Cementerios indígenas
inundados por Endesa

LAS aguas cubren tierras y cementerios de los pehuenches

La historia de Chile recordará los meses de abril y mayo de 2004 como el tiempo en que culminó el genocidio contra el pueblo pehuenche y el ecocidio contra la riqueza natural y animal de la alta cordillera, donde otrora corría libre el Bío-Bío. Así por lo menos debiera recordarse, cuando se vayan diluyendo los efectos de la nueva campaña del terror por la supuesta emergencia provocada por el gas argentino.
Alrededor del 20 de abril, Endesa decidió comenzar a inundar 3 mil 500 hectáreas de la alta cordillera, que desaparecerán para siempre. Ya inundó el cementerio panteón de Quepuca, donde yacían 56 antepasados de los habitantes del lugar, y en estos días estarán siendo anegados otra docena de cementerios indígenas de la zona.
A pesar de la Ley de Monumentos Nacionales y la Ley Indígena, de las resoluciones de la Conama y un acuerdo ante la OEA que prohibían el llenado del embalse mientras no se cumplieran determinadas obligaciones, una vez más -como ha ocurrido desde hace ya una década en el Alto Bío-Bío- se aplicó la política de hechos consumados.
“...La compañía decidió cerrar en forma definitiva el ducto inferior de la presa de manera de evitar potenciales riesgos en las instalaciones. Ello, a pesar de reconocer que las inundaciones provocadas por las lluvias recientes no han ocasionado peligro alguno a las obras de la central ni a la población aledaña”, se señaló en la carta al relator especial de pueblos indígenas de la ONU Rodolfo Stavenhagen, que visitó el año pasado el cementerio ahora inundado.
“Dicha inundación se produjo sin previo aviso a la población local, y en circunstancia que el llenado del muro estaba previsto para el mes de mayo. Más grave aún, se produce en momentos en que se encuentra pendiente la ejecución del procedimiento establecido por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) mediante resolución del año 1997, relativo al estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Ralco”, agregaba la nota firmada por José Aylwin, Coordinador del Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de la Frontera.
Se explica en la misiva que el 20 de abril -precisamente cuando Endesa comenzaba a cerrar sus compuertas- un representante de Conama se reunía con un sector de la comunidad Quepuca-Ralco y propuso medidas para proteger y/o trasladar los cuerpos de los difuntos pehuenche, tema que debía resolverse el miércoles 28.
La empresa no quiso esperar unos días. Adujo “hechos espontáneos” y necesidad de “evitar riesgos”.
Obviamente, las responsabilidades no recaen solamente sobre Endesa sino, al parecer, también en el gobierno.
La cobertura tan sesgada de un tema complejo como éste, por parte de los principales medios de comunicación del país, hace recordar otras campañas de manipulación como las que en los 60 y 70 significaron la intervención extranjera en los asuntos internos de Chile, manejadas por expertos en guerra psicológica. Con o sin la ayuda de éstos, parecen seguir actuando hoy para consolidar a un país que marcha a la zaga de Estados Unidos en sus planes de dominación en América Latina.
Hasta ahora no ha habido sanciones, no se ha exigido tampoco reabrir las compuertas para procurar el rescate del cementerio pehuenche, acción mínima que aconseja la ética y el sentido común.
El gobierno parece interesado en proteger los intereses de la empresa, más que la fuerza de sus propias resoluciones.
Según una nota de Eugenia Calquín, del servicio noticioso mapuche Mapuexpress, en una reunión con representantes pehuenche, el subsecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Egaña, declaró: “Yo no sé si tenemos la capacidad, como gobierno, para detener el llenado de la represa... Por ahora, hemos solicitado informes técnicos. No estamos en condiciones de dar una solución. No tenemos las competencias técnicas ni todos los antecedentes”.
Si alguien debería saber que sí existen las competencias técnicas, es Rodrigo Egaña; debe recordarse que él estaba a la cabeza de Conama cuando se terminó de aprobar el proyecto Ralco.
Una querella presentada por los familiares de los difuntos que ahora yacen bajo el agua, pide reabrir las compuertas. Presentada en el juzgado de Santa Bárbara, fue acogida a tramitación y despachada para su investigación en la fiscalía. Pero el ambiente de histeria por la baja del volumen de los envíos de gas natural desde Argentina, hace temer cualquier cosa. Por lo demás, nunca se ha buscado excusas para justificar lo que se ha hecho en el Bío-Bío

CRISTIAN OPASO

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