 Indígenas del Perú
La dignidad
atropellada
Autor: CECILIA REMON
En Lima
“Sarnosos”, “salvajes”, “ciudadanos de quinta”, “ignorantes”, “manipulados” fueron algunos de los calificativos que empresarios y autoridades gubernamentales peruanas (incluyendo al presidente Alan García) utilizaron para referirse a los indígenas amazónicos que mantuvieron tercamente su huelga, iniciada el 9 de abril, para lograr la derogación de los decretos legislativos que amenazaban sus territorios.
El gobierno esperó más dos meses, con un costo de 35 muertos, para dar marcha atrás. Finalmente, derogó dos de los decretos que permitían actividades petroleras, madereras, mineras y agrícolas sin previo consentimiento de la población originaria. “¿Tantas vidas tenían que perderse para que el gobierno se dé cuenta que las leyes estaban mal dadas?”, se preguntó Daysi Zapata Fasabi, presidenta en funciones de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana).
La perseverancia de los indígenas, sumada a la presión nacional e internacional, obligó al gobierno a retroceder. El 11 de junio se produjeron masivas movilizaciones en todo el país en defensa de los indígenas. En Lima, más de 30.000 personas marcharon por el centro de la ciudad bajo la consigna “Todos somos nativos”. Cinco días después, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, sostuvo una reunión con apus (líderes nativos) de la selva central. Simon les pidió perdón por la muerte de sus hermanos indígenas y anunció el levantamiento del estado de emergencia en Amazonas. Asimismo, aceptó la derogación de los decretos 1.064 y 1.090, que poco antes habían sido “suspendidos” por el Congreso.
Decretos del atropello
Ambos decretos forman parte del paquete legal promulgado por el presidente Alan García en mayo de 2008, amparado en las facultades otorgadas por el Legislativo para facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., que entró en vigencia el 1º de abril pasado.
El decreto 1.090 creaba una Ley Forestal y de Fauna Silvestre que fue interpretada por las organizaciones indígenas como una forma de limitar su acceso a los bosques, donde hasta ahora encuentran su sustento. Por otro lado, el decreto 1.064 establecía un régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario, que violaba los derechos de propiedad comunal.
En un mensaje a la nación el 17 de junio, doce días después de los enfrentamientos entre policías e indígenas en Bagua, departamento de Amazonas, Alan García anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para la derogación de los decretos 1.064 y 1.090. García admitió que promulgó los decretos de manera inconsulta, pero no aceptó ninguna responsabilidad política por la muerte de indígenas y policías en Bagua (ver PF 687). “Quiero, en primer lugar, señalar que el objetivo de los decretos que aprobamos hace un año sobre la selva, era proteger la Amazonia”, dijo García. “Reconozco, sin embargo, que entonces no se conversó con los jefes de las comunidades nativas en las que hay 300.000 peruanos”.
Lamentó que sus “buenos propósitos” hubiesen sido distorsionados y caricaturizados por “agitadores, violentistas y politiqueros” que convencieron a los nativos que los decretos iban a quitarles el agua y el territorio. Esto, dijo, llevó a actos de violencia y toma de carreteras en los que “criminales ocultos detrás de los nativos” emboscaron a la policía. Acusó a “enemigos del Perú de repartir por el mundo noticias falsas” y mencionó a “políticos de otros países, competidores del Perú” -en directa referencia a los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Hugo Chávez, de Venezuela-, de intentar destruir la “excelente imagen de nuestra patria, que crece y reduce la pobreza” y tratar de “disminuir el optimismo de los peruanos para imponernos sus ideas extranjeras”.
Al día siguiente de este mensaje, el Congreso derogó los dos decretos mencionados. La medida fue aplaudida por grupos indígenas y organizaciones de derechos humanos. La Aidesep, que representa a 1.350 comunidades indígenas amazónicas, llamó a poner fin al bloqueo de carreteras. En su comunicado, saludó “la nueva actitud del Ejecutivo y su proclamada voluntad política de resolver finalmente nuestras demandas”.
Según Gil Inoach Shawit, indígena awajún, ex presidente de Aidesep, “en el entender del gobierno, la solución a la movilización amazónica era vía ‘mano dura’, argumentando que por culpa de un grupillo no puede perjudicarse a los 28 millones de peruanos. En esa línea, dejó entrever que los decretos legislativos cuestionados responden al interés de estos millones de habitantes. En ningún momento se tuvo en cuenta la idiosincracia de los pueblos indígenas, cuando éstos, enardecidos por sus derechos conculcados, se lanzaron a las calles para expresar su descontento”.
Factores del conflicto
Lo que está detrás del conflicto son dos modelos de desarrollo del país -y de la Amazonia en particular-, ambos totalmente contrapuestos. Por un lado está la explotación ilimitada de los recursos hidrocarburíferos, mineros y madereros, y por el otro la protección de la Amazonia como fuente de agua y biodiversidad para Perú y el mundo.
Según la Constitución fujimorista de 1993, los propietarios de la tierrra son dueños sólo de la superficie, más no del subsuelo. Cualquier persona o empresa puede solicitar al Estado la entrega de un territorio para la exploración o explotación de recursos naturales. “En teoría”, explica el analista Raúl Wiener, “esta norma preserva la soberanía sobre recursos valiosos: hidrocarburos y minerales, que son de interés para toda la sociedad y que no se conocían cuando se transfirieron los terrenos. Hay que decir en teoría, porque según la misma Constitución, la soberanía se limita a las riquezas que no han sido denunciadas ni explotadas. Apenas alguien reclama la reserva y el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, consiente, se establecen derechos que aparecen superpuestos a los del propietario original”. Desde 1990, dice Wiener, los sucesivos gobiernos han sido “promotores de la actividad extractiva y han favorecido la expansión de las concesiones, afectando territorios agrícolas y comunales, zonas de reserva natural, áreas de alta sensibilidad ecológica”.
La Amazonia peruana tiene concesionadas 49 millones de hectáreas (72% del territorio) para la exploración y explotación de hidrocarburos que, en muchos casos, se sobreponen a territorios indígenas y reservas naturales, incluso a zonas de frontera, pese a que eso está prohibido por ley.
El propio Alan García, en su artículo “El síndrome del perro del hortelano”, publicado en octubre de 2007 por el conservador diario El Comercio, dice que en Perú “hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: ‘si no lo hago yo que no lo haga nadie’... Contra el petróleo, [los perros del hortelano] han creado la figura del nativo selvático ‘no conectado’; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo 90 dólares por cada barril. Es preferible para ellos que el Perú siga importando y empobreciéndose”, escribió el actual presidente.
Comercializar la tierra
Para García y el sector privado de la economía, las comunidades indígenas deben poner valor a sus tierras y negociar, al igual que un citadino lo hace con una propiedad. No entienden que para los pueblos indígenas su territorio no es una mercancía, sino que pasa de generación en generación. Para una comunidad nativa quedar sin territorio equivale a desaparecer como colectividad.
Frente a este modelo primario-exportador está la propuesta del aprovechamiento del bosque de manera sustentable, tal como lo han hecho los indígenas por miles de años. “Los pueblos indígenas tenemos que ser parte del desarrollo del país, no estar excluidos de todo este proceso”, dijo Lidia Rengifo, presidenta de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central. “Pero es bien claro que los pueblos indígenas tenemos diferente manera de ver el desarrollo”.
Sin embargo, con la derogación de los decretos 1.064 y 1.090 no termina todo. Está (...)
(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 688 de Punto Final, 26 de junio, 2009. Suscríbase a PF) |
