 Mapuches enfrentan la mentira
La fábula del “terrorismo”
Autor: PEDRO CAYUQUEO
En Temuco
Consigna en un muro de la ciudad de Temuco
El Departamento de Estado norteamericano, en su último informe sobre terrorismo global, señala que Chile es un país “libre del flagelo del terrorismo internacional y doméstico”. Lo señala un gobierno que sabe precisamente de estas cosas. Del internacional, del doméstico y aquel de exportación que padecimos los latinoamericanos en tiempos de las denominadas guerras sucias. En Chile reina la paz, señala el Departamento de Estado y lo repiten las autoridades chilenas con orgullo tras cada gira internacional, cuando las odiosas comparaciones con otros países de la región demandan poner los puntos sobre las íes. Chile es un país “estable”, “democrático”, “seguro para invertir”, un Estado donde “las instituciones funcionan”, en el decir de un ex primer mandatario hoy adalid contra el cambio climático global y quien, sin embargo, fue el responsable de desempolvar, el año 2001, la legislación antiterrorista de Pinochet para perseguir a mapuches en los campos del sur. Bajo el mandato del ex presidente Ricardo Lagos una treintena de comuneros y dirigentes fueron encarcelados, sometidos a proceso y posteriormente enjuiciados por los tribunales por infracción a la ley 18.314, promulgada en dictadura y que sanciona “conductas terroristas”.
En su mayoría se trató de miembros de comunidades en conflicto con empresas madereras y que eran perseguidos bajo el cargo de incendio intencional. Como este delito en Chile está sancionado con una pena mínima de 5 años, sectores empresariales y políticos exigieron a La Moneda aplicar la ley antiterrorista. Diez años atrás, esos mismos sectores habían recalificado en el Congreso el delito de incendio como un delito “propiamente terrorista”, aumentando en varios grados su penalidad. Esta doble calificación de un mismo delito (“simple”, en la justicia ordinaria y “terrorista” en la legislación heredada de Pinochet) llevó al absurdo de que, en el denominado caso Poluco Pidenco, un grupo de los mapuches procesados fuera condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol a 10 años de cárcel por “incendio terrorista” y otro grupo, a 5 años por “incendio simple”. Ambos grupos en una misma causa judicial, con las mismas pruebas, mismos testigos, pero con una diferente tipificación del delito investigado. Huelga destacar que otros dos acusados, ambos líderes tradicionales, con las mismas pruebas y mismos testigos resultaron finalmente absueltos por el tribunal. En palabras de los jueces, las pruebas acompañadas por el Ministerio Público y el gobierno “no aportaron antecedentes en cuanto a la existencia de un plan premeditado por parte de las personas a quienes el persecutor fiscal atribuye participación en el incendio para haber atentado, ya sea en contra de la vida, integridad física o libertad de un grupo determinado de la población”.
Sobrerreacción
Posterior al famoso juicio de los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín en Traiguén (ambos condenados por “amenaza terrorista”), el caso Poluco Pidenco fue el segundo juicio en el cual el Ministerio Público, gobierno y empresas forestales sustentaron su acusación en la ley 18.314 en contra de mapuches que se encontraban reivindicando derechos territoriales y socioculturales sobre la ahora propiedad privada. Y es tal vez el más escandaloso, por las disímiles sentencias arrojadas por el tribunal de Angol, que hoy son investigadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Si revisamos los delitos que se cometen en el marco del mal llamado conflicto mapuche, cuya autoría en muchos casos merece dudas, son todos delitos contra la propiedad. “El delito terrorista a nivel internacional está estipulado como un deliberado atentado contra la integridad corporal o la libertad de las personas y se trata de circunstancias totalmente extremas, de delitos atroces. Es muy difícil explicar ante la comunidad internacional que un delito de incendio constituya un delito terrorista”, señala José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. “A mí me da la impresión que tanto las autoridades judiciales como el gobierno sobrerreaccionan frente a esto y recurren en términos muy desproporcionados a la aplicación de una ley que no corresponde y que no se justifica”, subraya. En octubre de 2004, Human Rights Watch y el Observatorio Ciudadano publicaron el informe “Proceso indebido: Juicios antiterroristas, tribunales militares y los mapuches en el sur de Chile”, donde graficaron la violación de los derechos humanos y la discriminación que afectaba a los mapuches perseguidos por la ley antiterrorista. Dicho informe constituyó la primera lápida sobre las credenciales democráticas de la administración Lagos en el exterior.
“Mirar a los mapuches”
La segunda lápida provino desde Naciones Unidas. En su informe sobre Chile, el ex relator especial de la ONU para Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, demandó a las autoridades que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”. Agregó que “no deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (‘amenaza terrorista’, ‘asociación delictuosa’) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”. En el mismo plano Stavenhagen propuso que el gobierno de Chile considerase la posibilidad de declarar una amnistía general para los mapuches procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de sus tierras. Concluye Stavenhagen en su informe que “la situación actual de los pueblos indígenas de Chile requiere la atención urgente, no sólo del gobierno, sino también de todos los grupos políticos así como de la sociedad en general. A pesar de haberse producido importantes avances en el país en materia indígena durante los últimos diez años, estos continúan viviendo una situación de marginación y negación que los mantiene apartados significativamente del resto del país”.
El impacto internacional de ambos informes, sumado a las dramáticas movilizaciones emprendidas desde las cárceles por mapuches condenados la ley antiterrorista, llevaron a Michelle Bachelet a prometer, en (…)
(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 680 de “Punto Final”, 6 de marzo de 2009. Suscríbase a Punto Final)
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