Ejemplar castigo
a Fujimori

A 25 años fue condenado el ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, así como familiares de las víctimas, expresaron su satisfacción por la ratificación unánime de la sentencia que condenó al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) a 25 años de privación de la libertad por su responsabilidad en los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificó el 2 de enero la condena impuesta a Fujimori en primera instancia el 7 de abril del año pasado, tras un juicio considerado impecable. El fallo en última instancia confirma que Fujimori fue el autor intelectual del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el llamado Grupo Colina, escuadrón de la muerte conformado por militares. Además, ordenó el secuestro agravado de Gorriti y Dyer en el marco del autogolpe del 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente, apoyado por los altos mandos de las fuerzas armadas, ordenó el cierre del Congreso y la reorganización del Poder Judicial, lo que le permitió manejar a su antojo a jueces y fiscales.
“Se ha probado que el sentenciado Alberto Fujimori es responsable como autor mediato de la comisión del delito de asesinato, bajo la circunstancia agravada de alevosía y del delito de lesiones graves, por los hechos sucedidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, existiendo prueba indiciaria de cargo suficiente que permite llegar a dicha conclusión”, dice el fallo. Además de la pena carcelaria, Fujimori tendrá que pagar 187.200 nuevos soles (65.500 dólares) a los sobrevivientes y familiares de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y 93.600 nuevos soles (32.700 dólares) a Gorriti y Dyer.
En un comunicado, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) saludó la ratificación de la sentencia y manifestó que “en esta condena se reconoce que durante el gobierno de Fujimori se produjeron violaciones a los derechos humanos que obedecieron a una política antisubversiva de ‘guerra sucia’, paralela a la oficial, para la cual el ex presidente erigió un aparato organizado de poder basado en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que controlaba a través de su asesor, Vladimiro Montesinos. A la cabeza de esa estructura, Fujimori tomaba decisiones.
Se ha confirmado que el cumplimiento de esta estrategia antisubversiva violatoria de los derechos humanos quedó a cargo de un comando de aniquilamiento, el destacamento Colina, que era el eslabón ejecutor de la estructura de poder liderada por Fujimori. A dicha agrupación se le atribuye por lo menos 50 crímenes cometidos entre 1991 y 1992, entre ellos, la desaparición de campesinos de Santa, Ancash; el asesinato de la familia Ventocilla en Huaral; la desaparición del periodista Pedro Yauri en Huacho; el asesinato de pobladores de Caraqueño, Pativilca y la desaparición del joven Santiago Gómez Palomino”, precisó Aprodeh.
No obstante que con este veredicto el caso se cierra definitivamente y no hay lugar a apelación ni posibilidad de indulto -una ley promulgada por el propio Fujimori excluye ese beneficio en casos de secuestro agravado-, la hija de Fujimori, la congresista Keiko Fujimori Higuchi, declaró que el juicio a su padre no ha terminado y anunció que se presentará un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC).
La candidata presidencial del fujimorismo para las elecciones de 2011, tiene como pilar de su campaña el indulto a su padre, en caso de ser elegida. Según una encuesta de fines de diciembre del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fujimori Higuchi cuenta con el 17% de la intención de voto. “Tengo la esperanza de que mi padre no va a necesitar de un indulto”, dijo la congresista. “Va a ser absuelto (por el TC)”.
Sin embargo, el presidente del TC, Juan Vergara, aclaró que la sentencia, al ser en última instancia, es inapelable y de presentarse un recurso de habeas corpus, implicará el inicio de un nuevo proceso en el que los magistrados analizarán si en el juicio condenatorio se vulneraron los derechos del reo. La intención de los fujimoristas de recurrir al TC tiene como antecedente una cuestionada decisión de esa instancia que ordenó excluir al general en retiro Walter Chacón, ex ministro del Interior, de un juicio por enriquecimiento ilícito que se le sigue junto a otros altos mandos militares. Chacón forma parte del comité ejecutivo de Fuerza 2011, que pretende llevar a Fujimori Higuchi a la presidencia.
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, advirtió que la instancia que preside “es el límite y cierre de la jurisdicción ordinaria, lo que impide que sus decisiones sean objeto de revisión o examen por ella misma o por otras autoridades”. Durante la apertura del año judicial, Villa Stein criticó duramente al TC y recordó que la facultad de administrar justicia ordinaria es atribución exclusiva del Poder Judicial.
No obstante las precisiones de los magistrados, de que el fallo es inapelable, el abogado de Fujimori, César Nakasaki, afirmó tener “varias pruebas importantes que darían un vuelco a lo que la Corte Suprema ha determinado” y que presentará un recurso de revisión en el que pondrá a disposición nuevas evidencias sobre la supuesta inocencia de su defendido.
Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y abogado de la parte civil, señaló que la sentencia de Fujimori “tiene que ejecutarse y cumplirse con respeto y garantías” y cualquier otra acción para pedir su nulidad es “un manotazo de ahogado”.
Para Gisella Ortiz, hermana de una de las víctimas de La Cantuta, el fallo ratificatorio pone fin a “un largo camino de lucha por la verdad y la justicia. Esperamos que no sea un logro aislado en la lucha contra la impunidad y que sea un precedente en los casos de violaciones a los derechos humanos pendientes”, dijo.
Desde su extradición desde Chile, en septiembre de 2007, Fujimori, de 71 años, se encuentra recluido en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, donde deberá permanecer hasta el 10 de febrero de 2032, aunque si se acoge a beneficios penitenciarios podría salir en libertad en 2025.
Fujimori tiene otras tres condenas que forman parte de los siete delitos por los que fue extraditado de Chile: 8 años por el pago de una indemnización laboral a Montesinos por 15 millones de dólares, 6 años por el allanamiento ilegal a la vivienda de la esposa de este último, y otros 6 años por corrupción, aunque en Perú las penas no son acumulables.

CECILIA REMON
En Lima

(Publicado en Punto Final, edición Nº 703, 22 de enero al 4 de marzo de 2010)
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