 Crisis, desempleo y desigualdad
Ausentes en el debate electoral
La campaña electoral avanza como una gran apuesta alimentada y retroalimentada por las encuestas. Hay sumas y restas, ejercicios estadísticos, traspasos y endosos. Pero no de lo esencial. No del desempleo, de la crisis, de la reducción salarial, de los abusos corporativos, del empobrecimiento progresivo, de las desigualdades y mezquindades. No de las demandas de los estudiantes, de los trabajadores, de los profesores, de los deudores. Hay materias que no se tocan, como si hubiera un singular consenso para omitir la crisis, para aislar y reforzar una sola voz, la oficial. Como si la recesión y sus efectos fuesen un trance externo que rodea a Chile, como si el derrumbe del neoliberalismo fuera un debate teórico ajeno a la economía. Los problemas de fondo han sido hábilmente sorteados.
Lo que tenemos en el mundo son cambios estructurales que poco o nada forman parte de la discusión política y económica nacional. Hace poco más de una semana, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al anunciar el plan de reformas al sistema financiero dijo que era la mayor transformación desde las que siguieron a la Gran Depresión del siglo pasado. Un cambio mayor, que responde al fracaso del modelo neoliberal. La economía ha de regresar a las regulaciones, a la participación activa del Estado. Entre ellas, se ha propuesto la creación de nuevos organismos que supervisen el riesgo económico en los bancos y en otras instituciones, y la seguridad de los productos financieros para los consumidores. Se creará una agencia que protegerá a los consumidores de los productos financieros abusivos, desde los créditos hipotecarios a las tarjetas de crédito, entre otros muchos. Un plan que tenía antecedentes: hace un par de meses, Obama reguló los intereses máximos de las tarjetas de crédito. Se consideraba un nivel cercano a la usura aquellas que cobraban un 15 por ciento anual.
Nuestra realidad, desregulada, dejada al arbitrio del libre mercado y al abuso de las grandes corporaciones, nos entrega un panorama muy desigual. Aun cuando la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras fija tasas máximas para los intereses, el techo es sobrepasado. Tanto, que hoy con tasas de interés que decretó el Banco Central en el mínimo histórico de 0,75 por ciento anual, los bancos y casas comerciales cobran en torno al 50 por ciento anual. Un negocio redondo sin el menor esfuerzo para los dueños del capital. En realidad se trata de un escándalo cotidiano que no han recogido los líderes políticos.
Intereses bancarios: abuso y usura legalizados
A la primera semana de junio, los bancos cobraban un interés promedio del 50 por ciento para sus tarjetas de crédito. El máximo, del 54 por ciento, en los bancos Scotiabank y del Desarrollo, y el mínimo, del 43 por ciento, en el BancoEstado. Tal vez es un esfuerzo de la entidad pública, pero comparado con los promedios del sistema financiero estadounidense, sin duda podría hacer mucho más.
Algo muy similar ocurre con los créditos de consumo. A la misma semana, para un crédito por un millón de pesos a 36 meses en el Banco París se cobraba casi un 50 por ciento de interés anual, contra un 18,6 por ciento del BancoEstado. La Superintendencia también regula, pero muy holgadamente estos intereses: la tasa máxima permitida es de 54 por ciento anual. Si el BancoEstado cobra sólo un 18 por ciento, es posible preguntarse por una regulación más eficaz. Un estudio realizado por el Sernac a finales de abril, por el mismo millón a 36 meses detectó éstas y otras diferencias: “Si un consumidor pide un crédito de un millón a 36 meses puede terminar pagando desde $134.756 hasta $1.065.068, o el doble de lo que pidió, en intereses”.
Esta falencia en la regulación contribuye, una vez más, a la concentración de la riqueza en los dueños del capital y al empobrecimiento progresivo de los consumidores. Porque el abuso tiene su piso en ese 50 por ciento. Las casas comerciales, como Ripley, Falabella, Almacenes París, no se rigen por las normas de la Superintendencia, aun cuando en los hechos actúan como prestamistas. Sus tasas de interés son sensiblemente más altas que las de los bancos. Un estudio del Sernac realizado hacia finales de 2007 reveló que por los “avances en efectivo” los consumidores llegaban a pagar hasta 97 por ciento de recargo sobre los montos prestados.
El cargo de los intereses va en relación inversa con el nivel de ingresos del consumidor. A menor sueldo, se le cobra un mayor interés, lo que incrementa el empobrecimiento paulatino de la población y el ensanchamiento de la brecha en la distribución de la riqueza. Aun cuando la desigualdad vergonzosa que exhibe la sociedad chilena es materia de mención en las campañas electorales, no hay propuestas concretas para enfrentar el abuso en los créditos de consumo. Salvo Jorge Arrate, ningún otro candidato ha mostrado intenciones para avanzar hacia una regulación de los créditos que favorezca a la población. “En Chile es imperioso que el Estado ponga su poder en controlar los intereses de los créditos, en la protección real de los chilenos y chilenas, hoy llamados consumidores. En Estados Unidos alegan porque les cobran 14 por ciento de interés y acá Velasco nada hace ante el 53 por ciento de interés que se cobra por los créditos. Eso es inaguantable”, dijo Arrate tras conocer el plan de Obama.
Primer y Tercer Mundo en Santiago, y también el Cuarto
La desigualdad en la distribución de la riqueza en Chile es motivo de escándalo internacional. Hace un par de semanas un artículo publicado por Cepal -de los investigadores Ricardo Infante y Osvaldo Sunkel-, calificó de “inaceptable” la distribución de los ingresos y los desniveles en la calidad de vida en el país. Inaceptable, por cuanto el ingreso per cápita en Chile se duplicó desde 1990 a 2007, pero el 20 por ciento más rico de la población supera en más de trece veces el ingreso del 20 por ciento más pobre. Si una familia pobre vive, o sobrevive, con 200 mil pesos al mes, el promedio del grupo de los más adinerados goza de dos millones 600 mil.
En 2008 Chile tuvo un PIB per cápita de 14.600 dólares (sobre los ocho millones de pesos anuales, o unos 670 mil pesos mensuales), lo que ubicó al país, por primera vez en la historia, como líder latinoamericano en este registro. Esta marca (el país ocupa el lugar 54 del ranking mundial) ha llevado al sector privado y a las autoridades a no ocultar su orgullo: Chile podría llegar de aquí a cinco años a tener un PIB per cápita de 20 mil dólares anuales, lo que lo faculta para ingresar al exclusivo club de las naciones consideradas como desarrolladas.
Pero las cifras de distribución de la riqueza expresan otra realidad. El mundo desarrollado ya está instalado en La Dehesa, Vitacura y Las Condes -donde viven la mayoría de los candidatos presidenciales y casi toda la burocracia gubernamental y parlamentaria- mientras innumerables barrios y pueblos sobreviven en el Tercer Mundo. Una estructura social y económica ya cristalizada, que no variará sino que se consolidará aún más con el paso del tiempo.
Los investigadores de Cepal lo han señalado y enfatizado: con el modelo económico y con las actuales políticas de protección social, que son simplemente asistenciales, nada variará en el país. “Lo que se requiere es un cambio de enfoque en las políticas públicas, que permita superar la heterogeneidad de la estructura productiva y social del país, puesto que ésta constituye el principal obstáculo para lograr el crecimiento con equidad”. En otras palabras, se requiere cambiar la actual institucionalidad económica del país. De ello, poco o nada hay en las propuestas políticas.
Un tercio de Chile en la pobreza
Los gobiernos de la Concertación han difundido con orgullo la reducción de las tasas de pobreza, que, según sus cálculos, afecta a un 13 por ciento de la población. Un juego estadístico que no logra resolver ni ayudar al resto de la población empobrecida, que no aparece en estas mediciones. Es por ello que los investigadores de Cepal plantean como una acción “indispensable introducir el concepto de pobreza relativa, pues ésta continúa afectando a casi un tercio de la población. A diferencia del concepto de pobreza absoluta, en el de pobreza relativa se establecen normas sociales y estándares de consumo que varían en la medida en que evoluciona el ingreso medio de las familias. En este contexto, se define como el grupo de personas o familias cuyo nivel de ingreso es inferior a 0,6 veces el ingreso medio, constituyéndose en el sector relativamente excluido de la sociedad. De acuerdo con cifras de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen, 2006), este sector abarcaría un 25,6% de la población, esto es, alrededor de 4,3 millones de personas”. Si los actuales gobernantes desean incorporar al país al grupo de las naciones desarrolladas, a la OCDE, debieran medir las miserias del modelo económico con el rasero de los países desarrollados.
La misma OCDE, que elogia los resultados económicos chilenos, ha advertido a los gobernantes de la Concertación sobre los elevados niveles de desigualdad social. Un informe difundido en mayo pasado señalaba lo ya citado por otros organismos e investigadores. La OCDE recordaba que aun cuando la pobreza ha disminuido ostensiblemente desde 1990, el diez por ciento de la población más rica del país tiene ingresos 29 veces superiores al diez por ciento de los menos favorecidos. Al hacer el mismo ejercicio anterior, si una familia pobre sobrevive con ingresos por 165 mil pesos, el diez por ciento más rico goza de una renta promedio de casi cinco millones de pesos.
El exclusivo organismo, al que pertenece México como único representante latinoamericano (con toda su riqueza, pobreza y desigualdad), también recuerda que los empleos que actualmente se crean en Chile se caracterizan por su baja productividad, sus magros salarios y difíciles condiciones laborales. “En ese sentido, buena parte de los trabajadores chilenos carece de un contrato formal, a lo que hay que añadir que sólo un 22 por ciento de los trabajadores por cuenta propia cotizan voluntariamente para tener acceso a la seguridad social”.
Según este reporte, para superar la situación Chile debe, entre otras recomendaciones, eliminar las indemnizaciones por años de servicio en forma gradual, fortalecer la negociación colectiva y reforzar la nueva normativa de subcontratación. La OCDE estima que Chile tiene que destinar los recursos que dedica a los servicios al desem-pleo: representan únicamente el 0,1 por ciento del PIB -en torno a la cuarta parte que la media en sus treinta países miembros-. Pero ni esto ni otras recomendaciones serán suficientes. México, ilustre miembro de la OCDE, padece la peor crisis regional, con un progresivo deterioro de todos los indicadores económicos y sociales. Como señalan Infante y Sunkel, las políticas cercanas a la esencia neoliberal no lograrán alterar la rígida estructura socio-económica. Bajo el mismo modelo, la desigualdad en los ingresos y en la calidad de vida continuará su proceso de consolidación.
La estructura laboral es otra de las fuentes de desigualdad. Porque poco o nada se ha avanzado en estos veinte años en materia de empleo. La última medición del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señaló una tasa de cesantía del 9,8 por ciento para abril y es probable que para los meses de invierno supere el diez por ciento. Pero no es éste el único factor laboral que consolida las diferencias y aumenta la pobreza. Está la mezquindad empresarial y gubernamental al fijar el salario mínimo en 165 mil pesos. Pero, también, los altos índices de informalidad de los ocupados (38 por ciento), grupo desprotegido a la hora de demandar incrementos salariales y en cuanto a protección social. Y está, también, el aumento de la precariedad laboral, vía flexibilización, entre otras causas. Durante los gobiernos de la Concertación los asalariados sin contrato crecieron desde un 14 por ciento a 17 por ciento; creció también la importancia de los contratos de corto plazo, la ausencia de cotizaciones en seguridad social y la tasa de rotación en los puestos de trabajo. En no pocas empresas del sector servicio la rotación anual alcanza cifras de casi cien por ciento.
¿Es éste el modelo que se mantendrá? Porque mantenerlo y silenciar todas sus injusticias, conservarlo sin la incorporación de variaciones será aumentar todas estas contradicciones. Un proceso que acentuará la ya insalvable brecha en la distribución de la riqueza y acentuará también la espiral de protestas y represión
PAUL WALDER
(Publicado en Punto Final, edición Nº 688, 26 de junio, 2009. Suscríbase a PF) |
