seguirá ahora la justicia. El abogado Roberto Celedón está optimista: cree que los nuevos antecedentes que ha entregado a la Corte despejarán de una vez y para siempre uno de los más horrorosos crímenes de la dictadura militar

MANUEL SALAZAR SALVO
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 707, 16 de abril, 2010)
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