La masacre de Vallenar

EL presidente Juan Esteban Montero: su gobierno ordenó una matanza de comunistas.

Una de las masacres efectuadas por agentes del Estado más desconocidas de la historia de Chile fue la ocurrida en Vallenar a fines de 1931, bajo el gobierno del radical Juan Esteban Montero. Ella fue precedida por un oscuro complot insurreccional efectuado el 25 de diciembre en Copiapó, que al parecer se debió a militantes locales del Partido Comunista que podrían haber sido provocados por elementos del gobierno. El hecho es que el propio diario comunista Bandera Roja, del 14 de febrero de 1932, señaló que “con una falsa comprensión revolucionaria, con la creencia de que las revoluciones se hacen con un simple cuartelazo y sin consultar al Comité Central (que, por cierto, no habría autorizado ni autorizará golpes de esta naturaleza) nuestros compañeros se embarcaron en una aventura revolucionaria” (Olga Ulianova y Alfredo Riquelme Segovia. Chile en los archivos soviéticos. 1922-1991. Tomo 2: Komintern y Chile 1931-1935; LOM, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 2009; pp. 178-9).
Notablemente, en el complot de Copiapó participaron también alessandristas dirigidos por el dirigente local Pedro Meneses Varas, “hombre adinerado, que sirviendo en el Cuerpo de Carabineros, había logrado bienestar económico en el ejercicio particular de su profesión” (Carlos Charlín. Del avión rojo a la República Socialista; Edit. Quimantú, 1970; p. 504); el joven médico Osvaldo Quijada Cerda, “muy querido entre los pobres copiapinos por su desinterés y espíritu de servicio”; y “el comisario de Carabineros local, capitán Guillermo Villouta” (Gonzalo Vial. Historia de Chile (1891-1973) De la República Socialista al Frente Popular (1931-1938); Edit. Zig-Zag, 2001; p. 95).
Dicho complot consistió en el intento de toma del Regimiento Esmeraldade Copiapó por una treintena de personas en la madrugada del 26 de diciembre. Una vez adentro se enzarzaron en un intercambio de disparos que duró varias horas y que terminó con la derrota de los asaltantes. Producto de aquel, “murieron doce personas: tres militares del Esmeralda (incluido un sargento), siete asaltantes, y dos mujeres transeúntes que fueron alcanzadas por balas locas” (Ibid.; p. 96).
El hecho es que en la misma madrugada se recibieron noticias de la asonada en la ciudad de Vallenar, donde existía un Partido Comunista más poderoso. Allí se organizó por parte de las autoridades y Carabineros una matanza de militantes comunistas. De partida, de acuerdo al informe del fiscal del ejército, el mayor José María Santa Cruz Errázuriz, a las 5:30 hrs. “a la llegada del tren de Copiapó a Vallenar, pocos metros antes que se detuviera en la estación descendió de él el comunista (Aníbal) Cuadra, que fue muerto por el agente 4° (Luis) Sepúlveda, previa doble intimación de llevar manos arriba” (Charlín; p. 513).

FALSO ENFRENTAMIENTO
Posteriormente, se detuvo a otros siete supuestos comunistas que fueron llevados a un calabozo y ejecutados por orden del capitán Francisco Bull Sanhueza. Así, el fiscal Santa Cruz concluyó que “en el parte del capitán Bull se hace aparecer un combate ficticio sostenido por ellos y en el cual habrían perecido todos los que fueron detenidos y llevados al cuartel” (Ibid.). Más tarde se fue a detener a otro grupo que estaba reunido en una casa, quienes de acuerdo al fiscal se defendieron a balazos matando a dos carabineros. Finalmente, luego de haber sufrido cuatro muertes, fueron reducidos y llevados detenidos “en número de diecisiete, y sin habérseles siquiera interrogado, se les fusiló uno a uno en las inmediaciones de la ciudad, haciéndoseles más tarde aparecer como caídos en el sitio del combate (…) Todos los cadáveres fueron llevados a la morgue, y de ahí al cementerio, sin practicárseles autopsia ni identificación y sin permitirse que fuesen visitados por sus deudos. Posteriormente, y para justificar estos asesinatos, se falsearon los hechos y se obligó a la tropa a declarar en sentido determinado y se falsificó el libro de guardia” (Ibid.; pp. 513-4).
La investigación del fiscal condujo a la separación de Carabineros de los tres oficiales de Vallenar (el capitán Bull y dos tenientes) y presumir que la responsabilidad final de la masacre recaía en el gobernador de Huasco, Aníbal Las Casas. Sin embargo, a poco andar se sustituyó al fiscal Santa Cruz, designándose en su reemplazo a Osvaldo Correa Fuenzalida, quien no logró más avances en la investigación, terminando sin culpables ni condenados. Incluso, el nuevo fiscal rechazó la petición del sastre de Vallenar, Zacarías Rojas, de exhumar los restos de los masacrados, por sospecharse que pudiesen haber sido más que los considerados inicialmente. Correa rechazó la petición de Rojas, “porque no llevaba firma de abogado” (Ibid.; p. 524).

LAS “GUARDIAS CIVICAS”
Además, tanto en Copiapó y Vallenar participaron en la represión “guardias cívicas”, integradas por “viejos radicales, comerciantes, extranjeros, incluso un súbdito árabe (Abdón Galeb). Estaban armadas con pistolas, revólveres y carabinas” (Vial; p. 99). Y pese a que “nadie en Vallenar ignoraba las ejecuciones sin combate, resistencia ni juicio que protagonizaran -junto a la policía uniformada-, los cuerpos paramilitares de ese pueblo (…), la flor y nata de la sociedad vallenarina pidió para su guardia un público agradecimiento presidencial, y los diarios lugareños la mostraron secundando ‘valientemente’ el ‘heroico ataque’ de Carabineros” (Ibid.).
A su vez, El Mercurio y El Diario Ilustrado se hicieron eco de falsas versiones que se propalaron para justificar los sucesos. Así, el primero señaló que “personas que han llegado anoche a Santiago procedentes de Vallenar nos han hecho saber que los complotados tenían el propósito de hacer volar el edificio que ocupa la iglesia principal de Vallenar, mediante poderosos explosivos” (El Mercurio; 27-12-1931). Y el segundo “informó” que los asaltantes del Regimiento Esmeraldade Copiapó, ¡habían ido desde Vallenar!: “En efecto, desde Vallenar salieron hacia Copiapó los elementos dirigentes de la poblada que intentó apoderarse del cuartel del Regimiento Esmeralda, apertrechados de armas en gran cantidad y particularmente de bombas de dinamita. Fracasada la intentona de Copiapó, los principales cabecillas del movimiento y parte de los fugitivos se dirigieron hacia Vallenar, estableciendo su cuartel general en la casa de la calle Serrano esquina de Maule de esa ciudad, la que fue atrincherada convenientemente para resistir a las fuerzas de Carabineros” (El Diario Ilustrado; 27-12-1931).
Y posteriormente el gobierno extendió la represión a otros lugares del país. De este modo, “informaciones recibidas por el ministro del Interior (Marcial Mora Miranda) dan cuenta de que en Ovalle fueron tomados presos varios comunistas, descubriéndose un plan que tenían para dar un golpe”; y concretamente para asaltar esa misma noche la comisaría, apoderarse de las armas y enseguida tomarse por asalto el campo de aviación de Tuqui, donde se apoderarían de la estación radiotelegráfica existente en el aeródromo” (El Diario Ilustrado; 29-12-1931). Por otro lado, “en la madrugada de ayer la Policía de Investigaciones de Valparaíso en cumplimiento de órdenes superiores, llevó a efecto algunos allanamientos en conocidos centros de propaganda comunista. En efecto, catorce secretarías afiliadas a la Tercera Internacional Comunista de Moscú (…) fueron allanadas por personal de detectives que recogió material de propaganda subversiva, en el que se encontraban algunos miles de proclamas incitando al pueblo a la revuelta. El local de la Federación Obrera de Valparaíso fue también allanado por los detectives” (El Mercurio; 28-12-1931).
Más adelante, se incorporó también a la justificación represiva la entonces ultraconservadora La Revista Católica, al señalar que “el plan de subversión por el momento ha sido desbaratado con energía. Pero era un verdadero plan: ahí están esos documentos hallados, en los que se organizaba el saqueo, el fusilamiento y el ejército de obreros y campesinos (…) ahí están esas dinamitas y esos armamentos descubiertos en Vallenar, en cantidad suficiente para resistir a regimientos completos” (16-1-1932).

DEBATE POLITICO
Por otro lado, en el Senado, frente a la circunstanciada denuncia de la masacre de Vallenar efectuada por el democrático Aquiles Concha, los senadores Ladislao Errázuriz (liberal) y Juan Antonio Ríos (radical) expresaron su apoyo y su negación, respectivamente. Así, Errázuriz manifestó que “en el caso de Vallenar, Su Señoría (Concha) está manifestando, con la lectura de los antecedentes, que las autoridades previeron los hechos y cercaron el local dentro del cual se fraguaba una conspiración semejante a la de Copiapó. Esa obra de previsión hizo que murieran aquellos que trataban de matar. ¡Bien muertos estaban los que fraguaban asesinatos!” (Boletín de Sesiones del Senado; 5-1-1932).
A su vez, Ríos rechazó totalmente la versión de Aquiles Concha: “¡Eso no puede ser, señor senador! No se concibe que haya hombres o carabineros, que al fin son personas que reciben alguna educación, capaces de llegar sin mayores antecedentes a un hogar en que hay una reunión de personas, a asesinarlas. ¡Eso no es creíble!” (Ibid.). Lo que resulta verdaderamente increíble es que un senador -que después sería presidente de la República- pudiese utilizar tal voluntarismo negacionista absoluto, con toda la experiencia acumulada de autoritarismo de la Humanidad y de la propia historia de Chile a la fecha…
Finalmente, el Senado rechazó por 23 votos contra 6 la propuesta del senador comunista Manuel Hidalgo de crear “una comisión que investigue e informe acerca de los sucesos ocurridos en Copiapó y Vallenar y de las causas que los han producido” (Boletín del Senado; 29-12-1931). Aunque el senador liberal José Maza lo votó en contra por razones estrictamente procesales: “Lamento tener que votar negativamente (…) porque considero que, si se aprobara, el Senado se saldría de las atribuciones que le son propias; y digo que lo lamento porque creo que conviene al país y al gobierno que estos hechos se esclarezcan, pues no estoy lejos de pensar que los señores demócratas y comunistas tienen razón en muchas de las observaciones que hicieron en la sesión de ayer” (Ibid).

REPRIMIR LAS IDEAS
Además, dichos sucesos llevaron a diversos sectores de derecha a añorar un proyecto de ley represivo -retirado porque no tuvo eco- que había presentado en octubre el presidente provisional de la República, Manuel Trucco (radical) y su ministro de Justicia, Horacio Walker (conservador). Aquel fue el primer proyecto de ley presentado en la historia de Chile con la finalidad de sancionar la manifestación de ideas. En él se tipificaba como delito la propagación o fomento, de palabra o por escrito, de “doctrinas que tiendan a la destrucción, por medio de la violencia, de la organización política y jurídica de la Nación, o al atropello de las autoridades o del derecho de propiedad establecidos por la Constitución y las leyes”. Y que “se entienden que propagan o fomentan tales doctrinas los que las enseñan o difunden en público mediante discursos, conferencias, lecturas, transmisiones radiotelefónicas, películas cinematográficas (…) así como los que introducen al país, imprimen, publican, distribuyen, venden o mantienen en depósito, dentro del territorio nacional, películas, libros, folletos, revistas, periódicos, láminas, proclamas u otros impresos de cualquier género destinados a la propaganda expresada, y los que hacen importar, imprimir, publicar, distribuir, vender o mantener en depósito tales medios de difusión”. El proyecto prohibía también la entrada al país de los extranjeros que “profesen” tales doctrinas; y sancionaba con penas de cárcel -entre otras- a “las personas que procuren estorbar o impedir o que de hecho estorben o impidan, por medios violentos, el ejercicio del derecho de trabajo o la asistencia a los establecimientos de enseñanza” (El Diario Ilustrado; 10-11-1931).
Tal proyecto había obtenido el beneplácito editorial de El Mercurio (10-11-1931) y de El Diario Ilustrado (11-11-1931). Pero, a la vez, logró la rotunda oposición del ministro de Bienestar Social, Santiago Wilson (democrático), quien renunció en protesta; de la Agrupación Demócrata de Santiago, de la Asamblea Liberal Democrática y del Partido Socialista Marxista. A su vez, al reasumir Montero, el gobierno retiró el proyecto con el fin de “someterlo a un nuevo estudio” (El Mercurio; 18-11-1931).
Ahora concitaba la añoranza de El Diario Ilustrado: “Resulta indispensable proveer al Ejecutivo de medios adecuados para cohonestar la propaganda que engendra después el crimen. Nuestro diario -que luchó como ninguno por la libertad- aplaudió después la iniciativa del ministro Walker, tendiente a evitar la propaganda subversiva” (26-12-1931). A su vez, La Revista Católica se quejó amargamente: “Entre tanto, un ministro del Gabinete anterior propone un proyecto de seguridad nacional en que se establecen medidas para reprimir el desorden, la revuelta y la violación de la propiedad. Lo rechazan algunos de sus colegas, no alcanza a llegar al Senado y el Gabinete cae. ¿Ha sido obra de comunistas este rechazo? No, ha sido obra de políticos ansiosos de aura popular, de fácil aplauso de las masas mixtificadas: en resumen ha sido otra arma que se le ha dado a la demagogia, a la impunidad” (16-1-1932).
Pocos meses después, en el marco de la “República Socialista” conducida por Carlos Dávila, ¡y siendo ministro del Interior, Juan Antonio Ríos!, se aprobó un decreto-ley (N° 50) de dichas características, que estableció por primera vez en nuestra historia una legislación que prohibía y sancionaba la expresión de ideas. Posteriormente aquello se incorporó en la Ley de Seguridad Interior del Estado promovida por Alessandri en 1937; y en la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, promovida por González Videla en 1948.

FELIPE PORTALES

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 894, 9 de marzo 2018).

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