La misma receta que se usó contra Salvador Allende

La campaña
contra Chávez

Si usted está en Caracas y desea comprar un simpático muñeco clon de Hugo Chávez, que además discursea, o poleras rojas con estampados del mismo Chávez, Bolívar u otros motivos y frases que aludan al socialismo del siglo XXI o a la revolución bolivariana, tendrá que armarse de paciencia. No están por doquier, como podría creerse. Tendrá que esperar una manifestación (que no las hay a diario), o, lo más seguro, bajarse en el Metro Bellas Artes y cruzar a la Feria de la Solidaridad donde fueron concentrados los ambulantes y, una vez allí, buscar uno de los escasos puestos que ofrecen estos souvenirs. La creencia -o el estereotipo- de una Caracas infestada de propaganda chavista es mentira. En lo cotidiano, Caracas es como Bogotá, Quito, Lima, Santiago o cualquier otra capital sudamericana.
Antes de salir de la Feria, pregunto al vendedor, un hombre con apariencia de haber dedicado su vida al trabajo duro y a la vida incierta, por una pequeña bandera negra con letras blancas que alude a una campaña de alfabetización. Me parecía un buen recuerdo. “¿Qué precio tiene esa bandera?”, pregunto. “No está en venta”, me dice muy serio. “¿No la vende?”, sonrío con un dejo de incredulidad, “¿Y por qué no?”. El hombre la acaricia con los dedos: “Porque yo era analfabeto. En esa campaña aprendí a leer y escribir”.
Si de estereotipos antichavistas se trata, otro de los que rápidamente es desmentido con sólo caminar por cualquier calle es aquel de los pretendidos atentados a la libertad de prensa. En cada esquina asaltan desde los kioscos con titulares antichavistas los diarios El Universal, El Nacional, varios tabloides y revistas, como Zeta. Sin duda que están en su derecho. Como lo están la televisión y las radios. Así es la democracia y la libertad de expresión. El gobierno y los partidarios de la revolución bolivariana también lo tienen, como el pueblo y sus organizaciones. Garantizar (crear condiciones jurídicas para que sea efectivo), respetar, proteger y promover ese derecho es obligación de todo Estado. Que garantizar la democratización de los medios y el acceso a la información y la libre expresión mediante leyes del Poder Legislativo y visto bueno del Poder Judicial (lo que en cualquier parte se conoce como Estado de derecho) colisione en algunos casos con el derecho de propiedad cuando éste es monopólico, es una necesidad. El problema es que los monopolistas se autoerigen como la materialización misma de la libertad de prensa; como si la personificaran. Dada esta identificación, cuanto haga un gobierno por terminar con los monopolios periodísticos para ampliar y democratizar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, será presentado por ellos como atentado a esas libertades.
Sin embargo, en toda sociedad de libre mercado los monopolios atentan contra la probidad y transparencia en los negocios y crean condiciones propicias para la corrupción. Existe hasta una fórmula (la de Robert Klitgard) que reza así: “A mayor monopolio unido a menor transparencia y mayor discrecionalidad, mayor corrupción”. Y esto es sin lugar a dudas más grave cuando el bien público que está en juego es la “agenda” (temas y opiniones sobre esos temas) que se instala en la mente de la población.
El diario El Nacional creó una sección especial: “Medios bajo ataque”, cuyos titulares el martes 20 eran los siguientes: “EE.UU. exhorta a Chávez a detener intimidación a medios”; “Empresarios argentinos apelarán nueva ley de medios”; “Venezuela iba a ser el único país que penalizaría delitos mediáticos”; “Ley Resorte fue el primer elemento para regular los medios de comunicación”; “TSJ avala la censura previa de medios de comunicación” (el TSJ es el Tribunal Supremo de Justicia), y “AIR preocupada por libertad de expresión en Venezuela, Argentina y Ecuador”, entre otros que apuntan a Ecuador y Argentina.
Cuando se escarba un poco bajo los titulares, rápidamente se llega a hechos que restan “neutralidad” a la información. En el caso del titular que menciona a la AIR, se trata de la Asociación Internacional de Radiodifusión, formada por unas 17.000 emisoras de radio y televisión privadas de América, Asia y Europa, que preside el chileno Luis Pardo Sáinz, quien ocupó varios cargos en el ejército chileno y se retiró de esa institución en 1989, y es presidente a su vez de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi). Pardo fustigó las “iniciativas legislativas que apoyan esa visión ideológica que aspira a tener un control hegemónico sobre los medios”, criticó el proyecto antimonopolios de Argentina, y sostuvo que “el caso más grave de todos es Venezuela”.
El Universal, por su parte, el mismo día muestra titulares parecidos: “TSJ rechaza acción contra sanción a emisora radial”; “Gobierno impondrá producción a emisoras”; “Restringirán a emisoras que quieran estar por cable”.

Bomba de racimo ideológica

Es así como, amparados en su calidad de fetiches de la libertad de expresión y de prensa, los medios monopólicos venezolanos han creado y propagan una bomba de racimo ideológica, que se puede ordenar en torno a un eje que son los derechos humanos. En el lado negativo del eje, donde, si fuera una película, se alinearían “los malos”, están el presidente Hugo Chávez y sus adherentes, estereotipado del siguiente modo:
“El gobierno del presidente Hugo Chávez que se iguala a dictaduras como las de Hitler, Stalin, Castro y Pinochet, atropella la institucionalidad del Estado de derecho, viola las libertades de expresión, información y prensa; criminaliza las protestas ciudadanas, y militariza a la ciudadanía…”. El columnista Michael Rowan, de El Universal, dice: “Chávez está decidido a reproducir la obra de Fidel Castro en Cuba, que era una de las naciones más ricas de América Latina cuando Castro asumió al poder y ahora está entre las más pobres (...) Chávez estimula la polarización permanente y no parece dispuesto a entregar el poder pacíficamente a nadie, ni siquiera a un miembro de su partido”.
En el otro rincón, el de “los buenos”, está la clase dominante (el gran empresariado monopólico) disfrazada con la piel de oveja de la sociedad civil y las ONGs. Un botón de muestra: “Primero Justicia reitera llamado a comunidad internacional ante permanente violación de DD.HH. en Venezuela” (Globovisión, 20-10-2009).
Así, por arte de birlibirloque (el de los trucos semánticos y semiológicos de la ideología que cimenta al sistema capitalista neoliberal que el régimen de Chávez pretende abolir), éste aparece revestido de todas las resonancias negativas que en los 70 y los 80 ostentaron dictadores que por medio de la violación atroz y genocida de los derechos humanos abrieron la puerta e instalaron en sus países el modelo neoliberal, cuyos defensores en Venezuela hoy se autoproclaman demócratas.
A favor de este discurso opera el hecho de que los derechos humanos son percibidos por la mayoría de las personas como valores universales, transversales, neutrales, de consenso, ante los cuales no se puede sino estar de acuerdo. La trampa radica en que este discurso antichavista oculta, omite, escamotea la realidad de los derechos humanos venezolanos en plenitud. Transforma la defensa de los intereses de una clase monopólica en una cuestión de derechos humanos. Nada dice de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que históricamente la burguesía venezolana (como la chilena y toda la burguesía latinoamericana y mundial) viola a diario merced la explotación económica de los trabajadores. Cada salario de un obrero y cada sueldo de un empleado, cada remuneración de un trabajador por un capitalista, implica un grado de explotación del hombre por el hombre. Y ese grado de explotación se traduce en que los explotados se ven económicamente impedidos de ejercer su derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la cultura, a la recreación, a un ambiente sano, en suma, a una vida digna y de calidad.

En la vía de Micheletti

El campo de acción que desde su discurso mediático la clase dominante venezolana asigna como legítimo al presidente Hugo Chávez y su gobierno, es el del Estado de derecho, la Constitución y las reglas del juego democrático. Pero lo califica como infractor de aquella institucionalidad, como saliéndose de los límites constitucionales y legales. Una experiencia similar se vivió en Chile durante la Unidad Popular (1970-1973) cuando -con un discurso similar y a través de El Mercurio y una cantidad de otros medios y pasquines que Agustín Edwards y la burguesía chilena monopolizaban- se presentaba a Salvador Allende y su gobierno violando la legalidad, atentando contra la libertad de prensa, usando la violencia contra la oposición.
Un columnista de El Universal, Roberto Giusti, se asombra de que “el malo”, responsable de la inseguridad y delincuencia común, según él, sea querido por el pueblo: “Lo increíble en los resultados de las encuestas no es que Chávez pierda popularidad sino que la conserve en márgenes importantes y a veces mayoritarios. Resulta fuera de toda lógica que en un país donde la muerte se ha convertido en lugar común y en azote que afecta no sólo a los ricos, sino, sobre todo, a los humildes, la gente pueda seguir teniendo confianza en el principal responsable de esa situación”. Luego lo culpa de que Venezuela sea “un país postrado en la miseria, en la mugre, en la desesperanza” (lacras cuya causa histórica es la explotación capitalista y no un socialismo al que se pretende avanzar).
En cambio, el campo de acción que la clase dominante venezolana se autoasigna es más amplio que la institucionalidad fijada por el Estado de derecho, mayor que la Constitución y las reglas del juego democrático. Es el campo de la “legitimidad” en aras de valores superiores como lo son los derechos humanos. 
En ese contexto, bajo ese supuesto, se arroga el derecho a la insurrección, a la rebelión contra la tiranía, para, supuestamente, “restablecer” el Estado de derecho. Ese fue el argumento de los golpistas chilenos en 1973. Ese fue el argumento de Micheletti en Honduras. Es el argumento que se adivina hoy en Caracas bajo las palabras de líderes opositores. “Veremos si el régimen puede garantizar su fuerza a la hora de las grandes confrontaciones”, dice Antonio Cova, un sociólogo opositor entrevistado por el citado Roberto Giusti, de El Universal (octubre 4). Y agrega: “El régimen tiene que ir con enorme cuidado para no pasarse de la raya amarilla. El problema es que no lo sabrá sino una vez que la haya cruzado... Y entonces no podrá hacer nada. Por ahora está logrando una vacunación masiva contra todo lo que representa o propone. De allí la simpatía por el régimen maltrecho de Micheletti en muchas partes del continente... Yo sólo le pido a los venezolanos mucha paciencia, porque la lucha es larga. También le pido que estén preparados, porque en cualquier momento esto se derrumba…”.

Matriz golpista de la CIA

Si agregamos a ello una campaña de desabastecimiento de artículos de primera necesidad, podemos permitirnos comparar este escenario con el período chileno pregolpista, que se prolongó entre 1971 y el golpe de 1973, y reconocer la misma matriz de estrategia opositora antisocialista orquestada por la CIA. Tres son los componentes de la matriz. Por un lado, el sabotaje económico, principalmente el desabastecimiento de productos básicos; por otro, los ya comentados tópicos de la prensa monopólica, y en tercer lugar, organizaciones gremiales vinculadas a la clase media (a las que en Venezuela se suman ONGs).
El tiempo acumuló evidencias, mediante una investigación del Senado de Estados Unidos y los archivos desclasificados de la CIA, sobre cómo medios y periodistas “libres” chilenos fueron pagados por la Agencia Central de Inteligencia. No sólo reporteros, sobre todo columnistas y editorialistas.

JUAN JORGE FAUNDES
En Caracas

(Publicado en Punto Final, edición Nº 697, 30 de octubre, 2009, Suscríbase a PF, punto@interaccess.cl)