Primero de Mayo

La “fiesta”
de la cesantía

 Autor: ARNALDO PEREZ GUERRA

Un incierto panorama enfrentarán los trabajadores chilenos en esta conmemoración del 1º de Mayo: a la precarización y flexibilización laborales, se suman los despidos al por mayor, como coletazo del terremoto del 27 de febrero. Se han reportado más de 136 mil cesantes ante la Dirección del Trabajo (DT). Casi nueve mil invocando el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo -caso fortuito o de fuerza mayor-, y miles por pérdida de la fuente laboral y desvinculación negociada.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el desempleo del último trimestre (diciembre 2009 a febrero 2010) señaló 629.720 desempleados, vale decir un 8,5% promedio de cesantía nacional (en la Región del Bío Bío, 10,4%; en La Araucanía, 11,5% y en Valparaíso, 10,1%). Las cifras del INE no reflejan los efectos del terremoto, lo que hace prever una cesantía nacional que bordeará los temidos dos dígitos. A esto hay que agregar el informe al Senado del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, que afirmó que sólo en las pymes de la VI, VII y VIII regiones, las más afectadas por el sismo, podrían perderse 840 mil puestos de trabajo. Por lo tanto, son cientos de miles los trabajadores que carecen de una fuente estable de ingresos.
Felipe Larraín, ministro de Hacienda, reconoció que habrá que esperar un semestre para pensar en recuperación: “Hay cifras de recuperación de ventas, pero no quiero generar expectativas desmesuradas, aquí hemos tenido una catástrofe muy seria y grave”, afirmó.
De los más de dos millones de damnificados, un millón doscientos mil -casi el 60%- son menores de edad, dice la Red de ONGs de Infancia y Juventud. La Confederación de Pescadores Artesanales calcula en cien las caletas destruidas por el tsunami, y en setenta las que presentan graves daños.
El gobierno anunció sesenta mil puestos laborales y extender de cinco a siete meses el seguro de cesantía. El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, dijo en el Senado que los sectores productivos más afectados serían la celulosa -con paralizaciones en la producción de entre uno y cuatro meses y pérdidas físicas estimadas en 15%-; el sector metalúrgico y del acero -con paralizaciones de entre uno y seis meses y pérdidas en la producción del orden del 20%-; el petroquímico -con producción detenida por falta de abastecimiento-; la pesca industrial y artesanal -25% de destrucción severa o total de sus instalaciones, y 50% con daños importantes-; las plantas de harina de pescado -un 29% destruidas, 14% con daños importantes, y 43% con daños menores-; las plantas de congelados -con 60% de daños graves y 20% menores-.
Según la Dirección del Trabajo, en la VIII Región los despidos por fuerza mayor superan los 3.450, mientras en Santiago ascienden a 3.651. Hay 540 en la Región del Maule y 420 en la de O’Higgins. Según la CUT, en las zonas afectadas hay quince mil despidos. En otras provincias aún no hay catastros. Los empresarios siguen abusando del artículo 159 y las empresas constructoras y contratistas han aprovechado para recortar salarios.
El ministro de Hacienda advirtió sobre un mayor desempleo: “Hay que prepararse porque las cifras de marzo, abril y mayo, y del resto del primer semestre, probablemente no sean buenas”. Sólo en la Región del Bío Bío más de 500 mil trabajadores dependen de pymes, que tras la catástrofe no tienen cómo pagar sueldos. Jorge Fierro, presidente provincial de la CUT, dice que sólo en esa región se perdieron cuatro mil puestos de trabajo: “Tras el dictamen de la DT que aclaró el artículo 159, los empresarios se anduvieron con más cuidado. Los más afectados con la pérdida de su fuente laboral son pescadores artesanales, obreros forestales y empleados del comercio, donde hay mucha informalidad”.
Cristián Cuevas, dirigente nacional de la CUT, indica que se está dejando a miles de trabajadores afectados por la catástrofe “sin fuente de ingresos” y señala que el gobierno entregará la reconstrucción a privados: “Se necesita una política de industrialización, ocupar mano de obra cesante. La solución no va por los privados, el Hogar de Cristo o Un Techo para Chile”, dice. “Los trabajadores deben unirse para impedir los despidos”.

Despidos en el
sector público

En el sector público también hay cesantía. Raúl de la Puente, presidente de la Anef, solicitó revisar los despidos de trabajadores en algunas gobernaciones -principalmente Maipú, Cordillera, Chacabuco, Cardenal Caro y Curicó-, y ministerios como el de Economía. “Dejamos claro que la Anef defenderá los derechos laborales, la carrera funcionaria y estabilidad en el empleo”. Durante la protesta de funcionarios del Consejo de la Cultura, De la Puente dijo: “Vamos a sentarnos con el gobierno en la mesa de negociación para tratar de solucionar los problemas. Pero si no hay soluciones, habrá movilización. Seremos firmes en denunciar los despidos que afecten a funcionarios vulnerables, como los que trabajan a honorarios y a contrata”.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Consejo de la Cultura, Carolina Negrete, espera que la autoridad reconsidere los despidos “y que se detenga este tipo de decisiones, que siembran temor y angustia en el personal. Al interior del Consejo la situación es grave”. A lo anterior se suma una denuncia del senador socialista Juan Pablo Letelier: el gobierno despidió funcionarios que llegaron a sus cargos por concurso, por el sistema de alta dirección pública. “El gobierno decidió no respetar los cargos e inició el desalojo de personas seleccionadas por la alta dirección pública, partiendo por el Ministerio de Vivienda, direcciones del Serviu y de las regiones en situación de catástrofe”, dijo el parlamentario.
En la XIII Asamblea Nacional de la Anef, que contó con la asistencia del presidente Sebastián Piñera, éste se comprometió a “fortalecer la carrera funcionaria y mejorar la capacitación de los funcionarios públicos”. Y agregó: “Me comprometí a que durante nuestro gobierno no va a haber despidos injustificados y voy a cumplir mi palabra”. Distinta es la visión del presidente de los empleados públicos, Raúl de la Puente: “Hay despidos de funcionarios -auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales- con empleos temporales y precarios en distintas reparticiones públicas. Son los más vulnerables: contratas y honorarios, que son la inmensa mayoría. El número ha ido en aumento. Todos los días se suman más y cunde la incertidumbre, que está afectando no sólo a las personas, sino a sus familias y, también, al clima laboral. A eso se agrega que los funcionarios públicos de las zonas de catástrofe están en precarias condiciones de trabajo, sumadas a sus condiciones personales y familiares de vivienda, salud y servicios básicos. Muchos realizan sus funciones en las plazas, en carpas o hacinados en recintos vulnerables”.
Peter Waldorf, secretario de la ISP (Internacional de Servicios Públicos), de visita en Chile, respaldó las denuncias de la Anef: “Rechazamos los despidos injustificados y exigimos, al igual que la Anef, un Estado más fuerte, democrático y participativo, ya que esto conlleva a que existan empleos decentes que conducen a servicios públicos de calidad”.

Más obreros despedidos

Patricia Coñomán, presidenta de la Confederación Textil, denunció despidos injustificados en el call center Multivoice y en el sector textil. Paños Bío Bío despidió a 159 obreros sin indemnización. “Mientras entregamos cartas y catastros, las autoridades siguen ‘estudiando’ qué van a hacer. No podemos seguir esperando. Hay miles de familias viviendo en carpas, sin trabajo, vulnerados en sus derechos por el no pago de indemnizaciones”, dice.
En la construcción aún no hay despidos masivos. Pero desde Rancagua al sur esos obreros, a través de planes de emergencia, reciben salarios más bajos que el ingreso mínimo.
La VIII Región antes del terremoto tenía una cesantía de dos dígitos. En Tomé, Penco, Talcahuano, Lota, Curanilahue y Coronel la situación era difícil, con desempleo entre 13 y 16%. Las principales fuentes laborales eran el puerto, industria pesquera, Astilleros y Maestranzas de la Armada y la compañía siderúrgica Huachipato. Hoy están paralizadas o en el suelo. Nueve de las catorce plantas de harina de pescado cerraron. Asmar no recontratará a 1.080 trabajadores. “De no surgir una propuesta que garantice una rápida reconstrucción, quedarán sin empleo”, dice el presidente del sindicato de Asmar, Cristián Lagos.
160 estibadores del Sindicato de Embaladores de Talcahuano quedaron sin trabajo. “Apenas el 8% de los portuarios tenía contrato”, dice Jorge Bustos, presidente de Congemar. Celulosa Arauco y Constitución despidió a trabajadores en Aserraderos Mutrún y en Forestal Santa Mercedes, a lo que se sumó la (…)

(Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 708, 30 de abril, 2010)
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