Guerra de baja intensidad en La Araucanía

La honda
de David

EL niño Felipe Marillán Morales, de 10 años, uno de los menores heridos en la comunidad Temucuicui. Fue atendido en el hospital de Victoria. Allí también recibió atención médica el niño Alvaro Coronado Huentecol, de 12 años, con heridas de perdigones en las extremidades inferiores.

Días de violencia se viven en Wallmapu, el País de los Mapuche, allí donde el Estado chileno se apresta a celebrar 200 años que no son tales. Y es que poco más de un siglo han transcurrido desde que en una guerra no declarada, Chile se apropió del territorio de una nación libre y soberana desde mucho antes que Chile existiera como república, mucho antes, incluso, de la Declaración de Independencia de EE.UU. y que las primeras proclamas de emancipación colonial fueran garabateadas en estas latitudes. Historiadores y cronistas datan en 1641 el año en que los mapuches obtienen de parte de la Corona española el reconocimiento de su libertad como pueblo. Ocurrió en el parlamento de Quilín, a orillas del río del mismo nombre, a pocos kilómetros al norte de Temuco. No se trató de una concesión. Los españoles, derrotados en cruenta guerra, firmaron en Quilín los términos de una capitulación imperial. Así lo asumió el propio monarca Felipe IV, quien ratificó con su firma el parlamento el 29 de abril de 1643.
Parte de esta historia fue la que recuperaron el pasado 14 de octubre los mapuches de la comunidad Tripaiñán, del sector Malpichawe de la comuna de Lautaro. Son quienes habitan en nuestros días los llanos del río Quillén, o Quilín en la versión de los cronistas españoles. Decididos a refrescar la memoria de muchos, cientos de comuneros arribaron a tempranas horas hasta el sitio del histórico parlamento. Allí, donde hace casi cuatro siglos se reunieron los abuelos de sus abuelos, quisieron rendir un homenaje a la historia. Y dar una bofetada de dignidad a quienes, desde una visión estrecha e interesada al interpretar el actual escenario de conflicto, se niegan a reconocer los derechos históricos del pueblo mapuche. Allí, entre allanamientos policiales, detenciones nocturnas, apaleos a comuneros y baleo indiscriminado a niños y niñas mapuches por parte de las policías, los mapuches de Malpichawe emplazaron un monumento conmemorativo y reafirmaron ante el mundo lo que fueron y lo que son: hijos de una misma nación. No será el único hito conmemorativo. En otras latitudes, comunidades mapuches han anunciado ya la recuperación de otros sitios históricos. Uno de ellos es Kuralaba, en Lumaco. Otro, Koz Koz, en las cercanías de Panguipulli.
Lo que representan estos sitios históricos no son sólo victorias bélicas y epopeyas militares. Sobre todo representan el triunfo del diálogo, el poder de la diplomacia en la resolución de los conflictos. Así lo destacaron los oradores mapuches presentes en la ribera del río Quillén. Todos destacaron que lo acontecido en dicho lugar en 1641 no era más que un ejemplo de que los mapuches siempre han considerado el diálogo como la principal opción para resolver los conflictos. “Nuestra historia señala que el pueblo mapuche siempre ha privilegiado el diálogo. Esto queda demostrado en los 30 parlamentos realizados en los últimos 500 años, con los españoles primero y el Estado chileno después”, señaló Claudia Novoa Cayupán. Y es que lo acordado en Quilín no fue cualquier tratado. Lejos de los “acuerdos” firmados de tanto en tanto entre el gobierno y algunas comunidades, firmados con la mano y borrados con el codo, Quilín representó un verdadero tratado internacional. “En este parlamento no sólo se reconoció la independencia mapuche. También se incorporó la defensa mutua en caso de agresión por un tercer país o potencia extranjera. Algo que en la actualidad vemos en el Mercosur, los mapuches ya lo habían acordado con los españoles hace más de 300 años”, subrayó Juan Ñanculef Huaiquinao, otro de los oradores en el emotivo acto. Reconocimiento de independencia y soberanía territorial, asistencia recíproca en caso de agresión exterior, establecimiento de tasas para el intercambio comercial, fijación de normas fronterizas y migratorias… Tan lejos, tan cerca.

Una guerra no declarada

Mucho ha cambiado la realidad mapuche en 300 años. La violencia es el escenario que prima hoy en el país mapuche. Violencia que no es mapuche, sino propiciada por un Estado, por un gobierno, por una elite política, económica, militar y eclesiástica que se niega a reconocer la legitimidad de un reclamo histórico. Violencia que el pasado 26 de octubre terminó con seis mapuches detenidos en el sector Yeupeco, de Padre Las Casas. Hasta allí arribaron decenas de efectivos policiales, armados con escopetas, subametralladoras, carros de combate y helicópteros, para apresar a los dirigentes Sergio Catrilaf, Ignacio y José Tralcal, Sergio Huinca y Pedro Cheuque, todos miembros de comunidades mapuches del sector. La justicia los sindica como responsables del ataque a un bus de pasajeros en la Ruta 5 el pasado 28 de julio, en las cercanías de Temuco y reivindicado por la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Todos negaron los cargos, claman justicia y denuncian montajes. Pero no hay caso. Todos y cada uno fueron formalizados según la ley antiterrorista. Y recluidos en diversos penales del sur.
Igual suerte corrió el joven universitario mapuche Claudio Sánchez Blanco, arrestado el mismo día en las cercanías de un albergue estudiantil de Temuco. A dicho recinto llegaron cerca de cuarenta efectivos policiales quienes, sin exhibir orden de allanamiento, irrumpieron incautando computadores, notebooks y celulares. Sánchez, alumno de último año de la carrera de pedagogía intercultural en la Universidad Católica, no se encontraba en el recinto. Fue detenido cuando se dirigía a su trabajo y reducido en la vía pública, como si se tratara de un peligroso terrorista. El Ministerio Público atribuye al ex dirigente estudiantil estar vinculado con el atentado al bus de pasajeros. Entre sus pertenencias -señala el fiscal Sergio Moya- se habría encontrado un “original” del comunicado de la CAM atribuyéndose la acción. De la presunción de inocencia, ni hablar.
Erica Catrilaf, hermana de uno de los cinco detenidos en Yeupeco, denunció que fueron más de treinta funcionarios policiales los que ingresaron violentamente a los hogares de su comunidad, golpeando y disparando contra todo lo que se moviera. De ello daría testimonio Juan Catrilaf Nahuelpán, ingresado horas más tarde de urgencia al Hospital Regional con diagnóstico de “herida múltiple de bala en su pierna derecha y fractura de peroné”. Otras nueve personas también acudieron al centro asistencial por presentar heridas de mediana gravedad causadas por perdigones policiales. Nadie investigará, probablemente, tales abusos. De ser denunciados, los mapuches saben que recaerían en la Justicia Militar, que en Chile -al igual que en Birmania, Sri Lanka y otros regímenes dictatoriales del tercer y cuarto mundo- hace las veces de juez y parte.
Es tanta la desconfianza en la justicia, que muchos comuneros prefieren arriesgar la vida y no acercarse a un recinto asistencial tras ser apaleados o baleados. Tal es el caso del menor Leonardo Quijón Pereira, de 17 años, baleado por una patrulla de Carabineros la madrugada del 20 de octubre en las cercanías de Ercilla, cuando cazaba conejos junto a un grupo de amigos en el sector de Lolenco. Leonardo recibió más de cien perdigones en su cuerpo y ahora se encuentra en el Instituto Traumatológico de Santiago.

Niños en la mira policial

¿Puede ser catalogado como democrático un Estado donde ciudadanos indígenas se querellan contra la policía por violencia innecesaria, torturas y vejación? ¿Y todo ello contra un menor de edad? Es la pregunta que se hace José Painevilo, esforzado campesino mapuche quien, acompañado por el abogado Cristóbal Carmona, del Observatorio Ciudadano, acudió el 22 de octubre hasta el Juzgado de Garantía de Temuco a interponer una acción judicial. Lo hizo por su hijo. Y porque no pierde la esperanza de que alguien pueda sentir como propio el dolor de ser violentado como padre. Los hechos sucedieron el 5 de octubre. Ese día, su hijo F.P.M. (14 años) salió temprano de su casa ubicada en la comunidad José Jineo Ñanco, del sector Rofúe, en dirección a la casa del machi del lugar, Fidel Tranamil. Ambos se dirigieron a un pitrantu (humedal), ubicado en el sector limítrofe entre la comunidad José Jineo Ñanco y el fundo Santa Lucía, para recolectar hierbas medicinales necesarias para un tratamiento tradicional. En eso estaban cuando vieron a carabineros acercarse efectuando disparos de escopetas. Perseguían a un grupo de jóvenes de las comunidades Francisco Millanao, José Jineo Ñanco e Ignacio Filumil, que participaban de la ocupación del fundo vecino. Intentaron esconderse, sin embargo el menor fue visto por los efectivos del Gope que arremetieron contra él disparando a quemarropa sus escopetas antimotines. A tres kilómetros de distancia, cerca de la comunidad María Catrilao, en el sector denominado Pichiloncoche, el menor fue capturado.
“Ya no podía más y me escondí en el pitrantu, y un carabinero del Gope me apuntó con su escopeta y de nuevo me insultó: ‘¡Quédate ahí, indio culiao! ¡Quédate ahí o te mato!’. Yo no podía hacer nada y me entregué. Me dobló un brazo, me tiró al suelo y me pegó varias patadas en la cabeza. Había un canal y me metieron dentro. Me dijeron: ‘¡Ya hueón, aquí te vai a mojar para que te enfermís!’. Puras cuestiones así me decían. Me tuvieron harto rato bajo el agua, tragué agua, estaba toda cochina”, relataría el menor. Tras minutos de terror, fue llevado al helicóptero policial que lo perseguía desde el aire y se había posado en un potrero cercano. Le amarraron las manos, lo golpearon y lo obligaron a subir. Una vez en vuelo, botado en el piso con la cabeza hacia el exterior y con las puertas del helicóptero abiertas, los policías amenazaron lanzarlo al vacío si no entregaba nombres. “Me iban preguntando, me iban interrogando, que tenía que dar nombres. Si no, me iban a tirar abajo. Y yo les decía que no les podía dar nada, porque no sabía nada. Y más me pegaban… Me dijeron: ‘Indio culiao, díme todos los nombres de las personas que andaban ahí si no te querís morir. ¡Te vamos a tirar para abajo!”, relató el menor.
En la comisaría de Vilcún nuevamente sería golpeado e insultado. Trasladado a constatar lesiones al hospital del lugar, tanto el doctor como la enfermera de turno minimizaron sus lesiones. Su periplo continuó en la comisaría de Padre Las Casas, donde lo tuvieron tres horas en un calabozo sin que avisaran a su madre, Vilma Maldonado, quién llegó al recinto preguntando por él, desesperada. Horas más tarde, tanto en el hospital de Maquehue como en el Regional de Temuco se constataron las lesiones: impacto de perdigones en brazos, piernas y espalda. El oficial de Carabineros que encabezó el operativo fue el comisario Jorge Bravo.
Huelga destacar que los casos de Leonardo y F.P.M. no constituyen hechos aislados. Así lo denunció, en carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, el Observatorio Ciudadano. La entidad demandó de la mandataria una investigación administrativa y que el gobierno se haga parte en las acciones judiciales que se emprendan, con el propósito de evitar la impunidad en que han quedado abusos policiales contra menores de edad en las comunidades. Cuatro fueron los casos documentados e informados por el Observatorio Ciudadano a Bachelet. Ellos han afectado a niños y han incluido detenciones ilegales, torturas, menores de edad heridos por perdigones e intoxicados a causa de gases lacrimógenos.
A los casos ya citados se suma el de F.M.M., de 10 años de edad. El 2 de octubre, al interior de la comunidad de Temucuicui, fue herido por un balín de goma en la cabeza, cerca de un ojo, en momentos en que se encontraba buscando animales. El disparo fue efectuado por Carabineros, quienes realizaban un operativo al interior de la comunidad. Al pequeño se le diagnosticó una herida en la región parietal. Si bien estaba fuera de riesgo vital, permaneció internado varios días en el hospital de Victoria. Otro caso se registró el 16 de octubre. Alrededor de las 2 de la tarde, un contingente de Carabineros y efectivos de civil ingresaron a la comunidad Temucuicui, en momentos en que alrededor de ochenta personas se reunían con funcionarios de Conaf en la escuela del sector para suscribir acuerdos para la contratación de comuneros en los programas de empleo. Sin previo aviso, y sin mostrar orden de allanamiento, los efectivos policiales, que se movilizaban en un bus, una tanqueta y alrededor de diez camionetas, dispararon balines y gases lacrimógenos hacia el recinto educacional. El operativo policial, que tuvo una duración de 30 a 40 minutos, dejó alrededor de doce heridos, entre ellos varios niños, y a cerca de treinta personas con asfixia, como fue acreditado por los propios funcionarios del organismo estatal. Horas más tarde, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, en declaraciones a Radio Cooperativa negó los hechos sin siquiera sonrojarse

PEDRO CAYUQUEO
En Temuco

(Publicado en Punto Final, edición Nº 697, 30 de octubre, 2009, Suscríbase a PF, punto@interaccess.cl)