Arturo Alessandri Palma

Apaleando diputados

Las graves vejaciones a los diputados y al Congreso mismo efectuadas por el gobierno de Arturo Alessandri con ocasión del 21 de mayo de 1938 (detalladas en Punto Final Nº 839) fueron defendidas por la mayoría gobiernista del propio Congreso Nacional, frente a dos acusaciones constitucionales presentadas por la oposición.
En efecto, el 22 de mayo el Comité Ejecutivo del Frente Popular (FP), “con asistencia del representante de las fuerzas ibañistas”, acordó presentar dos acusaciones constitucionales en contra del ministro del Interior, Luis Salas Romo. Una por violación del fuero parlamentario en la persona de los diputados Fernando Maira, Justiniano Sotomayor, Gabriel González Videla y Jorge González von Marées; y otra por “asalto, violación y ocupación policial del recinto del Congreso Nacional” (Gabriel González Videla. Memorias, Tomo I; Gabriela Mistral, Santiago, 1975; p. 195).
A su vez, en el Senado resaltó la indignada protesta del conservador Rafael Luis Gumucio: “El diputado señor Sotomayor y el diputado señor Maira, en el recinto mismo del Congreso Nacional, fueron abofeteados y apaleados por Carabineros y por agentes de policía. Después de golpearlos hasta ser dejados en estado de semiinconsciencia, ambos diputados fueron presos, detenidos en una comisaría y conducidos enseguida a la Asistencia Pública. Horas más tarde los visité (…) y, con indignación profunda, pude ver con mis propios ojos las contusiones y heridas que demostraban la forma inhumana y brutal en que fueron tratados. Ante estos hechos, señor presidente, yo levanto mi más airada y enérgica protesta. Protesto como cristiano: la ley de Dios me manda amar al prójimo, sea amigo o adversario, y, por eso, no puedo tolerar que a seres humanos se les trate con tan monstruosa falta de caridad, en forma tan despiadada, con crueldad que no se debe tener ni siquiera con un perro (…) con respeto, pero a la vez con altivez republicana, yo le digo aquí, a S. E. el Presidente de la República, que actos semejantes no pueden volver a repetirse” (Boletín de Sesiones del Senado; 24-5-1938).
En su defensa respecto de la acusación de violación de la sede del Congreso, Salas Romo buscó responsabilizar al FP de los incidentes del 21 de mayo. Negó -pese a las evidencias- que la policía hubiera detenido a González von Marées producto de una orden específica suya; sino que había actuado en virtud de su deber genérico de detener a quienes cometían delito flagrante (¡varias horas después de ocurrido el disparo!). En todo caso, la obsecuencia posterior del presidente del Senado, Miguel Cruchaga -que lo llevó a modificar su versión de lo acontecido- favoreció la posición del ministro acusado.

LA DERECHA DEFIENDE LA PALIZA
De todas formas, la circunstanciada exposición de los hechos -no desmentida- efectuada por el diputado Benjamín Claro Velasco (del pequeño partido de derecha no gubernamental, Acción Republicana) y su posterior análisis, en conjunto con los realizados por los diputados González Videla y Juan Bautista Rossetti, dejaron claro el atropello que el Poder Ejecutivo -a través de Salas Romo- hizo del Poder Legislativo.
No obstante haber sido rechazada la acusación por 71 votos contra 63, es importante destacar que, además de Claro, votaron a favor de ella los diputados del Partido Agrario (también de derecha y no gubernamental) Manuel Bart Herrera y Humberto del Pino Pereira y el independiente de derecha (ex conservador) Oscar Gajardo Villarroel. En cambio, los diputados de la Falange Nacional (todavía integrantes del Partido Conservador) votaron contra la acusación, argumentando Ricardo Boizard que “de los antecedentes (…) no fluye claramente una responsabilidad directa del Ejecutivo en la violación del recinto parlamentario” y “que se ha dado una orden que se prestaba a confusiones y con la cual creía el Ejecutivo que se podía detener el autor del disparo en el Congreso Pleno” (Boletín de la Cámara de Diputados; 31-5-1938). Esta argumentación fue respaldada por Manuel Garretón Walker. A su vez, Manuel José Yrarrázaval -justificándose en la actitud de Cruchaga- dijo que “existiendo en este caso un posible concierto de poderes, que me niega la certeza absoluta de la procedencia legal de esta acusación, voy a votar por su rechazo” (Boletín citado).
A su vez, Salvador Allende se manifestó particularmente duro en la fundamentación de su voto favorable: “Como médico voy a votar favorablemente la acusación no sólo por higiene política sino también por higiene social, a pesar (de) que como técnico que sabe siquiatría, declaro que para mí el ministro del Interior es tan sólo un loco moral que debe ir del Ministerio a la Casa de Orates” (Boletín citado).
Respecto de la acusación sobre violación del fuero parlamentario, la defensa de Salas Romo no pudo ser más grotesca. De partida -a diferencia de la primera vez que fue al recinto de la Cámara- envió solamente un texto escrito. En él hizo suyos los informes de Carabineros, que sostenían que los diputados Maira y Sotomayor fueron golpeados por el “público” que asistía a la sesión y que “Carabineros acudió al sitio preciso del hecho y en defensa de los agredidos (sic) a quienes no conocían ni por sus nombres y por su calidad de parlamentarios, los levantó y sacándolos del grupo los condujo hasta la puerta de la calle Catedral, donde personal de Investigaciones y Carabineros de servicio en la vía pública entró a intervenir, llevándolos hasta el cuartel de la 3° Comisaría desde donde fueron enviados a la Asistencia Pública, quedando en libertad, de orden superior” (Boletín de la Cámara; 1-6-1938).
Esta vergonzosa versión fue asumida también por El Mercurio (23-5-1938) y El Diario Ilustrado (23-5-1938). De tal modo que el propio Gonzalo Vial señala que “la complicidad casi cínica entre el gobierno, su prensa y Carabineros fue reflejada por los informes policiales a la Cámara. Según El Mercurio -que, por su parte invocaba y cohonestaba dichos informes-, respecto de Maira y Sotomayor, la fuerza de orden no había hecho sino ‘ponerlos a salvo y detenerlos presuntivamente’, sin que en esos ‘instantes de agitación, (…) hubiera calma para establecer (…) que se trataba de parlamentarios’. Que Carabineros disparase tales brulotes sin miedo a las consecuencias, demuestra el convencimiento que lo asistía de su propia impunidad. Que diarios serios los acogiesen, marca el grado de pasión política reinante. El gobiernismo político y comunicacional justificó este ángulo indefendible del 21 de mayo, como justificara la incineración de Topaze (…) y como justificaría el 5 de septiembre de 1938. Todo en un mismo fatídico año” (Gonzalo Vial. Historia de Chile (1891-1973. De la República Socialista al Frente Popular 1931-1938; Edit. Zig-Zag, Santiago, 2001; pp. 499-500).

LAS MENTIRAS DE ALESSANDRI
Desfachatadamente, el mismo Alessandri en sus Recuerdos de Gobierno -escritos en 1941- dio también una versión completamente alejada de los hechos, y distinta de la mentira gubernativa de Salas Romo: “El director de Carabineros, don Humberto Arriagada (…) con el fin de evitar que entrara gente de afuera que en no escaso número se había reunido en los alrededores, atraída por el disparo (de González von Marées) dentro del Salón de Honor y por el petardo que estalló en la palmera, dio orden a los carabineros (de) que, por ningún motivo, permitieran que cualquiera persona entrara al Salón de Honor por la puerta que él, como medida de precaución, había ordenado cerrar (…) Entre los que figuraban tratando de abrir la puerta y entrar al Salón de Honor, se contaban los diputados Fernando Maira Castellón y Justiniano Sotomayor. Tropezaron en sus exigencias con la orden terminante que recibieron los carabineros de no dejar entrar a nadie. La resistencia exasperó a estos diputados, que exigían lo que ellos juzgaban como un derecho, para imponerse de lo que ocurría en el Salón. El ambiente exaltado, las palabras duras de reproche lanzadas por los parlamentarios, provocaron un incidente de hecho en que, los carabineros creyéndose atropellados y desconocido su fuero militar que los obligaba a cumplir una orden recibida, se excedieron en la represión violenta y de hecho contra los parlamentarios, que resultaron con algunas lesiones que fueron exageradas y abultadas con fines políticos y de propaganda” (Tomo III; Edit. Nascimento, Santiago, 1967; p. 173).
La defensa de Salas Romo quedó más deteriorada aún al representársele -por el diputado radical Humberto Alvarez- que en su declaración a la justicia del crimen había cohonestado y se había hecho responsable de la actuación de Carabineros: “La fuerza pública que actuó en esos incidentes estaba a mis órdenes y obró de acuerdo a instrucciones recibidas” (Boletín de la Cámara; 2-6-1938). Sin embargo, la derecha igualmente rechazó la acusación. A nombre de los diputados liberales, Pedro García de la Huerta Matte dijo que “de todos los antecedentes (…) no se desprende una responsabilidad directa del señor ministro de lo Interior”; que debían pronunciarse previamente los tribunales de justicia sobre el caso; y que “los verdaderos culpables” eran los opositores “que con su acción y sus procedimientos provocaron tan graves y deplorables sucesos” (Ibid.). A su vez, a nombre de los conservadores, Enrique Alcalde Cruchaga, expresó que no era justo culpar a Salas Romo porque “en esos momentos se encontraba en la Sala del Congreso Pleno y que, según sus declaraciones, sólo había impartido a la fuerza pública la instrucción de carácter general de mantener el orden público y detener a los delincuentes sorprendidos en delito flagrante” (Ibid.).
Por cierto, los diputados opositores expresaron una profunda indignación ante las vejaciones sufridas y las mentiras gubernamentales. Así, el socialista Rolando Merino sostuvo que “cuando hablaba el señor ministro, yo lo veía, lo miraba, lo observaba con una creciente e indecible admiración; admiración en la que se mezclaban, por iguales partes, dosis de desprecio y de indignación. Me cuesta concebir, señor presidente, que un abogado, como lo es el señor Salas Romo, abogado libre, como el mismo se ha llamado, buen abogado, como se dice en los círculos forenses, y, además, ministro de Estado, se atreva a presentarse ante esta Honorable Corporación a decir lo que él ha dicho y que han oído mis honorables colegas, y falsear los hechos, como todos saben que lo ha hecho. Esta capacidad del señor Salas Romo (…) extraordinaria (…) para dar visos de verosimilitud a las explicaciones más inverosímiles, es única en toda la tierra de Chile y me atrevo a decir, que en el mundo” (Ibid.).
Y el reconocidamente ponderado Pedro Enrique Alfonso (PR) afirmó: “Se ha procedido por orden de un gobierno encabezado por delincuentes, cuya condenación definitiva pronunciará la historia. No tengo dudas, tampoco -y ojalá que estuviera equivocado- de que vuestras señorías, los diputados de la derecha, ampararéis dócilmente a los malhechores. Agregaréis así un signo más de que es un tiempo de decrepitud cívica el que vivimos (…) la actitud de los señores diputados (…) es la que corresponde a un Parlamento corrompido, que no sabe velar por sus fueros y prerrogativas, frente a un gobierno arbitrario, cínico y desvergonzado” (Ibid.).

LA FALANGE NACIONAL INCLINÓ LA VOTACIÓN
Finalmente, la acusación fue estrechamente rechazada por 72 votos en contra, 70 a favor y 1 abstención. La actitud de los diputados falangistas fue decisiva, pues tres votaron a favor, tres en contra y uno se abstuvo. Dado su creciente desapego de la derecha, expresado -entre otras cosas- por el rechazo a Gustavo Ross como candidato presidencial, su apoyo fue solicitado por la oposición y particularmente por Salvador Allende: “Como hombre joven, hablo a los diputados jóvenes, a aquellos que supongo no tienen concomitancias con los usufructuarios del poder; a ellos, de quienes estoy separado doctrinaria y filosóficamente, les digo que ha llegado el momento de probar su sinceridad. Ustedes han dicho luchar por la libertad política (…) Pido que voten afirmativamente la acusación” (Ibid.).
La votación falangista causó desazón en las filas opositoras porque consideraron que la simétrica división de sus votos había sido calculada para que la acusación fuese rechazada, pero demostrando a la vez sensibilidad frente al atropello de las libertades públicas. La justificación de esa división, dada por Garretón -tanto en junio como en agosto de 1938-, de que habían votado en conciencia, no parece muy convincente, ya que nunca más mostraron esa peculiaridad a la hora de votar acusaciones constitucionales. Más probable parece otra explicación: que la Falange quiso dar un mensaje al gobierno y la derecha de que no seguiría acompañándolos si continuaban en una línea tan represiva, pero sin el costo tan alto de que se le considerara responsable de la destitución -aunque temporal, si resultaba finalmente absuelto por el Senado- del ministro del Interior.
Pese a todo, el Partido Conservador generó una dura ofensiva contra la Falange Nacional que no terminó en la expulsión de los diputados “rebeldes”, por el riesgo de hacerle perder al Gobierno su mayoría parlamentaria. El quiebre definitivo entre la Falange y el Partido Conservador se pospondría hasta después de las elecciones presidenciales de octubre, luego de la estrecha derrota de Gustavo Ross; derrota que los conservadores achacarían a la deserción de la Falange que conservó hasta el final su decisión de no apoyar a Ross y decretar libertad de acción.

Felipe Portales (*)

(*) Este artículo es parte de una serie que pretende resaltar aspectos o episodios relevantes de nuestra historia que permanecen olvidados. Ellos constituyen elaboraciones extraídas del libro del autor, Los mitos de la democracia chilena, publicado por Editorial Catalonia.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 841, 20 de noviembre, 2015)

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