ECUADOR SALE A
DERROTAR LA MENTIRA

Autor: IVAN VALDES

Francisco J. Borja Cevallos,embajador de la República del Ecuador.

El gobierno del Ecuador que preside Rafael Correa Delgado está sometido a una intensa campaña internacional, que lo acusa de pretender ahogar la libertad de expresión. Esto a propósito de la incautación de las empresas del grupo Isaías, entre las que se cuentan tres canales de televisión. Detrás de esa campaña se encuentran los mismos poderosos intereses que en América Latina se oponen al proceso de integración y de justicia social que encabezan gobierno como el del presidente Correa.
Punto Final entrevistó al embajador del Ecuador en Chile,Francisco  José Borja Cevallos (59 años, periodista, ex director de noticias de Teleamazonas, en Quito, hermano del ex presidente Rodrigo Borja, del que fue asesor). Este fue el diálogo.

La “incautación” de más de 200 em-presas a un grupo económico ecuatoria-no, en que se incluyen tres canales de televisión, ha provocado una campaña de acusaciones de que se trataría de una maniobra para coartar la libertad de expresión, de cara al próximo referéndum constitucional. ¿A qué responde en realidad esta “incautación”?
“Esta es una acción de la AGD -Agencia de Garantías de Depósitos-, una entidad que se formó en 1998 para devolver el dinero a los clientes de los bancos que ese año quebraron. Ecuador tuvo en 1998 una fuerte crisis económica. Se retuvieron los depósitos y los bancos quebraron uno tras otro. Fue incluso un momento político muy grave: cayó el gobierno del presidente Jamil Mahuad.
Uno de esos bancos era el Filanbanco, propiedad de una familia muy poderosa, una de las más ricas de Ecuador: la familia Isaías. El banco pasó al Estado. Después del cálculo de los activos y pasivos, empezó la devolución de los fondos a los ahorristas. Luego se descubrió que los balances del banco no estaban correctos y que la pérdida no cubierta por la AGD y la Junta Bancaria ascendía a 661,5 millones de dólares, deuda que a esta fecha es considerablemente mayor, por los intereses. Muchos otros bancos fueron incautados; pasaron a manos del Estado, vendiéndose luego sus bienes y empresas conexas. Es el caso del Banco de Préstamos y del Banco del Progreso, entre otros. Es decir, es un proceso que se venía dando normalmente con varios bancos, no así con el Filanbanco. Si bien pasó a manos del Estado, en opinión de la AGD y de la Junta Bancaria no había cubierto todos sus pasivos. Durante varios años los ahorrantes del Filanbanco se mantuvieron en parte impagos y en parte pagados con dinero del Estado. En este contexto, el gobierno tomó la decisión, a través de la AGD, de incautar 207 empresas, presuntamente pertenecientes al grupo Isaías, para resarcir al Estado de los recursos que ha destinado a pagar a los depositantes y terminar de pagarles lo que aún se les debe.
Esta es la situación. Evidentemente, no hay ningún ataque a la libertad de expresión. Simplemente es un problema empresarial, jurídico y financiero. Se entenderá que no era posible decir que se incautarían 204 empresas pero no los tres canales de televisión, por ser medios de comunicación. Eso no tiene ningún sentido. Incluso no eran los canales más críticos al gobierno. Hay otros que con plena libertad critican todos los días, y están funcionando perfectamente”.
Una duda que se plantea es cuál será el destino de estos canales de TV: ¿pasar a la propiedad del Estado o ser vendidos a privados?
“No hay ningún interés en que estos canales pasen a poder del Estado. Lo ha dicho el gerente de la AGD con claridad: serán vendidos a particulares. Una prueba muy clara es el comunicado del Colegio de Periodistas de Pichincha y de la Federación Nacional de Periodistas de Ecuador, los dos más altos organismos de periodistas del país, que siempre han mantenido una posición en defensa de la libertad de expresión. Señalan en el comunicado que este no es un problema de libertad de expresión, es un problema financiero. De hecho, los canales incautados siguen funcionando con el mismo personal.
Se está actuando con absoluta responsabilidad y criterio de justicia para recuperar fondos del Estado, que es dinero de todos los ecuatorianos. En Ecuador hay plena libertad de expresión, centenares de radios, grandes periódicos en donde se expresan opiniones de todas las tendencias”.

UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

En estos días la Asamblea Constituyente deberá entregar su propuesta de nueva Constitución, que debe ser sometida a referéndum. ¿Cuáles son los principales hitos de este proceso?
“Se inició con un plebiscito en que la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano -alrededor del 80%-, se pronunció a favor de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Se reunió la Constituyente hace más de seis meses, trabajando en diez mesas temáticas. El 26 de julio es la fecha tope para aprobar la Constitución. En octubre se realizará un referéndum, que aprobará o rechazará la nueva Constitución. Mientras, la Constituyente seguirá funcionando como órgano legislativo, hasta enero, en que probablemente tendremos elecciones generales de las nuevas autoridades del país, momento en que la Asamblea dejará de funcionar.
Políticamente hay algunos temas básicos necesarios de resaltar. Uno es el mandato minero: en Ecuador se otorgaron varios miles de concesiones mineras -Ecuador es un país muy rico en minería- en forma bastante irregular. El mandato minero de la Asamblea hizo un gran trabajo al dejar sin efecto alrededor del 80% de esas concesiones. Creemos que los recursos naturales deben explotarse en beneficio del país, que es dueño de estos recursos, y no en beneficio sólo de inversionistas privados. Lo mismo sucede con el petróleo.
En el plano laboral se eliminó la tercerización, es decir la posibilidad de que una empresa contrate a través de otras empresas a su personal. En el futuro esos trabajadores tendrán que ser contratados directamente y gozarán de todos los beneficios sociales. Se limitaron también las indemnizaciones del sector público, que en algunos casos eran exorbitantes; se bajaron los sueldos de los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República; en fin, estos son algunos acuerdos de la Constituyente”.
Un tema que cruza América Latina es el de los pueblos originarios. Ecuador tiene un movimiento indígena fuerte, ¿cómo recogerá la nueva institucionalidad esa realidad?
“Sobre eso se aprobó recientemente un articulado que reconoce a los pueblos indígenas como parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. Se les otorgan derechos para desarrollar su identidad, no ser objeto de racismo, derecho a la reparación de las colectividades afectadas por actos de intolerancia y discriminación, mantener la posesión de los territorios ancestrales, participar de las riquezas que generen sus recursos naturales, entre otros.
Nuestros pueblos originarios están entre los más organizados del continente. Tenemos varias etnias, alrededor de veinte. Han tenido una creciente participación política, han sido interlocutores permanentes del Estado. En temas como la educación intercultural bilingüe, en Ecuador los indígenas tienen clases en castellano y en su idioma propio. Hay territorios de gran extensión entregados a las comunidades, especialmente en la Amazonia. Tienen amplia participación política. Hasta hace poco la ministra de Relaciones Exteriores era indígena. Tienen alcaldes, legisladores, asambleístas. Hay una creciente participación e integración de los indígenas y la nueva Constitución les garantiza todo eso”.
En cuanto a cambios institucionales, un elemento que está en el debate es la posibilidad de que el presidente Correa pueda ser reeligido por una vez, y que también durante su mandato pueda disolver el Parlamento. Algunos critican esto planteando que el presidente Correa pretende perpetuarse en el poder.
“Nuestro país ha vivido una gran inestabilidad política. Ninguno de los tres últimos presidentes ha cumplido su período. Hemos tenido seis o siete presidentes en diez años. Se comprenderá que teniendo un presidente cada año y medio no se puede construir un país y darle continuidad a un proyecto.
En función de dar posibilidades de continuidad mayor a un plan de gobierno, la Constituyente ha creído conveniente poner como norma la posibilidad de la reelección inmediata por una sola vez. El presidente Correa no tiene intención de perpetuarse en el poder. Ha dicho en varias ocasiones que es partidario de la reelección inmediata una sola vez, que por lo demás es el sistema que existe en Estados Unidos. Nadie ha acusado a los gobernantes de ese país de querer perpetuarse en el poder.
Creo que esto puede resultar saludable para enfrentar la inestabilidad política y posibilitar proyectos de mediano y largo plazo. Finalmente, es el pueblo ecuatoriano el que resuelve si el presidente Correa puede ser reelegido o no”.

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

En América Latina se observa una búsqueda de integración pero algunos experimentos no han resultado exitosos, como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a la que pertenece Ecuador. En este sentido, ¿qué valoración hace Ecuador de las apuestas que se proyectan, como Unasur o el Alba?
“Ecuador es abiertamente partidario de la integración latinoamericana. El presidente Rafael Correa ha hecho la propuesta de formar la Organización de Estados Latinoamericanos, como un proceso que no reemplaza a Unasur. Entendemos que sin integración no podremos desarrollarnos en forma suficiente y adecuada.
Un tema importante de la integración es el energético, por ejemplo. La integración energética es fundamental y urgente. Los recursos naturales como petróleo, gas y otros, son cada vez más escasos y caros. No podemos desperdiciarlos, no podemos permitir que se exploten para beneficio de otros países y continentes. Tenemos que hacer un inventario de nuestros recursos, ver qué tiene cada uno y cómo esos recursos pueden ser aprovechados por todos. Es indispensable avanzar en una integración energética sudamericana.
Pero también hay otros temas, como el agua -un recurso cada vez más valioso- y estas son cuestiones que traspasan las fronteras ideológicas. Para nosotros la integración debería ir incluso más rápida. Es hora de integrar en Unasur a la CAN y al Mercosur. Es lógico que exista una sola instancia que agrupe a todos los países de la región, como hoy ocurre con la Unión Europea”.
¿Por qué Ecuador no pertenece al Alba, considerando que parece compartir la visión de integración con los países de ese bloque?
“Precisamente porque creemos que es hora de avanzar en una unidad más amplia de América Latina. No es el momento de que sigan surgiendo grupos de países, sino una gran unidad política”.
¿Cómo va la relación con Colombia? El presidente Correa ha dicho que por ahora no se restablecerán las relaciones diplomáticas.
“El problema es que a la hora de regularizar las relaciones, han surgido tropiezos. Creemos que los problemas nacen del afán del gobierno colombiano de culpar a Ecuador de su conflicto con las FARC. Hay que decir que Ecuador es víctima -y no otra cosa- del conflicto colombiano. No es responsable ni partícipe, es víctima.
A Ecuador le cuesta 100 millones de dólares anuales mantener soldados en la frontera con Colombia para impedir que las guerrillas traspasen los límites. Ahora, desde luego, lo hacen porque se trata de una frontera muy porosa. Nos cuesta también la fumigación en la frontera, que no sólo causa perjuicio económico a los agricultores, sino que afecta también a las personas.
Es decir, insisto, somos víctimas de este conflicto. Pero el gobierno colombiano ha pretendido -con una campaña de publicidad internacional- hacer aparecer a Ecuador como responsable del conflicto y de la actividad de las FARC. Esto es lo que ha dificultado la reanudación de nuestras relaciones con un gobierno colombiano que sistemáticamente se dedica a desacreditar a Ecuador en el ámbito internacional”.

(Publicado en revista “Punto Final” edición Nº 667, 25 de julio, 2008)