Edición 688 - Desde el 26 de junio al 9 de julio de 2009
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AUTOR: ARNALDO PEREZ GUERRA

Miles de estudiantes están exigiendo el fin de la municipalización y cambios de fondo en la educación. La Cámara de Diputados se comprometió a discutir cómo mejorar el sistema. Pero los estudiantes exigen que se resuelvan temas de fondo. Su principal demanda es la estatización.
En 2006 más de 600 mil estudiantes secundarios protestaron en la llamada “revolución de los pingüinos”. Los magros resultados pedagógicos les dan la razón. Según el Foro Económico Mundial, Chile se sitúa en educación básica en el lugar 110 en el mundo. Mientras en macroeconomía estamos en el puesto 14º, en matemáticas ni siquiera llegamos al puesto 100. Quienes estudiaron en liceos municipalizados en la prueba de matemáticas de la última PSU respondieron apenas el 7%. “Se ha convertido a la educación en un supermercado. El Estado invierte apenas 36.000 pesos por alumno, mientras los colegios privados superan los 350.000. En 1981 el 78% estudiaba en escuelas municipales; en 2005, era el 48,7%. Sigue siendo un negociado, especialmente para los sostenedores y empresarios de la educación”, dice Isaac Gajardo, secretario del centro de alumnos del Liceo de Aplicación.
El Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación, el Liceo de Niñas A-4, el Instituto Nacional Barros Arana (INBA), el Liceo Confederación Suiza, el Liceo Barros Borgoño y otros, encabezan esta nueva movilización. “Ocupación cultural” es como los estudiantes han definido a esta forma de protesta. El gobierno intenta que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública. La ministra de Educación, Mónica Jiménez, llamó a deponer la movilización y conversar con los parlamentarios. Por su parte, el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, amenaza con expulsar o hacer repetir el año a los alumnos que protestan. Para Nicolás Menare, presidente del centro de alumnos del Instituto Nacional, “Zalaquett maneja la información como le conviene, para intentar controlar a los apoderados y dividirlos. Pero no caeremos en su juego”, dice.

En defensa del Estado

Ya la “revolución pingüina” destapó que la educación camina hacia la privatización, acrecentando la desigualdad y segregación social. La LGE, que se aprobó entre cuatro paredes, quedó sellada cuando derecha y gobierno alzaron eufóricos sus manos en señal de triunfo. Hoy los secundarios rearticulan su movimiento y la crisis educacional salpica incluso a las universidades del Consejo de Rectores. Las universidades de Los Lagos, Atacama, Magallanes y Tecnológica Metropolitana (Utem), están al borde del colapso financiero. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) respalda la movilización de los secundarios. “Debemos consolidar este año un movimiento social de cambio. Fue el anhelo del movimiento de 2006 y lo sigue siendo hoy. Es fundamental la convergencia y la unidad, puesto que las demandas de desmunicipalización, calidad en la formación, participación y democratización, aseguramiento de lo público con trato preferencial a lo estatal son comunes, y por lo tanto requieren de soluciones comunes. Estamos por Chile, por construir un país más justo y esto requiere de un Estado responsable por la educación pública”, dice la Fech.
“Lo que impide estatizar la educación es la Constitución, de la cual se desprenden la Loce y la LGE, que aseguran el lucro y privatización de la educación. Sólo será posible establecer la educación como un deber del Estado cambiando la Constitución. Y no es posible cambiar la Constitución debido a la exigencia de quórum calificado”, dice Ignacio Bravo, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Confederación Suiza. “Queremos la estatización de la educación pública, que los liceos pasen a depender financieramente del Estado, pero que su gestión sea socializada. O sea, que participen apoderados, estudiantes y, sobre todo, profesores. No queremos estatización a secas, porque no queremos volver al pasado, donde si faltaba una tiza en Chiloé la tenían que mandar desde Santiago. Queremos que cada comunidad se haga cargo de la educación”, agrega.
“En 2006 no le pusimos apellido a nuestra demanda. Hoy la educación no da para más. No estamos a favor del lucro con recursos públicos. Cuando se lucra con recursos públicos y esa educación no tiene buenos resultados, debe ser cambiada. Nosotros somos los perjudicados por la mala educación. Para modificarla habría que hacer un cambio constitucional y creemos que si es en pos de la educación y de un futuro mejor para Chile, se tiene que hacer. Si la Constitución fue hecha en dictadura y hoy estamos en ‘democracia’ es pertinente hacer un cambio”, dice Christopher Placencia, dirigente del centro de alumnos del Instituto Nacional.
Los dirigentes estudiantiles saben que la municipalización genera injusticia y fragmentación social. “No se pueden comparar los liceos de la comuna de Santiago con los de Tomé, Penco, Lota o Coronel, que no tienen cómo financiarse por el déficit de los municipios”, dice Ignacio Bravo. “Estamos conscientes -agrega- que cualquier cambio pasa por cambiar la Constitución. La derecha, la más reticente a la estatización, se mantiene en el poder y está sobrerrepresentada en el Congreso gracias a la Constitución del 80”, dice.

Estatización socializada

Según Nicolás Menare los secundarios se han dado cuenta que el problema fundamental es la municipalización: “Al municipalizar, se entregó al mercado la educación pública. En 2006 el error que cometimos fue plantear un cambio y no lo que debía contener la nueva ley. Esta vez proponemos el reemplazo de lo anterior: estatización socializada. Una estatización del financiamiento de los colegios. Que no haya intermediarios al traspasar los recursos desde el Estado. Y socializada porque creemos que en la dirección de la gestión educativa deben estar representados estudiantes, profesores, apoderados y asistentes de la educación. Que se escuche lo que la sociedad quiere y necesita respecto de educación. Rechazamos el lucro y por eso rechazamos las corporaciones públicas que propone la ley de fortalecimiento de la educación. Si el sistema actual está fracasado y hasta los mismos alcaldes y el gobierno lo reconocen, la educación pública ya no da para más y hay que cambiarla. Sabemos la envergadura de esta petición y que es necesario un cambio constitucional. Por eso es urgente un cambio radical ahora. Nuestro país no se da cuenta que culturalmente no somos nada”, dice.
En el Instituto Nacional se reunieron en asamblea unos 25 colegios y liceos de la Región Metropolitana. La movilización (...)

 

(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 688 de Punto Final, 26 de junio, 2009. Suscríbase a PF)